domingo, marzo 06, 2016

La detención de Lula: juego de tronos en el Planoalto



El PT no tiene más remedio que enfrentarse con todas sus fuerzas a la guerra estratégica que le ha declarado la derecha, que, sumada a la retoma de los intereses tradicionales de las élites políticas y económicas regionales, monta su tablero, articulando su hegemonía sistémica, moviendo sus influencias en el judicial y arremetiendo a través de los principales  vehículos mediáticos que tiene a disposición.

Sebastián Ronderos

- En agosto de 1954, el jefe de guardia personal de Getúlio Vargas, Gregorio Fortunato, fue encarcelado por haber comandado un atentado contra Carlos Lacerda. Este evento fue la punta de lanza de una campaña contra Vargas, comandada por la oposición y las Fuerzas Aéreas Brasileras, buscando su deposición como presidente de la República ante un evento que él ignoraba. Tras las presiones, Vargas se suicida en la madrugada del 24 de agosto, siendo sucedido en la mañana siguiente por su vicepresidente y opositor, Café Filho.

- En 1992, el entonces presidente, Fernando Collor de Mello, es acusado de corrupción, en un ambiente de debilidad institucional, falta de apoyo político y crisis económica, y depuesto por su vicepresidente, Itamar Franco, tras la revocatoria de su mandato el 29 de septiembre del mismo año.

Estos dos eventos históricos dan el marco de análisis esencial para entender la actual coyuntura política brasileña.

Hoy, 4 de marzo de 2016, la casa del ex-presidente, Luiz Ignácio Lula Da Silva, fue rodeada por 200 hombres de la policía federal, a las seis de la mañana, para llevarlo, en custodia coercitiva, a declarar por las investigaciones que adelanta la justicia brasileña en la denominada “Operación Lava Jato”. Operación que investiga irregularidades, propinas y corrupción alrededor de la gestión de Petrobras en los últimos años; de ilegalidades que, por indicación de las propias investigaciones, venían desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. ¿Y Cardoso? Durmiendo entre laureles.

Lula, sin excepción, ha respondido a los llamados del judicial en la serie de declaraciones a las que ha sido convocado, entregando, además, toda la documentación solicitada por el grupo de investigación en Curitiba. Por lo tanto, los procedimientos coercitivos en la mañana de hoy, a la que fueron convocados todos los grandes medios de comunicación para dar un pomposo testigo del evento, parecen injustificados e ilegales, al quebrar los protocolos democráticos que supone el llamado a declaraciones de un ciudadano que, además de ser expresidente, se perfila electoralmente en 2018.

De entre varios políticos que aparecen en las declaraciones confirmadas por “Operación Lava Jato”, como Aécio Neves y Eduardo Cunha, Lula ha sido el único llevado coercitivamente y sin justificación. Maravilloso que se le investigue o se le llame a declaración, pero la asimetría en las investigaciones indican factores políticos, no jurídicos, que orientan la actuación de la policía federal.

“Lava Jato”, más que clarear las cuentas de un sistema político absolutamente permeado por la corrupción -donde no dudo que el PT tenga bastante que rendir-, está siendo utilizado como un mecanismo político de desarticulación y desmonte del proceso iniciado en el 2003 (que ha generado una reducción de pobreza sin precedentes a nivel internacional). Para entender el actual contexto, a mi parecer, hay que alejarse del marco jurídico y adentrarse en las entrañas de las estrategias políticas.

Desde el día uno del actual mandato de la presidenta Dilma Rousseff, la derecha ha generado una campaña mediática y una presión política para invalidar las elecciones o revocar el mandato a través de la cámara. Las mayores apuestas se hicieron por la segunda opción, revocar el mandato por medio de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de los Diputados, quien pasó un pedido de revocatoria del mandato de Dilma el 2 de diciembre de 2015, pero que, y al ser fuertemente contestado por la ciudadanía, acabó estancándose. Cunha ha sido denunciado por el Supremo Tribunal Federal y la Procuraduría General de la República por lavado de dinero, investigado por “Lava Jato” y cuenta con un record criminal en Suiza, reseñado por el propio Ministerio Público suizo, por corrupción y lavado de dinero a través de cuentas bancarias.

Con la conducción domiciliar coercitiva del día de hoy, las cartas parecen estar sobre la mesa: debilitar y derrumbar a Dilma y descartar la candidatura de Lula, sea en 2016 o 2018.

Al fracasar Cunha en el intento de impeachment, un guión visible sería derrumbar a Dilma y que su vicepresidente, Michel Temer, miembro del PMDB, asuma la presidencia con el apoyo de la oposición. Este guión nos llevaría a los dos eventos históricos mencionados al inicio: la sucesión por un vicepresidente en la historia de Brasil se dio primero en el 54 con Café, que asumió tras un semi-golpe, frustrado por el suicidio de Getulio, y centró sus fuerzas en impedir la posesión del presidente electo, Juscelino Kubitschek, y Itamar, que en el 92, asumió como un salvador tras el desastre que significó el Gobierno Collor.

Ahora bien, Temer es un político hábil, y probablemente sabe que las circunstancias actuales distan mucho del 92, por haber fracasado el intento de impeachment, gobernando entonces bajo el riesgo de asumir el papel de Café Filho, quien se quemó electoralmente tras su investidura y cuya memora fue prácticamente eliminada de la conciencia política brasileña.

Asumiendo que Temer fuese consciente de lo anterior, la estrategia sería entonces tumbar a Cunha, Dilma y Lula. Si el Tribunal Superior Electoral llegara a tumbar el Gobierno de Dilma este año, Temer caería con ella y se convocaría a nuevas elecciones presidenciales en un periodo de tres meses. La caída de Cunha es prerrequisito para que este escenario sea posible, poniendo a su vice Waldir Maranhão, durante los tres meses de transición.

El PT no tiene más remedio que enfrentarse con todas sus fuerzas a la guerra estratégica que le ha declarado la derecha, que, sumada a la retoma de los intereses tradicionales de las élites políticas y económicas regionales, monta su tablero, articulando su hegemonía sistémica, moviendo sus influencias en el judicial y arremetiendo a través de los principales vehículos mediáticos que tiene a disposición. Dilma debe dejar el gatopardismo con que ha intentado calmar las ansias golpistas de sus opositores y recuperar la irreverencia que la caracterizó en su militancia juvenil.

La izquierda está llamada a la autocrítica por una serie de factores que posibilitan las actuales coyunturas de la región, entre ellas la falta de mecanismos de comunicación efectiva frente a los procesos políticos y sociales y el inmovilismo que ha llevado a un distanciamiento entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales.