domingo, septiembre 21, 2014

Ecopetrol en Jardines de Sucumbíos: sangre y petróleo



En el extremo del suroccidente de Nariño, al otro lado de la cordillera Occidental se encuentra el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, que forma parte del municipio de Ipiales. Su cabecera, la ciudad de Ipiales está a 17 horas en carro del corregimiento. Sólo esto ya da idea del abandono absoluto en que vive inmerso el corregimiento.

Pero no ha sido la distancia el factor responsable de una historia de pobreza y de violencia sobre sus comunidades, sino estar ubicadas, literalmente, sobre un mar de petróleo.

Actualmente en Jardines de Sucumbíos están funcionando tres pozos de extracción de petróleo propiedad de Ecopetrol. El territorio del corregimiento da continuidad a toda la zona petrolífera del Putumayo con 109 pozos petrolíferos en explotación y una producción de más de 10.500 barriles diarios. Por el corregimiento también pasa el oleoducto trasandino que recoge el crudo del Putumayo para transportarlo, atravesando el macizo colombiano, desde los pozos de Villagarzón, Orito o Churuyaco hasta el puerto de Tumaco en el océano Pacífico.

Ecopetrol lleva 32 años en lo que ahora es el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, con cinco pozos de extracción de crudo, de los que tres están en funcionamiento. Los camiones cisterna diariamente recorren la única trocha de acceso al corregimiento que sólo se arregla para permitir salir o entrar las tractomulas cargadas de crudo. Cuando se recorre la trocha o se entra a las veredas no se ve, por parte alguna, cuál ha sido el progreso que, en todos estos años, haya podido llevar la extracción de crudo al corregimiento. Pero sí que es palpable la evidencia de la violencia sufrida y la sangre vertida de sus pobladores, violencia que en esta tierra de grandes recursos naturales está al orden del día.

El último episodio destacado de violencia vivido por la comunidad, fue el pasado 17 de mayo, cuando cuatro jóvenes de la vereda de El Alto Amarradero - DEIVI LOPEZ ORTEGA, BRAYAN YATACUÉ SECUÉ, JOSE ANTONIO ACANEMOY y JOSÉ YINER ESTERILLA- eran asesinados por efectivos del Batallón Especial Energético Vial 9 General José Maria Gaitán, actualmente al mando del Teniente Coronel Andrés Felipe Arcos Muñoz, integrado en la Brigada de Selva 27. Los partes del ejército los presentaron a los medios de comunicación como pertenecientes a la guerrilla de las FARC-EP muertos en un enfrentamiento armado. La comunidad rechaza enérgicamente esta versión, ya que son campesinos e indígenas, personas activas de la comunidad, afiliadas a FENSUAGRO, igualmente son notoriamente conocidos todos los pasos que en ese día dieron y los disparos escuchados por la comunidad no se corresponden con un enfrentamiento sino con una ejecución extrajudicial. Desafortunadamente, las gentes de esas veredas sufren con tal frecuencia los tiroteos y bombardeos que ya saben distinguir los sonidos de las armas. Los habitantes dicen “si eran guerrilleros, porque no los cogieron vivos y los entregaron a la justicia”. Afirman que el ejército sabía quiénes eran, pero las ejecuciones extrajudiciales vienen cumpliendo con la estrategia de amedrentamiento de la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente para que abandonen el territorio.

Una historia de violencia

Y es que la historia de violencia, desplazamiento forzoso y asesinatos el larga y dolorosa. Viven en un territorio de frontera, con una presencia fuerte en la zona del Frente 48 de las FARC-EP y de los batallones antiguerrilla del ejército. A primeros de los años 2000 sufrieron la plaga del paramilitarismo, responsable del desplazamiento de gran parte de los habitantes de la zona, hasta que un encarnizado combate entre las FARC-EP y los paramilitares de las AUC, que contaron con el apoyo de la fuerza aérea del ejército para poder huir, acabó con su presencia en la zona. Explican sus habitantes que pocos paramilitares sobrevivieron al enfrentamiento. Son duras las historias de asesinatos y todo tipo de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo desde 1998 por los paramilitares y el ejército nacional sobre las veredas.

Pero hay un punto de inflexión muy importante que la población remarca, el año 2006. Es cuando Ecopetrol decide reactivar la producción de los pozos petrolíferos de Jardines Sucumbíos, abandonada a comienzos de la década del 2000 debido a la presión de constantes atentados y hostigamiento de la guerrilla. Para ello instala un destacamento del Batallón Especial Energético y Vial nº 9 “José Maria Gaitán” (BAEEV 9) en la vereda de El Empalme. Los Batallones Especiales Energético y Vial se crearon a partir del año 2001, como parte del Plan Colombia, para proteger la infraestructura minero energética, atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector e implementar la política neoliberal extractivista. Actualmente Colombia dispone de 21 batallones minero energéticos, diez de ellos creados en los dos últimos años, y encuadran a 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del ejército de tierra.

El BAEEV 9 se creó en 2001 operando en el alto Putumayo, en los municipios de Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel, pero no fue hasta 2006 que llegó al corregimiento. En ese año Ecopetrol compró unos terrenos con engaños a un campesino, diciendo que eran para construir una nueva batería de extracción, pero en realidad eran para ubicar una base militar. La Base Militar del BAEEV 9 en la vereda de El Empalme, de Jardines de Sucumbíos, se instaló junto a la Batería Sucumbíos de Ecopetrol lindando, pared por pared, con la escuela primaria y las casas de la vereda de El Empalme. Fue Ecopetrol quién instaló la base militar en los terrenos que compró la empresa, terrenos que siguen siendo de su propiedad. Fue Ecopetrol quien decidió que había que instalar ese batallón y dónde tenía que estar ubicado.

Poco importaba que la presencia de la base militar pudiera afectar a la población civil, no hubo consulta de ningún tipo, su objetivo no era brindar seguridad a la población sino proteger las instalaciones y la extracción de crudo de Ecopetrol. La base militar y Ecopetrol, desoyendo las obligaciones que el Derecho Internacional Humanitario plantea en los conflictos armados, aprovecharon la presencia de la escuela de primaria y de la población civil para protegerse de los ataques insurgentes, poniéndola así en riesgo permanente.

Con la base Militar llegan nuevos asesinatos. En la tarde del 8 de septiembre de 2007 son detenidos arbitrariamente los campesinos de las veredas de El Amarradero y de Ranchería, SIMON CORENA, GENTIL YASCUARÁN y FELICIANO OBANDO por efectivos de la Brigada Móvil 13. Al día siguiente el ejército informa a la comunidad de la muerte en combate de tres guerrilleros que se corresponden con estas personas, todo ello a pesar de que habían sido detenidos previamente y que no fue hasta el día siguiente de la detención cuando pudieron escucharse en la vereda de El Amarradero los disparos del supuesto combate.

Como era de esperar, la base militar atrajo los hostigamientos de la insurgencia, con enfrentamientos y bombardeos. Los hostigamientos no han cesado, sólo en el año 2013 ha habido cinco episodios de hostigamiento y bombardeos con proyectiles y cilindros bomba. Muchos de ellos han afectado a las viviendas y a la misma escuela y han creado un clima de terror y zozobra entre la vecindad del Bajo y Alto Empalme. La presencia de la base militar obligó a desubicar la escuela de primaria y la escuela de capacitación agraria. La comunidad tuvo que luchar para lograr cambiar su emplazamiento, para alejar a los niños y niñas de la primera línea de los enfrentamientos bélicos, del objetivo de los hostigamientos. Finalmente tuvo que reubicarse en la Institución Educativa Rural El Empalme, a unos centenares de metros de la vieja escuela, apiñándose en sus instalaciones los niños y niñas de primaria y de secundaria. Hoy, las instalaciones de la escuela primaria del Bajo Empalme están vacías, con las múltiples heridas que en sus paredes van dejando los hostigamientos armados. No hay ruido, risas o juegos de niños, sólo se percibe el horror de las cicatrices de la guerra. Pero el alejamiento de la escuela no ha sido suficiente, el efecto de la guerra permanece en la mente de los niños, “Los niños pequeños se orinan cuando oyen balacera”, “Acá no se pueden celebrar fiestas con cohetes, ya que ese ruido asusta a los niños y las niñas”.

Las viviendas adyacentes a la base militar también se han visto afectadas. Todas las viviendas de las cercanías presentan agujeros en los tejados, grietas en las paredes, boquetes causados por el impacto inevitable de proyectiles y bombas. Muchos de los vecinos y vecinas del Empalme han abandonado sus domicilios para huir de los imprevisibles hostigamientos, otros pasan las noches en el Alto Empalme, alejados unos centenares de metros más de la Base Militar. No sólo las viviendas han sufrido los efectos de los hostigamientos. Vecinas del Empalme han resultado heridas por los bombardeos, otras siguen necesitando tratamiento hospitalario por el traumatismo psíquico de los bombardeos y muchas más se han desplazado a lugares alejados de la base.

La gente de las veredas es consciente de que la llegada del Batallón Especial Energético y Vial nº 9 al corregimiento ha supuesto una escalada en la violencia. Su función radica en proteger las instalaciones y la extracción de crudo por Ecopetrol, si hasta entonces las actividades y hostigamientos del ejército habían sido puntuales la presencia del BAEEV 9 los ha convertido en habituales. Las hostilidades bélicas se plasman ataques con explosivos y minados por las fuerzas insurgentes y en bombardeos y ametrallamientos por la fuerza aérea del ejército. En la vereda de Fronteras del Amarradero cuentan como después de tantos ametrallamientos y bombardeos sufridos, que han dejado heridas en todas las cubiertas por donde entra la lluvia de la que deberían resguardar, “hasta los animales (domésticos) tienen psicosis y terror cuando oyen el aleteo de los helicópteros”.

La necesidad del BAEEV 9 de tener resultados los ha llevado a hostigar y estigmatizar a los habitantes, en la lógica perversa, como en muchas ocasiones han tenido que escuchar de los propios militares, de que “si se quedan en el territorio es porque son guerrilleros”. Los señalamientos y las detenciones arbitrarias se suceden continuamente. Detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales. Más de 30 personas del corregimiento están con procesos judiciales en curso, muchas de ellas encarceladas sin poder contar con una asistencia letrada de confianza por carecer de los recursos necesarios, otras con condenas firmes. Muchos de los señalados lo han sido por la falsa denuncia, como pago por los beneficios de la “desmovilización”, de supuestos miembros de la guerrilla.

Los habitantes del corregimiento también sufren detenciones arbitrarias cuando van a sus fincas o regresan a la vereda por parte de las patrullas militares, a menudo bajo los efectos de las drogas. Han de sufrir malos tratos, humillaciones o amenazas por efectivos del Batallón Energético y Vial 9 para intentar obtener información, siendo posteriormente liberados bajo la” advertencia” de que no revelen el trato recibido.

Las tropas del BAEEV 9 implican a los niños y niñas en el conflicto, dando plata a los niños de las veredas a cambio de información, preguntando en qué ocupan el tiempo sus padres, por dónde andan o a qué se dedican. Hay miedo en la población de lo que pueda pasar con sus hijas, ya que el ejército violó a una mujer nasa, como fue denunciado en su momento, pero temen que en cualquier momento se produzcan abusos sexuales o violaciones sobre las jóvenes y las mujeres, eso hace que su libertad de vida se vea constreñida, y que por el miedo real al ejército permanezcan en las casas y no se relacionen cotidianamente con vecinos o vecinas, sobre todo cuando cae la noche. Han impuesto “de facto” un toque de queda.

La presencia permanente del BAEEV 9 ha conllevado dificultades para acceder a las veredas o las fincas, horas restringidas, temor a desplazarse de noche. Los efectivos del batallón que se apostan en las fincas ha obligado a campesinos y campesinas a permanecer encerrados en sus ranchos sin poder salir de ellos durante 2, 3 días y hasta 20 días en alguna ocasión. Los soldados toman bienes de las familias como gallinas, cerdos o el fruto de lo que está sembrado sin dar nada a cambio, inutilizan cercas o contaminan pesqueras. Se pierden cosechas cuando los militares no dejan acceder a los campos de cultivo a las mujeres y hombres que tienen en su tierrita su única fuente de alimento. Asimismo, las exploraciones sísmicas de Ecopetrol en busca de nuevos pozos han secado pozos y fuentes de agua, lo que está empobreciendo la tierra y las capacidades de cultivo, dificultando el acceso a este elemento vital para el consumo humano y de los animales. Todo ello de acuerdo con la estrategia del ejército y de la empresa de dejar a la población sin medios de vida, de llevarla al hambre, para que abandonen el territorio.

Tampoco se puede caminar con tranquilidad hacia los campos de cultivo. Las fuerzas insurgentes han continuado con la siembra de minas antipersonales en los posibles lugares de paso del ejército, en muchos casos cerca de los campos de cultivo. Los habitantes del corregimiento saben que “por dónde pasa el ejército ya no se puede transitar con seguridad porque el ejército y los otros van a sembrarlo de minas”, y han aprendido a caminar sin salirse del centro de la trocha, a entrar en las casas por sitios dónde se tiene la seguridad de que no haya ningún artefacto enterrado. A pesar de estas precauciones ha habido víctimas civiles de las minas, un campesino murió por una de ellas, y un líder de la comunidad nasa sufrió heridas en el rostro y perdió la vista en un ojo por la deflagración de otra. El acoso y el temor de la población son constantes.

El ejército usa las escuelas para protegerse, entrando sin permiso en sus instalaciones, tanto en la escuela de Brisas del Rumiyaco o en la misma IER El Empalme, a pesar de que está a 500 metros de la base militar. Recientemente se han hallado minas antipersonales alrededor de la escuela IER El Empalme, y cerca de las viviendas y de la zona que ocupa la Base Militar.

Como resultado de la ofensiva paramilitar vivida, de las fumigaciones con glifosato y de la fuerte militarización en que vive actualmente el corregimiento, el desplazamiento forzado ha reducido el número de habitantes de 5.000 que eran en la primera mitad de los años 2000 a poco menos de 2.800 en 2012.

Abandono y Resistencia

La población de Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria y al olvido por las autoridades administrativas en que vive. En 2003 se crea la Fundación El Progreso para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona por los hostigamientos a la población civil de la fuerza pública y los paramilitares, la persecución de los líderes comunitarios, los continuos combates bélicos; por la fumigación de los cultivos de coca sin ningún tipo de programa de sustitución; por el abandono de las autoridades municipales y departamentales. El mismo mapa del municipio de Ipiales, expuesto en su propia web, deja en el olvido el corregimiento de Jardines de Sucumbíos terminando abruptamente sin llegar a sus límites con el Putumayo.

La Fundación El Progreso es una organización que agrupa a todos los habitantes del corregimiento, sin diferencias étnicas o de condición, que a nivel nacional está afiliada a FENSUAGRO. Actualmente agrupa las juntas comunales de las 13 veredas, de los 5 resguardos indígenas (Pastos, Nasa, Awá, Kofán) y a los 3 consejos comunitarios afrodescendientes. Y ha ido diseñando su propia agenda política, que ha avanzado combinando la movilización con la negociación.

En octubre de 2009 los habitantes del corregimiento, para atraer la atención de las autoridades, paralizaron durante más de 15 días la producción de las tres baterías de Ecopetrol en funcionamiento, impidiendo el traslado del crudo extraído, pidiendo inversión en educación, salud y vías y la anexión al departamento del Putumayo. El bloqueo concluyó con la firma de los acuerdos de 2009 con el municipio de Ipiales y la gobernación de Nariño, receptoras de las regalías que produce Ecopetrol en la zona. En marzo de 2010, ante el incumplimiento de los acuerdos, y con la amenaza de nuevos bloqueos, realizan una toma pacífica de la Asamblea Departamental en Pasto que forzará la realización de más inversiones en la zona y la designación de Jardines de Sucumbíos como corregimiento del municipio de Ipiales. En junio de 2012 un paro de docentes y estudiantes por falta de pago del transporte se transforma en un paro de la comunidad en general que fuerza nuevos acuerdos. En octubre del mismo año la comunidad bloquea durante 12 días la salida de crudo de los pozos petroleros hasta que se firmó un acta de acuerdos con el alcalde de Ipiales y la empresa Ecopetrol para, como dice el acuerdo, “continuar con las inversiones sociales”. Por su parte la comunidad, a través de la Fundación el Progreso, elaboró en 2012 un Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos.

Pero a pesar de los acuerdos y las inversiones conseguidas por la comunidad por la vía de la movilización, la amenaza y la violencia continúan en el corregimiento. Los habitantes son conscientes, como ellos mismos dicen, de que “Quieren el sector desocupado por los recursos”, de que “El gobierno no quiere acabar con la guerrilla, no quiere acabar con la coca, lo que quiere es venir a perforar pozos y por eso manda al ejército”. Nos dicen “para que hacer planes agrícolas en el territorio, lo mejor que pueden hacer es negociar que les den una vivienda en Orito o en Ipiales”. Los hechos confirman estas afirmaciones. Ecopetrol puso en refuncionamiento tres de los pozos existentes en 2006, para ello impulsó una fuerte militarización de la zona para proteger sus intereses con la radicación de una Base Militar del Batallón Especial Energético y Vial nº 9. Ecopetrol compró y cedió al ejército los terrenos para su ubicación. La presencia militar no ha respondido al interés general no ha protegido a la población civil, sino que la ha estigmatizado, la ha hostigado, la ha utilizado como escudo humano e incluso ha asesinado a varios de sus miembros. Ha seguido provocando desplazamiento forzado. Ha actuado en favor de la seguridad privada y de los intereses privados de Ecopetrol. Los tres pozos actualmente en funcionamiento tienen una producción cercana a los 230 barriles diarios, pero los planes de la compañía pasan por la exploración de 62 puntos más, y de ellos tienen la certeza de la existencia de petróleo en 36 de ellos, con lo que la producción podría llegar a los 1.500 barriles al día. Pero visto el coste de estos 230 barriles diarios que tiene para los habitantes del corregimiento de Jardines de Sucumbíos la pregunta es cuánta sangre más será necesaria para que Ecopetrol pueda llevarse los 1.500 barriles diarios de petróleo.

Este artículo forma parte de la Investigación en curso sobre los Batallones Energético Viales y sus connivencias con las empresas extractivas