viernes, agosto 14, 2015

Colombia. Entre la defensa de los derechos humanos y la persecución/ Seguimientos y tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque


Resumen Latinoamericano / Cahucopana /12 de Agosto 2015 .-   En lo corrido de este año Cahucopana ha denunciado el asesinato de 21 personas en las zonas rurales y urbanas y la distribución de varios panfletos bajo la autoría de grupos paramilitares y anónimos.

Las comunidades campesinas y mineras de los municipios de Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia, afectadas por los bloqueos alimentarios y sanitarios, desplazamiento forzado o en otros casos confinamiento poblacional, amenazas, estigmatizaciones y ejecuciones extrajudiciales que efectuaban miembros del Ejército Nacional junto con el accionar paramilitar en el año 2004, decidieron organizarse y crear la Corporación Cahucopana en diciembre del mismo año, con el fin de responder a la crisis humanitaria, evitar el despojo en el nordeste antioqueño y garantizar la materialización de los derechos a los campesinos y las víctimas del conflicto social y armado colombiano asentados en esta zona.

Fue así que Cahucopana mediante mecanismos alternativos impulsados por el campesinado desarrolló cuatro acciones humanitarias, refugios temporales, campamentos humanitarios de refugio interno y varias comisiones de verificación dentro del terreno, a la par de la visibilización, el acompañamiento internacional, gubernamental y no gubernamental que fortalecieron la labor de defensa de los derechos humanos, la permanencia en el territorio y las exigencias por una vida digna. Esto fue produciendo eco a nivel nacional e internacional y posicionó a Cahucopana como organización defensora de derechos humanos rápidamente.

Como consecuencia de ello, a los líderes de Cahucopana en la región se les inicia una persecución, señalamiento y estigmatización, que se expresó principalmente en la ejecución extrajudicial de 8 de sus integrantes, de las 16 ejecuciones que se presentaron en la región.

Continúan los patrones de criminalización y persecución

Aunque ya pasaron 11 años de aquellos hechos que conllevaron a la constitución de Cahucopana, los patrones de criminalización hacia la organización campesina y los habitantes de las veredas que integran los municipios de Remedios y Segovia no cesan.

En la actualidad se ha vuelto constante la presencia de hombres que visten de negro y llevan su cara cubierta quienes se encuentran acompañados del Ejercito Nacional, del mismo modo el patrullaje de soldados con desertores de la insurgencia de las FARC señalando a campesinos han puesto en riesgo la vida e integridad de miembros de la comunidad, generando temor y zozobra ante acciones que se puedan presentar parecidas a las de hace algunos años, donde detrás de los señalamientos de la fuerza pública llegaba las arremetidas paramilitares, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y el desplazamiento de las familias. Es por ello que preocupa de igual forma el accionar irregular de la fuerza pública, los cuales permanecen en el territorio sin los distintivos correspondientes.

Así mismo, los grupos armados irregulares que han tenido presencia histórica en la región continúan con la violación a los derechos humanos, lo que se evidencia en la reactivación de los grupos paramilitares “Urabeños”, “Rastrojos” y “Héroes del Nordeste”. Realmente en los municipios del Nordeste Antioqueño no se vio el desmonte de las grupos paramilitares posterior a la “desmovilización”, sino que se hicieron nuevas alianzas y el cambio de nombre de sus estructuras, lo que se ha convertido en una problemática ante la forma reiterada y sistemática de accionar en contra de la población para mantener el control territorial, económico y político en el nordeste, territorio rico en oro.

Esto expresa que evidentemente no existió un desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que se “desmovilizaron” en el marco de la ley de justicia y paz, lo que también cuestiona hechos donde las autoridades competentes no toman acciones pertinentes y cada día en las zonas urbanas aumentan las amenazas, asesinatos y persecuciones focalizadas a líderes, mineros, campesinos, políticos, mujeres, comunidad LGTBI, prostitutas y consumidores de psicoactivos. Esto directamente está ligado al trabajo en defensa de los derechos humanos debido a que los campesinos por temor no salen al pueblo, el trabajo de minería está siendo perseguido y las personas que entran encapuchadas generan zozobra en la población.

En lo corrido de este año Cahucopana ha denunciado el asesinato de 21 personas en las zonas rurales y urbanas y la distribución de varios panfletos bajo la autoría de grupos paramilitares y anónimos. Sucesos que han aumentado en el marco de las elecciones, lo que ponen en riesgo la participación de los candidatos de la oposición o aquellos que no están dentro de los partidos tradicionales, como lo ya conocido con el asesinato del señor Héctor Cortes de Cambio Radical y las amenazas recibidas por el líder campesino Eduar Gonzales para que decline con sus aspiraciones políticas al concejo de Remedios.

Es así, que la subregión del Nordeste Antioqueño se encuentra sumergida entre la disputa territorial de los diversos actores armados legales e ilegales, la persecución e estigmatización del trabajo de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Aporte a la paz en la lucha por la permanencia en el territorio

Las comunidades al vivir en medio del conflicto han optado por hacer aportes en torno la construcción de paz desde el territorio, lo que constituye el reconocer las problemáticas propias, el contexto actual y las posibilidades de salir de la crisis.

En este sentido, Cahucopana junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos en el pasado mes de mayo nos reunimos en el municipio de Remedios para debatir los alcances de los acuerdos preliminares abordados en la Habana entre la insurgencia de las FARC- EP y el gobierno nacional. En la declaración política del encuentro se expuso la exigencia del cese al fuego bilateral y el apoyo a los diálogos de paz.

Para hacer monitoreo de la situación, después de la decisión tomada por las FARC – EP de reiniciar el cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio, las organizaciones de base, campesinas, defensoras de derechos humanos, los habitantes de las veredas afectadas por la confrontación y con miras de apoyar el avance en el desescalamiento del conflicto asumimos la responsabilidad de verificar que los acuerdos por esta insurgencia sean cumplidos, de manera que sea el camino para que se geste de manera definitiva el cese al fuego bilateral.

Cahucopana es una organización defensora de Derechos Humanos, de base campesina que lucha por la defensa de la vida, la dignidad la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio, las acciones que realizamos continuarán siendo bajo este lema, por y para las comunidades mineras y campesinas, en aras de continuar aportando a la construcción de la paz con justicia social, una paz duradera y para todos y todas.

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Se incrementan hostigamientos, seguimientos y tortura contra Claudia Julieta Duque y su familia

12 Ago 2015


Según denuncia la periodista se está viendo un incremento muy delicado de las situaciones que afectan su seguridad, la de su familia y de sus abogados. Desde el pasado mes de Mayo se conoció, por fuentes de alta credibilidad de una orden que se habría emitido para secuestrarla y desaparecerla “esa fue una decisión que se tomó desde unas instancias que no puedo revelar para proteger a mi fuente” afirma Duque.

La periodista señala que el 16 de Junio fue cercada por un taxi y una camioneta en un sitio cercano al juzgado donde se realizara el juicio contra José Miguel Narvaez, Ariza y Auque. Después de ello ha habido una serie de seguimientos y hostigamientos en sitios públicos muy evidentes y muy preocupantes. Según Duque la situación no pasó “a mayores” por el acompañamiento de Peace Brigades International, PBI.

Otro de los hechos relatados tiene que ver con las llamadas desde el teléfono personal de la hija a los números de los padres de Claudia Julieta, lo extraño del hecho es que la joven estaba en pleno vuelo regresando al país después de 2 meses de ausencia y no contaba con servicio de Roaming con el que se pudiera realizar las llamadas, lo que generó pánico en la familia que presumía que a la joven le había sucedido algo. Además la joven ha sido fotografiada y hostigada.
Entre el 25 y el 28 de Julio, cuando Claudia Julieta estaba fuera del país, la puerta blindada de su apartamento sufrió un intento de violación que la dejó inservible y evidentemente afectada. Afortunadamente los desconocidos no lograron acceder al domicilio. La periodista relata otro hecho sucedido la semana pasada durante una entrevista con una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá al frente de la fiscalía general de la nación.

Finalmente afirma que se ha realizado un mapa en el que se demuestra que los hechos de hostigamientos o amenazas cuando se dan avances en el proceso judicial, lo que evidencia que la estructura criminal sigue funcionando coordinadamente para evitar que avance la justicia.

Los avances agridulces en la justicia

Desde que se iniciaron las investigaciones por los crímenes del DAS, el caso por la tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque parece ser el único que avanza. Según el recuento de la periodista hay 3 personas que han aceptado y confesado los cargos, 2 personas condenadas, otros 3 sindicados y se ha llamado a juicio José Miguel NarvaezEnrique Ariza y Gean Carlo Auque, funcionarios del alto nivel del DAS., Además se solicita la vinculación de 19 es funcionarios del DAS, algunos de ellos trabajando en el Estado.

Dentro de lo que se ha podido establecer en los procesos de juicio puede inferirse que hay una serie de estructuras clandestinas que funcionan de manera jerárquica pero paralelas a las estructuras de mandos oficiales e institucionales que se han ocultado. Un ejemplo de ello es la captura en 2014 de Ronald Rivera, detective del DAS demuestra un avance en identificación y actuación contra esas estructuras.

Muchos de esos funcionarios están atomizados en diversas instituciones del instituciones del Estado lo que puede estar empujando y motivando la creciente ola de seguimientos y hostigamientos contra la periodista durante las últimas 3 semanas. Además está el caso de Gean Carlo Auque, que vive en Santa Marta luego de fugarse en el mes de Abril y 19 personas más sobre las que se pide sean vinculadas al proceso pero que no han sido tocadas.