domingo, diciembre 14, 2014

El Control del Estado por encima de la Autonomía Universitaria: Proyecto de Ley 124 de 2014



|Por: Marcela Urrea Ballesteros |
Representante Estudiantil ante el Consejo Superior
Universidad del Valle

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional ha promovido el surgimiento y crecimiento del mercado de la educación superior.  En nuestro país, el 66% de los jóvenes que se gradúan del bachillerato no accede a ningún tipo de educación superior, ni siquiera técnica, y el conjunto de las instituciones existentes solo oferta el 33%  de los cupos, de las cuales el 72% son instituciones de Educación de Educación Superior privadas, la mayoría, de pacotilla.[1] Las pocas garantías financieras, académicas e investigativas para las Universidades Públicas que restringen la capacidad de ofertar un mayor número de cupos en las mejores condiciones de calidad, ha obligado a la mayoría de los jóvenes en nuestro país a pagar por lo que debería ser un derecho: La Educación.

En nuestro país, la educación superior es tratada como un negocio, en el cual, hasta instituciones extranjeras con ánimo de lucro tienen las puertas abiertas[2]. Desde esta perspectiva las Instituciones de Educación Superior, son concebidas como una empresa, la educación como una mercancía y los estudiantes como clientes, que deben pagar por la prestación de este "servicio". Por supuesto, la calidad de la educación a la que podrán acceder corresponderá a la calidad que se pueda pagar. 

Este desastre ha sido promovido por el Ministerio de Educación Nacional, otorgándole registro calificado a cuanta institución de garaje aparece, y ahora con este pretexto, pretenden restringir la autonomía universitaria de las Universidades públicas con el propósito de avanzar en la adecuación de la Universidad a las necesidades del capital extranjero.  La aparente preocupación del Gobierno Nacional en relación con el aseguramiento de la calidad, el control, la inspección y vigilancia de la Educación Superior en Colombia, corresponde con la adaptación del ordenamiento legal a los 136 lineamientos de la Política Pública Acuerdo por lo Superior 2034.

El proyecto de Ley 124 de 2014 “Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras disposiciones” radicado con urgencia en el Congreso de la República da cuenta de varios aspectos violatorios de la autonomía universitaria, a la vez que profundiza en la concepción de la educación como un Servicio y niega su carácter de derecho. A lo largo del texto no se menciona la educación como un derecho en ninguno de sus apartados, de tipificación legal, sino únicamente en la exposición de motivos al citar el artículo 67 de la Constitución Política. De lo que se trata en este articulado es de regular la educación únicamente bajo la concepción de servicio –o más bien de negocio, a través del cual se asocia la función de control y vigilancia del MEN, acercándola a la de una Superintendencia.

Este Proyecto de Ley, atenta contra la Autonomía Universitaria a través aspectos contemplados en el Artículo 9. Sobre las Medidas Preventivas las cuales establecen en los literales 1, 3 y 4:

“1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación (…) 3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las Instituciones de Educación 4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de educación. 

Es decir que el gobierno tendrá plena autonomía para decidir sobre el que hacer y futuro de las Universidades, cuando considere necesaria la intervención, reduciendo a su mínima expresión el papel de la comunidad educativa en la definición de los rumbos de la institución.

Estos aspectos obligarían a las Universidades a realizar un constante seguimiento y acatar sin lugar a objeciones las medidas emanadas desde el Gobierno Nacional, para garantizar la calidad ofertada de acuerdo a los parámetros de mercado, así como profundiza en la composición antidemocrática de los cuerpos colegiados de las Universidades, lo que ya sucede con los delegados del MEN que hacen presencia en los órganos de dirección “con sugerencias” en relación a diferentes aspectos como financiación, calidad, investigación, entre otros. 

La Autonomía Universitaria ha sido reducida a lo largo de estos años, mediante reglamentaciones posteriores a la Ley 30 de 1992, y para colmo de males, el gobierno nacional presenta este Proyecto de Ley con altas posibilidades de aprobación en épocas decembrinas, por lo cual, hacemos un llamado de alerta máxima a la Comunidad Universitaria, sobre estos atentados contra la capacidad de decisión de los rumbos de las universidades, que pretenden ser adaptadas a  necesidades gubernamentales sustentadas en parámetros internacionales, dejando de lado la función social de la educación, para la construcción de una sociedad justa, equitativa con soberanía, democracia y paz.

Hacemos un llamado a la movilización en relación a este tema, y para denunciar el accionar del Estado en relación al desfinanciamiento de la educación superior pública, así como las pretensiones intervencionistas sobre la misma. Exhortamos a los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Valle, al delegado del Ministerio de Educación Nacional, y al Rector de nuestra institución, a realizar los trámites respectivos para que este proyecto no sea discutido y aprobado a espaldas de la Comunidad Universitaria, exigimos las mínimas garantías para el debate público sobre el futuro de la educación. Las y los estudiantes de la comunidad universitaria contamos con voz  ¡no pretendan ocultarla!

¡Univalle Cuenta Voz!
Rechazamos el Proyecto de Ley 124 de 2014 y todas las regulaciones que implementan del Acuerdo por lo Superior 2034


[1] En Colombia, según los datos del Ministerio de Educación Nacional, de las 286 Instituciones de Educación Superior existentes, 80 de estas son públicas y 206 son privadas, de las cuales, la mayoría son Instituciones Técnicas o Tecnológicas.

[2] TLC Colombia-EEUU, Comercio de Servicios Educativos, Capitulo 11, numeral 4