domingo, enero 26, 2014

ELEMENTOS PARA IMPLICAR A ÁLVARO URIBE VÉLEZ EN LA COMISIÓN DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD



A continuación socializamos la tesis de maestría de Francisco Simón Conejos de la Universidad de Valencia, España, de diciembre de 2012, titulada "Crímenes contra la humanidad en Colombia: Elementos para implicar a ex presidente Álvaro Uribe Vélez ante la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional". La investigación, basada en fuentes periodísticas principalmente,  tiene por objetivo aportar elementos para desvelar las estructuras estatales y paraestatales responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad en Colombia, en el contexto del conflicto político, social y armado. El cuarto capítulo (págs. 64-98) que trata a profundidad una serie de hechos que desnudan el lado oscuro de Álvaro Uribe, se encarga de presentar la trayectoria política y las amistades peligrosas de Uribe durante los treinta años de ejercicio de cargos públicos, y además, analiza los supuestos vínculos del presidente con grupos de narcotraficantes y paramilitares.

Lea la investigación completa aquí: 



|INTRO| ELEMENTOS PARA IMPLICAR A ÁLVARO URIBE VÉLEZ EN LA COMISIÓN DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD 

1. ANTECEDENTES

Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín (capital del departamento de Antioquia), el 4 de julio de 1952, en el seno del matrimonio formado por el terrateniente y ganadero Álvaro Uribe Sierra y la concejala Laura Vélez Escobar. Fue el mayor de cinco hermanos, se educó en los colegios más selectos y se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia (164). Años más tarde obtuvo certificados en Administración y Gerencia y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y participó como Senior Associate Member en el Saint Anthony´s College de la Universidad de Oxford (Reino Unido) gracias a la beca Simón Bolívar que le otorgó el Consejo Británico. Su entorno familiar, la relevancia social de los centros donde estudió y su vinculación desde joven al Partido Liberal facilitaron que, incluso antes de acabar la carrera, se integrara en la administración pública. En 1976 fue jefe de Bienes de Empresas Públicas de Medellín y un año más tarde ocupó la secretaría general del Ministerio de Trabajo. De esta etapa, en su biografía oficial se menciona que “sacó adelante el Decreto 1468 de 1978 sobre libertades sindicales” (165); poco después de acceder a la Presidencia de Colombia, su Gobierno puso en marcha una reforma laboral que amplió las causas de despido justificado, recortó los pagos por indemnizaciones y disminuyó el complemento salarial por nocturnidad.

De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes, como veremos más adelante.

La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín166; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía:

“(...) como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos” (167).

Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante” (168). Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte.

En 1994, Álvaro Uribe fue elegido Gobernador de Antioquia y “puso en práctica el modelo de Estado Comunitario, cuya principal característica es la participación ciudadana en decisiones fundamentales del Estado”, se asegura en el perfil de Presidencia de la República (169). Para Uribe, la participación significaba esencialmente la implicación de la población civil en tareas de seguridad, por lo que se convirtió en el más firme impulsor de las Cooperativas de Seguridad aprobadas por el Gobierno con el supuesto objetivo de establecer distintas modalidades de colaboración de civiles armados con la Fuerza Pública. Unas 70 entidades de este tipo, conocidas como Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su mandato, muchas de las cuales:

“fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de `tierra arrasada´ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando y desplazando a miles de campesinos” (170).

El periodista Ricardo Ferrer investigó la trayectoria de Uribe en esos años y concluyó que él y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa (171), construyeron una “red paramilitar” dentro de la Gobernación de Antioquia:

“`Mientras el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo Comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que entrevisté. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban en el grupo de las cooperativas de vigilancia privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte” (172).

Ferrer interpuso una denuncia ante la Fiscalía; la investigación judicial no prosperó, pero el periodista tuvo que exiliarse. Las revelaciones efectuadas años después por los antiguos jefes paramilitares, acogidos a la ley de Justicia y Paz, confirmarían la relación entre estas cooperativas y los paramilitares, y el papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún, miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las Convivir que formaron con el apoyo de la Gobernación fueron el medio “para legalizar los pagos” que hacían las empresas a los paramilitares: unos 7.200 millones de pesos al año; el ex paramilitar entregó unos listados a la Fiscalía donde señala a 270 bananeros, 400 ganaderos y “unos miles de comerciantes” de ser financiadores de los paramilitares (173) y aunque no acusó directamente a Uribe, dijo: “¿Cómo explico yo que el doctor Pedro Juan Moreno, mi general Rito Alejo del Río… todos sabían los nexos o las relaciones del paramilitarismo y el único que no sabía era el Gobernador” (174). Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo comandante de las AUC, Carlos Castaño, reveló desde la cárcel de Estados Unidos, donde fue recluido tras ser extraditado, que a través de Moreno se coordinaron "acciones de seguridad" en las que las Autodefensas apoyaron a la Fuerza Pública; Mancuso añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro Uribe en su finca de El Ubérimo (175).

En aquellos años, el gobernador fue recabando apoyos entre líderes políticos de distinto signo, ex guerrilleros reinsertados y latifundistas ultraconservadores, que le resultaron muy útiles en su futuro político. Así, tras su paso por la Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su propia candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte mientras la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos tradicionales y la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S lo catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo otros importantes respaldos: el proselitismo armado de las AUC y el dinero del narcotráfico. Hasta cuatro altos mandos de los paramilitares han admitido en los tribunales que la “Casa Castaño” ordenó que todos colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque lo consideraban “un amigo de la organización” (176) con quien tenían afinidad “desde que se desempeñaba como Gobernador de Antioquia” (177). No reconocieron haber usado la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus órdenes eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por quien votar.

Con el fusil en el hombro, los paramilitares repartieron propaganda con las caras de Uribe y su candidato a la Vicepresidencia, Francisco Santos; entregaron camisetas y el día de la votación “usaron buses y camiones para llevar a los campesinos y pobladores de dichas regiones (...) a los puntos de votación, no sin antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe” (178). Sólo en el departamento del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de pesos en la campaña, pero todos los resgistros contables fueron quemados semanas antes de iniciar el proceso de desmovilización179. Mancuso aseguró que estas acciones se coordinaron en las reuniones que tuvo con algunos asesores de la campaña y que Uribe “sí tenía conocimiento, es imposible negar que no tuviera conocimiento [sic] cuando tenga las condiciones les voy a contar cómo y cuándo se presentaron todos estos hechos”, dijo al tribunal; el ex paramilitar teme por la seguridad de su familia en Colombia (180). Uribe lo denunció por injuria y calumnia (181).

En aquellos días, la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo ya estaba consolidada. Fabio Enrique Ochoa, uno de los capos de los narcotraficantes, aseguró que tuvo negocios conjuntos con Mancuso para introducir armas y exportar cocaína y que fue testigo de la colaboración económica de las AUC a la campaña de Uribe; confiesa que, además de aportar él mismo 150.000 dólares, se comprometió “a movilizar en Antioquia a unas 5.000 personas y la orden era que tenían que votar por Uribe. (…) Después de que ganó Uribe (...), Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos a manejar esto como queramos”(182).

El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la Presidencia de Colombia gracias al apoyo del 53,04% de los votos emitidos, aunque la mayoría de la población se abstuvo (53,53%). La puesta en práctica de su Política de Seguridad Democrática hizo resurgir con fuerza la doctrina de Seguridad Nacional: todos los ciudadanos son combatientes y quienes no colaboren con la Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo, porque en Colombia, según Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una lucha contra terroristas financiados por el narcotráfico (183). Al final de su primer mandato (2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis humanitaria en la que no sólo se intensificó la crudeza de la guerra -hubo 8.000 combates, un 149% más que en el Gobierno anterior (184)- sino que se promovió una abundante legislación de carácter autoritario –Estado de conmoción interior, estatuto antiterrorista, límites a la Corte Constitucional- que dio carta blanca a la Fuerza Pública y, consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares (185); estos últimos, además, se beneficiaron del proceso de desmovilización descrito en el capítulo III. 


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