lunes, abril 11, 2016

Paramilitares amenazan de muerte a líderes y defensores del Valle del Cauca


El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia ante la comunidad nacional e internacional las amenazas de las que fueron objeto en el día de hoy distintas organizaciones de víctimas y de derechos humanos de Cali, Valle del Cauca, y reitera la exigencia al Estado colombiano de reconocer la continuidad del paramilitarismo y enfrentarlo  de manera decidida con mecanismos que conduzcan hacia el real desmonte de estas estructuras criminales.

En la mañana de hoy fueron encontrados en las oficinas en Cali de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y del Movice capítulo Valle del Cauca panfletos amenazantes firmados por el grupo paramilitar autodenominado ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Los panfletos fueron deslizados por debajo de las puertas de las oficinas y estaban dirigidos a la secretaria técnica del Movice Valle del Cauca, Martha Giraldo; a José Milciades Sánchez, de Sintraunicol; Walter Agredo, del CSPP, y a Wilson Sánchez, de la CUT.

En los panfletos se amenaza de muerte a 15 personas de manera específica. Sin embargo, es claro que se trata de una amenaza colectiva contra el movimiento social, líderes sociales y las y los defensores de derechos humanos que trabajan por la paz con justicia social y por los derechos de las víctimas en el Valle del Cauca.

Las y los defensores de derechos humanos que son nombrados en el panfleto pertenecen al CSPP, a la CUT, Movice, Sintraunicol, Sintraincali, Sintramunicipio y al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). También se nombra de manera específica al Congreso de los Pueblos.

Además, esta estructura criminal reitera en el panfleto amenazante que se trata de un plan nacional y amenaza de muerte a la comunidad en general en caso de que se acerque a algunos de los procesos que trabajan por la paz y por los derechos humanos en Colombia.

Es importante recordar que el pasado 7 de abril de 2016 las 11:20 a.m. Orangel Galvis, destacado líder de ASCAMCAT, organización que hace parte del Movice, fue amenazado por teléfono por un hombre que se identificó como comandante de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. Esta misma estructura decretó la última semana de marzo un paro armado que duró dos días, en el que se registraron asesinatos, quemas de buses y paralización de la movilidad de las personas en varios departamentos del norte del país, específicamente Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó.

Distintas organizaciones sociales hemos denunciado el aumento del accionar paramilitar en todo el país y reiteramos que, para alcanzar una paz estable y duradera, el Estado debe reconocer que el paramilitarismo es un fenómeno que sigue vigente y que se ha ido consolidando en una nueva fase con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, no sólo de la fuerza pública, sino también de poderes políticos y de sectores económicos del país.

Para lograr su desmonte real y definitivo, se requiere de la construcción de una política coherente, que cuente con la participación de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos, que no sólo caractericen el problema, sino que, en el marco de las reformas que se harán producto de los acuerdos de paz, logren realizar una propuesta de reforma institucional que dé garantías de no repetición, especialmente ante las víctimas del fenómeno paramilitar.

Garantizar la no repetición de las atrocidades cometidas por el paramilitarismo implica prohibir, en todas sus formas y expresiones, la conformación de grupos armados paraestatales y el diseño de estrategias paramilitares. Aunque parezca obvia, esta prohibición no ha estado siempre presente ni ha sido lo suficientemente clara en el ordenamiento jurídico colombiano, que en varias etapas de la historia reciente ha permitido la delegación de la fuerza pública y del monopolio de las armas por parte del Estado en cabeza de particulares.

Reiteramos que estamos viviendo en Colombia una difícil situación ocasionada por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras del Estado para su desmonte, así como de cambios estructurales en la fuerza pública que permitan su deslinde de grupos paramilitares y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia. 

Ante esto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, junto con otras plataformas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, continuará trabajando por la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que pueda generar espacios entre el Gobierno, las mesas de conversaciones y la sociedad civil para definir estrategias colectivas que nos permitan generar políticas efectivas para el desmonte del paramilitarismo. 

PAULA KATERINE JAIMES PEÑA
BOGOTÁ, 11 DE ABRIL DE 2016