martes, mayo 31, 2016

¿Es banal la crisis de las EPS?


Por Mesa Intersectorial de Antioquia por el Derecho Fundamental a la Salud

¡Quién lo creyera!, aún existe alguien que se atreve a decir, ante la discusión sobre la crisis que afecta a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que el asunto es “banal” y por lo tanto, no tiene interés en profundizar sobre ello.

La expresión, y la actitud, fue la nota más destacada –podríamos decir, escandalosa– que sacudió a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia durante el pasado foro (Debate nacional sobre la política de atención integral en salud –Pais) realizado en su auditorio el pasado 28 de abril, y que fue expresada nada más y nada menos que por el viceministro del ramo, el Dr. Fernando Ruiz Gómez.

A propósito de tal debate, es necesario resaltar que el tema de las EPS hay que continuar revisándolo y, en particular, la intermediación financiera que la mantiene en crisis. Situación reforzada por las nuevas directrices que la condicionan. Tres ejemplos en Antioquia, de los más problemáticos presentes en la región, son dignos de ser retomados y analizados dada su interconexión con el motor financiero e industrial de la región, el Grupo Empresarial Antioqueño.

Caso 1. Savia Salud

Savia Salud es una EPS del régimen subsidiado que opera en 116 de los 125 municipios de Antioquia y que atiende aproximadamente a 1 millón 700 mil personas, de las cuales 600 mil se encuentran en Medellín. Es una EPS mixta nacida en el 2013 como resultado de una alianza entre el sector público –representado por la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia–, y el sector privado –representado por la Caja de Compensación Familiar Comfama–.

La prestación de los servicios de salud a sus afiliados la realiza en los centros de atención de Comfama, así como en la Empresa Social del Estado (ESE)Metrosalud. La creación de esta alianza público-privada significó que Metrosalud perdiera 100 mil usuarios, los mismos que dejaron de ser atendidos cerca de sus viviendas para ser atendidos en centros comerciales donde se encuentran los centros de salud de Comfama y/o de Sura (dueño de gran parte de la infraestructura de Comfama).

A pesar de ser presentada en su momento como una salida exitosa para los graves problemas administrativos del régimen subsidiado en el departamento, actualmente Savia Salud presenta un déficit de 251 mil millones de pesos (1) y, en consecuencia, los usuarios enfrentan una grave crisis humanitaria.

La atención del primer nivel (2) es de mala calidad e insuficiente para responder a las necesidades de la población; los hospitales de segundo nivel (3), bajo la disculpa de la existencia de comorbilidades (4), niegan la recepción de los pacientes ocultando que la razón principal de la renuencia es la cartera morosa que mantiene Savia Salud con dichas instituciones. Así, la gran mayoría de pacientes deben enfrentarse a interminables listas de espera, alrededor de 200 pacientes/día esperan una remisión y solo un promedio de 50 pacientes logran ser ubicados en el nivel de atención requerido (5). Mientras tanto, los pacientes tienen que permanecer en los pueblos y en las urgencias hasta que una complicación de su enfermedad les abra la posibilidad de una remisión a los hospitales de III y IV nivel, colocando en riesgo su vida e incrementando la mortalidad de los pacientes críticos, particularmente de aquellos con enfermedades cardiovasculares y con cáncer para quienes se ha vuelto imposible acceder a una Unidad de cuidados intensivos.

En medio de esta crisis, Comfama-EPS institución que se encontraba en déficit antes de la alianza, pasó a encargarse de la administración de Savia Salud recaudando durante el primer año alrededor de 60 mil millones de pesos, monto muy conveniente para la recuperación de sus antiguas pérdidas (6). Actualmente existen dudas frente a la intención del gobierno de inyectarle los recursos necesarios a Savia Salud para salvarla de su posible liquidación.

Para la Mesa Intersectorial este es un buen ejemplo de como una Alianza Público Privada privilegia al sector privado, que para el caso de Comfama y de sus dueños (Sura) aprovechan y extraen la poca savia que le queda a Savia Salud en detrimento del ya debilitado sector público en salud del departamento.

Caso 2. 14+1

Es la alianza nacida en el 2015 y que agrupa a 17 de las principales clínicas y hospitales privados de Antioquia, entre ellas las clínicas: El Rosario, Las Américas, Las Vegas, Medellín, y los hospitales General de Medellín (único de carácter público), Pablo Tobón Uribe, Universitario de San Vicente Fundación y la IPS Universitaria (7). Esta alianza, bajo la excusa de velar por el cumplimiento del derecho a la salud, busca presionar el recaudo de la cartera morosa que las EPS tienen con dichos hospitales, y en particular del que les adeuda Savia Salud que a febrero de 2016 ascendía a $315.103 millones de pesos (8), déficit cada vez más importante y que coloca en riesgo su sostenibilidad financiera. Delegados de estos hospitales participan activamente de marchas y plantones frente a sus instalaciones como los realizados el pasado 7 de abril de este año.

Es importante señalar que no todos los hospitales privados que conforman la alianza están en riesgo de una quiebra inminente, más bien se trata de un nuevo mecanismo de presión para recobrar la cartera en primer lugar. Tal es el caso del Hospital Universitario San Vicente Fundación que está participando de los diferentes plantones pero que al mismo tiempo integra un gran consorcio empresarial del cual hacen parte: una planta farmacéutica de producción de medicamentos e insumos médicos y quirúrgicos que son comercializados internamente, además de expórtar a diversos países; una planta de esterilización de insumos; una red de 30 parqueaderos; una tienda de artículos promocionales; un centro de recolección, comercialización y disposición final de residuos sólidos y de aceite lubricante usado; un Instituto de Alta Tecnología Médica (Iatm) especializado en imagenología, que cuenta con 4 sedes en la ciudad; varios centros especializados como el Hospital San Vicente de Paúl Rionegro ubicado en la zona franca y exclusivo para el turismo médico y, finalmente, el Hospital Universitario y el Hospital infantil (9) que posiblemente compartan el señalado déficit de cartera. Cabe anotar que casualmente en la junta directiva de la Fundación existen representantes del Grupo Empresarial Antioqueño y que el único asegurador que paga cumplidamente a los hospitales justamente es la EPS Sura que, dada su posición dominante, impone las tarifas en el sector.

Caso 3. ESE Metrosalud

Metrosalud es la red pública hospitalaria más grande del país: atiende a 647 mil personas del régimen subsidiado y cuenta con 10 unidades hospitalarias y 42 centros de salud. Metrosalud se encuentra en una difícil situación financiera con una cartera a diciembre de 2015 de 45 mil millones de pesos y deudas por el orden de 20 mil millones. Por tanto y a pesar de que durante el año 2015 no fue clasificada con riesgo financiero alto, Metrosalud enfrenta un peligro inminente de ser liquidada debido a la pérdida continua de usuarios por los cuales dejó de recibir en el 2015 (10) alrededor de 13 mil 639 millones de pesos, esto en parte debido a la mala administración de la gerente Martha Cecilia Castrillón quien en enero de este año fue sancionada con 10 días de arresto ante su negativa de acatar el fallo de una tutela (11).

De manera adicional, el talento humano es insuficiente y la infraestructura sub-utilizada gracias a la construcción de elefantes blancos como la sede de Nuevo Occidente y el más ejemplar, el Hospital Consejo de Medellín que a pesar de pertenecer a la red pública tiene una administración privada que impone barreras de acceso a la atención incluso para la población de Metrosalud. Todos estos factores han contribuido a que el modelo de gestión se torne insostenible. Según información interna en días pasados previos a la salida de la gerente, funcionarios de Sura realizaron una visita de reconocimiento a las instalaciones de Metrosalud y quedaron sorprendidos por su infraestructura. Ante la visita, trabajadores de la ESE quedaron preocupados por la posibilidad de que se repita el caso del Seguro Social, liquidando la ESE y vendiéndola al mejor postor por precios irrisorios, con el consecuente detrimento al patrimonio público de la ciudad.

¿Qué tienen en común estos tres casos?

Detrás de todos se encuentra el Grupo Empresarial Antioqueño GEA (conocido antes como el Sindicato Antioqueño) conformado por los Grupos Sura, Nutresa y Argos, con David Bojanini a la cabeza y con inversiones estratégicas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversiones, e industriales en sectores como alimentos procesados, cemento y energía. Allí convergen parte de los empresarios más poderosos del país, dueños de alrededor de 125 empresas, tales como: Bancolombia, Zenú, Nacional de Chocolates, Noel, Colcafé, Doria, Cementos Argos, Suramericana.

Estos empresarios han construido el “tanque de pensamiento” más poderoso de la región, del cual también participan rectores de universidades como la universidad Eafit Juan Luis Mejía, quienes se reúnen regularmente para tomar decisiones frente a la política social de la región (12) y al parecer del país, tal como lo demuestra el espaldarazo decisivo otorgado a Juan Manuel Santos frente al proceso de paz.

El GEA cuenta desde el 2006 con un órgano privado para hacer seguimiento a la calidad de vida en la ciudad: el programa “Medellín como vamos”. Gracias a su poder este grupo influyó en la fusión de UNE-Millicom, en la creación de Savia Salud y ahora parecen bastante interesados en el futuro de Metrosalud, asunto nada despreciable para el pulpo de Sura si de por medio está el interés por apropiarse de la infraestructura de la red pública hospitalaria más importante del país. Es de recordar que el ministro Alejandro Gaviria fue criado en cuna paisa, que trabajó como ingeniero civil en Suramericana, y que debió renunciar a su membresía de la junta directiva de Bancolombia y de Isagen para recibir el Ministerio.
¿Casualidad?, ¿Causalidad? ¿Ingenuidad? Bien lo decía el ministro Gaviria en el ensayo “Matar a un elefante” (13) que lo hizo acreedor al premio Simón Bolívar: “En las trampas del aplauso, se cae con pleno uso de razón”. A nuestro modo de ver lo que ocurra en el futuro con estos tres casos no solo está mediado por la simpatía, está condicionado por grandes sumas de dinero y, sobre todo, por el poder arrasador del capital financiero e industrial de la región.


2 Primer nivel: atención en salud básica
3 Segundo nivel: servicios especializados básicos (pediatría y cirugía, medicina materna, ginecobstetricia)
4 Comorbilidad: presencia de más de una enfermedad.
5 datos reportados por una fuente al interior de Savia Salud

Fuente: Desde Abajo