jueves, febrero 25, 2016

Liberar la universidad de manos de sus depredadores



|Por Frendeut|

En septiembre de 2015, con ocasión de la consulta para la designación de Rector, dimos la campanada de alerta. Afirmábamos entonces que las enormes dificultades por las cuales atravesaba la Alma Mater tolimense, podían ser consideradas las más graves desde hace 60 años. Hubiéramos preferido habernos equivocado. 5 meses después de aquel sombrío diagnóstico, el estado de postración moral, académica y financiera de la UT en lugar de haberse disipado ha sido profundizado.

¿Es posible una pronta recuperación? ¿Obedece tan profundo estado crítico al desfinanciamiento de la educación superior propiciado por el Ministerio de educación y la Gobernación del Tolima, como afirma Muñoz Ñungo? ¿Le cabe a su administración responsabilidad alguna en el desarrollo de la crisis que tiende a generalizarse? ¿Tienen los docentes y estudiantes que han asumido una perspectiva crítica del estado actual de cosas, responsabilidad alguna en los “desaguisados” del Rector? ¿Cómo explicarse el hecho de que la UT haya sido devorada por el “agujero negro” del clientelismo, la corruptela y el nepotismo?

En anterior oportunidad destacábamos que parecía olvidarse que la Universidad del Tolima era una institución pública cuyo único y legítimo dueño era la sociedad. Que la fuente de recursos económicos que posibilitan su sostenimiento y el cumplimiento de su misión institucional proceden del aporte de los contribuyentes colombianos y que el pulcro manejo de éstos resulta sagrado. No obstante, lo que ha predominado en la UT han sido los intereses corporativos de algunos estamentos que en la práctica han venido privatizando la institución.

Sin duda, la fuente de la más grave crisis padecida por la Universidad se encuentra estrechamente articulada al paulatino abandono del cumplimiento de la misión y los principios universitarios. La actual Administración, en lugar de defender el carácter de “bien público” de la Institución, la administra en la práctica con un espíritu patrimonialista. Las diferentes administraciones desde hace por lo menos 4 lustros, se han convertido en correas de transmisión del clientelismo tradicional, que se ha traducido en el predominio de una frondosa y costosa capa burocrática en la UT, cuyo impacto presupuestal y financiero mantiene a la Alma Mater al borde de su cierre.

No puede aceptarse el pretexto de la actual Administración quien intenta salvar su responsabilidad en el origen de la gran crisis atribuyendo su causa principal al desfinanciamiento presupuestal progresivo por parte de los Gobiernos Nacional y Departamental. Sin desconocer que desde la expedición de la ley 30 las universidades públicas han sido objeto de un tratamiento presupuestal que en el mejor de los casos ha mantenido el poder adquisitivo de los aportes de la Nación, no puede ignorarse el inmenso esfuerzo realizado por las universidades públicas quienes se han visto forzadas a financiar con recursos propios las crecientes exigencias del Gobierno Nacional en términos de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y acreditación.

En esta última etapa de la vida institucional, ha sido Herman Muñoz quien se ha convertido en el artífice fundamental de la entrega de la Universidad a la voracidad de los grupos políticos tradicionales. El codicioso grupo del anterior Gobernador, algunos de los senadores y representantes de la denominada Unidad Nacional y del Partido Conservador, al igual que un excandidato a la Gobernación del Tolima, entre otros, han formado parte de la pandilla de saqueadores que han entrado a saco en la UT. A cambio, han suministrado a Muñoz cobertura política para mantenerse en el cargo.  Son estos oscuros personajes, quienes, con la anuencia del Rector, han llevado a la Universidad hasta el límite de su cierre. Es este espurio soporte el que mantiene a Muñoz Ñungo en el cargo. Por ello, no son gratuitas las recientes declaraciones de un senador de la Unidad Nacional, en el sentido de defender al rector, o mejor aún, a sus cuotas dentro de la UT.

La decadencia académica de la Universidad se ha expresado contundentemente, entre otros, en la negación de la acreditación institucional por parte del CNA en 2012, en la posición subalterna alcanzada en 2014 en el rankin del MIDE. Por la ausencia casi generalizada de publicaciones en revistas indexadas, por la precaria participación de grupos de investigación con reconocimiento de Colciencias, etc. ¿Habrá razón para ufanarse de ocupar el lugar 24 entre 32 universidades, como recientemente ha reclamado el Rector? 

Asimismo, la acumulación galopante de deudas, amenaza el inicio del semestre A de 2016. La Administración actual adeudaba a marzo de 2016 a profesores y trabajadores de planta el equivalente a 3 salarios. De igual forma, la deuda con los proveedores institucionales, sin los cuales el cumplimiento de las tareas misionales queda comprometido, asciende a $10.000 millones, según cifras oficiales; los elementos mínimos financieros y logísticos para el normal funcionamiento de granjas y laboratorios brillan por su ausencia. La incertidumbre respecto al ofrecimiento del servicio de restaurante estudiantil, dificulta en grado sumo el inicio del semestre, pues sin tal apoyo, un porcentaje significativo de estudiantes no podría iniciar semestre. El decano de la Facultad de Ciencias Humanas, representante de las directivas académicas al CSU alertó recientemente sobre la inexistencia de condiciones mínimas para el inicio del primer semestre del año.

Adicionalmente, el CSU en su reunión de febrero 16 estimó en $30.000 millones el déficit presupuestal correspondiente a la presente vigencia. En dicha sesión exigió al Rector un recorte presupuestal cercano a los $19.000 millones. Lo cual no es sino la manifestación más elocuente de las dificultades extremas con las cuales debe contar la comunidad universitaria para el inicio del semestre A de 2016.

La mayoría del profesorado ha exigido reiteradamente la renuncia del Rector; igualmente, se ha declarado en “asamblea permanente” hasta tanto la Administración no cumpla con las obligaciones contractuales para con la totalidad de sus servidores. ¿Con qué autoridad moral, puede la Administración Muñoz exigir al profesorado y a los trabajadores iniciar actividades académicas, cuando ésta se declara en bancarrota e incumple las más elementales obligaciones contractuales con sus docentes y trabajadores?

La evidente agravación de la crisis moral, académica y financiera de la UT exige medidas radicales que permitan reorganizar la Institución de arriba abajo. Para ello el profesorado, en discusión colectiva, ha elaborado una sensata propuesta de “reforma profunda” que debe ser sometida a consideración de estudiantes y comunidad universitaria en general. Invitamos al estudiantado y a los trabajadores a sumarse a la lucha uniéndose a la exigencia de la renuncia de Muñoz Ñungo. Es la hora de liberar la UT de manos de sus depredadores.

FRENTE EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA