lunes, mayo 30, 2016

Los motores del nuevo paro agrario



|Por Alejandro Mantilla|

En una etapa histórica marcada por el ascenso de la movilización, la profundización de un modelo económico y las tensiones en la comprensión de la paz, este paro jugará un rol fundamental para el porvenir de la sociedad colombiana. Este paro refleja la fuerza de un movimiento social que reivindica paz con transformaciones, vida digna en las comunidades y garantía de derechos para toda la sociedad.
Hoy 30 de mayo se vuelve a sentir el Paro Agrario. Las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en especial el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) hoy vuelven a ocupar las calles, las veredas y la atención nacional. A la Cumbre se han sumados decenas de procesos regionales y los esfuerzos del Movimiento Ríos Vivos. El paro se vuelve a sentir, al igual que en 2013 y 2014, pero esta vez con ciertas particularidades.
Motivos

Ya es un lugar común decir que en Colombia nos encontramos en un período de ascenso de la movilización social. Ese lugar común puede confirmarse con investigaciones respaldadas con un serio trabajo empírico. Como lo ha mostrado Mauricio Archila, quien ha recabado información rigurosa al respecto, en la última década puede evidenciarse un claro aumento del número de protestas en diversos lugares del territorio nacional.

Trayectoria histórica de la protesta social

Fuente: Mauricio Archila, Conferencia: “Protesta social, conflicto y posacuerdo” pronunciada el 5 de mayo de 2016.



En las investigaciones de Archila también encontramos un inventario de los motivos de la movilización social. Encontramos que el factor que genera mayor número de movilizaciones tiene que ver con rechazo de políticas de Estado (19%), seguido por reivindicación de derechos (15%), incumplimiento de pactos (15%) y exigencia de servicios sociales (14%).

Motivos de la movilización social período 2010-2014

Fuente: Mauricio Archila, Conferencia: “Protesta social, conflicto y posacuerdo” pronunciada el 5 de mayo de 2016.


A mi juicio, tal ordenación de los motivos de la protesta muestra que la movilización estaría orientada principalmente al rechazo de la implementación del modelo económico expresado en políticas que resultan impopulares; a la reivindicación de derechos y la exigencia de bien-estar social; y al incumplimiento de acuerdos por parte del Estado colombiano. Este último punto llega a extremos dramáticos en algunos lugares del país; hace unas semanas mi amigo Carlos Salgado encontró que desde 1997 hasta hoy, hay al menos 28 actas de acuerdos incumplidos con el movimiento social de Putumayo.

El paro convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se inserta en esas tendencias sobre los motivos predominantes de la movilización en los últimos tiempos: rechaza las políticas impulsadas por el gobierno nacional, reivindica derechos y bien-estar, y resalta los acuerdos incumplidos por el Estado colombiano. Lo anterior tiene como trasfondo la tensión entre la comprensión de la paz defendida los movimientos sociales frente a la concepción de paz que plantea el Gobierno nacional.

Incumplimientos

El viceministro Guillermo Rivera ha afirmado que el nuevo paro agrario es “injusto”, pues el gobierno ha cumplido con sus compromisos ante la Cumbre. Resulta curioso que sea precisamente un funcionario venido del Putumayo quien olvide los incumplimientos de los últimos gobiernos. Rivera afirma que en dos años de negociaciones entre Cumbre y Gobierno se han realizado 75 reuniones regionales y 18 nacionales1. Sin embargo, durante esa maratón de encuentros no se ha tocado una sola de las exigencias de fondo incluidas en los ocho ejes del pliego de la Cumbre radicado en el año 20142. Además, el Fondo de fomento agropecuario, destinado a apoyar proyectos productivos comunitarios, ha sido objeto de dilaciones que han retrasado la puesta en marcha de las propuestas campesinas, indígenas y afro.

Como respuesta a ese incumplimiento, la Cumbre hoy impulsa un conjunto de exigencias “Por un buen vivir, una reforma agraria estructural y una ciudad digna”, que retoman los ejes gruesos del pliego de 2014 y adiciona nuevas reivindicaciones más ligadas a la actual coyuntura.

Políticas

Los voceros de este nuevo paro sostienen que la movilización también busca frenar una serie de medidas impopulares promovidas por el gobierno nacional y por algunas administraciones locales. Dentro de ellas se cuentan la Ley Zidres (Ley 1776 de 2016), norma que legalizó el acaparamiento irregular de tierras, abrió la posibilidad de conceder baldíos a grandes empresarios y reforzó un modelo agrícola basado en los agronegocios a gran escala; las proyectadas reformas tributaria y pensional, que auguran un desmejoramiento de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras y que postergaría la jubilación de millones de personas; la aprobación de un nuevo Código de Policía que reprime la protesta social; la concesión de títulos mineros, concesiones petroleras, y proyectos hidroeléctricos, así como el irresponsable licenciamiento ambiental en contravía de los intereses de las comunidades rurales y del equilibrio ecológico de los territorios; y la privatización de empresas públicas como la ETB o Propilco.

Estas reivindicaciones se funden con las diversas expresiones populares de defensa del territorio en muchas regiones del país. La lucha de los U’wa en defensa del nevado del Cocuy (El monte sagrado Zizuma); las denuncias de afros, indígenas y campesinos contra la minería que hizo desaparecer al río Sambingo; la lucha de las mujeres afro del norte del Cauca encabezadas por Francia Márquez; la lucha de los indígenas Wayúu y los trabajadores de Sintracarbón contra el desvío de arroyos en la Guajira; la valiente lucha del movimiento Ríos Vivos contra los megaproyectos hidroeléctricos en Santander, Antioquia, Cauca y Huila; la constitución de Territorios Campesinos Agroalimentarios por el Coordinador Nacional Agrario en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Norte de Santander, sur de Bolívar y sur del Huila. Además cobra especial importancia la movilización del campesinado del Catatumbo, que ante la estigmatización del gobierno nacional y los medios de comunicación, reivindica sus planes de vida como alternativas viables para la región.

La Cumbre también ha planteado en su pliego una exigencia básica para cualquier democracia: Garantías mínimas para los líderes sociales que han visto crecer los asesinatos, amenazas, judicializaciones arbitrarias y otras formas de acoso contra el movimiento social.

Por último, pero no menos importante, gana fuerza la exigencia sobre el reconocimiento de la territorialidad campesina y el reconocimiento político del campesinado y sus derechos como motores de la manifestación agraria.

La Paz

El trasfondo de la actual movilización tiene que ver con los enfoques sobre cómo entender la paz y la solución política del conflicto armado. Al lado de consignas llamativas como “Cambiemos esto” y “Párese duro”, también se agita “Este paro es por la paz”.

Ante una concepción corporativa de la paz, donde el Gobierno nacional considera que el fin del conflicto es una oportunidad para brindar mayores garantías para la inversión y así lograr un mayor crecimiento económico, las organizaciones sociales han defendido una concepción transformadora de la paz. Esa concepción transformadora plantea que avanzar hacia el fin del conflicto armado requiere incorporar las agendas de las organizaciones sociales en la discusión sobre la paz, y que el movimiento social debe defender tales agendas en diversos espacios de participación.

En una etapa histórica marcada por el ascenso de la movilización, la profundización de un modelo económico y las tensiones en la comprensión de la paz, este paro jugará un rol fundamental para el porvenir de la sociedad colombiana. Este paro refleja la fuerza de un movimiento social que reivindica paz con transformaciones, vida digna en las comunidades y garantía de derechos para toda la sociedad.

***


2 Los ocho ejes del pliego son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. Economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad. 8. Paz, justicia social y solución política del conflicto.