jueves, junio 02, 2016

Campesinos del Catatumbo rechazaron señalamientos del Gobierno


26 may. CI.- El Comité de Integración Social del Catatumbo -Cisca- denunció en un comunicado las declaraciones de William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien en las últimas horas mostró su rechazo a la movilización campesina y también su voluntad de tomar acciones para impedir el derecho a la protesta en esa zona del país.

Contexto: la represión institucional

Las declaraciones de Villamizar tienen como telón de fondo la movilización nacional promovida por la Cumbre Agraria que se llevará a cabo el 30 de mayo. Con el nombre de “Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular” la manifestación pacífica espera convocar a amplios sectores de la sociedad entre quienes se encuentran trabajadores de la salud y educación, estudiantes, transportadores, víctimas, organizaciones de mujeres y ambientalistas, entre otros.

Peligrosamente el gobernador Villamizar aseguró que “el paro trae muerte, desolación, violencia y sitiado de algunos municipios”. Amenazó con cobrar multas para las empresas que transporten campesinos que quieran llegar a los municipios de Ocaña, Tibú o Cúcuta. Ofreció “recompensas de 100 millones de pesos por información que conlleve al hallazgo de supuestos depósitos de explosivos en donde se estarían fabricando artefactos para utilizar en el anunciado paro armado”, refiriéndose erradamente a la movilización campesina. Dijo, además, que desde el viernes 27 de mayo su gobierno realizará acciones simbólicas en contra el paro en el municipio de Ocaña y el resto del Catatumbo.

Villamizar no solo hizo graves señalamientos a las personas que participan en la movilización, también creó un ambiente hostil hacia las acciones de protesta, con lo que pretende incentivar agresiones contra los manifestantes.

Un integrante de Cisca indicó a esta Agencia la preocupación de los habitantes del territorio: “desde Cisca vemos que este tipo de declaraciones representan un gran riesgo para el movimiento social ya que justifican cualquier tipo de actuación, agresión por parte de la fuerza pública hacia el movimiento social. Así mismo, Villamizar está estigmatizando a la población campesina y rural; la está señalando directamente como parte de un actor en el conflicto. Esto significa que el movimiento social, el movimiento popular, está en una situación muy difícil en cuanto a las posibilidades para ejercer el derecho democrático a la movilización y a la protesta en contra un modelo que reprime, que no garantiza ni siquiera las medidas democráticas para levantarse contra las políticas gubernamentales”.

Agregó que las declaraciones: “Son un atentado contra el campesinado que históricamente ha vivido este tipo de atropellos por parte de la institucionalidad y ha sido muy golpeado cuando se trata de movilizaciones. Aquí en el Catatumbo, todos los pocos derechos pocos que se han conquistado son producto de la movilización. En esa medida, la existencia de este tipo de acciones por parte de la gobernación ya nos dejan en una situación de vulnerabilidad”.

A las declaraciones de los campesinos se sumó el reclamo del Representante a la Cámara por el Polo Democrático Víctor Correa, quien reclamó al ministro del interior Guillermo Rivera por las graves acusaciones del Gobernador Villamizar al Paro Nacional que se avecina (Audio completo AQUÍ)

El Catatumbo en el foco global

Las declaraciones de Villamizar son resultado de la desaparición de la periodista española Salud Hernández Mora, quien, de acuerdo a las declaraciones dadas el pasado miércoles por el presidente Juan Manuel Santos, "se encontraría con el ELN desarrollando un trabajo periodístico", no obstante, un día después de estas declaraciones Luis Carlos Villegas, ministro de defensa, expresó que esta la guerrilla es la responsable de la desaparición de la periodista, y de otros dos periodistas, en contra de su voluntad. Dos versiones oficiales, seguidas y contradictorias, en las que aún no hay claridades suficientes para asegurar o desmentir un secuestro. Hecho que, sin duda, seguirá alimentando los señalamientos en contra de la población de la zona del Catatumbo. En este sentido, hasta ahora no ha habido un comunicado oficial por parte de esta guerrilla asegurando o negando dichas acusaciones. 

Mientras el mundo mira hacia Catatumbo y su falta de control estatal, no hay reconocimiento de los problemas reales que se enfrentan la población de la zona, problemas que la población denuncia frente las autoridades pero responden con silencio.

El Cisca explicó en el comunicado que “los primeros meses del año 2016 han estado marcados por una ola de violencia desmedida en la que se resaltan asesinatos selectivos, feminicidios, masacres, desplazamientos, retenciones arbitrarias, falsos positivos judiciales, desapariciones, en su mayoría cometidos sobre población civil campesina. A la fecha no se ha escuchado un solo pronunciamiento de las instituciones departamentales al respecto, este ha sido un dolor padecido en el silencio de la impunidad por los familiares de las víctimas. Contrasta con ello la respuesta en cabeza de primeros mandos militares y de policía ante el secuestro y la desaparición temporal de algunas personas, unas foráneas y otra extranjera”.

Ahora la preocupación mayor es la falta de garantías para las organizaciones sociales en la zona para salir a la movilización este 30 de mayo. Las autoridades regionales deberán garantizar el derecho a la protesta que con la situación descrita se encuentra en vilo.