domingo, noviembre 17, 2013

¿LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA REALMENTE RECONECE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO COLOMBIANO?


 |Por Evelio Murillo López| El Líbano-Tolima|

La formación del individuo comporta una doble connotación: como individuo y sus alcances como generador de conocimiento y sujeto político de la expresión de ser social; ésta dinámica es inherente a su proceso de formación y educación en forma articulada e íntimamente relacionada como un todo en la sociedad. El mundo de la verdad objetiva deambula por las verdades relativas y cambiantes, así mismo por el mundo de las verdades absolutas o perennes, es decir el hombre como ser social tiene una visión más cerca de la realidad objetiva; desde su subjetividad puede generar un conocimiento o simplemente sobreaguar por los espectros de la especulación o por el mundo de sus intereses subjetivos, que en últimas es conceptualizar los fenómenos a los niveles de su forma o expresión superficial.

El común general de un pueblo, es la subjetividad reinante en la forma que cada individuo  contempla el mundo y sus fenómenos, donde lo lleva a expresar simples opiniones, y por tanto, lo alejan de los análisis de las verdaderas causas de los problemas y soluciones estructurales; si bien las actividades pedagógicas y de educación en las comunidades y el pueblo en general en un número reducido, insisten en una educación y formación del individuo como sujeto político, sujeto investigador generador de conocimiento, la gran mayoría de procesos se quedan en educación de multiplicadores que poco llegan a las bases sociales, con una pedagogía instrumentalista o cajas receptivas y acumuladoras de información; de tal manera que a diferencia de los 70s y comienzos de los 80s, la educación popular dirigida a las bases, trascendió a las dinámicas pedagógicas de proyectos a diestra y siniestra de Ongs., hasta el punto que las comunidades en muchos casos manifiestan estar saturadas de “capacitación a todos los niveles”, además las actividades sociales se estrellan contra obstáculos como: la defensa de intereses privados y apropiación de lo público por parte de las dirigencias políticas enclavadas en el gobierno, el direccionamiento del Estado con el amañamiento de la juridicidad y la justicia, un poder legislativo, aprobando leyes y decretos para el favorecimiento de grupos económicos y lo más indignante, sus apetitos personales, la rampante politiquería en el régimen electoral y todo un aparato represivo al servicio de mantener un orden social, en varios casos rebasando y violando las leyes y normas establecidas, donde “el fin justifica los medios”. Todo éste panorama de obstáculos dividen la población y la ciudadanía en dos grandes campos: los que a toda costa quieren mantener el orden social actual y los que aspiran construir un nuevo orden social; no existen posiciones intermedias, y muchos que las adoptan generan confusión y una actitud contemplativa de los problemas.

La constitución política de un país, es el marco jurídico que direcciona todas las políticas de acuerdo a una  visión del desarrollo, que para el caso colombiano, el desarrollo es una imbricación entre “crecimiento económico” y la pretensión solamente teórica del “desarrollo a escala humana”, en el sentido de pensar en el hombre y su bienestar, propagandizada a niveles de “capacitación”, pero, en abierta contradicción con la práctica y postulados de la Constitución Política, que posibilitan Leyes nefastas para el pueblo como la ley 100, 142, 115 etc., para anotar algunas, que permiten la implementación de un modelo neoliberal privatizador en la prestación de los servicios públicos, en las políticas económicas direccionadas a favorecer a los grandes empresarios, en la mal llamada independencia de los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en el funcionamiento del territorio en forma centralizada en contravía con el artículo 2° de la C.P., en la  violación del derecho a la vida y en general de los derechos fundamentales, etc., son algunos ejemplos del significado de defender un Estado Social de Derecho y la defensa de un ordenamiento jurídico, una de las causas de raíz de las problemáticas que se viven en la actualidad y de tener una sociedad desigual y con injusticia social en las dinámicas: políticas, administrativas, económicas, sociales, ambientales y culturales.

De otra parte, una gran duda se genera de este tipo de Estado, cuando en la práctica social, el mismo Estado viola los derechos fundamentales y se inmersa en el mar  de la imposición del ejecutivo sobre los otros dos poderes, en un régimen abiertamente presidencialista y de esencia antidemocrática, en donde en sus casi 90 artículos constitucionales, que dan paso a una participación ciudadana restringida, reducida a los ámbitos de la simple consulta y el poder de decisión es abrogado por la “voluntad política” de los ordenadores del gasto ( Presidente, gobernadores y alcaldes). Algún rezago del respeto de la consulta popular en temas ambientales es eliminado por la reforma a la Ley de minería, que entrega la explotación de los recursos mineros a las multinacionales y la consecuente contaminación y destrucción de los nacimientos del agua, por encima de las decisiones en contra, tomadas por las comunidades de las zonas afectadas directamente.

Defender un Estado Social de Derecho no es hacerlo a ultranza, sin tener en cuenta leyes y normas que afectan precisamente el bienestar de la amplia mayoría de la población; es decir, el actual “orden jurídico” establecido para que unos pocos con poder económico, se enriquezcan más a costa de un creciente y mayor  empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana. La misma comunidad burguesa internacional, representada en la Naciones Unidas, dijo en una entrevista, por el periódico El Espectador al representante de la ONU Hábitat, en un acto en Medellín de promulgación del próximo VII Foro Mundial Urbano, que se realizará en el 2014: “Colombia forma parte de los cuatro países que tienen menos éxito en la reducción de la desigualdad entre los 18 que analizamos. De 1990 a 2010 fue la nación que más aumentó desigualdades urbanas. Las diferencias entre el rico y el pobre se duplicaron y la desigualdad del ingreso aumentó en un 15%. Además, es el único país donde la totalidad de las ciudades estudiadas aumentaron en su desigualdad". (1)  

Ahora bien, la Constitución Política establece el  carácter soberano del pueblo, en el artículo 3°, pero le enajena el derecho de ser el constituyente primario, tanto en el preámbulo, al final del artículo 3° y en lo establecido en el Titulo XIII de la reforma constitucional; delegando en el Congreso de la Republica, según los artículos 374°, 375°, 376°, como el organismo que aprueba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el referendo, además los actos legislativos de reforma constitucional, es decir, todo proceso de reforma pasa por la decisión del Congreso.

En este orden de ideas el rescate de la soberanía del pueblo colombiano, expresada como constituyente primario y único reformador de la Constitución Política, es una bandera que debemos enarbolar en las necesarias reformas del nivel estructural y coadyuvar en establecer una nueva sociedad. Los mayores esfuerzos deben estar en ésta dirección y superar el desgaste que conlleva las banderas de la lucha por la derogación de una determinada Ley, lo cual sigue desgastando la lucha popular en acciones aisladas y descoordinadas.

Resalto una experiencia importante de la II Asamblea Constituyente Departamental del Tolima, realizada en el 2003; con una participación importante de 42 alcaldes del total de 47 del departamento y la constitución de 42 Asambleas Constituyentes municipales, en un proceso de encuentro de las comunidades, el sector público y privado. En el Tolima es la primera vez que se logra un importante nivel de encuentro de líderes y activistas populares de todo el departamento, contando con la “voluntad política” de los alcaldes locales y la asistencia de cerca de 300 delegados en representación de los municipios en la Asamblea Constituyente departamental. Al igual que en otros departamentos como Antioquia y Nariño y en municipios como Tarso, Mogotes, Ocaña y otros; de los años 2001 en adelante se dio un auge del proceso de Asambleas constituyentes, siendo una experiencia importante a tener en cuenta de cómo el pueblo organizado puede convocarse desde el nivel municipal y confluir en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se pueden expresar en forma autónoma por intermedio de los mandatos constituyentes. Dice el gobernador del Tolima en ese entonces (2003): “Fueron dos años de intenso trabajo, explorando los caminos de la participación democrática y del ejercicio de la soberanía popular. Fue un esfuerzo del que se hicieron partícipes los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los jóvenes, las mujeres, los empresarios, los desplazados, los académicos, los políticos, las iglesias, los sindicatos, los alcaldes y todos aquellos que quisieron sumar la voz de sus preocupaciones y sueños al gran coro de la patria por todos deseada". (2)   

En la actualidad adquiere una vital importancia el proceso constituyente, en la medida que a la luz de las experiencias se aúnen esfuerzos por darle el carácter legal a las Asamblea constituyentes construidas desde los municipios y dotar el proceso de: en primer lugar de los recursos suficientes, que permita con autonomía las convocatorias amplias, de procesos organizados en cada municipio de Colombia, en segundo lugar se convierta en factor determinante en la elaboración de los Planes de Desarrollo, en tercer lugar sea un factor para generar propuesta de mandatos a las Asambleas Constituyentes Departamentales, y se llegue a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario llegar al reconocimiento legal y de hecho constitucional de este proceso, en la medida que se lleve a todos los niveles la propuesta de una reforma del Título XIII de la C.P. y de los artículos 114, 155 y todos los que sean contrarios a considerar que la reforma a la constitución se debe hacer únicamente por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada a partir de la legalidad de los procesos de Asambleas constituyentes departamentales y municipales, proceso que debe ser reglamentado en la misma propuesta de reforma constitucional y adoptado en un artículo anexo.

Notas:

(1) ENTREVISTA diario El Espectador a Joan Clos, director de ONU Hábitat, publicada en la edición del miércoles 9 de Octubre de 2013. P

(2) PRESENTACIÓN del Gobernador del Tolima, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, año 2003, en la publicación sobre la II Asamblea Constituyente del Tolima-Mandato Constituyente. Pág. 3