sábado, marzo 12, 2016

Un país para las áreas protegidas



A razón de la propuesta de declarar 25 millones de hectáreas como nuevas áreas protegidas, una pregunta se hace necesaria: ¿Conservar para quién? Ya que esta propuesta suena al discurso institucional con afán conservacionista y de sacralización de la naturaleza hasta el punto del prohibido tocar.

Y no es que se deban rechazar las medidas que buscan proteger los ecosistemas frágiles o estratégicos para la vida, esto es un deber necesario para preservar la existencia humana y por supuesto la de todas las especies. Por ello el debate suscitado por la conservación frente al uso que hacen las comunidades de los ecosistemas no puede ser entendido en blanco y negro, necesariamente está cargado de tonos y colores.

En la pasada asamblea de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc– el profesor Darío Fajardo planteó algo cierto a la luz de todo campesino: “Un país se gana sus zonas protegidas, se las gana”. Argumentando que un país que no hace reforma agraria, que no asegura zonas para la producción de alimentos, no debe hacer áreas protegidas a costa de los campesinos y de los indígenas.

Larga es la historia de exclusión y desplazamiento de Colombia hacia los campesinos. Los han sacado de las tierras productivas encadenadas con los centros de consumo es decir las ciudades; articulan las tierras con los mercados para poderlas concentrar, conservando un penoso rasgo del sistema feudal en el que la tierra es un símbolo de poder político.

Bajo esta lógica los campesinos han sido arrinconados en las cordilleras hasta los fríos y escarpados páramos, en las fronteras mismas de la colonización, obligándolos a tumbar y quemar para poder vivir. De allí la presión que existe sobre las áreas protegidas, sobre los Parques Nacionales Naturales y sobre los ecosistemas vitales para los colombianos.
El incrustarse en la montaña para vivir de ésta no es un capricho de las familias campesinas, es una condición a la que muchos fueron obligados para poder vivir. Por ello se considera un despropósito y un abuso por parte de las instituciones ambientales sancionarles por aprovechamiento “indebido y no autorizado” de los servicios y bienes ambientales de su entorno. Lo anterior poniéndolo en los términos de la economía verde, tan de moda en toda la institucionalidad ambiental del país.

La incapacidad de un campesino para afrontar procesos jurídicos y penales es aprovechada para imponerle sancionatorios o ejemplarizantes modelos. En estos casos se usa todo el peso de la ley sin temor a recibir apelación alguna o represalias de orden jurídico, se actúa a toda vista desconociendo el contexto social del país.

Tratamiento distinto es el que reciben las empresas que acumulan riqueza a partir de la explotación de los elementos naturales. Estas cuentan con firmas de abogados, unos cuantos congresistas amigos, y por qué no, algunas fichas claves dentro de las instituciones ambientales. Todo esto enmarcado en la confianza inversionista pregonada por el Gobierno Nacional.

En este contexto es que se lee la noticia del compromiso de declarar nuevas áreas protegidas por parte del Gobierno Nacional, a través de las instituciones ambientales. Esta situación profundizaría el conflicto ya existente en áreas de parques nacionales con las comunidades campesinas que asisten a la Mesa Nacional de Concertación y que, por los continuos incumplimientos e imposiciones, han decidido suspender la mesa hasta que exista la voluntad institucional para avanzar.

José Maikol Quintero Arias  (Prensa Rural)