jueves, febrero 25, 2016

La lucha política y social y la finalización del conflicto armado



La crisis económica que sacude a los países imperialistas desde la caída del mercado hipotecario en Estados Unidos en el 2007 sigue profundizándose. Esta realidad explica las tensiones en la Unidad Europea, la caída de los precios internacionales de las materias primas, la fuga de capitales en los países de la periferia y el aumento de las guerras y del escalamiento militar en las zonas en disputa por la confrontación inter-imperialista. Esta crisis la vienen pagando los trabajadores, con despidos masivos y reducciones salariales, y las poblaciones con planes de ajuste, a pesar de luchas de resistencia como las recientes huelgas generales en Italia y Grecia.

Mientras esto sucede a escala planetaria, en Colombia seguimos trasegando por los caminos de la negociación política del conflicto armado y el ajuste económico. Reconocemos la necesidad de poner fin al conflicto armado y el derecho que tienen las organizaciones insurgentes de adelantar una negociación política con el gobierno. El presidente Santos, dejó en claro desde el inicio de los diálogos de La Habana, que el modelo económico y el régimen político no estaban en discusión: "No vamos a entrar a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada, eso no está en discusión ni va a estar en discusión". Así lo expresó desde Noviembre de 2012 y los alcances de lo pactado hasta el momento confirman lo anunciado. Por otro lado, el Centro Democrático de Uribe Vélez hace una oposición declarativa pero coincide con el gobierno de Santos en preservar el modelo económico y el sistema político.

Incluso, en medio de la negociación con las FARC, hemos asistido a una profundización del modelo neoliberal, con reformas tributarias regresivas, que eximieron a los empresarios del pago de los aportes parafiscales, dejando sin presupuesto a instituciones tan importantes como el SENA y el ICBF, el incremento salarial decretado en Enero de este año del 7%, está muy por debajo de la inflación, la venta de Isagen que profundiza la privatización de lo público, la entrega concesionada del país a las multinacionales mineras, la oficialización de las Zidres que terminará por entregarle los baldíos y las selvas al gran capital, y la anunciada reforma tributaria estructural que incrementará el IVA en tres puntos, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie, esto para citar los casos más relevantes.

Como si fuera poco la corrupción y el saqueo al erario público se han convertido en una práctica recurrente de la llamada clase política y de las elites económicas ligadas al capital financiero. La estafa evidenciada con la construcción de la refinería de Cartagena, REFICAR, en la que ECOPETROL perdió US$5.000 millones, constituyen un ejemplo manifiesto de esta corrupción.

Los resultados de la negociación han dejado en claro que las reformas democráticas que demanda el pueblo colombiano siguen pendientes. Transformaciones que garanticen una reforma política que liquide el clientelismo, la corrupción y que desprivatice la participación en las jornadas electorales; la reforma a la justicia para terminar con la impunidad; la universalización de los derechos a la salud, la educación, el acceso democrático a la tierra (reforma agraria integral), el derecho a la vivienda (reforma urbana) el derecho al trabajo; la formalización laboral y libertades sindicales, reformas por las cuales el pueblo colombiano ha batallado por décadas.

Particular atención merece el diseño de una política alternativa al ordenamiento territorial definida en el actual Plan Nacional de Desarrollo, basado en el control corporativo de las regiones y el extractivismo que desplaza a los pobladores y destruye los territorios. Esta política territorial alternativa debe consultar las actuales resistencias al extractivismo depredador y el respeto a los territorios comunitarios y ancestrales, así como a las decisiones autónomas de las comunidades étnicas.

Igualmente propugnamos, en la presente coyuntura, por el cambio de orientación del actual ejército basado en el concepto de la Seguridad nacional, la reestructuración y su plena democratización y la disminución del píe de fuerza, desvinculando y juzgando ejemplarmente a los responsables de las acciones en contra de la población civil, garantizando el desmonte del paramilitarismo y la devolución de las tierras y bienes que apropiaron de manera violenta o con testaferros.

En el caso del debate a propósito de la justicia transicional, reivindicamos el derecho de rebelión de los insurgentes históricamente reconocido como, derecho político de los pueblos a luchar contra regímenes autoritarios sin desconocer las consecuencias del haber cometido delitos de lesa humanidad, y creemos que deben existir procesos con castigo diferenciados a los agentes del Estado y a los financiadores civiles del negocio de la guerra. Ello por cuanto el Estado no puede auto-decretarse impunidad, eludiendo la responsabilidad entre terror de Estado y paramilitarismo, desarticulando judicialmente la cadena de mando de la jerarquía militar y burlando los derechos de las víctimas.

La inequidad en la distribución de la riqueza aumenta y son los pobres los más damnificados, quienes sufren de manera dramática las consecuencias de las políticas de ajuste. Son ellos los que mueren en las puertas de los hospitales por la ausencia de servicios médicos adecuados, son ellas las mujeres trabajadoras y campesinas los que padecen la pandemia del Zika, el aumento desorbitado de los precios de los alimentos y de las tarifas de los servicios públicos (energía, agua, gas, transporte etc.) y la imposibilidad de educar a sus hijos.

Debe resaltarse la bancarrota que el actual gobierno le ha declarado a la Universidad Pública reduciéndoles de manera considerable las transferencias, lo que ha llevado al cierre de universidades regionales (caso Universidad del Tolima, Guajira) y a despidos masivos de trabajadores y docentes (Universidad de Antioquia).

La paciencia de los colombianos se agota, las protestas que desde inicio de este año se han presentado en Bogotá (ante las medidas antipopulares de Peñalosa) y en el resto del país confirman que la organización de la población y la protesta social en la lucha por sus derechos es la vía para hacer sentir la voz de los oprimidos. Por ello, la convocatoria a un Paro Nacional que ha sido anunciado por diversas organizaciones sociales, cobra vigencia para detener la guerra social que las elites en cabeza de Santos descargan sobre la mayoría de la población. Para que el paro sea una realidad no puede decretarse “por arriba” y luego negociarlo a puerta cerrada con el gobierno, tal y como ocurrió en protestas anteriores.

Por tanto, proponemos que se construya en las fábricas, los barrios, los colegios, las universidades, las resistencias territoriales y agrarias, construyendo coordinaciones amplias que posibiliten la organización de esta protesta y convocándola de la manera más amplia, recogiendo las reivindicaciones de cientos de miles de colombianos que aspiran obtener bienestar para sus familias y un país diferente. Desde nuestras organizaciones nos comprometemos con esta tarea.

UNION PATRIOTICA BASES EN REBELIÓN.
UNIDAD PAZ Y DEMOCRACIA. (UPD)
MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE POPULAR (MCP)
MOVIMIENTO ECOSOCIALISTA DE COLOMBIA.
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES PST
COLECTIVO ANTICAPITALISTA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ASOQUIMBO
SINALTRAINAL
RED DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA