lunes, septiembre 01, 2014

Putumayo, ¿qué está pasando?



Una licencia ambiental que desplaza comunidades en más de 12 mil hectáreas; más de un mes en protestas; heridos que prefieren trasladarse a Ecuador por temor a retaliaciones; reuniones con representantes del gobierno sin capacidad de decisión; y catástrofe ambiental por vertimiento de crudo.

Putumayo sufre de ironía. Ubicado en un sitio estratégico de desarrollo por sus riquezas extractivas y en un lugar privilegiado por su exuberancia medioambiental, enfrenta altos niveles de pobreza, conflictividad social, crisis ambiental y agudización del conflicto armado.

Constituido por 13 municipios distribuidos en alto, medio y bajo Putumayo; con una población indígena agrupada en 14 grupos étnicos y 120 cabildos, Putumayo ha sido un laboratorio en el que las categorías de desarrollo sostenible, calidad de vida y bienestar, impulsadas por empresas y gobiernos locales, regional y nacional han significado cosas diferentes para las comunidades campesinas e indígenas.

Las comunidades han visto como, en lugar de desarrollo, calidad de vida y bienestar, lo que ha aumentado es la crisis social y ambiental reflejada en una fuerte descomposición y conflictividad social; daños y catástrofes ambientales; agudización del conflicto armado, militarización, paramilitarización y violación de derechos humanos. Todo a pesar de la fuerte inversión de empresas nacionales y multinacionales y la declaración del departamento en 2011 como distrito especial minero.

El departamento del Putumayo, uno de los más ricos y diversos del país, se encuentra en crisis hace mucho tiempo. Ha sido laboratorio de políticas que no han resultado bien.

Desde la política de fumigaciones masivas a cultivos de hoja de coca que incentivaron las marchas cocaleras en el 96, y que generaron la retaliación paramilitar por casi diez años en el departamento; el inicio del Plan Colombia en el año 2000; la implementación de la política de “Seguridad Democrática” en el 2002; la segunda fase del Plan Colombia en el 2003; el inicio del Plan Patriota en el 2004; el comienzo del Plan Consolidación en el 2010; la declaración del departamento como distrito especial minero en 2011; hasta la ampliación, en mayo de este año, de licencias globales ambientales otorgadas al consorcio Colombia Energy por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la expansión y explotación de cien pozos más en los Campos Quinde, Cohembi y Quillacinga, jurisdicción del Corredor Puerto Vega-Teteyé, se podría decir que el departamento no ha tenido paz.

Acuerdos sin cumplimiento

En el departamento del Putumayo las protestas son comunes y los resultados siempre los mismos. Según líderes sociales, cada protesta realizada tiene el carácter de denunciar no solo nuevos hechos, sino el incumplimiento de acuerdos pactados en anteriores protestas. “Cada manifestación concluye en actas y compromisos firmados por el gobierno nacional, departamental y local con sus respectivas dependencias e instituciones competentes. Actas y compromisos que nunca se cumplen y que nos obligan a volver a levantarnos” señaló uno de los lideres de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (Acsomayo).

Y es precisamente por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde 2006, y por la decisión de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) licencia 0551 del 30 de mayo de 2014, de permitirle al Consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en más de 12 mil hectáreas en el corredor Puerto Vega-Teteyé (zona rural de Puerto Asís), que campesinos e indígenas se encuentran desde el 10 de julio sobre las vías impidiendo las labores de la operadora del consorcio Colombia Energy: la compañía Vetra, la misma que ha sido blanco de los ataques de las FARC donde obligan a derramar el crudo transportado en carrotanques.

Yuri Quintero, representante de la mesa regional de organizaciones sociales y coordinadora de la red de DDHH del departamento del Putumayo, manifestó que las protestas se realizan como denuncia de la violación a la consulta previa y las consultas populares, derechos que tienen las comunidades cuando serán afectadas por proyectos de desarrollo en sus territorios.

“Hasta el 2006 se habían hecho algunos compromisos en el que la explotación petrolera iba a ser limitada a 39 pozos. Se hicieron compromisos para inversión social limitando el impacto social y medioambiental de las excavaciones, pero esos compromisos fueron violados y, por el contrario, desconociendo la consulta previa, se amplió a la explotación a cien pozos más en el corredor, afectando a las comunidades en una extensión de más de 12 mil hectáreas de tierra, ya que la ley de licencias es clara en que alrededor de cinco kilómetros a la redonda del pozo no debe haber población”, aseguró Quintero.

“Los campesinos e indígenas del corredor Puerto Vega-Teteyé no están dispuestos a perder su territorio, no están dispuestos a seguir soportando el aumento del conflicto armado y la destrucción de los ecosistemas como consecuencia de la explotación petrolera”, indicó Quintero, y sostuvo que “por eso toman la decisión de pararse sobre las vías exigiéndole al gobierno la derogatoria de la licencia ambiental otorgada por el ANLA en mayo de 2014 que violó la consulta previa y la consulta popular, y ha agudizado el conflicto armado y la catástrofe ambiental producto del mismo”.

En la zona los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía son constantes.