miércoles, junio 15, 2016

CCALCP denuncia en audiencia pública que ISAGEN desconoce derecho a la participación en el proyecto hidroeléctrico Piedra del Sol

Con el fin de denunciar que ISAGEN no ha garantizado la efectiva participación de las comunidades que se verán afectadas por la construcción la hidroeléctrica Piedra Del Sol, el pasado 11 de diciembre de 2015, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), junto a las comunidades afectadas, participó de la audiencia pública ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Piedra del Sol que se realizó en San Gil, Santander. La CCALCP presentó una ponencia donde se evidencian las deficiencias durante el proceso de socialización y participación que debe cumplir ISAGEN como parte del procedimiento de solicitud de licencia ambiental, para la realización de la hidroeléctrica.

A través de la ponencia, se denunció que la empresa  no ha garantizado un efectivo proceso de participación, pues desde que inició el estudio en 2010, se han hecho pocas socializaciones, las cuales no fueron realizadas de manera consecutiva, sólo se adelantaron reuniones con algunas autoridades de manera fragmentada, con poca participación y sin lograr una verdadera concertación con las comunidades. Además, no se garantizó la participación a los habitantes de los cascos urbanos y la presencia de la comunidad en general, fue escasa y deficiente.

Por otro lado, no hubo acompañamiento efectivo por parte de las autoridades estatales, de los delegados de la autoridad ambiental regional, de los órganos de control, ni de las universidades públicas. ISAGEN no adelantó la socialización de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) finales, sino que en las reuniones presentaba resultados parciales e inacabados, pues solo hasta el 2014 y por requerimiento de la ANLA, ISAGEN actualizó el deficiente EIA presentado inicialmente en el 2011. Tampoco se ha informado a profundidad, acerca de los impactos generales, no hay claridad respecto de las medidas de manejo ambiental en las zonas afectadas, ni se informó claramente sobre los impactos negativos en los lugares donde el proyecto tendrá desarrollo.

Ante esta situación, las comunidades solicitaron la negación de la licencia  y de manera subsidiaria la suspensión inmediata de los términos para la evaluación y el otorgamiento de la licencia, hasta tanto no se dé un proceso de verificación por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Pidieron también que se adelanten nuevos espacios de participación del estudio de impacto ambiental (EIA) con socializaciones, reuniones conjuntas y acompañamiento de mandatarios locales, órganos de control y entidades académicas, a fin de asegurar la concertación y evaluación por parte de la comunidad, sobre las medidas de manejo ambiental.

El documento presentado expresa: “Solicitamos se realice una evaluación, socialización y participación suficiente, amplia, informada e incluyente, de manera que se haga especial énfasis en los impactos sobre el recurso hídrico, teniendo en cuenta las experiencias negativas  de proyectos similares desarrollados con la técnica a filo de agua, ejecutados por ISAGEN”.  Igualmente, los santandereanos solicitaron la realización de una nueva audiencia pública ambiental y exigen una visita de verificación y acompañamiento por parte de la ANLA y de autoridades locales, regionales y departamentales competentes.

Cabe anotar que el proyecto en cuestión, es parte de un proceso para la construcción de cuatro hidroeléctricas que inició hace más de cuatro años y para el cual, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), aprobó las licencias ambientales para las hidroeléctricas en San Bartolomé y Oibita, sobre el río Oibita en el municipio de Oiba, Santa Rosa, sobre el río Lenguaruco en Suaita, donde también estará la estación de Altamira. Estos proyectos están a cargo de la empresa Hidroestudio Mejía Villegas (HMV), la misma que junto con ISAGEN, proyecta construir la Hidroeléctrica Piedra del Sol en el río Fonce, entre San Gil y Pinchote y que afectará los municipios de Cabrera, Pinchote, San Gil y Socorro.

Si bien, el coordinador de estudios técnicos de HMV, Mauricio Bautista García afirma que han adelantado la ingeniería de detalle como la compra de predios, la realización de talleres de socialización, que se trata de proyectos de “energía limpia” y que “no van a causar desplazamientos de comunidades ni inundaciones”, se han encontrado con el rechazo generalizado de los santandereanos, debido a las denuncias hechas contra ISAGEN, por los daños ocasionados a las comunidades y territorios del río Sogamoso, tras la construcción de Hidrosogamoso, entre las que se cuentan más de 1.000 familias desplazadas, 7.000 hectáreas de tierra inundadas y la pérdida de la biodiversidad del río, además de los impactos y vulneración a los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales de los habitantes en esa zona.

Después de la audiencia pública ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Piedra del Sol, los santandereanos esperan que las autoridades competentes les den una pronta respuesta a las peticiones presentadas y exigen un balance serio, frente a los beneficios y perjuicios que causa este tipo de proyectos. Las obligaciones que le corresponden a ISAGEN y HMV, con el otorgamiento de la licencia ambiental son la generación de transferencias a los municipios y la inversión de tan sólo del 1% de la inversión de la central hidroeléctrica, recursos que supuestamente serían destinados para la protección de cuencas y compra de predios para mitigación, lo que en efecto no reparara los daños ambientales de carácter irreversible y la afectación a las comunidades que habitan el sector y que actualmente se benefician de las cuencas hidrográficas, ahora en riesgo por estos  proyectos hidroeléctricos.