jueves, enero 21, 2016

|24-01-16| ¡A las calles a luchar!



¡Movilicémonos por un salario mínimo de $1'500.000!
¡Abajo el IVA! ¡Rechacemos la venta de Isagén!
¡Fuera el Ministro de Hacienda!

El miserable reajuste del salario mínimo decretado por Juan Manuel Santos es una afrenta a los trabajadores colombianos. El incremento de 7% equivale a $1.500 diarios y está incluso por debajo del aumento del costo de vida para los sectores de bajos ingresos: más de quince millones de trabajadores que ganan el mínimo o menos son las víctimas de la avaricia de los grandes empresarios. Con esta decisión el gobierno de Santos, mientras habla de paz, arrecia la guerra social contra el pueblo colombiano.

Además de reducir los salarios de los más pobres anuncia el incremento del IVA del 16% al 19%, como parte de una reforma tributaria regresiva. De esta manera se cargan más impuestos a los artículos de primera necesidad agravando la condiciones de vida de las mayorías.

 Para completar el cuadro de medidas antipopulares el gobierno ha vendido Isagén, una de las empresas más productivas del Estado. Así, Santos sigue adelante con las privatizaciones en beneficio de las transnacionales y los grandes capitalistas. Medidas similares prepara Peñalosa en Bogotá contra la ETB y el Acueducto.

 Por otro lado, las comunidades indígenas siguen reclamando la anulación del proceso judicial que condenó de manera arbitraria a 16 años de prisión al dirigente indígena Feliciano Valencia. Una retaliación de Santos contra la protesta social, también en contravía de su discurso de paz y democracia.

La política del gobierno tiene como objetivo descargar sobre nuestros hombros la crisis económica, agravada por la caída abrupta de los precios del petróleo, la desindustrialización del país, la quiebra del agro y la desaceleración de China. Toda Latinoamérica empieza a retroceder y crece el malestar social; lo ha puesto en evidencia el fracaso de los llamados gobiernos de izquierda, sus derrotas electorales en Argentina y Venezuela, la inestabilidad política en Brasil y el acelerado restablecimiento del capitalismo en Cuba.

En esas condiciones el panorama para los trabajadores y los pobres es sombrío. Por eso debemos prepararnos para la lucha contra los planes del gobierno y sus medidas. Pero para ello es necesario superar el lastre de las actuales dirigencias de nuestras organizaciones políticas y sociales.

Las direcciones de las principales centrales sindicales se han prestado durante años a la farsa de la concertación del salario mínimo; sirven de comparsa para que el gobierno y los empresarios simulen que se disputan por algo sustancial. Este año fue igual, pero cuando se levantaron de la mesa, quien aparece como el “vocero” más caracterizado de las centrales -Julio Roberto Gómez, de la CGT- había rebajado su propuesta al 8% de incremento, a sólo un punto de lo que decretó Santos. Una diferencia tan ridícula que desnuda la sumisión de la burocracia sindical ante el gobierno y los empresarios.

 En el Congreso Extraordinario de la CUT, realizado en noviembre, un grupo de dirigentes sindicales, encabezado por nuestro partido, presentó un proyecto de resolución proponiendo la lucha por un salario mínimo de millón y medio de pesos. Ese si es un objetivo radical que motivaría a millones de trabajadores a salir a las calles, que es lo que proponen ahora los directivos de la Central. Para algunos puede aparecer como un exigencia desmedida, pero no es así cuando se compara en dólares la disminución real del salario mínimo en Colombia, producto de la devaluación del peso frente al dólar. En cifras redondas, en enero de 2015 el mínimo estaba en 271 dólares (a $2.380), mientras que en enero de 2016 está en 212 dólares (a $3.250). Es decir, que no tuvimos un aumento real del 7% sino una disminución, esa si exagerada, del 22%. Además la canasta familiar está entre $1.400.000 y $1.500.000 y muchos productos se encarecen por ser importados.

Aunque la consigna de paro cívico nacional es correcta, una acción de esa envergadura requiere una preparación seria y lograr el respaldo de amplios sectores de la población. Por eso,  debemos impulsar asambleas sindicales y populares y reuniones de coordinación proponiendo la realización de un Encuentro Nacional Sindical, Obrero, Popular, Campesino e Indígena, donde se defina un pliego de exigencias con eje en un verdadero aumento del salario mínimo, el rechazo al alza del IVA y la venta de Isagén, y por la libertad inmediata de Feliciano. 

Si la dirigencia sindical quiere liderar ese proceso debería impulsar ese Encuentro, en lugar de gastar energía y recursos en una demanda contra el decreto de Santos. Sólo la protesta de masas y la realización de un paro nacional obligarán a los empresarios y al gobierno a responder a nuestras reivindicaciones y a realizar una verdadera negociación.

Nuestra unidad para la lucha no debe tener como requisito el respaldo a las negociaciones de paz en La Habana. Es potestativo de la guerrilla realizar esas negociaciones pero el movimiento obrero y popular no debe subordinarse a los planes de una organización insurgente, ni muchísimo menos a los planes de Santos. Por eso invitamos a las organizaciones guerrilleras a que se sometan, disciplinen y expresen su respaldo al plan de lucha y movilización que se trace sin desarrollar ninguna acción que atente, obstaculice su realización o brinde pretextos para su represión.

 Es la hora de la lucha social amplia y unitaria. El año que comienza es tan impredecible como los desórdenes en el clima, igualmente provocados por la acción depredadora de los capitalistas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para desencadenar una tormenta que transforme nuestra sociedad en beneficio de los trabajadores y los pobres.
                                           

Partido Socialista de los Trabajadores - Comité Ejecutivo 
Bogotá, 14 de enero de 2016

Oficina de Prensa