miércoles, marzo 11, 2015

Paramilitares dan 24 horas a dirigentes de Marcha Patriótica y el Polo para abandonar Bogotá



A pesar de lo reiterativo de las amenazas, el Gobierno carece de resultados para hallar a los responsables. Organismos internacionales exigen garantías para el ejercicio de la oposición política y el pensamiento crítico en Colombia.

2015/ Marzo 10/ Derechos Humanos/ REMAP

Esta vez son siete los amenazados en la capital del país por el accionar paramilitar que opera bajo el nombre de las “Águilas Negras”. David Flórez, vocero de la Marcha Patriótica, e Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático, son dos de los amenazados, y quienes a su vez integran el Frente Amplio por la Paz que hace pocos días entregó el Segundo Informe de Veeduría al Cese Unilateral al Fuego Declarado por las FARC-EP a Todd Howland, delegado para los Derechos Humanos de la ONU.

A través de un panfleto este grupo paramilitar da 24 horas a los dirigentes para abandonar Bogotá. De no hacerlo, amenaza el “Bloque Capital” de las Águilas Negras, todos “serán hombres muertos” [Ver amenazas].

Las amenazas además incluyen improperios y calumnias propias del caso; calificativos como“guerrilleros y defensores del terrorismo”, son algunos de los tantos para tratar de justificar el accionar criminal contra Iván Cepeda, Alejandro Rivera, Cristian Rivas, Andrés Camacho, Ricardo Ruge, David Flórez y a quien se refieren como “Tolozano”.

Pero las amenazas no son solo contra los siete dirigentes. Los paramilitares también se ensañan contra la familia de Alejandro Rivera, edil de la Localidad de Engativá, a quien envían un mensaje directo: “Alejandro Rivera usted tiene familia, sabemos dónde vive, en qué edificio, torre y apartamento, malparido ya sabe, 24 horas para usted y su banda de narcoterroristas”.

Ya son innumerables los casos de amenazas recibidas por dirigentes de diferentes organizaciones y procesos sociales que trabajan por la paz con justicia social del país. Sin embargo a la fecha no existen resultados por parte del Gobierno para hallar a los responsables, lo cual preocupa a diversos organismos internacionales de derechos humanos que exigen al Estado colombiano garantías para el ejercicio de la oposición política y el pensamiento crítico.