jueves, agosto 06, 2015

De la Seguridad que Mata a la Paz Esperada



|Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez|

La seguridad fue convertida en el arma que se arroja para impedir la realización de los derechos, en especial los asociados a las necesidades vitales para vivir con dignidad y a la participación en las decisiones políticas. En nombre de la seguridad con el eufemismo de democrática, Colombia entro de lleno en el túnel de la confusión, el temor, el miedo a la institucionalidad del estado, la perdida de sentido ético y la negación de la política como efecto de conjunto. Nadie podía ser ajeno a invocar la seguridad como bandera, ni cuestionar sus éxitos hoy descubiertos con dolor como aterradoras cifras de engaño. Hubo un giro de al menos 180 grados en los ejes de paz o guerra. Es cada vez más claro que la seguridad fue sostenida con muerte, con cifras modeladas en el despacho del gobierno, lo que conduce a buscar que la paz que se pacte entre el estado colombiano y la insurgencia, tendrá que entender a los derechos humanos como asuntos concretos cuya estructura ética, social, política y normativa exige que tengan garantías materiales como requisito para su realización y; oportunidades para ejercerlos sin obstáculos, sin barreras, sin los prejuicios morales, raciales y sexuales que todavía rondan a funcionarios e instituciones del estado y que impiden salir de los imaginarios de la sociedad sometida a la guerra y movida por el miedo.

Hay que renunciar a quedarse solo con la retórica de que basta que el poder anuncie que tenemos derechos para que estos se realicen o que se lucha para tener derecho a los derechos. Los derechos ganados son para ejercerlos y por eso en paz no pueden ser otra vez el mismo catálogo de ideales de futuro para aprender, memorizar y recitar, ajenos a la realidad, al margen de los contextos económicos, sociales y políticos en los que se ha vivido la guerra, porque es allí en los mismos territorios, escenarios y con adversarios políticos reales en los que se ha de convivir en paz.

Ha cambiado parcialmente la percepción autoritaria impuesta a través de la seguridad por el régimen Uribe de que el origen de todos los males está en la insurgencia y que por tanto la única salida es su exterminio, su liquidación total y la prohibición de entender que las consecuencias tienen causas y que la insurgencia no es origen si no resultado. La doctrina de que el único camino es la solución militar parece acercarse a su fin, junto con la táctica del todo vale y la política del enemigo terrorista, que tienden a perder el consenso indiscutible que tenían en el bloque dominante de poder político, económico y militar y sus conexiones donde ya algunos dudan, se alejan, se esconden, entran en balbuceos o sencillamente se pliegan a la maquinaria presidencial que parece condenada a enfrentar al Uribismo, que cada vez se asemeja más a una cofradía que a un partido y de la que van cayendo uno a uno sus alfiles, su entorno inmediato, su primer anillo de la seguridad democrática, su escolta política personal y virtual y trata de sostener su fuerza insistiendo que la paz no debe ser posible, no puede ser creíble, no puede llegar.

Los funcionarios del régimen que quiso convertir a Colombia en un estado comunitario Nacional Uribista y que pusieron en alto riesgo de destrucción a la nación entera siendo ministros, consejeros, directivos de instituciones, alcaldes, gobernadores, asesores espirituales, jefes de inteligencia y contrainteligencia, oficiales, senadores, parlamentarios, contratistas, gerentes de bolsa y otros que aplaudían con desenfreno las mentiras del poder, desfilan hoy rumbo a despachos judiciales, centros carcelarios y aeropuertos, bien para rendir sus versiones, pagar irrisorias penas o huir, mientras sus antiguos aliados paramilitares comprometidos con la refundación de la patria, van saliendo de las cárceles dejando libres sus celdas y grilletes. El común de los otrora poderosos alfiles es la arrogancia perdida, no dan órdenes, no tienen seguidores vitoreando su andar, carecen de subalternos, sus ojos no miran, sus cabezas abajo escapan a la luz y a los micrófonos de los mismos que sin vacilación retrasmitían el libreto de la seguridad dictado por ellos. El presidente de la seguridad, busca reacomodarse para cogobernar o para influenciar los acuerdos y sacar avante sus responsabilidades por políticas de lesa humanidad, aunque su credibilidad política es más débil que su capacidad para agitar y crear el caos sostenido con la técnica de lanzar un rumor que se convierta en un chisme que cien veces repetido provoque distracción, confusión, temor, rabia, odio y ganas de exterminar y seguir la guerra. Son ráfagas de rumores repitiendo que la paz no es posible, que solo la sangre libera, es la experticia de tramas, trampas, antiética, crueldad y estratagemas del engaño mezcladas para obstruir el derecho llamado paz, que a pesar de las adversidades, gana ventaja, está en furor, es noticia, es tema de estudio, está posicionado ya en el imaginario como derecho humano, y en consecuencia portador de un interés colectivo e individual supremo, inderogable e insustituible que debe ser garantizado por el estado. Hay optimismo a pesar de la brecha que todavía separa los compromisos pronunciados por el gobierno que aun llevan la sustancia de la seguridad y el respeto y compromiso que ofrece en la práctica. Los demás derechos humanos secuestrados en el régimen de la seguridad deben quedar libres de amenazas para que su libertad fortalezca la construcción del pacto de paz, deben quedar libres de los prejuicios morales que tratan de impedir su afirmación, libres de las mentiras y estigmatizaciones que les coloco la seguridad de la muerte a sus defensores.

El interés colectivo por la paz fortalece las libertades individuales y colectivas y su ejercicio sirve para prevenir de la discriminación y la violencia pero a la vez convoca y reta al gobierno a enfrentar al Uribismo que con la estrategia deliberada de defensa de la seguridad entendida como guerra, pone en riesgo el interés y la seguridad nacional que ofrece la paz y socava el respeto por los derechos humanos y la posibilidad de convivencia en paz, sin odios, ni muerte.