martes, enero 26, 2016

ARGUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA FALACIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL RECTOR EL 19 DE ENERO, Y DEL AJUSTE HECHO A LA MISMA EL 25 DE ENERO DE 2016



Ricardo A. Pérez  
Profesor de Planta F.C.H.A.  
Universidad del Tolima

En primer término hay que denotar que el documento presentado por el rector José Herman Muñoz Ñungo el 19 de enero de 2016 al Consejo Académico, denominado “Programa Integral de Ajuste Fiscal y Financiero de la Universidad del Tolima”, no presenta la cifra clara que materialice el déficit que tiene actualmente nuestra Alma Mater. En tanto esta cifra no se conozca y sea la verdadera, se dan palos de ciego respecto al monto al que pueda llegar el ajuste que sea necesario. En el documento que se envió por correo oficial el 25 de enero, que es una presentación titulada Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Universidad del Tolima se da un total de deuda consolidada a diciembre de 2015 por valor de $ 18.870.558.048 pero no está allí lo que va al mes de enero de 2016.[i]

En segundo término el documento que dice estar en construcción (más allá de cualquier plazo para hacerlo, ya que la situación de crisis que se ocultaba al público, debía ser muy clara para las directivas desde las proyecciones del primer semestre de 2015), tiene una introducción en la que señala a la crisis económica de las universidades públicas del país combinada con el hecho de la ampliación de cobertura con “condiciones dignas” en la Universidad del Tolima como factores definitivos para la situación financiera extrema a la que ha llegado la institución, pero no es así porque si fuesen estas las causas, años antes se hubiese avizorado la penosa situación en la que estamos.

En tercer término, no cumple con lo planteado en la metodología porque no presenta un programa “…integral, institucional, financiero y administrativo que cubre la empresa social del estado…”, sino que se remite exclusivamente a ajustes en los aspectos académicos. El documento dice que se realizó con el referente de lo establecido en el artículo 8 de la ley 1608 de 2013, pero hay que resaltar que dicha ley es hecha para las entidades de salud.

Respecto a la parte del Contexto Nacional, hay que definir que si bien todas las universidades públicas sufren desfinanciación por cuenta de las políticas gubernamentales impuestas desde la Ley 30 de 1992, han habido paliativos desde el año 2012 con giros especiales y con la estampilla Pro Universidad Nacional y es insalvable que esta situación específica de recursos insuficientes por parte del estado, siempre debiese tenerse en cuenta por parte de cualquier administrador de una universidad pública en el ejercicio de sus funciones y en la elaboración del presupuesto.

En lo relativo al Contexto departamental, con los recursos que debe dar la gobernación, se da un estado del arte a ese respecto, pero se deben tener instauradas las demandadas ante las instancias correspondientes, con verdaderos abogados especializados que se ocupen de sustentar los procesos que pueden lograr el recaudo de esa deuda histórica y que no estén ocupados en perseguir las voces críticas o a quiénes denuncian las irregularidades de la administración actual.

En el contexto institucional se habla de una de las prioridades de la administración como es la de lograr la acreditación institucional. En este factor consideran como fuente de gastos los profesores de planta que ingresaron a la institución , pero por ningún lado se habla de aquellos que se pensionaron, para establecer una resta entre los que entraron y los que se pensionaron; además un buen número de profesores ganadores de concursos ingresaron en el año 2012 antes de que empezara la actual administración y al final de ese año había una reserva presupuestal de más de 20.000 millones, que no estaba afectada por el ingreso de los nuevos a la planta. En este empréstito de lograr la acreditación institucional, no se tuvo en cuenta que por ejemplo había recursos específicos que son para inversión y que estos eran los más propios para ser destinados a tales fines. Ahora bien, siempre hay que pensar en el contexto neoliberal en el que estamos y en el cual pudiese ser más importante una presencia y validación en una región vulnerable como el Tolima, que una acreditación que se rige por normas de entidades o de acuerdos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

En el numeral 2.2 de este contexto institucional del documento del 19 de enero, se habla del alto impacto en las finanzas de la Universidad de la política laboral de dignificación del personal supernumerario y la reclasificación de los empleados de carrera que ocurrió en el 2012 (con el anterior rector Héctor Villarraga, que estuvo encargado por 9 meses), al entrar 344 empleados a la planta administrativa. Pero no se menciona que esto no condujo a que en la rectoría de José Herman Muñoz, se detuvieran las numerosas contrataciones, por ejemplo, por Orden de Prestación de Servicios sino que por el contrario crecieron desproporcionadamente con la nómina paralela de provisionales y transitorios, en muchas ocasiones con sumas exorbitantes en los sueldos para los asesores jurídicos, de la Vicerrectoría Académica o de la rectoría, por ejemplo. Entonces no se puede determinar que la principal causa provenga de la anterior rectoría, sino que es responsabilidad de la actual que está en el primer año de su segundo período.

En la misma parte institucional, no se dice expresamente que se han hecho mal, incorrectamente, equivocadamente los presupuestos de los años 2013 al 2015 incluyendo en ellos sumas de recursos precisas cuando no se puede saber con claridad cuál es su monto, como los recursos que provienen de  la estampilla o del CREE. Además de proyectar recursos de balance cuando aún no se ha tenido la cifra precisa de los mismos, que aparece luego de terminar el año fiscal.

En cuanto al cumplimiento del plan de desarrollo en el eje de Compromiso Social, se debe señalar que existen varios proyectos que, a pesar de haber ganado las convocatorias de Proyección Social del 2014, y por ello tener reserva presupuestal para su ejecución de esa vigencia, no se realizaron porque en realidad no hubo recurso tangible para hacerlos, ya que ante la crisis los dineros se gastaron en otras cosas. A varios proyectos se les hizo un acta de finalización en diciembre de 2015, por lo cual no se ejecutaron, ni se cumplieron a pesar de ya estar comprometidos con las comunidades, entonces sorprende el porcentaje de cumplimiento que se le da a este eje en el informe del rector.

Por otro lado en el eje de Trasparencia y eficiencia Administrativa siempre sorprendió que una de sus premisas fuese la construcción de infraestructura o el “desarrollo físico del campus universitario”, ya que la realización de obras arquitectónicas no conduce a lo que titula el eje. El significado del nombre de este eje no fue cumplido en modo alguno, muestra elemental de eso es la situación que actualmente vivimos en la cual no se tienen cifras claras y desglosadas de la destinación de los recursos. En la práctica financiera cotidiana de la Universidad del Tolima, por un lado funcionan las compras, por otro las contrataciones, por otro la nómina, por otro los gastos de suministros y funcionamiento lo cual se presta para que exista un desorden en el cual son susceptibles de perderse recursos o de ser tomados para intereses particulares. No hay o no es del interés de determinadas personas que haya una unificación y control de la información.

En la presentación del 25 de enero, en las medidas a implementar de carácter estructural dice que: “Reestructuración administrativa con un aproximado de $ 500.000.000 mensuales”, pero no dice nada en absoluto de cómo hacer esa reestructuración, mientras en el documento del 19 de enero dichas medidas estaban incidiendo principalmente sobre procesos académicos y no administrativos.

En el documento del 19 de enero, la cifra del Pasivo a septiembre de 2015 es $ 46.191.770, mientras en la presentación del 25 de enero, el Pasivo a 31 de diciembre de 2015 es la misma cifra que al principio tipifican como deuda por valor de $ 18.870.558.048. Definitivamente es abismal la diferencia entre una cifra y otra y no se encuentra explicación alguna del ocultamiento y/o desgreño administrativo que puede llevar a tal desproporción.

Así mismo en la Proyección presupuestal de la vigencia 2016 – 2021, no están explicadas el comportamiento de las cifras de la deuda a lo largo de esos años; es decir no tienen lógica.

Estamos pues, ante unos documentos que tasgiversan una realidad y que no son precisos para una reforma profunda a nivel estructural y de funcionamiento de la Universidad porque continúan filtrándose inexactitudes y mentiras que no contribuyen a tener el panorama claro y el suelo firme para caminar hacia una estabilización financiera que permita que la entidad de educación superior pública más importante de los tolimenses garantice el derecho a la educación en un departamento que ha sido tan saqueado por la politiquería y el robo de los recursos públicos.

Debemos siempre entre todos defender las entidades públicas que son el reducto de oportunidades de vida para la gente que no tiene herencias, ni haciendas, ni patrimonio que le solvente la vida y las posibilidades de conocimiento para seguir en la formación de una sociedad más justa y equilibrada.




[i] En adelante, en todo el texto, lo que se exprese para el documento del 19 de enero, también es válido para el documento del 25 de enero.