miércoles, enero 30, 2013

Ser (acreditado) o no ser (acreditado), esa no es la cuestión

|Por Andrés Tafur|

Hábil y cínicamente, la dirección de la Universidad del Tolima ha hecho de la contundente negación de acreditación institucional de alta calidad, emitida el pasado mes de noviembre por el Consejo Nacional de Acreditación [CNA], del Ministerio de Educación Nacional [MEN]; el mejor argumento para llevar a cabo su plan original de adecuar la universidad a los estándares internacionales de promoción, gestión y producción del conocimiento en la era de la “globalización”.

Tres ejes gruesos se desprenden del núcleo fundamental que sustenta la “nueva universidad” en la era de la “sociedad del conocimiento”, por supuesto en flagrante contradicción con las “viejas” ideas de autonomía universitaria, democracia y de lo público: 1.Empresarización: La estructura administrativa de las universidades tiende a configurarse según modelos gerenciales, “exitosos” en la empresa privada (indicadores, competencias, estándares, mediciones, calidad / grupos de interés, talento-recurso humano, usuarios, etc)[1]; 2. Empleabilidad: [formar para el trabajo]: en consonancia con los discursos neoliberales que han hecho del mercado la apuesta fundamental para el conocimiento, asumiendo una labor puramente credencialista, profesionalizante. Y finalmente, 3. Un eje de investigación sostenido sobre lo preferentemente aplicable,  (lo que Lyotard llamó “conocimiento performativo”[2]), redituable, situable en perspectiva de explotación comercial, de empresarización, de rendimientos tangibles, y por otro lado, la extensión de mercado, las consultorías y la venta de servicios, que dejan de lado la idea de universidad pública al servicio de la sociedad y de las comunidades (la otra cara del discurso de algunos directivos).

El núcleo que sostiene esos ejes y a la universidad misma en esta época se llama capitalismo cognitivo, eufemismo usado, según el profesor Marco Antonio Vélez de la Universidad de Antioquia[3], para situar la entrada de la educación y por lo tanto de las universidades en la órbita de los mercados de símbolos, lo que ha supuesto la completa instrumentalización, mercantilización y precarización del conocimiento [de lo educativo, dicho sea de paso] agenciado todo ello principalmente por el proceso de Bolonia y las conclusiones del denominado think thank [European Round Table of Industrialist] desde 1989[4].

Es lo que me permite interpretar la desafortunada conclusión del rector, Herman Muñoz Ñungo, en el “Conversatorio informativo de los procesos de acreditación de la Universidad del Tolima” [al parecer así fue llamado por los estudiantes de IV semestre de Comunicación Social – Periodismo que lo convocaron] del pasado miércoles 23 de enero en el Auditorio Mayor de la Ciencia (¿?) del bloque 33, quien, junto con las acciones que ha diseñado para superar la crisis de la universidad (que a juicio suyo se resume a superar la desacreditación) literalmente nos conminó a “Que la acreditación sea el interés común”: Pero, ¿Y los que consideramos que no es lo preferible, desde el punto de vista de la soberanía, la democracia y la paz, y la relación universidad-región? La determinación del señor rector es desafortunada hasta para sus propios intereses, recogidos en su propuesta de Universidad territorio de paz, y ya voy a decir por qué:

La idea de acreditación de alta calidad fue la propuesta de los cuatro candidatos que se disputaron la rectoría de la universidad, lo que mereció que como colectivo en Constituyente Universitaria, y como sindicato en Aspu, declaráramos nuestra total independencia.  Con argumentos y propuestas, distintos sectores planteamos en el único debate de campaña rectoral, que el alma mater (si todavía quería ser denominada así) debía ir más allá del discurso del eficientismo, la calidad, la indexación, la internacionalización, el bilingüismo, la focalización y el emprendimiento, etc., todas banderas del MEN agitadas acríticamente a ocho manos por los candidatos, entre los que estaba incluido Muñoz.

Por supuesto este último jamás ha sido ajeno a las dis(im)posiciones del MEN, puesto que durante los siete años que se desempeñó como vicerrector académico de la administración de Jesús Ramón Rivera [y dos más como vicerrector de desarrollo humano] jamás cristalizó esfuerzos vinculantes por enfrentarlas, razón por la cual era prácticamente ilusorio que como candidato y hoy como rector se hubiera atrevido a transgredirlas.

Por eso, cuando afirmo que hábilmente ha hecho de la negación de acreditación de alta calidad su arma principal, su mejor argumento, es porque hizo de ese imaginario de pseudo-crisis [lamentablemente el grueso de la comunidad no cuenta con los elementos conceptuales ni políticos para dar el debate] el mejor de los escenarios posibles para que su propuesta ministerial pudiera avanzar virtualmente imbatible: “¿O es que ahora quién se opone a que la universidad sea acreditada?”

Sin embargo, precisamente a esa inocente, pero potencialmente intolerante, y por qué no, violenta pregunta; alimentada por la desafortunada invitación del señor rector a “Que la acreditación sea el interés común” lo único que sobreviene es la polarización: el mismo escenario del pasado miércoles fue muestra de ello: de un lado, los buenos, los que presuntamente sí quieren a la universidad, y que están dispuestos a aportar su fuerza de trabajo para su acreditación, y del otro, los que supuestamente no la queremos, [según los primeros, patente en la expresión de algunos rostros cuando tomábamos la palabra] los malos, porque estaríamos en contra de que la acrediten. Nada más falso y peligroso, por supuesto en contravía del discurso institucionalizado de la consolidación de la universidad como territorio de paz.

Frente a la paz, ¡La prometida paz perpetua!, elogio la dificultad en diálogo intramundano con Zuleta y Nietzsche, y en lo ideológico y lo político, desde donde debatimos, me congracio con Foucault en la inversión del aforismo de Clausewitz, para desmitificar la idea de Defender la sociedad [Defender la universidad en este caso]. Con lo anterior quiero decir, en contexto, que no creo en la retórica de la paz, máxime cuando ni siquiera algunos altos directivos han logrado incorporarla en sus prácticas cotidianas. Sé de los correos electrónicos que el director de la Oficina de Desarrollo Institucional, siempre en actitud de guerra, ha enviado a algunos funcionarios y directivos por la incomodidad que le generan mis opiniones. Pero independientemente de ello, he sostenido que la única paz que pretende esta administración es la que puede ofrecerle la cooptación, una paz cosmética que le garantice la ausencia del conflicto, de la diferencia radical, sin resolver ni un ápice todo aquello que los genera. Paz, para una universidad esclerotizada, dócil y autoritaria, en donde los estudiantes se remiten a aprender, los profesores a enseñar y los directivos a mandar. A esa universidad respondemos con lucha, teórica y política.

¿Con qué garantías cuenta la comunidad que quiere superar el binarismo despolitizador bueno/malo, y la falsa disyuntiva acreditar/no acreditar, para construir una universidad autónoma, descolonial, crítica del positivismo y comprometida con formas de desarrollo propias en la región y la nación; guiada [en la práctica] por los principios de eticidad, universalidad, racionalidad, con compromiso social y subordinada al interés público, genuinamente democrática, plural y autocrítica? Hasta ahora no hemos contado con ninguna, aunque en campaña nos las prometieron todas: hasta ahora, esta administración se ha dedicado a elogiar la democracia, pero no ha asumirla; a adular el pensamiento crítico en abstracto, pero a despreciarlo en lo concreto.

Del foro del pasado miércoles 23 de enero, quedaron algunos acuerdos, y yo me atrevo a decir que pueden llamarse compromisos: el rector prometió democratizar la construcción de los planes de desarrollo  y de acción, así como la propuesta de reforma curricular, aunque advirtió que “tanta discusión puede llevarnos a un remolino”, es decir a la nada, por lo que exigió que el auditorio realizara propuestas para definir una metodología que conduzca en rigor los tiempos y las reglas del juego, así como un mecanismo para dirimir las diferencias “porque seguramente va a haberlas”.

En ese sentido, a finales del mes de febrero la administración presentará “un borrador” de plan de desarrollo para que junto a otros elementos que la comunidad proponga, como el borrador de articulado de Ley Alternativa de Educación Superior de la Mane, y la propuesta de “Política de transformación de la UT” de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, entre otros; sirvan como insumos para la discusión, cuya metodología se definiría en asamblea general la segunda semana del semestre A de 2013, que inicia el próximo 11 de marzo, para que durante ese período toda la comunidad universitaria (concepto que le pedí al rector públicamente nos aclarara para saber si hablamos de lo mismo) de forma abierta, pueda tomar parte en las discusiones que se prolongarían hasta el mes de junio, tiempo suficiente, según el rector, para que la universidad cuente por lo menos con su nuevo plan de desarrollo.

Finalmente, el señor rector como el vicerrector académico, David Benítez Mujica, como se dice popularmente “se desmontaron por la oreja” al levantarse de la mesa sin responder a las preguntas del desnutrido auditorio, con lo que quedó en el ambiente una gran sinsabor: Primero, por la justa preocupación que asiste a profesores y estudiantes que seguimos hablando en el vacío ante la actitud simuladora y democratera de esta administración, que no ha sido capaz de abrirse a otras propuestas y mucho menos de incorporar otras lecturas sobre la cuestión universitaria, prefiriendo el hermetismo y un discurso de campaña electoral permanente, antes que recoger las propuestas y las preocupaciones de la comunidad; y segundo, en esta misma dirección, porque pertinazmente esta administración se ha trazado ya unos objetivos en función de unas directrices [las de la acreditación de alta calidad] perdiendo de vista que nos encontramos en el marco de un debate nacional  sobre educación superior que podría cambiar las condiciones; paradójicamente, en el Eje 2 “Compromiso Social” de su propuesta de campaña, que es la base de su propuesta de plan de desarrollo se plantea: “A su vez, se consolidará un proceso de construcción colectiva para la defensa de la universidad pública, capaz de generar alternativas desde la comunidad universitaria frente a las propuestas gubernamentales como la de la reforma a la Ley 30“.

“Democracia, me gustas porque estás ausente.”

Andrés Tafur

http://andrestafur.wordpress.com
Docente cátedra Cine, nación y comunicación
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu.

Notas:
[1] Revisar códigos de ética y de buen gobierno (resolución de rectoría N° 1554 del 30 de diciembre de 2008) de la Universidad del Tolima,
[2] La condición postmoderna
[3] La universidad pública: democracia cognitiva y democracia política
[4] Mercantilización y precarización del conocimiento: el proceso de Bolonia