martes, octubre 07, 2014

La Fórmula de Gobernabilidad Universitaria


|Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez|

Cuando a las universidades públicas les llega el momento de designación de rector, es usual que se fabriquen tensiones, se enrarezca el ambiente laboral -altamente deteriorado ya- y se distorsione la realidad. La comunidad académica y los funcionarios entran en el vaivén de la lógica política reducidos a la condición de apéndices del proceso. Algunos activistas del proceso se atrincheran en directorios políticos, otros refrescan oportunismos y hay los que juegan a varias bandas una partida de única opción. Los más débiles dependientes de un contrato, hablan el lenguaje de lo políticamente correcto disimulando simpatías y previniendo represalias. La desesperanza a veces hace creer que las resistencias son inútiles, que nada cambiará y que es mejor dejarle las cosas al destino.

La política reducida a su expresión electoral ideologiza la academia, deteriora las relaciones personales, superpone cálculos de poder sobre el interés general y anula la capacidad colectiva del orden institucional. En lo que se dice y hace en esta época, subyace un ánimo electoral, que en todo caso ratifica que quienes votan no eligen de verdad, no legitiman a un candidato si no al sistema de designación, que resulta inadecuado para gobernar con autonomía las instituciones de la ciencia y del saber. La consulta a estamentos es un pasaje formal metodológicamente democrático pero desfigurado por sus conexiones y propósitos.

Los cálculos electorales producen tensiones y crispaciones que fragmentan y dividen. La ley 30 de 1993 -con frecuencia confundida con una política universitaria- marcó la diferencia entre el antes en el que el presidente designaba al rector sin mediaciones y el ahora en que hace lo mismo pero basado en una fórmula matemática de mayoría simple entre consejeros. La ley 30 reconoce la autonomía, pero con la formula la suplanta al convertirla en un dispositivo de control político con intervención de agentes externos que finalmente votan la decisión sustantiva. La fórmula favorece la designación del rector por fuera del contexto y situación concreta de las universidades, con el riesgo de convertir al designado en administrador o gerente de una empresa educativa, lo que dista significativamente de la gobernabilidad en un escenario de conocimiento.

La fórmula vigente formalmente aparece democrática, aunque con evidentes vacíos de participación, se consulta a los estamentos pero no se atienden sus recomendaciones, ni se pondera el valor de cada voto, todos valen igual. La fórmula de designación no responde a la naturaleza de la universidad, también existen métodos como el de colegiaturas o el de intervenciones por claustros entre otros. En todo caso la realidad indica que la decisión es de mayoría simple en el Consejo Superior, compuesto con designados y elegidos. Si votan 9 se gana con 5. Aunque la percepción más extendida es que la mayoría simple se concreta en el lobby político externo, nada parece próximo a cambiar, como tampoco a garantizar la intervención real de los actores académicos, es decir de estudiantes y profesores, prima este tipo de consenso a imagen parlamentaria con notable ausencia de convicciones éticas, que poco o nada parecen importar en el seno de los estamentos.

La decisión final tiende a dejar al margen el reconocimiento efectivo sobre los candidatos. No resultan determinantes las informaciones respecto a sus ideas de gobierno, sus motivaciones de poder, sus conductas éticas anteriores, su historial científico y de gestión, sus posiciones sobre el ethos de la universidad, sus propuestas de organización en su mandato, su visión de la estética y el campus universitario, o las representaciones sobre un intelectual o un estudiante. Hay una indudable injerencia del gobierno central que presta atención a la legalidad del proceso no a la legitimidad del mismo. Los votos de minoría luego del lobby decisorio no resultan útiles, pueden adherirse y aumentar la mayoría, hacer un salvamento o dejarse cooptar a cambio de algún beneficio posterior. El proceso lo viven de comienzo a fin algunos candidatos y adherentes como si se tratara de ganar una alcaldía -pero sin votos populares reales- y no de ocupar la dignidad rectoral orientada por acciones de gobierno que impliquen a los estatutos del saber y de la ciencia, la organización de disciplinas, el compromiso crítico con la sociedad o la conducción de la política basada en el respeto por la inteligencia sin la pretensión de forjar poderes absolutos diseñados para convertir a sus pares en subalternos y menos en electores.

La valoración de la formula no puede ser moral, no es ni buena, ni mala, es simplemente la herramienta principal de un sistema basado en la correlación de fuerzas políticas –no académicas- que actúan mediadas por intereses de poder para gobernar las universidades y hacerse al control de las estructuras político académicas. Los 20 años de aplicación de la formula muestran experiencias afortunadas en las que las universidades salieron fortalecidas con la designación y avanzaron en sus propósitos de formación científica, democratización, respeto por el otro, primacía de las ideas sobre los sistemas de gestión, creación de confianza entre estamentos y compromiso con la transformación de la sociedad con independencia de agentes externos de poder. Sin embargo también las ha habido desafortunadas y aterradoras, como la ocurrida en la Universidad de Córdoba en Colombia, donde el paramilitarismo una vez alcanzó la mayoría simple, desplazó a la inteligencia y a ritmo de muerte, produjo irreparables daños morales, éticos, políticos y de lesa humanidad, inexplicables a la hora de la reparación, porque se atacó a sus intelectuales y al espíritu del alma mater y su condición de librepensadora.

Otra situación es descrita en un reciente pronunciamiento del sindicato de profesores de la Universidad Distrital quienes denunciaron el gobierno de un trio de Consejeros, permanentemente reelegidos, que ni siquiera necesitaban designar rector porque cada uno según la geopolítica interna controlaba su franja de poder que le permitía administrar contratos, organizar privilegios y encuadrar a otros consejeros para completar mayorías.

La fórmula ha servido en unos casos para tomar acertadas decisiones y en otros para doblegar a los estamentos, reducir a la institución universitaria a la condición equivoca de empresa de servicios en la que los clientes no tienen la razón. La fórmula con la justificación del poder político, -que trata a las universidades como entidades políticas, no como entes de la cultura y la ciencia-, se ajusta a la democracia representativa, pero no se corresponde con los rasgos de la democracia participativa basada en el debate que salvaguarda el principio de autonomía con democracia universitaria. La fórmula existe y mientras se mantenga, se impone la mayoría simple sin escapatoria y con injerencia del orden político que anula el orden de la ciencia y sus reglas, a menos que el gobierno abandone la intervención o los estamentos en colectivo ejerciten a fondo su derecho a resistir.