domingo, junio 19, 2016

Colombia: ¿Cuál paz territorial?

|Por: Diego Pérez Guzmán|

En el proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP han ido apareciendo algunos conceptos y enfoques que tienen un importante rol mediático y que, por tanto, ambientan y crean imaginarios determinados sobre el sentido de las negociaciones y las consecuencias de la aplicación de los acuerdos que allí se logren. Una vez promulgado el primer pre-acuerdo sobre “Desarrollo Rural Integral, con enfoque Territorial”, se volvió lugar común hablar de la “Paz Territorial” y escuchar al Alto Comisionado para la Paz repetir una y mil veces que “la paz se negocia en La Habana pero se desarrolla en los territorios”.

Sergio Jaramillo, actual comisionado para la paz, afirmó durante una conferencia en la universidad Externado de Colombia en el 2013:“La construcción conjunta de la paz requiere que abramos en las regiones nuevos espacios de participación, de debate, de sana deliberación democrática entre personas que se tratan como iguales en sus derechos y libertades –entre autoridades, comunidades, víctimas, agricultores, ganaderos, empresarios, comerciantes y también excombatientes reincorporados– para discutir cómo vamos a implementar esas cosas que se acuerden”.

El imaginario inmediato para muchos ciudadanos, producto de estas afirmaciones, es que lo acordado en La Habana por las partes se implementará casi automáticamente en las regiones y territorios. Pero a renglón seguido se dice que la construcción de la paz se hará con la participación y de manera concertada con los diferentes actores (públicos y privados) que actúan en los territorios.

Con este marco propongo analizar, críticamente, dos aspectos: 1) Qué tipo de paz territorial es la que está proponiendo el gobierno (y el establecimiento) y cuál es la paz territorial y cómo construirla desde la perspectiva de las comunidades y organizaciones sociales; 2) Hasta dónde la implementación de los acuerdos de La Habana (llamada fase de  posconflicto) crea efectivamente condiciones favorables para avanzar en un proceso de construcción de paz territorial, sostenible y con justicia social.

¿Qué tipo de paz territorial es la que está proponiendo el gobierno, y cuál es la paz territorial -cómo construirla- desde la perspectiva de las comunidades y organizaciones sociales? El gobierno nacional reconoce, en la mesa de negociaciones de La Habana, que hay “brechas históricas” entre lo rural y lo urbano, concentración de la propiedad y mayores niveles de pobreza, territorios con ausencia de ventajas comparativas, debilidad institucional, desconocimiento de las realidades regionales, falta de garantías para los derechos económicos, sociales y culturales; y, por tanto, concluye que el concepto de paz territorial, responde al reconocimiento de esas brechas en el territorio y a la necesidad de un modelo de “construcción diferenciada de Estado”.

Pero una cosa es el diagnóstico, el marco teórico, y otra las decisiones políticas y las respuestas. La paz territorial que propone el gobierno no es más que un discurso mediático con miras a generar un imaginario que oculte la verdad de lo que se ha venido construyendo y que se mantendrá contra viento y marea: consolidar el modelo económico agroexportador y extractivista, definir los territorios como fuente de acumulación de riquezas e integrar los territorios a una idea de Nación definida por las clases dominantes.

Desde las épocas del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), los distintos gobiernos impulsaron estrategias para “llevar el Estado a las regiones”, haciéndonos creer que se trataba de políticas para superar las brechas históricas, transformar los factores estructurales que originaron el conflicto e incluir a los excluidos de siempre. Así, el PNR posicionó el eslogan de la participación comunitaria; el gobierno de la seguridad democrática se montó en la idea del Estado Comunitario y saturó de fuerza pública el territorio; el plan consolidación vendió la idea de derrotar militarmente a la insurgencia, facilitar los procesos de despojo, acumulación de la tierra, TLCs y presencia de multinacionales; y ahora, la paz territorial se propone como estrategia para la construcción diferenciada del Estado.

Dos conclusiones podemos sacar de estas estrategias: no transformaron ninguno de los factores estructurales del conflicto, al contrario crearon mejores condiciones para el desarrollo del modelo económico y la continuidad del tipo de Estado definido por las élites políticas; además contribuyeron a la fragmentación territorial y a desinstitucionalizar el Estado en lo local.

Hoy, bajo un nuevo nombre, se apunta en la misma dirección. La propuesta del gobierno Santos de que la paz territorial se construye en las regiones y con todos los actores tiene como trasfondo el enfoque de “Articulación Regional Responsable”, que permite colocar en primera línea el diálogo entre actores de un territorio como medio para encontrar la gobernabilidad, la competitividad y el desarrollo humano.

Según el documento “Los planes de desarrollo territoriales como instrumento de construcción de paz” (elaborado conjuntamente este año por el Departamento Nacional de Planeación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Despacho del Ministerio del Posconflicto): “La gobernabilidad legítima e incluyente de una región garantiza entornos “buenos” para la inversión y el desarrollo humano, no importa lo fuerte o grande del sector empresarial, el mercado trabaja con actores de todos los tamaños (empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, etc.)”.

Queda claro que la paz territorial, desde la perspectiva del establecimiento, pretende construir entornos seguros para que la lógica del mercado pueda desarrollarse en óptimas condiciones. Para lograrlo resulta útil la participación de las organizaciones sociales y territoriales, algunos cambios en la arquitectura institucional territorial del Estado, las Zidres y demás figuras de reordenamiento territorial, etc.

Desde la perspectiva de las comunidades y organizaciones sociales, la construcción territorial de la paz es mucho más que prepararse (alistarse) para participar de la forma más positiva y adecuada en la ejecución de los acuerdos firmados entre el gobierno y las guerrillas, a través de unas políticas públicas, programas y proyectos predefinidos. La paz territorial no puede ser un programa o el solo diseño de una arquitectura institucional para implementar acuerdos; se trata de construir el territorio de una manera tal que en él y con él sea posible, para todos los actores allí presentes, vivir bien, transformando los conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales existentes en su territorio. Tanto el territorio como el desarrollo no se reducen a fuente de riqueza, acumulación o aumento del ingreso per cápita, sino que aluden a la posibilidad de realizar las aspiraciones comunitarias.

Las organizaciones sociales demandan una nueva institucionalidad para la paz territorial, lo que implica el reconocimiento real de las autoridades étnicas, de los líderes y lideresas comunitarias y sociales, de los representantes de sus organizaciones como actores legítimos en el territorio y como sujetos políticos capaces de diseñar y de implementar (autónomamente) las políticas públicas que implican el concepto de paz territorial.

Esto exige plantearse el tipo de reorganización territorial para la paz que pasa, primero, por identificar las transformaciones sufridas por el territorio a raíz del conflicto armado, de otras formas de violencia y de los modelos de desarrollo implementados; segundo, reinventar unos nuevos modelos de organización territorial que respondan a las necesidades de sus pobladores y hagan posible la vida digna de todos los que lo habitan. Aquí se deberán debatir y elaborar los planes estratégicos que garanticen la satisfacción de necesidades, el goce de los derechos, la diversidad étnica, la vida digna y el buen vivir de todos y todas sus habitantes.

Los planes de vida o etnodesarrollo que existan, formulados por comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, serán un importante punto de partida de planes estratégicos territoriales para el desarrollo y la paz. Puede pensarse en sistemas de provincias, microrregiones, territorios interculturales, de diversificación productiva, los sistemas de economía campesina, con redes articuladas y epicentros que relacionen lo urbano y lo rural.

La construcción de paz en los territorios pasa por las garantías para que las comunidades y organizaciones sociales puedan reconstruir su proyecto político territorial, entendiendo el territorio como un sistema vivo, un espacio vital para los proyectos colectivos, construidos autónomamente y sin la acción violenta de actores armados, actores económicos y/o actores políticos.

¿Hasta dónde la implementación de los acuerdos de La Habana (llamada fase de posconflicto) crea efectivamente condiciones favorables para avanzar en un proceso de construcción de Paz Territorial, sostenible y con justicia social?

Lo que varios analistas han denominado como “las oportunidades para la paz que generará la implementación de los acuerdos de La Habana” se percibe seriamente obstaculizado por los siguientes elementos:

Mientras avanza la negociación en La Habana y el gobierno moviliza el discurso de la paz territorial, las políticas del gobierno van en contravía: se aprobaron las ZIDRES, continúa la política minera de extracción a gran escala y se diseñan estrategias de respuesta rápida. Estas son entendidas como un conjunto de medidas en justicia, desarrollo y gobernabilidad con impacto material y simbólico visible en los territorios y ante la opinión pública, que contribuirán a generar confianza ciudadana en la paz y el Estado, y a aportar a la estabilidad ante la eventual firma de los acuerdos de paz.

Según se constata en el documento Los planes de desarrollo territoriales como instrumento de construcción de paz mencionado arriba, la Respuesta Rápida tendrá cinco enfoques transversales: participación comunitaria, reconciliación, enfoque diferencial, acción sin daño ambiental y sostenibilidad en las políticas públicas locales y nacionales; impulsará proyectos como generación de ingresos, ampliación de servicios de crédito y asistencia técnica agropecuaria; también se ocupará del mantenimiento y construcción de vías terciarias. Si bien son legítimas estas acciones de Respuesta Rápida, allí puede quedarse la intervención del Estado en detrimento de una política pública integral para la paz en los territorios.

A lo anterior se suman los condicionamientos puestos por el gobierno nacional para iniciar formalmente las negociaciones con el ELN y la estrategia de guerra sucia, asesinatos y amenazas de los grupos paramilitares a líderes sociales en territorios estratégicos para el posconflicto. También se suma la ausencia del enfoque diferencial y étnico de los acuerdos de La Habana y la renuencia de las partes a escuchar las preocupaciones y propuestas de las organizaciones afrocolombianas e indígenas.

En esta misma sumatoria ubicamos la ausencia de concertación con las comunidades, organizaciones sociales y líderes locales respecto a las formas como se van a implementar los acuerdos de La Habana, en general, y en particular las propuestas de desarrollo rural, ZRC (Zonas de Reserva Campesina), las ZIDRES, las zonas de concentración, las zonas de verificación, la focalización, priorización y definición de los territorios del posconflicto. Todos estos aspectos tienen impactos y consecuencias en los territorios. También el incumplimiento sistemático del gobierno nacional a los acuerdos pactados con las organizaciones sociales y el tratamiento represivo que le está dando a la protesta social, como está sucediendo con las organizaciones y los participantes de la Minga Nacional Agraria, convocada por la Cumbre Nacional.

Lo anterior indica la dispersión, falta de armonización y de claridad del continuum entre la implementación de los acuerdos de La Habana y la construcción de paz territorial. Esto no solo genera mayores fracturas en el territorio sino que también en el marco del “desorden por la paz”, como lo denominó el periodista Juan Diego Restrepo, facilita el logro de la paz que quieren las élites y el gobierno nacional y que no es la misma paz que las comunidades y organizaciones hace años vienen tratando de construir en sus territorios.

Ilustración: lalineadefuego.info