lunes, marzo 16, 2015

S.O.S NORTE DEL CAUCA, RESOLVER EL CONFLICTO DE TIERRAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ES UN ASUNTO ESENCIAL EN EL PROCESO DE PAZ



Mientras el ESMAD rompió la tregua acordada con las comunidades indígenas, ataca de manera indiscriminada con gases lacrimógenos recalzados, artefactos no convencionales y armas de fuego,  las amenazas de muerte de los rastrojos se intensifican en el Norte del Cauca.

Las organizaciones firmantes, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los  derechos humanos, a las organizaciones solidarias en todo el mundo, para que insten al Gobierno de Colombia en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos a dar la orden de frenar la agresión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en contra de las comunidades Indígenas del Norte del Cauca; a los Organismos de Control del Estado realizar de manera inmediata las investigaciones en contra de los autores materiales e intelectuales de las sistemáticas amenazas de muerte contra las autoridades indígenas y a los entes encargados de protección atender de manera prioritaria la grave situación de seguridad de los líderes indígenas amenazados de muerte. 

Solicitamos igualmente que se exija al gobierno cumplir con los acuerdos de tregua anunciados el pasado fin de semana y se incluya el no desalojo de las comunidades de los lugares en los que se encuentran asentados, hasta tanto el gobierno presente la ruta de cumplimiento y materialización de los acuerdos  firmados con las comunidades indígenas y que a la fecha no se han cumplido.

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA

LOS HECHOS:

1.- El reporte de violaciones al DIH y abuso de autoridad ejercido por el ESMAD y el Escuadrón Móvil de Carabineros desde el día 24 de febrero a la fecha arroja cifras preocupantes:  70 heridos, 25 de los cuales  reportan delicado estado de salud, entre los que se encuentran 6 indígenas impactados con proyectiles de pistola y fusil. Los heridos más graves están siendo atendidos en centros hospitalarios de la ciudad de Cali. (Sus nombres los reservamos por razones de seguridad). Es de gran preocupación para las organizaciones firmantes que a las agresiones de la Fuerza  Pública se han sumado las amenazas del grupo paramilitar los rastrojos en contra de reconocidos líderes indígenas del departamento del Cauca.

2.- El  pasado 14 de diciembre de 2014, las comunidades indígenas del Norte del Cauca, ante el reiterado incumplimiento del Estado colombiano a los acuerdos firmados desde el año 1999,  tomaron la decisión de emprender el  ejercicio de Minga de Liberación de la Madre Tierra, consistente en  ocupar los predios de los cuales sus ancestros fueron despojados y que se encuentran ubicados en la Hacienda Quebrada Seca, Miraflores, Granadita, García Arriba, García Abajo, El Cultivo y La Caucana. El gobierno nacional se había comprometido a entregar las tierras que faltaban en la parte plana del Cauca y brindar apoyo económico y social,  (Decreto 982 de 1.999)  a modo de reparación a las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento y despojo por la masacre del Nilo2, sucedida el 16 de diciembre de 1991 en el Municipio de Caloto,  donde fueron ejecutados 21 comuneros indígenas a manos de la Policía. Así como los acuerdos y recomendaciones internacionales por las masacres del Naya el 8 abril de 2001 y Gualanday Corinto Cauca el 18 de noviembre  de 2001 entre otras.

3.- El día 24 de febrero de 2015 el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, incursionó en el municipio de Corinto, mientras que aviones de guerra sobrevolaban los predios de las haciendas Quebrada Seca, Miraflores, Granadita, García Arriba, García Abajo, El Cultivo y La Caucana ubicadas en los municipios de Corinto y Miranda, Norte del Cauca.

4.- El 25 de febrero efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD arremetieron violentamente contra líderes y lideresas de las comunidades indígenas ubicadas en la hacienda García Arriba, en el intento de desalojo fue herido de gravedad un  Guardia Indígena de la comunidad del Boquerón quien fue golpeado por el ESMAD en la cabeza hasta quedar inconsciente, posteriormente cinco (5) comuneros más fueron heridos. En respuesta a la ofensiva policial los comuneros indígenas se vieron obligados a bloquear de la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto.

5.- El 26 de febrero de 2015,  en el Municipio de Corinto Cauca, 19 indígenas resultaron con fuertes heridas tras enfrentarse con la Policía y el Ejército quienes han tratado de desalojarlos por la fuerza dejando decenas de heridos. Este mismo día se hicieron los primeros acercamientos por parte de la Defensoría del Pueblo, y Naciones unidas con el fin de acordar una tregua entre las comunidades indígenas y el ESMAD e iniciar conversaciones con Gobierno Nacional.

6.- El 27 de febrero el ESMAD hirió a 12 jóvenes, 9 con heridas de gases lacrimógenos recalzados  y 3 con heridas causadas con tiros de fusil que disparó la fuerza pública y el ESMAD. Este mismo día en el Municipio de Silvia, Cauca, en hechos que aún están por esclarecer, el  comunero indígena del  Resguardo de Pitayo  CELSAIN FERNANDEZ RIVERA, fue víctima de un disparo en el abdomen, propinado al parecer de manera accidental, por el soldado de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército ROBINSON ARBEY NARVÁEZ. Situación que genero indignación y desconcierto entre las comunidades indígenas.

7.- El sábado 28 de febrero la Defensoría del Pueblo informo a la opinión Publica Nacional que luego de varias horas de dialogo se había acordado una tregua durante 72 horas entre la vía de Corinto y Miranda, en las cuales el gobierno debería presentar una propuesta, paraatender los reiterados incumplimientos a los acuerdos pactados sobre los temas de tierras y derechos humanos con las comunidades indígenas victimas de desplazamiento forzado,  despojo y violencia estructural. Este mismo día siendo las 9:00 a.m., en la Finca del Guanábano, donde están ubicadas las comunidades de  las Cruces, el Crucero la Secreta y San Pedro,  el ESMAD arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos.   Sin mediar palabra atacaron con  gases dejando nuevos heridos y destruyendo, quemando  los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas,   esta situación obligó a las comunidades a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque de los miembros del ESMAD.

8.- El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto con el encabezado COMUNICADO PUBLICO # 22, ZONA NORTE DEL CAUCA FEBRERO 01 DEL 2015, con  un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos,  titulado “JUSTICIA POR UN PAIS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA” En este panfleto de dos páginas el cual anexamos copia a la presente denuncia  se amenaza a varios líderes y autoridades representativas de las comunidades indígenas del Departamento del Cauca. Este es uno de los apartes de la amenaza:

9.- El día 4 de marzo de 2015, siendo las 9:00 a.m. en el Municipio de Corinto un contingente del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD,  arremetió   violentamente contra las comunidades indígenas, dejando herido en una rodilla a un joven guardia  indígena de Jámbalo,  este nuevo hecho se presenta pese a los acuerdos efectuados entre el Gobierno colombiano y las autoridades Indígenas. El acuerdo efectuado, días anteriores y en el que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos participan como veedores y observadores  proponía un cese de las confrontaciones entre el ESMAD y las comunidades, mientras una comisión de autoridades indígenas y el Gobierno colombiano se sentaban a concertar una solución al despojo histórico al que han sido sometidas las comunidades indígenas de la zona norte del Cauca.
Deuda Histórica:

LOS INCUMPLIMIENTOS

En el año 2013 la Controlaría General de la Nación realizo una auditoría en la que estableció que los acuerdos firmados con las comunidades indígenas en razón de tierras no se han cumplido ni un 50%. El estudio efectuado por la contraloría toma como casos tipo: Acuerdo del Naya, 15.663 hectáreas; Acuerdo de la María   5182 hectáreas;  Plan de desarrollo 2006, 8.000 hectáreas.  El informe es explícito en manifestar que “revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto”.

Las organizaciones firmantes somos testigos que desde el año 2008 las comunidades indígenas han generado diversos espacios de acercamiento, diálogo y negociación con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, resaltando la inminente necesidad que el Estado Colombiano cumpla con las normas internas e internacionales que les obliga a resarcir los daños causados por la violencia, el desplazamiento, los crímenes indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales y en general  las políticas de despojo. Existen ordenes de la Corte Constitucional, recomendaciones de la  CIDH, OEA, ONU y OIT, que protegen los derechos de las comunidades Indígenas y sobre las cuales existe una deliberada omisión del Estado colombiano para hacerlas efectivas. Las peticiones de las comunidades Indígenas están basadas en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH;  La sentencia del expediente 21630 del Consejo de Estado; el Auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, sorprende que aun contando con herramientas jurídicas determinantes la pasada reunión con el Ministro de Agricultura, AURELIO IRAGORRI, evidencio la falta de voluntad política del actual gobierno y la continuidad del incumplimiento de los gobiernos anteriores,  obligando a las comunidades indígenas a hacer uso del legítimo derecho a la protesta.  La responsabilidad Estatal en el presente caso demanda una acción inmediata de reparación a las comunidades indígenas del Cauca víctimas de violencia estructural, sometimiento histórico, discriminación y pobreza. Las siete fincas que ocupan las comunidades en este momento  están ubicadas en territorios ancestrales, existen evidencias que los actuales poseedores las adquirieron mediante actos de violencia, maniobras engañosas, dolosas y con  títulos ficticios y/o aparentes.

Por lo anteriormente expuesto apoyamos las solicitudes de las comunidades y recalcamos la necesidad de: 

1.- Que el gobierno colombiano en cabeza del presidente de la República Juan Manuel Santos,  el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y Ministro del Interior  en compañía del señor Carlos Ardila Lule, (quien funge como propietario de los predios que ancestralmente le han pertenecido a las comunidades indígenas). Se desplacen hasta la tulpa de diálogo y concertación con el fin de establecer la ruta de reparación y titulación colectiva. En este espacio deberán estar las comunidades indígenas en pleno.

2.- Que el gobierno colombiano disponga las acciones suficientes y necesarias para que las autoridades protejan la seguridad de los líderes amenazados y brinde el respeto y protección integral a la vida y la integridad física de los pueblos indígenas del Norte del Cauca

3.- Solicitamos al gobierno nacional cumplir los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas  del Norte del Cauca.   

4.- Responsabilizamos al  gobierno nacional  y sus fuerzas militares  por los actos violentos que atenten contra la vida y la integridad física de los pueblos indígenas  del norte del Cauca.

6.- Solicitamos a los organismos de control del estado fiscalía y procuraduría iniciar de manera inmediata las investigaciones que permitan establecer la autoría material e intelectual de las amenazas y en consecuencia emprender las acciones de judicialización.  

5.- Solicitamos a la opinión en general, organismos de derechos Humanos nacionales e internacionales pronunciarse a la mayor brevedad posible y exigir del Estado Colombiano el respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas del Norte del Cauca.