viernes, septiembre 18, 2015

COMUNICADO SI A LA DOSIS PERSONAL EN PREPARATORIO UNGASS 2016: EXIGENCIA DE GARANTÍAS



-Denuncia de amenazas de muerte, vetos, silencios y exclusiones institucionales-

El fracaso irreversible del prohibicionismo como política de Estado es un hecho que, pese a su obviedad, no ha querido ser asumido en su genuina dimensión por parte de quienes, desde la institucionalidad, han sido autores de las estrategias oficiales para encarar el fenómeno de la producción, distribución, consumos y usos de plantas prohibidas y sustancias derivadas consideradas ilegales.

Así las cosas, sin importar los enunciados retóricos contenidos en las conclusiones de especialistas contratados para actualizar los estudios sobre la problemática de las drogas, la realidad ha desbordado esos diagnósticos. Por ejemplo, la obcecada pretensión de los gobernantes por controlar la expansión y las distintas modalidades de consumo, no solo es una batalla perdida en términos de resultados, sino que pone en evidencia que las autoridades estatales siguen sin entender que lo que está creciendo en la actualidad es el ejercicio soberano de lo íntimo, por parte de individuos que no quieren que esa praxis libre –autónomamente decidida y regulada- sea convertida por el poder en patología o crimen.

Y es que si la institucionalidad se niega a reconocer que la gran mayoría de usuarios de drogas proscritas no son problemáticos, sencillamente está admitiendo que lo que no quiere es perder el control sobre la gente, por cuanto frente al consumo la propuesta de manejo clínico o policivo son sus únicas dos cartas. Es decir: el gabinete del psiquiatra o el calabozo de la policía. O sea, la rehabilitación del adicto o la resocialización del delincuente. 

Son ese tipo de inconsecuencias las que abonan el camino para la irrupción de mafias en una sociedad donde es prohibido producir y conseguir drogas, pero ante los ojos de todos ha sido permitido elegir presidentes, congresistas, jueces y funcionarios con los dineros de la empresa del narcotráfico. Estas consideraciones empiezan a ser compartidas por sectores que en muchas partes del país reivindican el consumo como un derecho inalienable. Pero que así mismo, plantean la necesidad de generar consensos en entornos y comunidades con todos los actores que intervienen en la cotidianidad de los conglomerados humanos.

En ese orden de ideas en el transcurso de los últimos años, colectivos antiprohibicionistas han impulsado movilizaciones en por lo menos 18 ciudades de Colombia, generando dinámicas de las que han surgido iniciativas concretas de autorregulación y convivencia que han sido despreciadas por la institucionalidad. Aún más grave, desde esa misma institucionalidad se ha estigmatizado a aquellas expresiones que han hecho públicas sus discrepancias con el acuerdo pactado en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. En Bogotá, el día viernes 23 de octubre de 2014, dentro del campus de la Universidad Distrital, las FARC amenazaron de muerte a activistas antiprohibicionistas que recientemente habían socializado las razones de la inconveniencia de lo acordado en La Habana en el punto 3 de la agenda de negociación. Con el agravante de que los amenazados habían participado también en el encuentro que sobre el tema de drogas ilícitas organizaron Naciones Unidas y la Universidad Nacional en el marco de la participación ciudadana en el denominado proceso de paz.

No se entiende por qué la Fiscalía, y los gobiernos nacional y distrital ignoran los alcances de ese tipo de agresiones. Por qué las formulaciones y proyectos emergidos de las colectividades antiprohibicionitas continúan siendo objeto de la más grosera desatención institucional. Por qué los seguimientos de la Sijin. En resumen, resulta pertinente formular una pregunta; ¿Cuáles son las garantías reales que brinda la institucionalidad del Estado a los ciudadanos comunes y corrientes en el marco de la discusión sobre las drogas?

COLECTIVO SÍ A LA DOSIS PERSONAL
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2015