domingo, marzo 13, 2016

¿Cuándo se va a asumir seriamente el problema del paramilitarismo?



|POR JULIAN CORTÉS|

Así finaliza una carta pública dirigida al presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos por el líder campesino y dirigente de Marcha Patriótica Andrés Gil (1), quien hace un llamado a detener los asesinatos de activistas colombianos luego de que en menos de una semana fueran asesinados William Castillo, Klaus Zapata, Marisela Tombe y Alexander Oime, estos provenientes del sector campesino, estudiantil y del movimiento indígena.

Para Andrés Gil, preocupa la invisibilización que de estas muertes hacen los medios masivos de comunicación y el estado colombiano, a la vez que cuestiona el verdadero interés del gobierno en el proceso de paz.

Dirigiéndose al gobierno, le dice: “Si nos siguen matando, pues entenderemos que la paz no era para nosotros, era sólo un montaje del Gobierno y los grupos económicos para viabilizar el país para sus negocios, para convertir a los campesinos en jornaleros sin tierra, a los trabajadores en empleados por prestación de servicios, a los pacientes en clientes, a los estudiantes en aprendices de institutos técnicos (…) y a los vendedores ambulantes en indigentes porque en el espacio público estorban y afean la ciudad.”

La situación no es menos preocupante si tenemos en cuenta que, tras dos años de haberse creado el movimiento político de izquierda Marcha Patriótica, en el 2014 su líder y ex-parlamentaria Piedad Córdoba denunciaba 70 asesinatos de sus miembros.(2)

En su misiva, Gil también denuncia estar cansado de la continua persecución en su contra y en contra de muchos otros líderes quienes reciben constantes amenazas de nuevos grupos paramilitares afiliados a la derecha política colombiana. También denuncia el hostigamiento permanente contra Prensa Rural y Contagio Radio, dos medios alternativos que constantemente son calificados por los medios masivos como afines a las FARC-EP.

Así las cosas, el panorama de una eventual etapa post acuerdo tiene muchas amenazas. Primero, la continuidad del fenómeno del paramilitarismo que aliado con la derecha política cumple un papel protagónico en evitar el avance de las fuerzas democráticas y revolucionarias en Colombia.

Evitar un genocidio como el que se dio con la Unión Patriótica en los años 80 es la tarea del gobierno colombiano. Las FARC-EP por su parte han manifestado permanentemente la necesidad de que el Estado combata efectivamente al paramilitarismo, pero parece ser que hay lazos entrañables y muy difíciles de arrancar entre las fuerzas armadas colombianas y aquellas fuerzas paramilitares ligadas al narcotráfico. Los intereses de muchas elites regionales se ponen en peligro ante una eventual firma de la paz.

Segundo, es evidente que las elites colombianas continuarán en su campaña de invisibilización de los movimientos sociales y en contra de los medios alternativos, hoy victimas de persecución oficial y para oficial. La posibilidad de la democratización de los medios de comunicación como lo plantea la misma insurgencia2 no quedó plasmada en los acuerdos de la Habana y persiste aun como una salvedad de los insurgentes, quienes plantean que sin democratizar los medios no es posible una real participación política de las fuerzas de oposición.

Si esto es lo que se percibe antes de la firma de los acuerdos de la Habana, ¿cómo será la situación una vez los guerrilleros les digan adiós a las armas y se conviertan en movimiento político legal?
Notas:

Fuente: Diario de Nuestra América, marzo 2016 (de próxima aparición)