lunes, septiembre 29, 2014

Carta pública del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas al rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla Prada



“La autonomía de la Universidad es, Esencialmente, la libertad de enseñar, Investigar y difundir la Cultura. Estas funciones Deben respetarse. Los Problemas académicos, Administrativos y políticos internos deben ser Resueltos exclusivamente por los Universitarios En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores, y por Otra parte el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios. La educación requiere de la libertad. La libertad requiere de la Educación” Javier Barros Sierra Rector de la UNAM (1968)
En 1936, siendo rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno –pensador poco proclive a la causa republicana y cuyas ideas despertaban la admiración de los jóvenes de la falange española- en un solemne acto celebrado en el paraninfo de esta universidad y, ante las provocaciones del general Millán, que acompañado de sus numerosos seguidores coreaba la consigna “Abajo la Inteligencia” “Viva la Muerte”, el filósofo vasco –en un gesto de indignación- le replicó: “Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote, estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis”.
Fue inevitable pensar en estas palabras, cuando el pasado 12 de septiembre, llegó a mi correo institucional la resolución que me destituye del cargo como profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El oficio que me fue comunicado por la Secretaría General y que viene acompañado de su firma, señala de manera lacónica que: “En cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace necesario hacer efectiva la sanción impuesta al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas (subrayado mío)”.
Por la forma en que está redactado el documento infiero que como rector de la Universidad Nacional, asumió Usted que era su deber ceñirse a los marcos normativos que le imponía la ley, en este caso, limitarse a ejecutar las actuaciones del señor Procurador General de la Nación.
Sin duda, profesor Mantilla, su argumento me deja vencido pero no me convence porque – como diría nuevamente Unamuno- “Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.
Y es que en el campo del debate intelectual los temas en conflicto no pueden despacharse con un simple “no me dejaron otra alternativa” pues es precisamente en la controversia de ideas donde radica el sentido mismo del quehacer académico e intelectual. Los designios divinos no se cuestionan; sin embargo, el verdadero intelectual –diría Said- es ante todo un ser secular y su eticidad no puede sustraerse de “este nuestro mundo secular: ¿dónde tiene lugar? ¿al servicio de qué intereses está? ¿cómo concuerda con una ética coherente y universalista? ¿cómo distingue entre poder y justicia? ¿qué revela de las propias opciones y prioridades?”.
La respuesta fáctica que Usted ha dado al interrogante de si en su condición de rector debía o no acatar el fallo de segunda instancia del procurador, han dejado al desnudo los principios que sostiene, defiende y representa, y que, ahora queda claro, no son precisamente los de la autonomía universitaria, un derecho social y cultural, garantizado por el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y que, en términos de un destacado jurista, “tendría que haber sido ampliamente protegido frente a la asignación de una función represiva del Estado, que debería ser restrictivamente aplicada” (Jorge Ignacio Salcedo, 2014)
La autonomía universitaria no surgió de una convicción que tuvieran las élites ilustradas en cuanto a la necesidad de resguardar la esfera del conocimiento de interferencias externas a ella. En América Latina, por lo menos fue el resultado de meses de huelgas, paros universitarios y movilizaciones callejeras que exigieron una profunda renovación estructural del Alma Mater en el contexto de una lucha por la democratización de sus propias sociedades.
El Manifiesto Liminar de este movimiento, que ha pasado a la historia como el “Manifiesto de Córdoba” así lo reconoce: “Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente […] representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad”
Bajo la inspiración de Córdoba (1918), la reforma universitaria con sus reivindicaciones fundamentales de autonomía, libertad de cátedra, y democracia universitaria se alcanzó en casi todo el continente latinoamericano teniendo como costos, en no pocos casos, la persecución, el crimen y el exilio de sus promotores.
El cubano Julio Antonio Mella asesinado por la dictadura de Machado y el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre exiliado por el gobierno de Augusto Leguía, para sólo nombrar algunos casos representativos, constituyen una expresión de este proceso. Dolorosamente, gracias a estas movilizaciones se logró garantizar que las universidades se constituyeran en centros de producción de conocimiento crítico, independientes de la interferencia de los poderes hegemónicos.
No es un azar, entonces, que gobiernos autoritarios y dictatoriales hayan hecho de la autonomía universitaria uno de sus blancos preferidos. Lo cual no ha obstado para que quienes han regido los destinos de las universidades en estas difíciles circunstancias, -independientemente de la orilla ideológica en que se ubiquen- hayan entendido la responsabilidad que les asiste de defender la autonomía universitaria.
A este respecto no puedo menos que recordarle la digna conducta asumida por el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina), Alberto Constantini, quien aun siendo designado directamente por la Dictadura Militar del general Jorge Videla, prefirió dimitir de su cargo pocos días después de su posesión, antes que someterse a las imposiciones del ministro de educación de aquella época. En su carta de renuncia señaló Constantini que “la autonomía académica y la libertad de cátedra son irrenunciables. La universidad debe defender ambos principios de toda deformación, pues definen también una vocación de democracia para la cual debe prepararse a la juventud” (El Litoral, 14 septiembre de 1976, p. 1).
Aunque formalmente en nuestro país todavía existe un régimen “democrático” y no el totalitarismo dictatorial que estremeció a la Argentina de aquellos años, no esperaba de Usted un gesto similar, aunque estaba expectante que mínimamente abriera espacios de debate y discusión frente al tema, donde tuvieran cabida la pluralidad de voces que desde, diferentes ángulos de la comunidad universitaria venían exhortándolo –con argumentos jurídicos y académicos- se abstuviera de hacer efectivo el fallo sancionatorio del señor procurador Alejandro Ordóñez.
En su sesión del 5 de septiembre y contando con un quórum decisorio del cual Usted no participó, el Consejo de Sede expresó su preocupación por la “decisión de la Procuraduría de sancionar un pensamiento divergente, distinto, en un régimen propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, al disciplinar al profesor por los mismos tipos de transgresión que la justicia penal ha declarado inexistentes”, al mismo tiempo que advertía como “con estas decisiones el consejo ve amenazada la autonomía de la universidad, la libertad de cátedra e investigación y los derechos de los miembros de la comunidad académica. En consecuencia, el consejo solicita un trato adecuado y justo con los principios de justicia y libertad para el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas”.
Planteamientos similares se hicieron desde el Departamento de Sociología, la Decanatura de Ciencias Humanas, así como desde el Consejo Académico de la Universidad, para no hablar de las decenas de cartas que miembros de la comunidad universitaria nacional e internacional le enviaron a Usted solicitándole la no ejecución de la sanción que me impuso la Procuraduría General de la Nación, en fallo de Segunda Instancia.
En un agudo y valeroso artículo, publicado pocos días antes que Usted fuese notificado del fallo del Procurador, advertía el profesor Leopoldo Múnera:
“sólo el Rector de la Universidad Nacional, en un acto de dignidad en defensa de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, expresión y pensamiento puede negarse a ejecutar la decisión de la sala disciplinaria por considerarla ilegal y contraria a la Carta Política. Con tal propósito puede acudir a la excepción de inconstitucionalidad contenida en esta norma fundamental, que es aplicable a los fallos disciplinarios y tiene fundamento en su artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”(Palabras Al Margen, agosto 25 de 2014)
Pero para Usted era más conveniente escuchar los argumentos de sus asesores y de algunos colegas de la Facultad de Derecho que suelen revisten sus conceptos de solemnes formas jurídicas con las que pretenden velar su adscripción al statu quo. Interpretaciones críticas como la del profesor Leopoldo Múnera, resultan incómodas a sus conciencias. Quizás por ello el Consejo Superior Universitario –cuya composición no refleja los intereses de la comunidad universitaria- haya desistido de nombrar como rector a quien obtuvo la mayor votación en la consulta hecha entre estudiantes, profesores y egresados.
Pero seamos claros, no es la primera vez que Usted hace una renuncia explícita a la autonomía universitaria al menos en lo que concierne al campo de lo disciplinario, pues le recuerdo que en el paro pasado de los trabajadores administrativos, Usted se comprometió – en un legítimo ejercicio de autonomía- a no investigarlos disciplinariamente, no obstante, pocos días después no vaciló en señalar que: “La autonomía universitaria, uno de nuestros mayores valores, se debe usar responsablemente y no puede ahora invocarse como escudo para adelantar actos vandálicos y mucho menos para evadir las acciones que la Procuraduría General de la Nación o cualquier otro ente de control esté obligado a llevar a cabo” (comunicado 13 septiembre de 2013. Subrayado mío).
Acaso, ¿no es esta una confesión de parte suya en el sentido que el Procurador está en todo su derecho de disciplinar a miembros de la comunidad universitaria, con los cuales se ha sentado Usted a dialogar para superar el conflicto laboral? Diálogo que -valga la aclaración- surge luego de meses de parálisis de la actividad universitaria. Porque aunque en sus comunicados y discursos condene las vías de hecho, Usted las ha propiciado cerrando posibilidades para que la acción dialógica pueda ejercerse.
En numerosas ocasiones un grupo de colegas buscó infructuosamente reunirse con Usted para conocer su punto de vista acerca de esta problemática y plantearle posibles salidas jurídicas y académicas al tema; en el mismo sentido, los estudiantes hicieron gestiones para entrevistarse con Usted, pero esto no fue posible. Sólo ahora, que se ha hecho efectiva mi destitución, ofrece el espacio para que un grupo de representantes estudiantiles pueda hablar con Usted.
Pero una vez más esta “concesión” no fue fruto de la racionalidad comunicativa que invoca en sus discursos, sino el resultado de una manifestación de estudiantes que ingresaron al edificio y, tras una larga “negociación” firmaron conjuntamente un acta de mediación que comprometía a delegados estudiantiles y directivas de la Universidad Nacional.
Que los estudiantes para hablar con su rector tengan que ocupar un edificio y firmar un acta de “negociación” en presencia de la División de Vigilancia y Seguridad, y con la intervención de delegados de la personería distrital, es una clara muestra de la precaria democracia universitaria existente hoy en la Universidad Nacional.
¿Estas son las discusiones abiertas, críticas y constructivas con los estudiantes y profesores que usted propone en su carta de presentación a la comunidad? ¿Es por esta vía autoritaria como aspira Usted convertir la Universidad Nacional de Colombia en una universidad de talla internacional? ¿Son estos los espacios deliberativos que ofrecerá para debatir asuntos tan delicados para el futuro de la universidad como la Propuesta de Política Pública para la Excelencia de la Educación Superior en Colombia en el escenario de la Paz”, mal llamado “Acuerdo por lo Superior 2034”?
A propósito de “escenarios de paz”, hace ya casi dos años, en su discurso de presentación del centro de pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz entre el Gobierno y guerrilla afirmó Usted que:
“La UN, en cuanto universidad del Estado y de la Nación, no puede ser indiferente a este proceso o actuar tan solo como observadora. A partir de la investigación y del conocimiento acumulados, la academia tiene mucho que aportar a este proceso: desde la caracterización de las problemáticas que se abordarán en el marco de la negociación hasta la formulación de propuestas viables para su resolución”, y enseguida explicó que “En esta tarea, es tan valioso el aporte de los profesores del campo de las ciencias sociales como el del sector técnico-tecnológico; especialmente si se tiene en cuenta el posconflicto, que es el campo de mayor relevancia”.
¿Pero esta participación activa que Usted reclama de la universidad hacia el actual proceso de paz supone que todos debamos plegarnos a las corrientes de interpretación dominante para aparecer suficientemente equilibrados, amparados en una sediciente neutralidad académica?
La política de “simetrías” en la cual se admite, por ejemplo, el derecho de denunciar la violencia de una parte, siempre y cuando se condene “simétricamente” la que procede de la otra parte es, a mí juicio, un camino cómodo que han adoptado muchos académicos para evadir el imperativo ético de tomar postura frente a claras situaciones de arbitrariedad, exclusión y persecución, y –en una sociedad como la nuestra, atravesada por un agudo conflicto social y armado- les permite rehuir de su confrontación con el poder para recoger las dádivas que éste les ofrece.
Por el camino de las políticas de las simetrías, se ha buscado uniformizar el análisis del conflicto armado. Así, la difusa conceptualización de “actores armados” en la que se incluyen tanto paramilitares (hoy llamados eufemísticamente “Bacrim”), fuerzas militares y guerrillas, sin diferenciar sus orígenes, modalidades de acción, objetivos estratégicos, es parte de esta interpretación oficial que, de una u otra forma recoge el reciente informe del centro de Memoria “Basta Ya” y que pretende ser una visión “objetiva” del mismo:
“En Colombia, el conflicto armado –afirma el mencionado informe- no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto”.
Por esta vía, no es difícil concluir que “todos aquellos que consideremos que las FARC tienen un origen campesino, que tienen un proyecto político, que merecen un tratamiento político, somos miembros de la organización armada (aun sin saberlo, pues estamos ideológicamente al servicio de la organización armada”, tal como nos lo advierte la profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), María Teresa Pinto, en sus investigaciones sobre Intelectuales, Guerra y Paz.
Coincidimos con – Said- en que “el intelectual no es un funcionario ni un empleado completamente entregado a los objetivos políticos de un gobierno o corporación importante, o incluso de un gremio de profesionales de igual sentir”. Es por ello que el principio fundamental que debe mover la actividad intelectual es la libertad incondicional de pensamiento y expresión, principios que Usted acaba de entregar a las manos del tribunal de la inquisición que hoy regenta la Procuraduría General de la Nación.
En su discurso de apertura, del Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral destacó Usted el aporte académico e investigativo que la Universidad Nacional ha hecho a lo largo de la historia de Colombia en el análisis de los fenómenos que genera la violencia; particularmente se refirió a estudios que fueron pioneros en la investigación de la violencia bipartidista, como el realizado por los profesores Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Monseñor Germán Guzmán. Seguramente recordará que los autores de este informe fueron calificados en su momento de “apologistas de la violencia” (El Siglo, septiembre 15/1962), y en el climax de la intolerancia el sociólogo Orlando Fals Borda fue descalificado por su filiación religiosa.
Mutatis Mutandis se trata de las mismas acusaciones que ha formulado la Procuraduría en contra de mis investigaciones en torno al conflicto colombiano cuando, luego de extrapolar una serie de citas concluye:
“nada más claro en estos escritos que la defensa, por parte del funcionario público, del grupo alzado en armas FARC, de las cuales destaca su proyección política, difunde su programa agrario, resalta su ideología y sus luchas, y en contraposición, de una manera frontal […] amonesta a los gobiernos y al Estado Colombiano que, a su juicio, busca la deslegitimación de la insurgencia armada y la eliminación del derecho a la resistencia social y política, la cual escuda como un derecho consagrado a lo largo de los siglos” (Fallo Procuraduría General de la Nación, Segunda Instancia ).
No cabe duda que los fallos y las decisiones disciplinarias que ha tomado el procurador Alejandro Ordóñez, en los años que ha estado al frente de este ente estatal están permeados por sus creencias religiosas y sus convicciones ideológicas:
¿Permitirá, señor rector, que sean disciplinados/as por este funcionario, aquellos/as docentes que en sus cátedras defiendan la interrupción del embarazo como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva? O se pronuncien libremente sobre cualquier otro aspecto de la vida social que riña con el fanatismo religioso del Procurador y que éste considere sea susceptible de ser sancionado disciplinariamente? Quisiera pensar que no, pero más allá de que así sea, tengo la certeza que la comunidad académica no lo permitirá, porque es en ella donde reside la verdadera autonomía universitaria y no en un funcionario universitario que ha sido electo sin contar con la participación decisoria de la comunidad.
Lo contrario sería retroceder hasta 1946, cuando un eminente pensador colombiano, el profesor Luis López de Mesa, se vio obligado a suspender un ciclo de conferencias con las cuales se inauguraba la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, a causa de que en una comunicación dirigida al entonces ministro de educación, Germán Arciniegas, el arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo había expresado su desacuerdo con que López de Mesa defendiera “las ya anticuadas hipótesis que tratan de explicar el origen del hombre mediante un falso evolucionismo, en abierta oposición con las enseñanzas católicas sobre la materia”. Como, según se ha anunciado, el conocido Profesor continuará la exposición de tales teorías, y es deber mío velar por la integridad de la doctrina que se enseñe en cuestiones que se rocen con la Religión, desearía no verme en la penosa obligación de desautorizar las anunciadas conferencias, con detrimento del buen nombre de la Universidad Nacional”(Luis Antonio Restrepo, Literatura y Pensamiento, 1946-1957).
Sesenta y ocho años después de este episodio de censura, la acción de un cruzado medieval y la anuencia de un abúlico rector me están expulsando de estos mismos claustros universitarios donde han transcurrido más de las 2/3 partes de mi vida primero como estudiante y después como profesor. Parafraseando las vibrantes palabras del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, cuando fue agredida la autonomía universitaria en 1968, como un oscuro presagio de lo que sucedería dos meses después en la noche de Tlatelolco, quisiera decirle a todos y a todas las/los profesore/as, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas del país: “Hoy es día de luto para la Universidad; la autonomía está amenazada gravemente [...] debemos saber dirigir nuestras protestas con inteligencia y energía [...] La Universidad es lo primero [...] ¡Viva la Universidad Pública! Viva la autonomía universitaria!
Miguel Ángel Beltrán Villegas