sábado, julio 13, 2013

Medófilo Medina: El proceso de paz en Colombia hoy



 SESIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO ANDINO Y LA COMISIÓN DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
“EN BUSCA DE LA PAZ PARA COLOMBIA”
Bogotá 11 de julio de 2013


El proceso de paz en Colombia hoy
|Por Medófilo Medina|

Ha sido para mi altamente estimulante la invitación que me formularon los doctores Héctor Elí Rojas, presidente del Parlamento Andino y Juan Carlos Martínez Gutiérrez, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, para presentar esta comunicación sobre el actual proceso de paz. La participación del Congreso de Colombia en la búsqueda de la paz es una garantía para que los esfuerzos por alcanzar la reconciliación nacional alcancen una culminación feliz.

Quiero hilvanar en mi intervención unas observaciones sencillas sobre la paz, pensadas desde un lugar: mi condición de investigador y mi larga parábola de profesor en el campo de la Historia Contemporánea de Colombia. En efecto, el conflicto interno colombiano ha tenido una centralidad, en no despreciable medida, artificialmente construida, en la historia del país. Esto implica que no se pueda pensar la Historia de Colombia sin incorporar el estudio de la trayectoria  de avatares de sus violencias. Les propongo como nudos de esta exposición los siguientes:

1.      La Paz en Colombia hoy: Escepticismo u Optimismo?
2.      Los obstáculos para la Paz
3.      La Revuelta del Catatumbo: Un Test para la Paz
4.      Una Mesa en una Isla

1.     La Paz en Colombia hoy: Escepticismo u Optimismo?

Los Interrogantes que flotan sobre las conversaciones, las incertidumbres que se verbalizan o los vaticinios catastróficos que se escuchan y difunden en los medios de comunicación, se revisten de una fuerza que resulta imposible ignorar. Señalo sin embargo que me encuentro entre quienes alientan unas expectativas optimistas sobre las conversaciones. Permítanme compartir con ustedes las razones que nutren el moderado optimismo: El 27 de Agosto de 2012 el gobierno Colombiano y las Farc-EP firmaron en La Habana el acuerdo para abrir un diálogo de paz. En mes y medio se cumplirá un aniversario de ese paso. Un hito que estuvo precedido de un período de contactos, conversaciones, sesiones de plenipotenciarios de las partes, que transcurrieron durante dos años, sin contar algunas tentativas significativas durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez. La reserva y discreción que rodearon esa etapa, por ambas partes, constituyen un buen indicador del proceso. Esa prudencia se aquilata si se atiende al hecho de que Paralelo a la secreta filigrana diplomática continuaba el avance cruento y ruidoso de la guerra. Mojones muy sensibles de esa marcha letal lo constituyeron la muerte de Jorge Briceño, el 23 de Septiembre de 2010 y la muerte también como resultado de un operativo militar del comandante de las Farc, Alfonso Cano, el 4 de Noviembre de 2011. Esos hechos no disuadieron a las Farc sobre la continuación de las conversaciones. Algunos dirán que las abonaron. Tuvieron menos difusión las emboscadas y ataques con el infaltable saldo de víctimas, que de todos modos continuó produciendo la insurgencia.

Por un tiempo estuve persuadido de que la figura de Manuel Marulanda Vélez, con su control incuestionable de la organización y la garantía de unidad de ella, constituía un factor decisivo para un eventual acuerdo de paz. Desaparecido, el legendario comandante, se recompuso la constelación dirigente

De los antiguos marquetalianos, solo sobrevivía el sargento Pascuas. En la nueva composición del liderazgo Fariano no había ya lugar para una instancia inapelable, sino que ahora el comandante fungía como primum interpares. Forzosamente, las decisiones tendrían un componente de colegialidad hasta donde una organización militar lo permite. Las nuevas condiciones paradójicamente favorecieron el compromiso mayoritario con una salida de paz y el nuevo liderazgo mantuvo a la guerrilla la articulación nacional de la organización.

Una guerra recrudecida llevó a que el gobierno y las Farc pudieran medirse de manera más o menos precisa. El conocimiento mutuo ha sido un factor específico en las actuales conversaciones. No había sido éste el caso del proceso de paz 1982-1985. El presidente Belisario Betancur y su ministro de gobierno, Rodrigo Escobar Navia, no conocían la etapa militar en que se encontraban las Farc y en general la insurgencia, que se aprestaban para el desarrollo de una nueva etapa estratégica de ofensiva, que en el caso de las Farc se sintetizó en la Séptima conferencia celebrada justamente en 1982 y que el M-19 había puesto en marcha desde 1980.

Por los tiempos de la administración del presidente Gaviria sus asesores tuvieron distorsiones de Juicio provenientes de criterios equivocados sobre el impacto de la caída del socialismo en las FARC que los sumergió en un comportamiento errático en Caracas y Tlaxcala.

En diversos momentos el presidente Santos se ha permitido recordarle a las Farc que en este momento los astros están alineados a favor de la paz. Desde luego, el mandatario no se refiere a los cuerpos celestes, sino a otros de las próximas constelaciones humanas: Importantes gremios patronales, la jerarquía católica, la comunidad internacional, sectores de peso en las fuerzas armadas. La imagen no es del todo cierta en la medida en que no registra las poderosas corrientes políticas, que siguen asociando de manera crucial, su vigencia a la prolongación sin términos del conflicto interno y a la perpetuación, vital para ellos, de la guerra. Pero la densidad de poderes fácticos que están por la paz es consistente.

Los desarrollos de la situación política en América Latina, aportan una dimensión regional favorable al curso de búsqueda de la paz en Colombia. Un antecedente en este campo lo constituyó una duración breve que hoy nos puede parecer remota, comprendida entre el 25 de Agosto de 2007 y el 21 de Noviembre del mismo año, cuando el presidente Hugo Chávez, fungió como mediador en la búsqueda del intercambio humanitario entre las Farc y el gobierno Colombiano. En esos tres meses fueron numerosas las ocasiones cuando el mandatario Venezolano, apremió a Marulanda y a las Farc, a colocarse en el camino de la paz. En el formato de su solidaridad con Chávez, a propósito del evento humanitario, se pronunciaron el favor de la paz en Colombia los gobiernos avanzados o de izquierda de América Latina, comenzando por Inácio Lula da Silva, continuando con Daniel Ortega, los Hermanos Castro y Evo Morales. Dirigentes que representaban sistemas políticos sociales que suscitaban la indudable admiración de las Farc. El tono con el que el presidente Mújica se refirió a La Mesa de La Habana como uno de los procesos trascendentales de la actualidad latinoamericana prolonga las previsiones ya señaladas.

 Al pensar en la composición del equipo que representa al gobierno en la mesa de la Habana, constituye un registro positivo, la presencia de dos figuras, que como las de los generales, Mora Rangel y Naranjo, representan y expresan a sectores, seguramente decisivos de las instituciones armadas del estado. 

Esta conjetura, la formulo recordando la opinión que me expresara el general, Fernando Landazábal Reyes, Ministro de Guerra, por los tiempos del proceso de paz de Belisario Betancur, en el curso de dos entrevistas que me concedió poco tiempo antes de su execrable asesinato en febrero de 1998:

"Siempre he dicho que la paz se hará el día que el gobierno autorice al mando militar para hacer la paz o hacer la guerra, cuando la guerrilla sepa que la paz depende del mando militar. Entonces, cuando se converse, la guerrilla sabe que el mando militar no la traiciona y que lo propuesto y aceptado se le va a cumplir". Y añadió:"Para eso está un estado mayor de las fuerzas militares que habla con la subversión. Si ésta pide diálogo, pues se oye... Hay dos situaciones muy claras: El mando militar jamás traicionará a la guerrilla y ella sabe que así será; y el Ejército sabe que lo prometido por la guerrilla se va a cumplir...Por esas propuestas de paz no se ha podido lograr nada, porque los dos elementos fundamentales, los alzados en armas y quienes los combaten , no han sido tenidos en cuenta en la forma debida”. (Febrero de 1998)[1]

Debo completar esa impresión con la importancia que le atribuían a un diálogo directo con generales de la República tanto Marulanda como Jacobo Arenas en opiniones que tuve oportunidad de escucharles en entrevistas que me concedieron en el curso de una visita a Casa Verde que se efectuó del 26 al 29 de febrero de 1986, manifestaciones que además están registradas en diversos documentos.

2.     Los obstáculos para la Paz

Me refiero a esos obstáculos en la forma en que ellos se han manifestado en la Mesa de La Habana.  La convocatoria a una Constituyente como evento político de culminación política y jurídica de los acuerdos. La obsesión no corresponde únicamente a los negociadores de la Insurgencia quienes plantearon la exigencia sino también a los voceros del gobierno quienes respondieron con un NO inmediato y rotundo. Hoy se vive una cierta distensión con respecto al punto en virtud de las declaraciones de París que señalaron que la exigencia no sería un inamovible. Sin embargo no resulta ocioso analizar el tema dado que permite identificar un orden y estilo de argumentación que torna tortuoso el diálogo que transcurre en el contexto de una cultura política cruzada de un lado por la intransigencia y de otro por el formalismo.
Tomando parte en una controversia a propósito de la propuesta de una  reforma constitucional anotaba Alberto Lleras Camargo en 1945:

  Hemos cambiado el nombre de la patria en varias ocasiones. La inseguridad, la miseria, el desorden se traducen, de pronto en el anhelo de hacer vida nueva, arrasando lo anterior, comenzando una nueva página. Cien veces nuestros caudillos militares y civiles nos han dicho: al fin vamos a ser felices . A los pocos años todo está muy semejante, y entonces nos cambiamos el nombre, dictamos otro estatuto para nuestra asociación, y comienza el nuevo ensayo de la felicidad.

Lleras Camargo incrementaría su autoridad para sustentar el juicio anterior dado que bajo sus dos gobiernos el país no se haría ni más liberal, ni más democrático.

Lo que quiero destacar es el culto por el formalismo jurídico y la prolongación por distintas corrientes a lo largo de nuestra historia del fetichismo constitucional. Los dos han sido líneas siempre centelleantes de nuestra cultura política. Eso que para algunos juristas resulta exaltante, objetivamente da lugar más bien a una persuasión trágica al constatar en la marcha cotidiana de hoy y en la historia el foso que separa en aspectos centrales de la vida colectiva el mundo de las normas y doctrinas y el de las duras realidades. En el siglo XIX cada una de las constituciones nació de una guerra, hizo posible una tregua entre los partidos pero no evitó la siguiente guerra.
No es el momento para intentar el análisis de los factores que han perpetuado esas pautas para escudriñar las razones para que en Colombia se haya prolongado con mayor fuerza que en otros países latinoamericanos aquel aforismo acuñado en la era colonial con respecto a las normas: Se obedece pero no se cumple.

Sólo mencionaré un factor. A Colombia no la alcanzó la corriente del positivismo que hubiera podido influir en las mentalidades bien por los caminos de la educación escolar o por la controversia pública. En el plano filosófico, académico y pedagógico la impronta de la escuela positiva fue muy significativa en México, Brasil, Argentina, Venezuela. En el campo constitucional en el que brillaron los análisis y el carisma intelectual de los positivistas,  estos distinguieron las Constituciones escritas de lo que llamaron la Constitución efectiva. Por esta última entendieron el talante de los pueblos para internalizar las normas y traducirlas en comportamiento y el compromiso o la renuncia de los gobernantes a ajustar sus acciones a la Constitución y a las leyes.

Por ello contribuiría positivamente a que las conversaciones en La Habana abordaran con mayor decisión puntos importantes de reformas políticas y sociales que hace tiempo han madurado y que no se han afrontado aunque figuren en el fondo dogmático de la Constitución de 1991 o se estipulen en el resto de su articulado. Estas observaciones no tienen solo importancia para la Mesa. Es conveniente que los colombianos y colombianas nos miremos como en un espejo en la mesa de La Habana, tanto en lo que se discute como también en los estilos del debate y en las formas que toma la apelación a la opinión pública.

Sería deseable que aquí y allá hiciéramos conciencia de un hecho. La Constitución de 1991 fue la Carta que inauguró una serie que ha configurado el fenómeno  que los Constitucionalistas de Valencia, Viciano Pastor y Martínez Dalmau han denominado el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Constituciones extensas, garantistas, pormenorizadas en la enunciación de derechos sociales, detalladas para el cuidado de los derechos humanos y del reconocimiento de las minorías. Constituciones contrastantes con la concisión del constitucionalismo kelseniano. Constituciones pormenorizadas no por casualidad sino porque están impregnadas de una desconfianza crucial del Poder Constituyente al Poder Constituido. No se quería dejar nada por fuera de la Carta. 

Ahora bien, comparada la Constitución nuestra con las otras Constituciones diseñadas también por Asambleas Constituyentes, la colombiana es la que menos aplicación ha tenido. Ello es así porque las fuerzas y circunstancias políticas que hicieron posible la Constitución de 1991 no tuvieron continuidad y al poco andar la escena política tradicional se recompuso en sus aspectos fundamentales. Independientemente de la diversidad de evaluaciones que en este auditorio podrían elaborarse sobre la historia reciente de Venezuela, Ecuador y Bolivia no será difícil admitir que en estos países hubo cambios decisivos y que ellos se realizaron en virtud de que se conformaron movimientos políticos que llevaron a la práctica las alternativas que la nueva Constitución delineó.

No desconozco aplicaciones que la Constitución del 91 ha alcanzado. Estudiarlas es de un ejercicio tan necesario como interesante. Amplios sectores se apropiaron efectivamente de la figura de la tutela. Por ello el intento de eliminar el recurso o de convertirlo en figura inane no ha cesado a lo largo de su vigencia. La más reciente ofensiva contra la tutela se produjo con respecto a la Reforma a la Salud. Es sintomático que el sector social que mayormente se ha beneficiado de la Constitución de 1991 ha sido el de las comunidades indígenas. Si se mira su significación demográfica en el total nacional el resultado es a primera vista sorprendente. Pero no lo es si se atiende a que es un conjunto socioétnico y regional con altas pautas de organización y concordante con ello, con un potencial alto de movilización.

Si la comunidad LGTBI ha logrado beneficiarse de la Constitución es por que ha sido un movimiento social nuevo que ha logrado organizarse y constituirse como doliente de normas constitucionales. Las mujeres han logrado extraer avances en los derechos que les reconoció la Constitución de 1991 en virtud de la movilización que han logrado desarrollar durante los dos pasados decenios.  Es absolutamente razonable lo que dice un historiador, Michael Mann: El poder son redes. Quizá en esta dirección deberían pensar hoy los negociadores de las FARC antes que en las imágenes a las que remite la figura de la Constituyente. Le haría bien a la otra parte de la mesa enardecerse menos ante la propuesta y presionar por el descenso a la realidad de esas Repúblicas  Aéreas a las que con sarcasmo se refirió Bolívar en más de una ocasión.

No me puedo referir a todas esas cristalizaciones de la mentalidad que aparecen en la Mesa de la Habana y que frecuentemente de mala fe relanzan algunos círculos apoyados por los medios de Comunicación, pero al menos mencionaré una más.

En su discurso de Oslo Iván Márquez hizo pronunciamientos críticos, alusiones a políticas económicas, señaló responsabilidades, dibujó alternativas. El Doctor de la Calle Lombana respondió con una fórmula clamorosamente inconsistente: El modelo económico no está en discusión. El enunciado remitía  a entelequias abstractas pero con alto potencial polarizante y además nacía de una elemental confusión: la identificación del modelo neoliberal con el sistema socioeconómico que es otra cosa. ¿Cuánto tiempo se tomó esa pseucontroversia alrededor de ese sofisma? Hace pocos días leí un reportaje de José Antonio Ocampo en El País de Cali. (3 de julio) Señalo algunas de sus anotaciones: “Estamos en una recesión en la industria. No hay la menor duda de que hay un proceso de desindustrialización y desde hace treinta años” “Una política de comercio exterior que es de Tratados de  Libre Comercio que nos ha llevado a una verdadera indigestión de TLC(Colombia ha suscrito ya 12 acuerdos de ese tipo) ..no sabemos qué impacto van a tener y no hay un análisis público de impacto”.  Ocampo no ve ninguna ventaja para Colombia afiliarse a la OCDE: “Si uno es una nación europea es natural ser de la OCDE. Pero para un país latinoamericano la prioridad es la región”. Es divertido pensar en lo que hubiera respondido De la Calle Lombana  si  esas cosas las hubiera dicho literalmente Catatumbo".[2] ¿A quién  que no sea negociador se le ocurriría  pensar que Ocampo está impugnado al capitalismo o la economía de mercado?

El presidente Santos respalda esas posturas con las Alusiones al manido supuesto sentido común de la Revolución por Decreto. Son fórmulas de contenido ambiguo que abonan artificiales confrontaciones.  Frente a ellas valdría la pena recordar el sencillo consejo que hace tiempos diera Nicanor Restrepo en un reportaje de octubre de 1999 cuando era cabeza del Sindicato Antioqueño: “… no podemos soñar con que va a haber paz gratuita.  Además con paz o sin paz hay que introducir muchas de esas reformas”.

3.     La revuelta del Catatumbo: un test para el proceso de paz


Unos se han enterado ahora otros lo han sabido hace tiempo: el Catatumbo constituye una vasta zona en el nororiente del país rica en recursos: petróleo, carbón, oro, con vastas extensiones de tierras fértiles. También se sabe que es asiento de una población azotada por todas las violencias que llevan a cabo diversos actores armados: paramilitares y neoparamilitares o BACRIM, guerrillas, agentes armados por contrabandistas y, por supuesto, Fuerza Pública. Sin razón se afirma que las del Catatumbo son regiones abandonadas por el Estado. No, allí está  el Estado que creó una zona de consolidación en la que como en los distritos de ese status todos los programas institucionales quedan bajo control militar. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha reiniciado la explotación petrolera, continua el otorgamiento de títulos para la minería del carbón 39 que cubren 400.000 hectáreas, 14 títulos para la minería del oro que alcanzan 24.000 has. Allí está el Estado favoreciendo la concentración en la propiedad de la tierra. Se dice en un artículo de la jurista Yamile Salinas Abdala: “La gobernación de Norte de Santander apalancó las medidas de aseguramiento de tierras abandonadas mediante el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la extinta Acción Social. En 2009, identificó la adquisición de 232 predios por parte de 77 personas. Una de ellas compró 47 predios. El resultado fue la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF), cuyo límite máximo está entre 36 y 44 hectáreas. Pero, en realidad, empresas como Bioagroindustrial de Colombia, Ecopalma, Inversiones Palma de Oriente, Ganadería Puerto Rico Ltda y Cypag,  familias como los Gutiérrez de Piñérez y Alvarado Yáñez y otras personas naturales concentran más de 10 mil hectáreas”[3]

Y la presencia del Estado se ha reforzado en estos días de protesta. Fueron las Esmad las primeras en responder por orden del gobierno pero desgraciadamente con un saldo de cuatro muertos y numerosos heridos.

No es la ausencia del Estado lo que habría que señalar, es su presencia unilateral que favorece los grandes intereses y se olvida de los intereses, de las carencias los derechos y los sufrimientos de los pobres que son la inmensa mayoría en Tibú, en la Gabarra, en El Tarra y en los demás municipios de los ocho o nueve que pertenecen a la región. Si ustedes hacen el ejercicio de comparar el pliego de exigencias presentado al gobierno por colonos y campesinos de Tibú el pasado 25 de junio encontrarán que no difiere sustancialmente del contenido del pliego que en 1987 presentaron los campesinos en el Paro del Nororiente. Entre ese paro y el movimiento actual se produjeron diversas marchas y protestas y se presentaron nuevos pliegos.

Las realizaciones son escasas y las necesidades crecientes. La memoria campesina sobre sucesivos incumplimientos alimenta la indignación y la radicalidad. Además el síndrome del engaño se envuelve en el pañuelo de una memoria individual y colectiva traumatizada. En diversos informes se nos ha recordado en estos días que a mediados de 1999 salieron bajo la protección del Ejército seis camiones transportando a 200 hombres de las Autodefensas Campesinas de Colombia de un lugar cercano a Montería, atravesaron cinco departamentos y arribaron a Sardinata en Norte de Santander.  Se tomaron Tibú y perpetraron una masacre de 7 personas.

En La Gabarra efectuaron la segunda masacre de 35 habitantes. Establecieron su dominio en toda la región. En el primer año de la ocupación fueron asesinados 800 civiles.[4]  Entre 1997 y 2010 fueron desplazadas 90. 000 personas de la región.

La chispa del actual movimiento la pusieron las operaciones de erradicación de cultivos llevadas a cabo manualmente con participación de aspersiones aéreas. Los campesinos defienden su vida. Ni el gobierno ni nadie les puede señalar una alternativa que les permita la sobrevivencia y es claro que no podría surgir de un día para otro.

  El gobierno luego del trámite violento de la protesta ha enviado diversas comisiones que aún no logran establecer acuerdos. Pero importa señalar de cara a los acuerdos el discurso oficial está en contravía de lo que sugiere un enfoque razonable. El Presidente Santos conminó a las Farc  a que en La Habana callen sobre las ocurrencias del Catatumbo. El ministro del Interior y Justicia ha dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda  quieren incendiar al país. Lo que explicaría tan extravagante proyecto de la izquierda es que esta sentiría que el Presidente Santos en palabras del funcionario les está rapando las banderas sociales. Tales declaraciones lindan con el delirio.

 Cuando la protesta se atribuye a la infiltración  de la guerrilla, ahí ya se le está cortando la hierba bajo los pies a la negociación con los campesinos. El uso mismo del término “infiltración” heredado de la guerra fría es un anacronismo  que hace evidente la incomprensión de lo que hoy está ocurriendo en el país. Si lo movimientos sociales clásicos de obreros y de empleados o de pobladores se han reducido o extinguido en las ciudades, en el campo se asiste a una verdadera eclosión de luchas sociales y de organizaciones: Se trata de un ramificado movimiento de Juntas de Acción Comunal, del renacimiento de núcleos de la antigua ANUC, de organizaciones indígenas, y de afrodescendientes, de redes de campesinos retornados, de asociaciones de víctimas. Eso va de acuerdo con los resultados que entre las diversas presencias están las de la Insurgencia en ese mapa. El presidente Santos, con énfasis que más bien provoca hilaridad, hace alusión a informes de los servicios secretos. En muchas regiones las Farc están y están en relación con la gente. Una visión realista llevaría a asumir el fenómeno e incluso a tomarlo  como garantía constructiva en una fase de posconflicto.

 El código “infiltración” remite a la idea de exteriores amenazantes cuyas sedes estarían ubicadas en un vacio territorial y en un  no lugar social. Es obvio que las FARC hablen del Catatumbo, en la mesa de La Habana. Allí ambas partes están hablando de todo lo que la protesta ha incluido en el pliego de demandas. Antes de que el ministro del Interior acuda al lenguaje y a las imágenes de la piromanía se le impone al gobierno entrar en contacto con las organizaciones de caficultores, arroceros, paneleros, cultivadores de cacao para adelantar la negociación con respecto al Paro que una confluencia de sectores y organizaciones del mundo rural han anunciado para mediados de agosto próximo.  Aquí no se trata de consultar el sistema de alarmas tempranas para  ver que  reporta sino de mirar a la gente que no se conforma y que  elabora pliegos y habla y exige.  Esa sería la actitud sensata de un gobierno que está negociando la salida política del Conflicto. Por supuesto a los dirigentes que han actuado políticamente de cara al público no se los puede constreñir a la clandestinidad. Es miope estigmatizar ponerles capucha a quienes actúan de manera transparente. Lo que ha venido ocurriendo con Cesar Jerez es el rezago de antiguas manías. Es bueno para las comunidades que cuenten con líderes formados y competentes pero lo es también para el gobierno que quiera negociar con ellos. Improvisar interlocutores es torpe y contraproducente.


4.     Una mesa en una Isla?

Si a la guerra se le ha dado una centralidad  en el acontecer nacional a la  construcción de la paz no se la puede condenar a unas conversaciones rodeadas de agua por todas partes. Es cierto que las marchas que con enorme participación que se realizaron el 9 de abril del presente año a favor de la paz marcaron un punto de inflexión de la opinión pública. Hasta entonces lo que estaba en pie era la impresión que habían dejado las muchedumbres políticas del 4 de febrero de 2008.  La paz es una causa decisiva que no se la puede dejar librada a la voluntad y arbitrio de los negociadores.

El Congreso de la República tiene una responsabilidad enorme e indelegable en la construcción de la paz. Es la institución que puede jugar un papel estratégico para superar los vacíos, las zonas de nadie que se pueden crear entre el Estado y la sociedad civil en la marcha del proceso de paz  y en la fase del posconflicto.

La contribución del Congreso a favor de la paz será una inversión en el fortalecimiento propio en la conquista de una imagen nueva de la propia institución tan castigada por comportamientos disuasivos. Ya ha jugado un papel de importancia en la aprobación de Leyes y su papel se incrementará en las tareas aparejadas a las necesidades de refrendación que los acuerdos de paz  demanden y de la actividad legislativa que implica la construcción de la Paz.

La paz remite con urgencia a la acción política e institucional en  escenarios regionales. Al respecto cabe preguntar qué otra institución estaría en mejores condiciones para llevar Estado a donde ha sido reemplazado o allí  donde ha existido muy precariamente?

Ha resultado ya muy fecunda la labor cumplida por las dos rondas de las Mesas de Paz Regionales de paz realizadas por las Comisiones de Paz del Congreso y de la Cámara. Cuanta gente ha hablado y cuánto conocimiento se ha acopiado. Es hora de construir síntesis que puedan llegar a todas partes quizá mediante un boletín ágil y sistemático. La enorme brecha existente entre lo urbano y lo rural, entre el centro y las regiones, entre los centros y las microrregiones demanda la difusión de lo acopiado. Los varios tomos que se han originado en la primera ronda y los que está produciendo la segunda ronda de las mesas no pueden tomarse únicamente como insumos para la Mesa de La Habana debe llegar a la opinión en formas que esta los pueda recibir en formatos accesibles y presentaciones atractivas.

Las comisiones de Paz son las avanzadas de una acción en la que hay lugar para toda la gente que tiene la representación nacional. Llama la atención que a las mesas regionales no se hagan presentes los senadores y representantes de las respectivas regiones sino excepcionalmente. Esa ausencia manifiesta las reservas e incertidumbres quizá de naturaleza electoral que aún mantienen a muchos senadores y representantes apercibidos frente a la paz. Pero como todos los procesos humanos son de naturaleza constructiva y no pueden darse sino mediante la acción humana la paz vendrá en función de la acción que se invierta en su conquista.  La inversión está llamada a rendir frutos.

Valdría la pena decir que lo que hoy Colombia se está jugando con la búsqueda de la paz es el paso a la modernidad política que nos permita acceder a aquella definición mínima de Democracia como sistema que se perpetua contando cabezas y no cortándolas.  Que la apelación a los electores no pueda en ningún caso acudir a la coartada de las armas por parte de ningún partido sea de derecha, izquierda o centro. Que los gobernantes no respondan con la economía aviesa que implica la invocación de la infiltración para justificar la represión antes que se ensaye a fondo el uso de las fórmulas políticas. Necesitamos la paz que recupere para el Estado el Monopolio de la Fuerza pero que no lleve en ningún momento a olvidar que se trata del monopolio legítimo de la fuerza.

Pero si esas reflexiones aún no movieran al compromiso activo con la Paz al menos las consideraciones humanas deberían inclinarnos a ese encuentro. Permítanme concluir mis apuntes con un registro de otros tiempos y otras latitudes. Cuando le preguntaron sus torvos jueces a Juana de Arco, una muchacha sencilla que como señala Michelet , no había hecho más que coser e hilar para su mamá , cómo se le había ocurrido emprender las hazañas que realizó, sólo dijo con suavidad: “La piedad que daba el reino de Francia”.[5] Quizá sea lo necesitamos todos y cada uno de los colombianos: tener piedad de Colombia que nos ponga como protagonistas de la histórica hazaña de la Paz.

Referencias: 

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[1] Medófilo Medina. “Las tropas siguen al líder si se compromete con ellas. Entrevista con el general® Landazábal Reyes”, Análisis Político, 39, enero-abril de 2000, pp.83-94
[2]El País, Santiago de Cali, 3 de julio de 2003, B2.
[3] Yamile Salinas Abdala, “¿Arde Catatumbo?: respuesta inadecuada a una protesta legítima” Razón Pública, Bogotá, 7 de julio de 2013.
[4]  Estas narrativas están recogidas  en artículo del investigador y periodista Alfredo Molano Bravo, “Crisis en el Catatumbo: la chispa es la erradicación cultivos”, 30 de junio de 2013, El Espectador.com, consultado el 10 de julio de 2013
[5] Jules Michelet, Juana de Arco, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p.25