jueves, mayo 19, 2016

Comunidades, Paz y Medio Ambiente: Los grandes ausentes de la política minera colombiana 2016 – 2025



|Por Por: Rafael Figueroa/PAS|

El pasado 21 de abril el Ministerio de Minas presentó la nueva política minera de Colombia “Bases para la minería del futuro 2016 – 2025” ante el Congreso Nacional de Minería, evento que reúne a las principales empresas del sector extractivo como Glencore, Anglogold Ashanti y Cerrejón. La Viceministra de Minas, Maria Isabel Ulloa, declaró en el foro ante los medios que con esta política: “le estamos dando un mapa de navegación al sector que le apuesta a sentar bases sólidas para asegurar un crecimiento estable y robusto en todas las estructuras.”

Sorpresivamente, en el documento de más de 50 páginas, no se encuentran en ningúna parte del texto las palabras “Paz” o “Postconflicto”. Así mismo, referencias como “medio ambiente” y “comunidades” solo aparecen mencionadas 4 veces a lo largo del extenso documento. De hecho, a lo largo de toda la política minera no se hace ninguna referencia a la forma en que el sector extractivo aportará a la sostenibilidad de la paz en Colombia o de qué manera concreta se hará frente a los grandes impactos y pasivos ambientales y sociales que la extracción minera a gran escala está dejando actualmente en el país en regiones altamente afectadas como el Cesar, la Guajira y Antioquia, entre otras.

Sin duda, grandes preguntas se abren como introducción a la lectura de esta carta de navegación minera: ¿Es posible dictar una política minera en el contexto actual sin hacer una sola referencia a la paz o el postconflicto? ¿Las escasas y dispersas referencias a las comunidades y el medio ambiente en un documento de política minera aseguran debidamente los derechos de las minorías étnicas y las comunidades campesinas o la protección de los ecosistemas estratégicos en el país,?¿Una política pública que pretende fijar las bases del sector minero a 2025 puede contener estas grandes omisiones?.

Estas preguntas iniciales abren así la lectura de este texto que seguramente generará diversas reacciones en la opinión pública pero que, sobre todo, abre en primer lugar grandes dudas sobre el grado de coherencia entre las políticas económicas para atraer la inversión extranjera en el sector extractivo y las políticas de paz, post conflicto y atención y reparación a las comunidades más vulnerables, así como víctimas no solo del conflicto sino también de la extracción de recursos naturales a gran escala.

De hecho, el diagnóstico inicial del documento de política minera no puede menos que expresar la abierta contradicción de la política minera con la política ambiental y de participación ciudadana, entre otras, cuando describe las causas de la conflictividad social en las zonas de extracción de recursos minerales:

“Existe una mala reputación, o aversión, frente a la actividad minera, así como niveles importantes de conflictividad y resistencia a los proyectos en muchas regiones donde se desarrolla la minería, debido a la escasa implementación de procesos de difusión y socialización (…) Aunque mucho de lo anterior es producto de una creciente campaña de protección a ultranza del medio ambiente, entre otras razones, debe ser claro que errores que algunas empresas mineras cometieron en el pasado han sido fuente de descontento local.”[1] (Subrayado fuera de texto)

Según el documento y de acuerdo al Ministerio de Minas, la conflictividad social que se vive hoy en día en cientos de municipios por causa de la extracción minera tiene su sustento en mayor medida en una falta de “publicidad efectiva” o de “charlas públicas convincentes” por parte del sector minero; conflictividad que es agudizada por lo que el documento califica como el “desarrollo de una campaña de protección a ultranza del medio ambiente”. En menor medida, valga anotar, para el ministerio esta conflictividad es consecuencia de “errores” que algunas empresas cometieron en el “pasado”.
  
Lo primero que se destaca en ese corto texto es que resulta sencillamente absurdo admitir en un documento de política pública que la defensa “a ultranza” del medio ambiente, es decir, la defensa del patrimonio natural de la nación y de la humanidad, que ha sido protegido con más de 7 convenciones internacionales suscritas por Colombia y elevado al rango de derecho fundamental en Colombia, sea un “generador de conflictos”. Es menos que insólito que la política pública de un país que ocupa el 5to lugar en biodiversidad en el mundo califique el ejercicio ciudadano de exigir la conservación de los páramos, bosques y áreas protegidas, entre otros, como generador de “conflictividad en las regiones”.

De otra parte, con este errático diagnóstico el ministerio omite hacer referencia a los cientos de estudios, informes, auditorias y sanciones de toda clase sobre los efectos negativos de la minería a gran escala que desde hace ya varios años fueron publicados por entidades de control como la Contraloría General de la Nación o de la Defensoría Nacional del Pueblo. En estos reportes se advierte, por ejemplo, que en las zonas donde se desarrollan los grandes proyectos mineros de níquel o carbón se presentan las cifras más altas de necesidades básicas insatisfechas del país, afectando incluso grupos indígenas en riesgo de desaparecer. Pese a ello, la política minera no reconoce como causa de la conflictividad social en las regiones dedicadas a la extracción minera los altos grados de contaminación ambiental generados por la explotación de carbón que llevaron a decisiones extremas del Gobierno como decretar el reasentamiento de poblados enteros en el Cesar por contaminación ambiental. Mucho menos, este diagnóstico de la política incluye como causa de conflicto social la autorización de la desviación de ríos en las zonas más desérticas y con menor acceso al agua del país como la Guajira, donde todos los días se registran muertes de niños indígenas por hambre.

Como puede verse, la contradicción no es solo en términos institucionales y de política pública; la gran contradicción de la política minera está dada sobre todo de cara a los efectos reales que la minería a gran escala está dejando al país.

Siguiendo la lectura de este documento y teniendo como base este diagnóstico, la política minera establece 6 pilares estratégicos para resolver los desafíos del sector minero: seguridad jurídica, condiciones competitivas, confianza legítima, infraestructura, información e institucionalidad minera. Dentro del pilar de condiciones competitivas por ejemplo, se establece el siguiente concepto como uno de los instrumentos para resolver los problemas del sector:

“Se flexibilizaran las fórmulas para los pagos y regalías reguladas por la ley y pactadas en los contratos, de acuerdo con el ciclo de precios de los minerales.”

Resulta absolutamente paradójico que la política minera establezca la flexibilidad de los pagos de regalías como una fórmula para fomentar al sector minero y con ello apalancar el desarrollo del país cuando las regalías mismas constituyen el patrimonio financiero que la nación destina a los principales proyectos de inversión social para millones de colombianos. Es evidente que su disminución, cambio o flexibilización traería como consecuencia automática la ausencia de recursos para financiar estas políticas y el fallo de miles de programas y planes sociales en todo el territorio nacional.

Esta flexibilización de los pagos de regalías agudizaría el precario panorama de los ingresos a la nación, en tanto las compañías mineras en los últimos años no han logrado pagar la totalidad de las compensaciones económicas que corresponden a la nación por este rubro. Según el informe de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas en Colombia – EITI -, desarrollado por el gobierno nacional y las empresas mineras durante el 2013, el sector extractivo muestra una diferencia negativa de USD $10 millones de dólares en pagos de regalías con las cuentas gubernamentales, pagos que en principio debieron ingresar a las arcas nacionales años atrás[1]. De hecho, varias empresas del sector extractivo actualmente están implicadas en millonarios pleitos judiciales nacionales e internacionales contra la nación por su negativa de pagar las regalías que pertenecen a la nación.

Tal es el caso de Glencore, multinacional Suiza sancionada por la Contraloría a finales de 2015 por solo haber pagado la mitad de las regalías que le correspondían para el 2011 y que ascendían a USD$ 10 millones de dólares, a través de una renegociación de contratos en la que participaron ex funcionarios del Ministerio de Minas que fueron también sancionados por corrupción dentro de este proceso fiscal. De esta forma, la empresa hoy en día ha demandado a la nación en tribunales internacionales privados y con ello exige el pago de vuelta de estas regalías, los que implicaría no solo una perdida multimillonaria en el patrimonio de la nación que tendríamos que pagar todos los contribuyentes sino la imposibilidad de desarrollar proyectos de inversión social para más de 10 millones de colombianos que viven bajo los umbrales de pobreza en el país.


Los impactos de las operaciones de Glencore en el país, de hecho, nos sirve para ver un ejemplo concreto de las futuras consecuencias de toda la política minera 2016 - 2025:

·         Con una flexibilización en las regalías, Glencore, quien se ha visto envuelta en escándalos por no pagos de regalías y que controla cerca de un 22% de la producción nacional de carbón, terminaría en los próximos años pagando muchísimo menos a la nación por regalías, reduciéndose la renta minera nacional con un definitivo impacto en el patrimonio público nacional y con un fuerte revés en los proyectos de inversión social para millones de colombianos;

·         De otra parte, al no establecerse ningún estándar técnico y operacional en la política minera dirigido a la protección de bienes ambientales estratégicos, áreas protegidas y recursos naturales, como el agua, de los que dependen comunidades locales, Glencore continuará generando graves impactos ambientales como la desviación de ríos e intervención de áreas protegidas en sus operaciones, aumentando el número de investigaciones y sanciones ambientales en su contra que hoy en día ascienden a más de 19 ante las autoridades ambientales;

·         De la misma forma, al no requerirse desde la política minera la planeación estratégica de la expansión minera y la necesidad de minimizar los impactos sociales de la minera, los reasentamientos involuntarios como los que actualmente enfrenta Glencore en 3 comunidades del centro del Cesar se convertirán en un problema descomunal en las regiones de Guajira y Cesar, entre otras, en tanto más del 70% del territorio de estas regiones han sido entregadas en concesiones mineras, incluyéndose en ellas no solo los ríos, ciénagas, bosques, humedales y playones sino cientos de caseríos y cascos veredales para la extracción de carbón, previéndose desde ya el desplazamiento de miles de familias;

La política minera 2016 – 2025 es un instrumento que seguramente causara controversia en el país en tanto, una vez más, mostrará la falta de coherencia gubernamental a la hora de negociar el fin del conflicto armado y promover la paz y el post conflicto como un enfoque estratégico de la función pública mientras que, de manera simultánea, promueve una política minera que no integra la paz, las comunidades locales y el medio ambiente dentro de su ámbito de aplicación así como resta sostenibilidad fiscal y renta minera para la inversión en las políticas públicas más cruciales para el fin del conflicto.

Con la política actual, en definitiva, el sector de la minería a gran escala no será una de las locomotoras que impulsará la paz sostenible del país y, sin duda, esta política  será la “carta de navegación” que lleve al naufragio las esperanzas de tener un sector minero a gran escala que promueva el respeto al medio ambiente y el desarrollo de las comunidades más vulnerables de Colombia.

Notas:

[1] Pag. 16
[2] Según el reporte del EITI, una de las razones probables de esta diferencia consiste en que el estado y las empresas registran de manera diferente el pago de regalías. No obstante, de acuerdo con el principio de legalidad según el cual todos los actos del estado se presumen ajustados a la ley, el registro del pago de regalías de la nación debe prevalecer frente a los registros particulares, de manera que esta diferencia de regalías en las cuentas estatales constituye en principio un fuerte indicio del no pago de la totalidad de las regalías por parte del sector extractivo.