viernes, mayo 13, 2016

El fin del conflicto y las víctimas del desarrollo




|Por Miller Dussan|

"Crecen las protestas y se avanza en la construcción de una Agenda Común desde Movimientos Sociales por la Defensa de los Territorios y la Vida, contra el extractivismo, por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo sustentado en otras alternativas de generación de energía (solar, eólica, biomasa), gestionado por las comunidades según sus necesidades."

El Gobierno de Santos ha decidido incrementar el volumen de producción del petróleo ante la caída del precio del barril. Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, loconfirmó al manifestar que “con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo”.

Alfredo Molano en su columna de opinión la “Fiesta en Paz” fue contundente: "Santos alimenta una nueva esperanza, al encontrarse con Timochenko. Yo sospecho que ese mismo día, por la noche, los altos funcionarios de los Ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía llamaron a los petroleros, a los palmeros, a los azucareros, a los ganaderos a darles el parte: “Ahora sí, vamos con toda por todo”. Y el nuevo ministro de Minas y Energía, Germán Arce, fue más preciso. Vamos con fracking. No importa que esté prohibido en Estados Unidos y varios países de Europa. Ni tampoco que varios lugares de Australia estén convertidos en verdaderas bombas por la contaminación con gas metano como lo declaró Semana sostenible.

La Agencia Nacional de Minería (ANM), notificó a algunos alcaldes del país sobre el inicio de un proceso de titulación minera en sus jurisdicciones municipales y les requiere unos estudios que deben presentar en un plazo de 30 días, desconociendo la Sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional. La respuesta ha sido inmediata por parte de autoridades y ambientalistas entre los municipios de Córdoba y Pijao (Quindío), Pitalito y Palestina (Huila) y Santa Rosa (Cauca) en defensa de sus competencias sobre el uso del suelo y contra el trámite inconstitucional de concesiones mineras.

Mientras tanto se anuncia que “es inminente el acuerdo sobre el fin del conflicto” y solo quedaría por definir la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos por parte del Gobierno y las FARC.

En el “posconflicto” el extractivismo minero energético al servicio de las corporaciones transnacionales se incrementará como lo advierten funcionarios del Estado siguiendo lasrecomendaciones del Grupo Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) creado por Social Science Research Council y la Fundación Ford que acordaron, aprovechar esta riqueza para "promover el desarrollo y construir la paz". Por su parte el Gobierno de Estados Unidos comprometió 450 millones de dólares a nombre del Plan "Paz Colombia" para garantizar la seguridad de las inversiones empresariales en las zonas despejadas por los insurgentes. En consecuencia, se intensificarán los conflictos socioambientales producto del despojo de comunidades y el ecocidio.

Al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia que reporta un saldo entre los 6 y los 8 millones de víctimas de la violencia política y el conflicto armado y una cifra similar de hectáreas de tierra despojada se suman las nuevas “victimas del desarrollo” obligadas a abandonar sus territorios como consecuencia de la implementación de proyectos minero energéticos y agronegocios impuestos por el Estado, fenómeno también denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo. El desplazamiento forzado se produce desde el momento en que se anuncia la ocupación de grandes extensiones de tierra para la instalación de los megaproyectos y su entrada en operación, obligando a la población que habita el área de influencia del proyecto a abandonar la zona.

Defensores de los territorios, sus comunidades y el medio ambiente ya vienen siendo judicializados, desaparecidos e incluso asesinados. El Estado los estigmatiza como los nuevos “enemigos de la paz”, "ambientalistas extremos" por oponerse al extractivismo, al incremento del IVA y al mayor endeudamiento externo para financiar la paz.

No obstante, crecen las protestas y se avanza en la construcción de una Agenda Común desde Movimientos Sociales por la Defensa de los Territorios y la Vida, contra el extractivismo, por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo sustentado en otras alternativas de generación de energía (solar, eólica, biomasa), gestionado por las comunidades según sus necesidades; la preservación de la producción agrícola de campesinos, indígenas y afros, la Seguridad Alimentaria, los ecosistemas, los empleos directos e indirectos que genera, la vida comunitaria, la dignidad de los habitantes y el derecho de los ciudadanos a decidir libremente su destino, así como la autonomía de los municipios sobre el uso del suelo ante la amenaza de la destrucción del mismo de ejecutarse los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- como las Zidres, el Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena con la imposición de las represas; la explotación no convencional de hidrocarburos con la utilización de la tecnología fracking y la minería a cielo abierto.