lunes, octubre 13, 2014

El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué está en cuidados intensivos





El Hospital Federico Lleras Acosta es la entidad pública prestadora de servicios de salud de tercer y cuarto nivel más importante de Ibagué. Cuenta con dos sedes: La Francia y El Limonar, así como con la infraestructura y el equipamiento necesarios para atender la población tolimense y de departamentos vecinos. El Ministerio de Salud declaró que cumple con todos los estándares de calidad, los mejores protocolos de manejo de pacientes y con una excelente área asistencial. Cumple con la función de Hospital Universitario en convenio con la Universidad del Tolima, los estudiantes de Medicina y Enfermería realizan allí sus prácticas universitarias. Pero está abocado a una crisis financiera, porque las deudas pendientes de las EPS con la entidad ascienden a $112.000 millones de pesos, de los cuales las EPS asumen solo 54.000 millones que están en verificación o disputa y para caso específico CAPRECOM adeuda 21.000 millones.

Parte de esta historia, donde además la falta de gestión y la corrupción se suman a la crisis financiera para asfixiar al hospital, nos la cuenta Nelcy Gómez Oliveros, Presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores de la Salud (ANTHOC) seccional Tolima .

Esta situación ha provocado que cada dos semanas el Hospital se quede sin insumos, medicamentos y personal médico. Aún así el personal de planta y temporal lucha ante las necesidades y nunca cierra por completo las puertas del Hospital, a pesar de las masacres laborales por despidos masivos sin justa causa a personal que lleva entre 3 y 8 años de antigüedad. La más reciente de estas “masacres”, en la que 990 trabajadores de planta temporal fueron despedidos sin justa causa, ocurrió el pasado 1 de septiembre, y se convirtió en el detonante para las diferentes movilizaciones que se han adelantado en el municipio de Ibagué.

El 14 de agosto, aproximadamente 600 trabajadores del Hospital se movilizaron exigiendo soluciones ante la crisis persistente. La marcha fue convocada por la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (ANTHOC) seccional Tolima, y se desplazó por las principales calles de la ciudad. En esta ocasión Yesid Camacho, Fiscal Nacional de ANTHOC, manifestó la preocupación frente al cierre de Urgencias de las clínicas Minerva y Tolima de la ciudad. Para ese momento ya era inminente el colapso de la red de urgencias de la ciudad y el departamento, y el motivo radicaba en la terminación del contrato de los médicos y trabajadores de esta área y la escasez de insumos hospitalarios.

El enfermero Edwin Benavidez relató la grave situación que ha vivido el hospital en los dos últimos años: “Nos adeudan entre 3 y 7 meses de salario, no hay insumos hospitalarios para atender a los pacientes”. Yina Ríos, enfermera de la central de esterilización, narró cómo a los meses en deuda que tiene el hospital con los trabajadores, se suma el no pago de los auxilios educativos, recargos festivos y aumentos salariales de los años 2012, 2013 y 2014. Debido a la situación económica que viven los trabajadores en los últimos meses, muchos han sido sacados de las viviendas que toman en arriendo, sus servicios domiciliarios han sido suspendidos y no han podido pagar las matrículas de sus hijos en colegios y universidades.

La segunda marcha se dio el 5 de septiembre, luego del despido masivo del personal de planta temporal y la intervención por parte de la Superintendencia de Salud Nacional. Estudiantes de la Universidad del Tolima, el SENA, la CUT, y organizaciones sociales y populares acompañaron a los trabajadores en la defensa del Hospital.

A parte de las malas políticas administrativas, los 20 años de implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia con la Ley 100 de 1993 y las reformas del año 2007 y 2011 han representado para el sistema de salud colombiano una herramienta legislativa que vulnera el derecho fundamental de la salud del pueblo humilde y trabajador de Colombia. A su vez favorecen los intereses de sectores privados que ven la prestación del servicio de salud como una mercancía con un elevado nivel de rentabilidad.

En este momento los trabajadores y trabajadoras del Hospital se encuentran en asamblea permanente. El gobierno departamental, a través de una Ordenanza, logró aportar un giro directo de 10.000 millones de pesos, con lo que trata de solucionar en parte la problemática de la entidad. Ahora la preocupación más grave radica en la intervención que realiza Gustavo Morales Cobo, superintendente de salud, quien estará a cargo de la entidad por un largo periodo. El temor es por una posible liquidación, pues en información entregada a medios locales el superintendente ha explicado las intenciones de la intervención. Por ahora, la primera acción fue remover al gerente del Hospital y suspender la Junta Directiva. Además levantó los embargos que posee el Hospital, con lo que pretende una oxigenación en términos financieros.

Las alarmas continúan encendidas y la lucha por el derecho a la salud es de todo el pueblo.