martes, junio 30, 2015

ASEDIO A LAS COMUNIDADES - LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA



Más de 30.000 personas, vestidas con camisetas blancas, salieron a las calles de la ciudad de Buenaventura el 19 de febrero de 2014 para reclamar con toda la fuerza el derecho a vivir en paz, poner en evidencia la insoportable violencia que sufren y el olvido del Estado. Esta valiente manifestación mostraba a Colombia y a todo el mundo que vivir en la ciudad del principal puerto del país sólo les ha aportado violencia, miseria y destrucción. Por aquí pasa más del 60 por ciento de las importaciones y exportaciones de la nación. De todo ese flujo de riqueza incomparable nada se queda y en nada revierte.

La Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia, conscientes de la violencia y miseria en que está inmersa Buenaventura, nos preguntamos cuáles eran las razones del sufrimiento de los hombres y mujeres bonaverenses. El narcotráfico y el conflicto armado no lo explican todo. Hasta hacía poco más de veinte años el Pacífico colombiano y Buenaventura había vivido relativamente al margen del conflicto armado, no habían sentido en carne propia las sangrientas garras de la violencia que azota Colombia desde hace más de medio siglo. No fue hasta la privatización del puerto y la llegada de los proyectos de expansión portuaria de Buenaventura que no comenzaron a sentir con fuerza el embate de la violencia. Y por qué la población de Buenaventura está sufriendo tanta violencia, qué relación existe entre la expansión portuaria y esa violencia, por qué lo que debería ser un polo de riqueza se ha convertido en una fuente de sufrimiento y miseria, por qué el Estado colombiano ha consentido, por acción u omisión, esta situación... Fueron muchas las preguntas que se nos plantearon.

En Buenaventura el 90% de la población es afrocolombiana. Son los descendientes de los esclavizados que se liberaron, por sí solos, los cimarrones que se escapaban, o por la abolición de la esclavitud en 1851. Pertenecen a una comunidad con su cultura propia, sujeto especial de protección tal como dictamina la propia Constitución colombiana. Una comunidad que, junto con las comunidades indígenas, ancestralmente ha poblado la costa del Pacífico, cuando a nadie le interesaba esta región del mundo, cuidando el territorio y haciendo que éste aún sea uno de los grandes pulmones verdes del planeta. Y esto, más allá de empatizar con las víctimas de la violencia física, nos condujo a nuevos interrogantes: ¿Cuáles son los daños que han sufrido las comunidades negras como tales? ¿Cuáles han sido los daños colectivos que han sufrido? ¿De qué manera pueden repararse todos estos daños?

Pero la situación de Buenaventura no es sólo un caso que esté sucediendo a miles de kilómetros de nuestra casa. No, está más cerca de lo que de entrada podamos pensar. Las élites de Buenaventura y del Valle del Cauca, el departamento en que está insertada, se reflejan con Barcelona y la marca Barcelona. Empresas catalanas están invirtiendo desde hace unos años en la expansión portuaria de Buenaventura. Empresas que están haciendo negocios en medio de la violencia, la barbarie y la miseria. El Grupo Terminal de Contenedores de Barcelona tiene el 60% de las acciones de la empresa TCBUEN, el terminal
de contenedores que en enero de 2011 comenzó a operar en la comuna 5 de la ciudad de Buenaventura. Y son entonces más las preguntas que surgen, esta vez más cercanas: ¿cuál es la responsabilidad de las empresas catalanas con la perpetuación del ciclo de violencia y de violación a los derechos humanos? ¿Qué observancia de los derechos humanos, y los derechos económicos, sociales y culturales han hecho? ¿Qué daños ha provocado en la población la ejecución de sus proyectos? ¿Cuál es la reparación que les correspondería asumir? ¿Qué compromiso con la defensa de los derechos humanos deben contraer en el futuro?

Pero también nos hemos preguntado lo que puede hacer la Generalitat de Catalunya, como máxima expresión representativa y de gobierno del pueblo catalán. ¿De qué instrumentos debe dotarse para que las empresas catalanas cumplan los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, no sólo en Catalunya sino también en el exterior? ¿Qué políticas debe seguir con las empresas catalanas que invierten en el exterior? y en especial, ¿cuál debe ser la política con aquellas empresas que operan en contextos de violencia y de violación de los derechos humanos?

Muchas preguntas y todas ellas nos llevaron como Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia a hacer una investigación en Buenaventura, cuyo resultado es el informe que hoy presentamos.

Para leer informe: