martes, abril 19, 2016

Paramilitarismo: persecución y crímenes contra el movimiento popular



Por Diana Nocua Caro
Investigadora y defensora de derechos humanos prensa rural

Desde finales de los años 50 y comienzos de los años 60, en el contexto mundial de la guerra fría y el auge de la reciente revolución cubana, el Estado colombiano, cumpliendo las directrices de los Estados Unidos, implementó una estrategia contrainsurgente, que se caracterizó por la vinculación de la población civil a la guerra a nivel político, social, económico y militar. En consecuencia, se incrementó el reclutamiento de civiles para apoyar al Ejército y se consideró como objetivo militar a las nacientes organizaciones sociales y populares, los sindicatos agrarios y de industria.

Es precisamente a partir de la implementación de la doctrina contrainsurgente donde se comienzan a desencadenar los hechos de violencia sociopolítica más cruentos de nuestro país: El Manual de 1963 afirmaba ya que “El habitante, dentro de este campo de batalla, se encuentra en el centro del conflicto (…) es el elemento más estable. Quiéranlo o no, los dos campos están obligados a hacerlo partícipe en el combate; en cierta forma se ha convertido en un combatiente” (pg. 34), afirmando más adelante que “Es entre los habitantes que se desarrollarán las operaciones de guerra; las actividades de la población se verán limitadas en todos los campos de acción” (pg. 51).

A mediados de los años noventa, específicamente en el año de 1994, el presidente César Gaviria aprobó el funcionamiento de las Asociaciones de Vigilancia Rural Convivir, legalizando de nuevo el funcionamiento de ejércitos conformados por civiles armados en los campos y consolidando el modelo paramilitar que venía creciendo desde mediados de los años ochenta; modelo que permeó los modos de vida de los habitantes de amplias regiones del territorio nacional.

Aunque durante la administración de Gaviria se establecieron las bases legales para la creación de las Convivir, fue el gobierno de Ernesto Samper el que implementó su funcionamiento. Con la puesta en marcha de las Convivir y el posicionamiento del paramilitarismo en todo el país, aumentaron las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas; entretanto el poder político, económico y social de las estructuras paramilitares iría posicionándose en regiones enteras de la geografía nacional.

Para 1998, ya se habían presentado tres “cumbres” del movimiento de autodefensas y se proclamaron como Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-. De 1988 al año 2003, las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron: 12.398 asesinatos, 2.121 desapariciones forzadas, obligaron a más de 6 millones de campesinos a salir de sus tierras y se apropiaron de más de 8 millones de hectáreas de tierra. Como lo plantea el Padre Javier Giraldo en el Informe de La Comisión Histórica, “el entrecruce de la guerra contra las drogas y la guerra contra la insurgencia ambas orientadas y monitoreadas por los Estados Unidos, da lugar a análisis contradictorios” [1] (p. 424).

El narcoparamilitarismo es muestra de ello, en tanto mediante la creación de estructuras privadas con financiación de las fuerzas estatales, se dio pie al despojo más descomunal de tierras que se ha producido en la historia colombiana, mediante alianzas políticas, control territorial de amplias regiones del país, a través de la ejecución de masacres y desplazamientos masivos de población que hoy en día llevan a la existencia de más de 6 millones de desplazados y el despojo de más de 8 millones de hectáreas de tierras [2].

Pese a que se afirma que las estructuras paramilitares ya no existen en el país y que los grupos conformados por algunos de sus integrantes responden a delincuencia común, estas estructuras mantienen su poder económico político y social hoy en día en varios departamentos del país.

En la investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, se presentan claros indicios de cómo casi 10 años después de que se visibilizara la grave problemática de la parapolítica en el país, se mantienen las mismas relaciones entre las elites locales y las estructuras paramilitares, las cuales no han perdido el control territorial, político y económico; en varias regiones se expresan a partir de los vínculos aún vigentes con políticos locales, empresarios, ganaderos y terratenientes en por lo menos 10 departamentos del país; donde por lo menos 131 candidatos, 83 a la cámara y 48 al senado fueron duramente cuestionados por sus relaciones con el paramilitarismo, pese a que para el gobierno estas estructuras ya no existen y lo que se expresa en la actualidad es la manifestación del poder de las bacrim [3].

Como parte de la radiografía del poder económico, político y social alcanzado por estas estructuras paramilitares, pueden señalarse el monopolio de la ganadería ilegal, la salud y la seguridad privada en varias regiones del país, a lo cual se suman los negocios frente a la ganadería, la producción de monocultivos y exportación de alimentos como se expresa con la industria bananera, entre otros.

Los últimos dos gobiernos de turno argumentan que solo persisten grupos organizados de delincuencia común, llamados “Bandas Criminales Emergentes” o “Bacrim”, únicamente ligadas al tráfico de estupefacientes [4].

Posicionamiento político del paramilitarismo en su nueva fase: elecciones 2015
Pese a la supuesta desmovilización paramilitar, entre los años 2012 a 2015, surgieron nuevas estructuras paramilitares como el Ejército Antirrestitución de Tierras, estructura que comenzó a ejecutar un plan de exterminio contra los líderes agrarios y sociales, en varias regiones del país, principalmente en la Costa Caribe y el Pacífico colombiano. Asimismo, se incrementó la persecución contra defensores de habitantes de la calle y población LGBTI entre otros. Paralelo a ello, el poder y control político del paramilitarismo siguió extendiéndose en numerosas regiones del país.

En el informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación en el 2014, se expresa como: 131 candidatos, 83 a la Cámara y 48 al Senado, estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales [5]. En dicha investigación se hace referencia a 97 candidatos herederos directos de las relaciones de la parapolítica, amigos, hermanos, familiares cercanos y aliados de aquellos que fueron condenados años atrás por sus nexos con las estructuras paramilitares. Otro segundo grupo de 34 candidatos a elecciones tendría relación directa con miembros de las bacrim, narcotraficantes y personas ligadas a la corrupción, entre otros (Paz y reconciliación, 2015).

En la región Caribe se presentaron casos como el de Rosa Cotes, esposa del parapolítico Chico Zúñiga, condenado por parapolítica. Pese a ello, Rosa se postuló como candidata a la gobernación del departamento de Magdalena, sin mayor competencia. Rosa heredó los nexos y relaciones políticas de su esposo, quien hacia parte del Clan de los Conejos, contando para ello con el apoyo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero y Trino Luna (Paz y Reconciliación, julio de 2015).

Como Rosa Cotes, Oneida Pinto, heredera de Kiko Gómez y candidata a la gobernación de La Guajira, integraron las listas del partido Cambio Radical. Paralelamente, se hace mención al candidato a la Alcaldía de Cartago quien es conocido como intermediario de los narcotraficantes de la zona con altos políticos y cercano a quienes en su momento integraron el Cartel de Cali, además de sus cercanías con el cartel de Los Comba y Los Rastrojos (Paz y Reconciliación, 2015).

En consecuencia, con las pasadas elecciones se reconfigura el mapa político del país; partidos políticos con una nula o poca presencia se han hecho al poder local en diversos municipios y regiones, abarcando zonas que antaño no eran propias de su accionar. Los partidos políticos se han caracterizado por su inoperancia y omisión frente al actuar delictivo de aquellos políticos investigados, quienes han hecho de esta práctica corrupta y criminal el día a día de la política nacional.

Los clanes, alianzas y acuerdos para gobernar el país desde los niveles locales y municipales, hasta el departamental y nacional ponen en evidencia la grave problemática social y política que ha llevado a una burocratización y corrupción permanente de las instituciones de nuestro país. Esto se expresa en problemáticas sociales como la de La Guajira: “Qué la Gobernación de La Guajira cueste 6 millones de dólares no hay quién compita con eso. Qué los señores Char le vayan a invertir dos mil o tres mil millones a la Gobernación del Atlántico, ¿quién compite con eso?”.

Nueva oleada de persecución y guerra sucia. Violencia sociopolítica contra el movimiento social y popular: 2015 y 2016

En el marco de los actuales diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC – EP y los acercamientos para generar un proceso de igual magnitud con el ELN, ninguna de las estrategias de represión del aparato estatal se han modificado: el Estado sigue utilizando e incrementando su material bélico, para forzar las opciones políticas de sus ciudadanos en torno en beneficio de los intereses de la elite dominante y continua combinando todas las formas de lucha contra “el enemigo interno”, incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables para aniquilar las opciones alternativas de sociedad [6].

Pese a que el ministro del Interior y el establecimiento niegan la permanencia de los grupos paramilitares, argumentando que estos se desmovilizaron hace más de 10 años, el accionar de estructuras como el Clan Úsuga, Las Autodefensas Gaitanistas (urabeños), Las Águilas Negras, y Rastrojos entre otros grupos, mantienen el mismo modo de operar que las antiguas estructuras paramilitares en tanto:

1) controlan el poder local en amplias regiones del país a partir de la infiltración en las instituciones y cargos públicos con la coadyuvancia de las elites y clase política dirigente (casos como Córdoba, Chocó, Casanare y Urabá dan cuenta de ello),
2) Se han evidenciado relaciones con las fuerzas militares y policiales en varias zonas del país, principalmente en los límites de las fronteras nacionales,
3) Continúa la persecución de las organizaciones sociales y populares, la estigmatización a defensores de derechos humanos y líderes sociales, y el control social por parte de dichas fuerzas a partir del terror y la intimidación, mediante alianzas con criminales y delincuentes.

En el contexto de los diálogos de paz la persecución sistemática contra quienes se oponen al statu quo en Colombia sigue incrementándose, como lo evidencia el caso de la Marcha Patriótica, Movimiento Político y Social señalado reiteradamente por el establecimiento como el brazo político de las FARC – EP, escenario que en 4 años de constitución ha tenido que enfrentar el asesinato de por lo menos 116 de sus integrantes. Los 116 casos de asesinato contra miembros de Marcha dan cuenta de por lo menos 54 asesinatos presuntamente cometidos por grupos paramilitares en regiones como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Varios de los casos han sido perpetrados por la Autodefensas Gaitanistas.

El informe presentado el pasado 13 de abril por el Cinep, plantea a su vez cómo en el 2015, los grupos paramilitares fueron los principales responsables de violaciones a los derechos humanos: fueron cometidos por paramilitares 1.064 hechos en total, entre ellos 873 amenazas, 2 atentados, 99 ejecuciones extrajudiciales, 71 heridas, 18 torturas y 1 violación sexual. La mayoría de los casos se presentaron en Bogotá, Cauca, Santander y Valle del Cauca. En relación con infracciones al DIH, entre ellas amenazas, heridas a personas protegidas y homicidios intencionales en persona protegida, los paramilitares aparecen como los mayores infractores con 838 hechos victimizantes, ocurridos en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Santander y Antioquia, principalmente [7].

El paro armado y las dinámicas actuales del accionar paramilitar contra el movimiento social y popular

Durante la última semana de marzo de 2016, en coincidencia con la movilización contra el proceso de paz liderada por Álvaro Uribe Vélez, el Clan Úsuga declaró la puesta en marcha de un paro armado, principalmente en el Noroccidente del país, poniendo en evidencia como la naturaleza del paramilitarismo como expresión de sectores ligados al narcotráfico, a las rentas de la minería ilegal y la extorsión y a la renta de la tierra sobre la base de la gran propiedad agraria y de la oposición a la Ley de Restitución de Tierras, se manifiesta en los procesos de control social [8].

La grave problemática en materia de derechos humanos que se presentó en departamentos como Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba y Bolívar, mediante la imposición del terror y los ataques indiscriminados contra la población civil ponen de manifiesto la estructura militar, política y económica que tienen actualmente los grupos paramilitares.

La nula acción del Estado ante este paro, fue denunciada por las comunidades del norte del país: “en Antioquia fue asesinado un militar, hubo bloqueo de vías y la propia Gobernación reconoció que se redujo el comercio y el transporte de 18 municipios. En Córdoba, confirmamos con fuentes en el terreno que unas 12 poblaciones (casi la mitad del departamento) de la margen izquierda del río Sinú, la zona costanera y el sur parecían pueblos fantasma. Los colegios no dieron clases. Un secretario de despacho, muy asustado, nos contó por teléfono que todo el mundo se encerró en sus casas porque había motos patrullando en la zona rural y la Policía no les envió refuerzos” [9].

En las últimas dos semanas se han incrementado las amenazas y vulneraciones a los derechos humanos contra el movimiento social y popular como lo evidencian los siguientes casos: Organizaciones de MAPA Bogotá y plataformas sociales y populares fueron amenazadas en el transcurso de la presente semana en Ciudad Bolívar por parte del grupo paramilitar de “las Águilas Negras – bloque Capital”; el 13 de abril de 2016 en el departamento de Nariño, municipio de Tumaco, Paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  -AGC- transitaron por zonas pobladas, intimidaron y realizaron tentativa de homicidio en contra del Campesino afrodescendiente integrante de Asocret Franklin Quiñones Tenorio, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano Pupsoc, del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento de Nariño y de Conafro.

En el departamento de Antioquia, municipio del Bagre, fueron heridos tres civiles, en el marco de enfrentamientos entre el ELN y paramilitares del Clan Úsuga; entretanto en el departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá, han circulado en las últimas semanas varios panfletos amenazantes de grupos paramilitares que declaran como objetivo militar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres entre otros espacios organizativos. En el departamento del Tolima fue amenazado a su vez por las AUG el dirigente Juan Gabriel Bermúdez Sánchez, vocero de Marcha Patriótica – Tolima. Adicionalmente, la vocera del Movimiento Popular de Artistas de la Costa Caribe Cristina Bustillo, ha sido señalada recurrentemente por redes electrónicas, lo cual pone en grave riesgo su vida e integridad física.

Ante este panorama no cabe más que preguntarse hasta donde será posible para las comunidades enfrentar el exterminio y la persecución frente a la necesidad de construir una paz estable y duradera que se materialice en la tan anhelada justicia social.

Conclusiones y apuestas para el desmonte efectivo del fenómeno paramilitar

Es preciso reafirmar cómo para la construcción de una paz estable y duradera es fundamental el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en tanto son estas el principal obstáculo para la construcción de un país democrático de amplia participación popular.

El pueblo colombiano se enfrenta hoy en día a una realidad que debe transformarse de cara a la construcción de un país en paz con justicia social. Pese a que el Estado Colombiano promovió y financió la creación de los paramilitares nunca ha reconocido públicamente su responsabilidad en esta grave problemática que ha desangrado por más de 60 años a nuestro país. Es por ello que cobra especial relevancia la jurisdicción Especial para la Paz, como instrumento para recuperar la memoria frente a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han ocurrido en el marco del conflicto y la violencia sociopolítica en Colombia.

El fenómeno social, político y económico que supone la persistencia del paramilitarismo es claramente un riesgo inminente para que la paz pueda ser materializada. En esta vía, la depuración de las instituciones, los entes de control, el aparato militar, los órganos de toma de decisión del país, las leyes que soportan dicho fenómeno, entre otras, son acciones necesarias para que la sociedad colombiana pueda acceder a un cambio democrático.

Por otra parte, la depuración de las instituciones, la necesaria lucha contra la corrupción, la recuperación de los bienes del Estado, monopolizados por los paramilitares, como la salud y la minería, la ganadería, los cultivos de palma aceitera entre otros, son pasos necesarios para que Colombia alcance la solución política y se constituyan nuevas bases para la democracia.

No solo basta con reformar o cambiar la Constitución y las leyes lesivas contra el pueblo colombiano o aquellas que han dado soporte históricamente al paramilitarismo; se requiere del concurso y compromiso político de la sociedad colombiana, de los gremios económicos, partidos políticos, sectores académicos, movimientos sociales y populares, Fuerzas Militares y expresiones sociales y políticas, para que no se repitan nunca más las graves violaciones a los derechos humanos que históricamente han marcado de sangre nuestro país.

Fuentes:

[1] Informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Giraldo Javier, p.424.
[2] Ibidem.
[3] Con la desmovilización paramilitar en el marco del proceso de Justicia y Paz, el Estado comenzó a argumentar que las estructuras paramilitares ya no existen y que aquellos grupos que tienen el mismo accionar, estructura y control territorial son bandas criminales, más conocidas como bacrim, cuya existencia se enfoca a la delincuencia común y el control del tráfico de estupefacientes.
[4] El gobierno de Álvaro Uribe Vélez definió a las Bacrim como “organizaciones de carácter multidelictivo, independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de la cadena de narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delincuenciales con propósitos criminales”. Decreto 2374 de 2010, Ministerio del Interior y de Justicia, 1 de julio de 2010.
[6] Giraldo Javier, S.J.M., paráfrasis del texto. P. 445
[7] Es fantasioso pensar que el paramilitarismo no existe: En Contagio Radio, ver:http://www.contagioradio.com/es-fantasioso-asegurar-que-el-paramilitarismo-no-sigue-vigente-articulo-22591/.
[8] Hernández, Valencia Fernando. Corporación Nuevo Arcoiris. El Tal Neoparamilitarismo Si existe. En: http://www.arcoiris.com.co/2016/04/el-tal-neoparamilitarismo-si-existe/.