jueves, febrero 26, 2015

El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional



El conflicto armado, que duraba ya 50 años, siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las mujeres y niñas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas comunitarios y los sindicalistas. Entre los abusos sufridos por estas personas se incluían desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El gobierno promovió legislación que amenazaba con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos.
El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
República de Colombia
Jefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos Calderón
Continuaron los avances en las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que a finales de año las negociaciones se suspendieron durante tres semanas. Ambas partes alcanzaron acuerdos parciales en varias cuestiones claves.
El proceso de paz fue un tema dominante en las elecciones presidenciales de mayo, en las que el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, obtuvo la victoria tras una segunda vuelta en junio.1 La campaña electoral se vio enturbiada por un escándalo de escuchas telefónicas a los negociadores del gobierno y las FARC, efectuadas por un sector de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia en un intento de frustrar el proceso de paz. Pese a las negociaciones de paz en curso, ambas partes seguían cometiendo violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH), al igual que lo hacían los grupos paramilitares, ya fuera actuando solos o con la connivencia o aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad.
El conflicto armado, que duraba ya 50 años, siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las mujeres y niñas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas comunitarios y los sindicalistas. Entre los abusos sufridos por estas personas se incluían desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. El gobierno promovió legislación que amenazaba con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos.
Conflicto armado interno
La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguió siendo la más afectada por el conflicto armado. Según las cifras más recientes proporcionadas por la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), casi 220.000 personas fueron objeto de desplazamiento forzado en 2013.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 10 indígenas fueron víctimas de homicidio por razones relacionadas con el conflicto, y al menos 2.819 fueron víctimas de desplazamiento forzado durante los primeros nueve meses del año.2 En 2013 se tuvo noticia de 30 homicidios y 3.185 víctimas de desplazamiento forzado.
El 12 de septiembre, dos líderes indígenas embera dovida murieron en el municipio de Alto Baudó, departamento del Chocó, presuntamente a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, ciudad portuaria del suroeste del país, fueron víctimas de una creciente ola de violencia, que incluía homicidios y desapariciones forzadas, cometidas mayoritariamente por paramilitares y bandas delictivas. Algunas de las víctimas fueron desmembradas. La violencia se concentraba en áreas pobres de la ciudad destinadas al desarrollo de infraestructuras portuarias y otros proyectos económicos.3
Un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de carácter estatal, destacaba la magnitud de los abusos contra los derechos humanos. El informe concluía que, entre 1985 y 2012, murieron de forma violenta casi 220.000 personas, el 80 por ciento civiles. Al menos 25.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, cometidas mayoritariamente por paramilitares y fuerzas de seguridad. Alrededor de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010, sobre todo por grupos guerrilleros, y más de 5 millones fueron objeto de desplazamientos forzados entre 1985 y 2012. Hasta noviembre, el gobierno había registrado más de 7 millones de víctimas.
Proceso de paz
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, que se estaban llevando a cabo en La Habana, Cuba, seguían representado la mejor oportunidad de poner fin a las hostilidades en más de una década. Sin embargo, el 17 de noviembre, el gobierno suspendió las conversaciones como protesta por la captura de un general del ejército a manos de las FARC en el departamento del Chocó. El general fue liberado el 30 de noviembre, y las conversaciones se reanudaron el 10 de diciembre. El 17 de diciembre, las FARC declararon una tregua unilateral que comenzó el 20 de diciembre.
Al finalizar el año, ambas partes habían alcanzado acuerdos parciales en tres de los seis puntos de la agenda. Un acuerdo marco sobre un cuarto punto, los derechos de las víctimas, se hizo público en junio.
El acuerdo marco supuso un importante paso adelante, ya que ambas partes asumieron su responsabilidad por los abusos contra los derechos humanos y admitieron que los derechos de las víctimas eran esenciales para el proceso de paz y que no eran negociables. No obstante, en el acuerdo marco no figuraba un compromiso explícito de garantizar la justicia para todas las víctimas. Se temía que esto pudiera minar la viabilidad a largo plazo de un posible acuerdo de paz.4
Protesta social
Algunos altos cargos gubernamentales afirmaron que el paro nacional agrario llevado a cabo en abril estaba infiltrado por grupos guerrilleros. Esto expuso a los manifestantes al riesgo de sufrir represalias por parte de los paramilitares. En mayo, unos paramilitares enviaron una amenaza de muerte a varios defensores de los derechos humanos, a los que acusaban de organizar el paro; afirmaban además que el paro estaba respaldado por grupos guerrilleros.5
Las autoridades vertieron acusaciones similares durante las protestas de las comunidades indígenas de octubre de 2013, el paro nacional agrario de agosto de 2013 y las protestas campesinas de Catatumbo de junio de 2013. Hubo denuncias de que las fuerzas de seguridad habían hecho uso de fuerza excesiva y desproporcionada durante las protestas. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que nueve manifestantes, cinco transeúntes y un agente de policía habían muerto por arma de fuego durante las manifestaciones de 2013.
Fuerzas de seguridad
Se siguió recibiendo información sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, aunque en menor número que durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no realizó avances para llevar ante la justicia a la mayoría de los responsables de estos delitos, sobre todo a los altos cargos. Muchos casos seguían siendo remitidos a tribunales militares. Estos tribunales, que no eran independientes ni imparciales, no impartieron justicia. Según el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia publicado en enero por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, 48 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de seguridad fueron trasladados al sistema de justicia militar y “muchos otros casos fueron trasladados directamente por fiscales civiles” en los primeros ocho meses de 2013.
Paramilitares
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en virtud de la cual miles de paramilitares que depusieron las armas en un proceso promovido por el gobierno cumplirían un máximo de ocho años de prisión si confesaban haber cometido violaciones de derechos humanos, no respetaba el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El proceso se inició en 2005 pero, hasta septiembre de 2014, sólo 63 paramilitares habían sido condenados por violaciones de derechos humanos de conformidad con la Ley 975. La mayoría de los 30.000 paramilitares que presuntamente habían depuesto las armas no se sometieron al limitado escrutinio de dicha ley.
Estos grupos, a los que el gobierno denominaba bandas criminales (Bacrim), permanecían activos, y seguían cometiendo graves violaciones de derechos humanos, solos o con la connivencia o la aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad. Sus víctimas fueron principalmente defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas, y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.6
Unos 160 paramilitares que se habían sometido a la Ley 975 cumplían los requisitos para poder ser puestos en libertad durante 2014. Algunos eran líderes de alto rango que habían estado en prisión preventiva pero ya habían cumplido la pena máxima de ocho años estipulada en la Ley de Justicia y Paz. Previsiblemente, muchos iban a regresar a las zonas en las que habían actuado, lo que suscitaba preocupación por el impacto en la seguridad de las víctimas y de los defensores y defensoras de los derechos humanos en esas zonas.
Grupos guerrilleros
Los grupos guerrilleros cometieron graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente contra comunidades de zonas rurales. A pesar de que las FARC se habían comprometido públicamente a poner fin a los secuestros, se siguieron registrando casos. La ONG País Libre informó de 233 secuestros en los nueve primeros meses de 2014, frente a los 299 en 2013. La mayoría de los secuestros se atribuían a delincuentes comunes, mientras que los grupos guerrilleros eran responsables del 21 por ciento y los paramilitares del 3 por ciento del total.
Las minas terrestres, colocadas en su mayoría por las FARC, continuaron matando y mutilando a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Los grupos guerrilleros, así como los grupos paramilitares, siguieron reclutando niños, sobre todo en las zonas rurales, lo que obligaba a muchas familias a abandonar sus hogares para proteger a sus hijos. Las FARC también llevaron a cabo ataques indiscriminados que pusieron en riesgo a civiles.
Impunidad
El conflicto se seguía caracterizando por la impunidad: muy pocos de los autores de abusos contra los derechos humanos rendían cuentas. El apoyo del gobierno a legislación que amenazaba con incrementar la impunidad ponía en entredicho su compromiso con respecto al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
En octubre, el gobierno presentó dos proyectos de ley en el Congreso. El primero intentaba ampliar los delitos que se podían considerar actos de servicio sometidos a jurisdicción militar. El segundo podría garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no se investigarían como actos delictivos, sino más bien para determinar si constituían o no infracciones del derecho internacional humanitario. Esto podría dar lugar a que los responsables eludieran el procesamiento penal al presentar el delito como una actuación proporcionada llevada a cabo en el transcurso del conflicto armado.
En septiembre, 12 expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que el Proyecto de Ley Nº 85 del Senado, que se debatía en el Congreso en el momento de redactar el presente informe, supondría un retroceso en materia de derechos humanos: “el Proyecto de Ley No. 85 podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial [...] Su adopción también […] representaría un grave retroceso en la prolongada lucha del Estado Colombiano contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos”. El proyecto de ley recogía una serie de delitos, entre ellos el de homicidio y las infracciones del derecho internacional humanitario, que pasarían a ser de la competencia exclusiva del sistema de justicia militar. Dado que las ejecuciones extrajudiciales no estaban específicamente tipificadas como delito en el Código Penal, podrían considerarse homicidios y, por tanto, ser investigadas por fiscales militares.
En agosto de 2013, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012. Esto podría permitir a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos eludir la justicia, al otorgar al Congreso la facultad de limitar los juicios penales a “los máximos responsables” de abusos contra los derechos humanos, y suspender las penas de prisión dictadas contra paramilitares, guerrilleros y miembros de las fuerzas de seguridad condenados por dichos delitos. La Corte falló que las condenas de esos "máximos responsables" no podrían ser suspendidas cuando se tratara de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. No obstante, no se definió claramente la figura de "máximo responsable" ni se establecieron criterios para determinar a quién se le podía aplicar.
Restitución de tierras
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, intentaba proporcionar a algunas de las víctimas del conflicto una reparación integral, que incluía la restitución de tierras. Esta legislación supuso un importante paso adelante en los esfuerzos para reconocer el derecho a la reparación de algunas de las víctimas, pero seguía siendo deficiente y su aplicación avanzó lentamente. Hasta agosto de 2014, sólo unas 30.000 hectáreas se habían adjudicado a campesinos, y sólo un territorio de 50.000 hectáreas se había adjudicado a comunidades indígenas. Las cifras oficiales sugieren que, en el transcurso del conflicto, unos 8 millones de hectáreas fueron objeto de abandono o despojo.
Los reclamantes de tierras y sus representantes, entre los que había defensores de los derechos humanos y funcionarios del Estado, fueron objeto de amenazas o víctimas de homicidios, principalmente a manos de grupos paramilitares.7 En agosto de 2014, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando los homicidios de al menos 35 personas presuntamente vinculadas con la restitución de tierras. El 8 de julio, Robinson Álvarez Quemba, topógrafo que trabajaba para la Unidad de Restitución de Tierras (entidad gubernamental), fue tiroteado por un agresor no identificado mientras trabajaba en el municipio de San Roque, departamento de Antioquia. Murió tres días más tarde a causa de las heridas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaban a graves peligros. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró 40 homicidios de defensores de los derechos humanos entre enero y septiembre. Además, según la ONG Somos Defensores, en 2013 había habido más de 70 homicidios de defensores de los derechos humanos. Entre las víctimas figuraban líderes indígenas y afrodescendientes, activistas sobre el derecho a la tierra y líderes comunitarios. Según la ONG Escuela Nacional Sindical, 20 miembros de sindicatos murieron violentamente hasta el 11 de diciembre; en 2013 murieron al menos 27.
Estos ataques, así como el robo de información comprometida, las persistentes amenazas de muerte y el uso indebido del sistema judicial para presentar cargos falsos contra defensores de los derechos humanos, socavaron el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y fomentaron un clima de temor. Hacia el final del año hubo un aumento del número de amenazas de muerte. En septiembre y octubre, más de un centenar de defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, activistas por la paz, líderes del movimiento de restitución de tierras, políticos y periodistas, recibieron una serie de correos electrónicos con amenazas colectivas de muerte realizadas por varios grupos paramilitares.8 Sólo unos pocos de los responsables de amenazas y homicidios de defensores de los derechos humanos fueron identificados, no digamos ya llevados ante la justicia.
Los programas estatales de protección, coordinados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), continuaron proporcionando seguridad a miles de personas en situación de riesgo, incluidos defensores de los derechos humanos. Con todo, estos programas presentaban serias deficiencias, como por ejemplo graves demoras en la aplicación de las medidas de seguridad.
En septiembre, la UNP se vio sacudida por un escándalo de corrupción en el que altos cargos de la unidad, entre ellos el jefe administrativo y el secretario general, fueron acusados de recibir sobornos de los contratistas privados a los que subcontrataban la mayoría de las labores de protección. Asimismo, la UNP reconoció en septiembre que, a consecuencia del déficit presupuestario, la unidad se vería obligada a retirar la protección a algunos de los beneficiarios.

Violencia contra mujeres y niñas
Todas las partes en el conflicto cometían violaciones y otras formas de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas. Las autoridades siguieron sin aplicar el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, en el que se ordenaba a las autoridades poner fin a tales crímenes y procesar a los responsables.
En junio, el presidente Santos firmó la entrada en vigor de nueva legislación sobre violencia sexual relacionada con el conflicto (Ley 1719).9 Esta Ley tipificaba este tipo de violencia como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Además, abordaba diferentes prácticas específicas que se seguían cometiendo en el contexto del conflicto, como la esclavitud sexual, la explotación sexual, y la esterilización, la prostitución, el aborto, la desnudez y el embarazo forzados. En virtud de esta ley, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra eran imprescriptibles.
Ayuda estadounidense
Siguió disminuyendo la ayuda estadounidense a Colombia. En 2014, Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 214,5 millones de dólares en concepto de ayuda militar y cerca de 164,9 millones en ayuda no militar, frente a los aproximadamente 228,6 y 195,9 millones, respectivamente, de 2013. En septiembre de 2014 se desembolsó el 25 por ciento de la ayuda militar total para el año, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos considerara que el gobierno colombiano había realizado avances para mejorar la situación de los derechos humanos.
Escrutinio internacional
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado en enero, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos felicitó al gobierno colombiano por “su decidida búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno”, aunque señaló que todas las partes del conflicto seguían siendo responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos. El informe señalaba también que la falta de voluntad de las instituciones del Estado para “asumir la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos impide el logro de nuevos avances en materia de derechos humanos”.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. El informe acogía favorablemente los avances en las negociaciones de paz, aunque señalaba que el conflicto armado seguía teniendo graves efectos sobre los derechos humanos. Advertía que la situación en materia de derechos humanos no se resolvería sin abordar el problema de la impunidad.
En marzo, la CIDH instó al gobierno colombiano a adoptar medidas cautelares en favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y a suspender su destitución del cargo, ordenada por la Procuraduría General en enero, hasta que la CIDH se pronunciara sobre el caso. El gobierno se negó inicialmente a atender el requerimiento y sólo decidió acatarlo cuando, en abril, se lo ordenó la Corte Constitucional de Colombia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de septiembre de 2013 sobre Colombia. Amnistía Internacional acogió con satisfacción el apoyo de Colombia a las recomendaciones relativas a la lucha contra la impunidad, pero reiteró su preocupación por que la legislación para ampliar el ámbito de la jurisdicción militar y el Marco Jurídico para la Paz socavarían seriamente los esfuerzos para combatir la impunidad.