domingo, junio 05, 2016

El plebiscito en la corte: poder constituyente y constituido, soberanía

|Por: Jaime Araujo Renteria|

La audiencia sobre el plebiscito en la Corte Constitucional, dejo mas confusiones que claridades. Expresiones como que el presidente NO necesita consultar al pueblo para la paz; o que el Congreso y la Propia Corte Constitucional pueden actuar de espaldas al pueblo Colombiano; exigen una pronta y categorica respuesta que desmienta esas falacias.

Los tres: El Presidente, el Congreso y la Corte Constitucional, son poderes constituidos y NO poderes constituyentes. Como todo poder constituido están sometidos a la constitución.  El sujeto titular del poder constituyente es el pueblo, NO el Presidente, ni el congreso ni las Cortes. La constitución es un límite  a los poderes constituidos, no para el pueblo. Las constituciones, como dijo Sieyes, son llamadas fundamentales, no en el sentido de que puedan llegar a ser independientes de la voluntad del pueblo,  “sino porque los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no pueden tocarlas ni violarlas. En cada una de sus partes la constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de la delegación”.

El pueblo no está sometido a la constitución: esto implica: 1) El pueblo no está sometida a ninguna forma de derecho positivo y 2) El pueblo puede darse la forma-de Gobierno-política que quiera. La constitución es un medio para un fin: proteger los derechos del individuo. La protección de estos derechos, es la razón de ser de la organización política. Como dijera el abate Sieyes: El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, que se encargaría de un sólo asunto y por tiempo limitado. Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente.

La existencia de una constitución, con toda la problemática filosófica que lleva anexa, como es por ejemplo, que debe contener la constitución, cuales son los poderes constituidos, cuando se suspende, como se reforma, como interpretarla, etc., presupone metodológicamente, dar respuesta a la pregunta, que en su momento se hiciera Enmanuel Sieyes cuando al discutirse la primera constitución  francesa manifestó: “Una constitución supone, ante todo, un poder constituyente” o ¿Quién tiene el poder para dar la constitución? o lo que es lo mismo ¿quién tiene el poder constituyente? La pregunta de ¿quién tiene el poder constituyente? presupone dar respuesta a otra pregunta: ¿quién tiene la soberanía? ya que el poder Constituyente no es más que un atributo o manifestación de la soberanía, como lo descubrieron los revolucionarios americanos y luego los franceses. El poder constituyente no es más que una consecuencia de la soberanía. Para determinar quién tiene el poder constituyente, debemos absolver, en primer lugar el interrogante de ¿quién es el soberano? Preguntarse por el soberano es inquirir por el sujeto titular del poder político. El sujeto titular del poder político, en el estado moderno y especialmente, en el estado democrático de derecho, a causa de las revoluciones burguesas, se traslado del gobernante al gobernado, se le quito al rey y se radico en el pueblo como dijera Rousseau (o nación como dijera Sieyes). Determinado quién es el sujeto titular del poder público, es fijar un principio alrededor del cual gira la teoría jurídica de la Constitución, ya que el pueblo titular del poder político, es por esa misma razón titular de la soberanía (que no es otra cosa que el máximo poder político) y en consecuencia titular del poder constituyente, que es el principal atributo de la soberanía y quien tiene el poder para dar la constitución tiene así mismo el poder para reformarla, determinar sus contenidos. Este principio se encuentra plasmado en  nuestra constitución en el “Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público...” y tiene valor no por que lo diga la constitución, que es hija del ejercicio de la soberanía, y aun que la constitución dijera lo contrario.

Para Rousseau el soberano (el pueblo), no es obligatoria ninguna ley, ni siquiera el pacto mismo (la constitución) “no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni aún el mismo contrato social”. El gobernante no es para Rousseau el titular de la soberanía sino el ejecutor de la voluntad general, por eso define el gobierno como “un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política21. Si el gobernante usurpa la soberanía, el pacto social se destruye y cesa la obediencia del gobernado; “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”. Rousseau considera que el único contrato social es el de la asociación y este, excluye a todos los demás. El acto por el cual un pueblo se da un gobierno no constituye un contrato. “El acto que instituye un gobierno es una ley; los depositarios del poder ejecutivo son funcionarios del pueblo, que este puede nombrar y destituir cuando les plazca”.

Similares principios se habían plasmado antes en la revolución americana, Tomás Jefferson, principal teórico de los revolucionarios norteamericanos, afirmaba que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres y tienen determinados derechos congénitos: a vivir, a poseer bienes, a la felicidad y a la seguridad. Los gobiernos los forman los hombres, y los instituyen para que les garanticen esos derechos, pero incluso después de la institución de los gobiernos, los pueblos continúan siendo el poder supremo, y las personas investidas de poder son sus representantes. Si el gobierno deja de garantizar la dicha y la seguridad del pueblo, la mayoría de éste tiene el derecho inalienable de “reformarlo”, cambiando e incluso “destituirlo”, procediendo del modo necesario para asegurar el bien general del pueblo”.

Definido que los dueños de la soberanía y del poder constituyente somos el pueblo y no los poderes constituidos, llámense presidente, congreso o cortes; que estos poderes constituidos están sometidos a la constitución; pero que el pueblo, como soberano está por encima de ella; que el pueblo puede siempre reformar, cambiar o destituir a los poderes constituidos, que el árbitro supremo en la democracia siempre es el pueblo y NO los poderes constituidos y que en los momentos de crisis, debe ser consultado obligatoriamente; es un absurdo manifestar como dijo el fiscal anterior y ahora repitió en la audiencia el encargado, que la Paz en Colombia puede hacerla el Presidente sin Consultar al pueblo. Al fiscal y al Presidente se le olvida-y ojala a la Corte NO se le olvide-que ellos no gobiernan por ser dioses (Asi sean Santos), ni por mandato divino, sino única y exclusivamente en nombre del pueblo Colombiano, y solo mientras el pueblo los toma en sus propias manos mediante la democracia directa. Como es también un ex abrupto, Ético, político y jurídico manifestar que los poderes constituidos pueden excluir al pueblo, al poder constituyente, al soberano; a la sociedad civil, a las víctimas de la violencia de participar de en las decisiones que lo afectan (artículo 2 de nuestra constitución). Ni el actor armado Gobierno, ni ningún otro actor armado pueden obligar a las víctimas a que los perdonen. Por otra razón jurídica-política: En la democracia, cuando hay problemas existenciales, que dividen y polarizan a la sociedad civil, se debe consultar al pueblo soberano y constituyente y que por lo mismo es el árbitro supremo para dirimir conflictos y es él quien debe adoptar las decisiones. Los problemas conflictuales de toda las sociedades civiles, desde el punto de vista de legitimación del poder político, es obligación llevarlos al pueblo, para que diga quien tiene la razón.

No sólo el tema o la manera de hacer la paz. Temas como el aborto, como el divorcio, como la pena de muerte: en ninguna sociedad hay unanimidad. No hay unanimidad en Estados Unidos, no  la hay en Europa. No hay unanimidad ni en Colombia ni en China. Entonces ahí tienen que jugar las mayorías y las minorías. Porque cuando uno ve las estadísticas las diferencias siempre son mínimas. Por ejemplo, la gente está de acuerdo con el aborto en un 51%. Y resulta que hay un 49% en contra. Lo mismo sucede, con la pena de muerte, o la adopción de niños por parejas del mismo sexo; o si los actores armados tanto del estado como de la guerrilla van a quedar impunes o no. Esta falta de unanimidad, en estos y otros temas, Es un dato de la realidad política y psicológica. Esos conflictos, existenciales para llamarlos de alguna manera, la mejor forma de definirlos, para que uno acepte que no es una imposición, es la democracia: mayorías y minorías. Pero además, hay que estar preparados para cualquier resultado. Y cualquier resultado puede ser que el pueblo de Colombia diga que no. Nosotros preferimos que diga que sí, pero aquellos que dicen que representan al pueblo si pierden no pueden salir después con la tesis de que “el pueblo no es el titular del poder y no era quien debía definir el asunto”. En eso tenemos que ser claros, absolutamente claros.

DEMOCRACIA Y PLEBISCITO

La Constitución de Colombia se refiere al plebiscito en los artículos: 40 (2), 103 y 241 (3) y se desarrolla con la ley 134 de 1994: “ARTÍCULO 7o. EL PLEBISCITO. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.”

La técnica del plebiscito implica el sometimiento al pueblo de una decisión entre un sí y un no, con respecto a una opción propuesta. Por el uso y el abuso que del plebiscito han hecho los regímenes autocráticos ha cogido un sabor antidemocrático. Las dictaduras y el autoritarismo no están forzosamente reñidos con las urnas. Incluso en ocasiones utiliza el plebiscito y el voto para legitimarse. Basta recordar los plebiscitos de Napoleón Bonaparte, de Hitler para anexionarse Austria en 1938 o el de 1934 para convertirse en jefe de Estado. En nuestros lares tampoco han faltado ejemplos como los de Pinochet de 1978 y 1980; el de la dictadura uruguaya de 1980.

En otro escrito me he referido con mayor profundidad al tema del plebiscito y a el me remito. Ahora debemos detenernos en otro aspecto, que es el relativo a si se puede considerar “decisión del pueblo” la de una minoría o es necesaria la participación de la mayoría, para que sea verdaderamente democrática. Sobre la democracia pueden decirse muchas cosas, pero sus tres conceptos fundamentales son desde Aristóteles: poder del pueblo (o como dijera Abraham Lincoln: “Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo), libertad e igualdad de los ciudadanos. Como dijera Aristóteles, en su libro la política: “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”. “En la democracia es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”. “El fundamento del régimen democrático es la libertad; es el fin a que tiende toda democracia...Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo (lo que beneficie a la mayoría)...Otra es el vivir como se quiere, esta es el resultado de la libertad... Este es el segundo rasgo esencial de la democracia, y de aquí vino el no ser gobernado, si es posible por nadie, y si no, por turno. Esta característica contribuye a la libertad fundada en la igualdad”.

Una manera de garantizar que sean las mayorías quienes decidan es estableciendo lo que en el derecho electoral se conocen como Umbrales y que en un número mínimo de personas que deben participar, antes de adoptar una decisión y para que la decisión se pueda tomar validamente. Por eso es que en muchos países, para garantizar el principio democrático se exige que participe (un umbral) por lo menos la mitad + 1 de integrantes del censo electoral; por ejemplo, en italia para que un referendo sea válido se necesita que participe por lo menos la mitad más uno de los integrantes del censo electoral y solo después se cuenta quien gano, si el NO o el SI. Situación similar era la prevista por La ley 134 de 1994 en su Artículo 80 decía: “Efecto de votación. El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”. Ahora, en el afan de aprobar el plebiscito, se ha bajado extremadamente el umbral, con lo que se corre el riesgo de que sea una minoría la que apruebe o rechace la Paz.

El otro tema en relación con el plebiscito es que el gobierno elude su responsabilidad en el caso de que pierda el plebiscito.

Como se puede observar El plebiscito, en el derecho comparado y en el colombiano va dirigido más que todo al gobernante: es el rechazo o apoyo que se le da a un gobernante. A los electores se les llama a pronunciarse no sobre un texto sino a testimoniar su confianza en el hombre de Estado que le pregunta; también debe tener efectos favorables o desfavorables sobre el presidente de la Republica y su Gobierno; de modo que si el Presidente pierde el plebiscito, debe perder también el gobierno. Esto es válido no solo para los plebiscitos puros, sino también para los denominados “referéndum Plebiscitarios” como fue el caso del Presidente Francés Charles Degaulle, quien al perder el plebiscito tuvo que dejar el poder.

En el caso de Colombia, esta consecuencia de comprometer la suerte del propio presidente y de su gobierno, es más necesaria, con el fin de evitar que el presidente NO se comprometa con el proceso de paz, deje solo a los rebeldes, diga que los que perdieron fueron ellos y ahora deben someterse como delincuentes comunes y no reconocerles el status de rebeldes políticos. En una palabra, para que como dice el pueblo NO les ponga Conejo, a los hombres armados que estuvieron en conejo.

Ojala a la Corte Constitucional al momento de fallar sobre el plebiscito, no le falle la memoria para que se acuerde, que ella, como el gobierno y el congreso son poderes constituidos; que el único que tiene poder constituyente y es soberano es el pueblo y que por lo mismo, la sociedad civil, no puede ser excluida ni del plebiscito, ni de una verdadera constituyente; ni de cualquier otro asunto, como árbitro supremo en un estado verdaderamente democrático.

Necropolítica, agua y Banco Mundial

El agua es de todos los seres vivos que habitamos el planeta tierra. De manera que la privatización del recurso no es la solución ni mucho menos un camino viable para los problemas de escasez y abastecimiento que enfrentamos hoy, al contrario, los agudiza.

|Por Mauricio Ramírez|

 “Poco a poco se han convertido en los acreedores de la humanidad, y por eso es que la gente está desconfiando…es hora de que nos traten por lo que somos, no como clientes o ratas de laboratorio, sino como seres humanos”. Cantinflas.

¿Cómo el Banco Mundial (BM) se presta para financiar megaproyectos de administración de aguas en países pobres con grandes tensiones hídricas, teniendo el conocimiento de que los que van a tomar el control son transnacionales que tienen como único y último fin lucrar de la venta del agua? Ello refleja que el verdadero interés de esta institución es estudiar qué tipos de proyectos financiar, que sean buen negocio y establecer de cuantos millones va a ser su ganancia con el financiamiento de los mismos. Es claro y rescatable, que el recurso hídrico es una derecho humano decretado así por Naciones Unidas en 2010, situación que pone en entredicho y hace que se cuestione seriamente el accionar del BM, ya que con el apoyo indirecto a la privatización del líquido que brinda, deja sobre la mesa y de forma taxativa, que se encuentra por encima y en primer lugar el derecho comercial y económico, antes que los mismos derechos humanos.

Los tintes filantrópicos que dice tener esta institución parecen no existir. Si estamos hablando que el agua es la base de la sobrevivencia para todo ser vivo que habita el planeta y para este mismo, nos encontramos ante un recurso que, si se piensa conscientemente y de forma racional, no debería ni siquiera pensarse en privatizarlo, porque simplemente nos pertenece a todos, es un absurdo de proporciones épicas, el que una pequeña y oligárquica cúpula del poder mundial decida quién o quiénes van a ser los dueños y señores del agua en el mundo. Lo que está haciendo esta gran industria creciente que comercializa el recurso hídrico es decidiendo de forma despótica y autoritaria quién vive y quién muere, así de sencillo. El profesor africano y analista de política internacional, Achille Mbembe, ha llamado a este tipo de modus operandi capitalista, necropolítica.Ésta consiste, en que se ha llegado a un punto de no retorno tal, que ya no es el propio Estado el que decide sobre la vida o la muerte de las personas (tanatopolítica), ahora el poder que tiene el capital privado y multinacional es tal, que ha llegado a asumir dichas funciones características de los tradicionales Estado-nación.

Este autor plantea el concepto de gobierno privado indirecto, en el cual, los que deciden sobre la vida y la muerte de las personas son las grandes empresas transnacionales, a causa del proceso neoliberal y globalizador de privatización y comercialización masiva de todos los bienes y servicios a los que se les pueda aplicar dicha lógica (educación, salud, agua, energía, etc). Lo que hubo, en palabras de Mbembe, fue un traspaso del ejercicio activo del poder soberano a manos de redes paraestatales (como en África por ejemplo) y grandes sistemas de producción (transnacionales). El régimen necropolítico no es solo típico de África, razón por la cual Mbembe desarrolla su tesis, sino, de todo el mundo, especialmente de los países con mayores niveles de pobreza y mal-desarrollo[1].

Lo que se está presentando con la privatización del agua en el mundo y bajo el respaldo financiero del BM, es un buen ejemplo de la ejecución de un régimen necropolítico despótico y divorciado de la vida misma, sin interés por preservarla o tan siquiera respetarla. Su fin es el de dominar el comercio mundial del agua y desposeer a los pueblos de las fuentes de abastecimiento de dicho recurso[2]. Parte del mito sobre las ventajas de la privatización, es que al ser manejado en manos privadas, la calidad del servicio así como del abastecimiento, mantenimiento y cobertura territorial van a ser mejores que las de los Estados. Esto no es verdad, se han presentado casos como por ejemplo el de Bolivia, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, entre otros, donde las empresas concesionarias no han cumplido con los estándares adecuados y prometidos, la población ha salido a las calles a pelear por los altos precios de los recibos del servicio o los casos de corrupción han dado con el abandono de los contratos y el retorno a la administración pública de este servicio.

Si bien es cierto el BM no tiene como política oficial escrita en un documento que está abiertamente apoyando e impulsando la privatización del agua, presta miles de millones de dólares para la financiación de grandes mega proyectos de infraestructura y privatización del líquido en diversas partes del mundo, como el caso de Marruecos en 2007, cuando le concedió un préstamo de US$100 millones, el primer gran préstamo para el desarrollo de políticas del sector del agua, como ellos las llaman. También presta asistencia en el desarrollo de una asociación público-privada para la desalinización en la región de Souss-Massa, destinada a complementar los recursos de riego y conservar las capas subterráneas.

Este es el primer caso en el norte de África, en que el BM participa en proyectos relacionados con el manejo y distribución del recurso hídrico, durante el 2010, el BM aprobó tres proyectos nuevos relacionados con el agua por un total combinado de US$285 millones, estos proyectos son: el Proyecto de Saneamiento en Oum Er Rbia, el Proyecto de Riego en Oum Er Rbia y el Proyecto Regional de Abastecimiento de Agua Potable, todos ellos en Marruecos (Consultado en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22991635~menuPK:3949143~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html ).  

Barlow y Clarke argumentan en su libro “Oro Azul”, que en otras partes de África el BM ha actuado con la ayuda de otros entes como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD a favor de los intereses de los señores del agua.

en 1999, el BM obligó a Mozambique a privatizar sus servicios del agua como condición para obtener un crédito con el que financiar el desarrollo de las infraestructuras y prorrogar el pago de la deuda del país. A través del BIRD, el BM trabajó en colaboración del Banco Africano de Desarrollo y otras agencias de financiación para ofrecer a Mozambique un préstamo de 117 millones de dólares. Como condición de este préstamo del BIRD, Mozambique se vio obligado a privatizar sus servicios de agua. El beneficiario del contrato fue la empresa francesa SAUR. El BM ha recurrido a este mismo modelo de financiación en otros países no industrializados, como el de Cochabamba en Bolivia” (Barlow y Clarke, 2004, p 250-251).

El caso de Bolivia ha sido uno de los más sonados y conocidos que en los últimos años se ha presentado con respecto al tema de la privatización del agua. Actualmente el BM ha puesto sus ojos sobre el acuífero Guaraní, ubicado en el sur del continente americano. Para el mes de julio de 2004 este ente hizo un llamado a licitación para que se realizara un nuevo mapa base del acuífero, con el fin de realizar un estudio hidro-geológico de la región. Hinde Pomeraniec, sostiene que:

“el Banco Mundial, a través del GEF (uno de sus brazos, especializado en cuestiones de medio ambiente) financia lo pertinente a investigación y a los trabajos tendientes a lograr el "desarrollo sustentable" del acuífero. Fue cuando los gobiernos que comparten el yacimiento pusieron en manos extra nacionales el estudio de los recursos del recurso, lo que, en función de las miradas más desconfiadas, es como haber servido en bandeja el tesoro” (Consultado en http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/agua/acuifero_guarani.htm).

Muchas organizaciones son las que han dado seguimiento a este tipo de políticas y que tienen una postura muy clara al respecto. Una de ella es la Corporate Accountability International (CAI), ONG situada en Estados unidos y que ha invitado al BM a dejar de financiar al sector privado del agua, argumentado los evidentes riesgos que la privatización acarrearía en especial para los sectores mas vulnerables de la población:

“La CAI exhortó al Banco Mundial a dejar de financiar el sector privado en el agua y a cambiar la dirección de los fondos para enfocarlos en instituciones públicas y democráticamente responsables…La CAI también critica varios conflictos de intereses, como el hecho de que el Banco Mundial sea dueño de empresas del agua mientras a la vez se presenta como consejero imparcial. Al final de cuentas, el “Banco Mundial ha sido el motor detrás de esta invasión corporativa en los sistemas y en los servicios del agua”, indica en su sitio web…El Banco Mundial estimula a los países a que privaticen sus sistemas de agua o los modifiquen para que se centren en hacer ganancias, señaló CAI. El organismo multilateral también promueve el desarrollo de infraestructuras que ofrecen ventajas para los “usuarios de grandes corporaciones por encima de los (intereses de los) individuos o las comunidades…En medio de una crisis mundial del agua, el Banco está derrochando los recursos necesarios para salvar millones de vidas”, dijo la directora ejecutiva de CAI, Kelle Louaillier. ”Sus estatutos establecen que debe ayudar a los que tienen más necesidad, pero su apuesta financiera a las corporaciones del agua está creando perversos incentivos que socavan la propia misión del Banco”, añadió”. (Consultado en http://periodismohumano.com/sociedad/el-banco-mundial-financia-el-fracaso-de-la-privatizacion-del-agua.html)

Es claro que en un contexto en el cual el agua empieza a escasear, los diversos actores del Sistema Internacional van a establecer mapas y demás instrumentos que les permitan establecer y localizar el espacio en el que se encuentran las mayores reservas del recurso hídrico en el mundo, con miras a tenerlos bien ubicados y para crear estrategias políticas y militares con el fin de lograr el acceso al mismo. Otro gran objetivo sería consolidar un régimen internacional (cartel) del agua, el cual permita ordenar y establecer las reglas para el abastecimiento y distribución de un recurso que es fuente de poder, en otras palabras, buscan organizar el mercado mundial del agua. El peligro que representa la privatización del líquido en el mundo es alarmante, ya que cientos de millones de personas de países pobres y sin acceso no podrán obtenerlo, a causa de que no cuentan con la capacidad y solvencia económica.

Pero estos regímenes son creados y conformados por Estados, Organismos Internacionales y empresas transnacionales con cierto grado de influencia e incidencia a nivel internacional, con la pretensión de alcanzar objetivos políticos y económicos concretos en contextos difíciles, de crisis o colapso. Tampoco son diseñados para ayudar a todos los actores políticos involucrados por igual, ya que no es ese su fin último:

“Los regímenes internacionales contemporáneos ayudan a que los países desarrollados industrializados cooperen entre sí, pues sirven a sus intereses. Crean algunos beneficios para los países pobres, pero son pequeños comparados con los que harían falta para corregir las grandes violaciones de los derechos humanos básicos que se producen cuando las personas se mueren de inanición o cuando carecen de agua corriente, de cuidados médicos o viviendas decentes…estos regímenes pueden pensarse como acuerdos que facilitan los intercambios no simultáneos” (Keohane, 1988, p 167-316).

En ocasiones, como lo fundamenta Keohane, los regímenes tienden a facilitar intercambios materiales desequilibrados. Cuando en un momento dado, una parte suministra más recursos tangibles que la otra, al igual con los cambios no simultáneos, que según el autor, son cuando una de las partes debe de aceptar obligaciones, reglas o principios específicos como resultado de la formación de los mismos.

Actualmente, existen varias empresas transnacionales, que forman parte de este régimen internacional del agua, como lo son las francesas Veolia, ex Vivendi, Ondeo, filial de Suez-Lyonnaise, Saur, propiedad de grupo Bouygues (este es un grupo industrial francés de capital privado fundado en 1952, cuenta con 124 000 trabajadores en alrededor de 80 países) hasta noviembre de 2004[3]. De la mano se encuentra la alemana Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE), Thames Water en Reino Unido y American Water Works en Estados Unidos, estas dos últimas afiliadas a la alemana RWE, las únicas en capacidad de hacer competencia a las empresas francesas.

Todas ellas tienen presencia y venden sus servicios en diferentes países del mundo, la empresa Thames Water, por ejemplo, que aparte de controlar la distribución de agua en Londres, gestiona acueductos en Puerto Rico, Australia y Tailandia. RWE, por su parte, ofrece sus servicios en Estados Unidos, Reino Unidos, Polonia, República Checa, Hungría, Holanda, Eslovaquia y Turquía (Consultado en: http://www.rwe.com/web/cms/en/1029638/rwe/about-rwe/rwe-group/).

Como característica fundamental del discurso de la globalización económica y del fin de la historia de Fukuyama, se pensó que la única solución era el achicamiento del aparato estatal a una función meramente represiva (ni siquiera preventiva, si se quiere), lo que dio con la mercantilización de todos aquellos bienes y servicios de los cuales se pudiera obtener una buena ganancia, sin importar cuán ilógico e irracional puede ser aplicar dicho pensamiento a todo cuanto tenga fundamento ontológico alguno. Eso es lo que ha pasado con el agua en el planeta, los magnates de las inversiones hablan que el líquido vital es el “negocio del siglo[4]” por lo que sus grandes amigos banqueros, financiaran proyectos de este tipo, sin pensar en todas las consecuencias que esto puede acarrear. En Costa Rica por ejemplo, 1 litro de agua embotellada vale $2, mientras que 1 litro de gasolina súper cuesta alrededor de 95 centavos de dólar (esto al mes de mayo de 2016).

Desde principios de los años noventas, las tendencias que organismos como el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo, algunos Estados y empresas transnacionales han venido promoviendo para el manejo del agua, es la privatización. La década del noventa, fue catalogada por los estudiosos en la materia como la década de la privatización del agua. Citando a Martín Latorraca y Maximiliano Martínez, en un artículo publicado en 2005, en la edición argentina número 74 de Le Monde Diplomatique en la cual se toca el tema del agua, ellos afirman lo siguiente:

“La década del 90’ marcó un momento clave en la gestión del agua, ya que en 1995 se suscribió el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), como parte de los compromisos impulsados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que estableció un proceso de liberalización, desregulación y privatización de los servicios básicos, apuntando a la creación de mercados globales del agua, la energía, las telecomunicaciones, la salud y la educación, entre otros. Bajo este marco, gobiernos de todo el mundo (incluidos países desarrollados) comenzaron a transferir su capacidad de control de los recursos naturales a grupos de empresas privadas: las francesas Vivendi y Suez y la alemana RWE, que adquirió dos importantes empresas de agua. Thames Water en Reino Unido y American Works en Estados Unidos.” (Latorraca y Martínez, 2005, p 9)

Si el agua da ganancias ahí financiarán, aunque al final la mayoría no pueda acceder a ella, de aquí la necesidad de que un país como Costa Rica sepa proteger y resguardar este tan preciado y apetecido recurso. Naciones como Noruega e Italia, son un buen ejemplo en tanto quitaron su ayuda económica al BM, porque esos fondos se estaban usando para financiar proyectos de privatización de un derecho humano[5].

El agua es de todos los seres vivos que habitamos el planeta tierra. De manera que la privatización del recurso no es la solución ni mucho menos un camino viable para los problemas de escasez y abastecimiento que enfrentamos hoy, al contrario, los agudiza. Todos los pueblos y naciones deben unirse y luchar por una administración pública del líquido, defender las fuentes y no permitir que actores internacionales introduzcan cláusulas especiales de concesión de los servicios públicos de los países a cambio de préstamos o tratados de libre comercio.

Promover, aunque sea de manera indirecta, modelos de privatización de los recursos naturales que son básicos para la existencia de la vida, es fomentar un régimen necropolítico, en tanto, significa que el Estado transfiere bajo la presión de organismos internacionales, un poder sin precedentes a gentes que no les importa en lo más mínimo el distribuir de forma equitativa esos recursos. El afán claro por el cual desean acaparar las pocas reservas que quedan, entre otras cosas[6], es el de lucrar y maximizar ganancias al costo que sea (sin importar que hayan vidas humanas en riesgo). El peligro de estos procesos de acumulación por expropiación, es que la situación a nivel internacional se va a tornar cada vez más violenta y las soluciones que los gobiernos van a dar, serán igual de violentas que su contexto. 


NOTAS: 
[1] Véase El País, 15 de octubre de 2011. En http://elpais.com/diario/2011/10/15/babelia/1318637561_850215.html
[2] En un contexto de colapso mundial, se vuelve indispensable el acceso a recursos naturales estratégicos, ya que los que detenten el poder van a ser aquellos que posean las principales fuentes de los mismos, entre ellos, el líquido vital, que además de encontrarse escaseando, los países están dispuestos a obtenerlo utilizando la herramienta de la guerra como mecanismo ideal para su distribución y control, junto con los tratados de libre comercio y procesos de privatización para el abastecimiento que la industria en general y el país demande.
[3] Solamente estas tres grandes empresas francesas controlan el 70% del mercado mundial del agua, por lo que podemos hablar de la existencia de un oligopolio, lo cual hace que éstas se conviertan en las amas y señoras del agua a nivel mundial, permitiéndoles así, establecer los precios que consideren “adecuados y justos” para la distribución, administración, mantenimiento y abastecimiento del recurso (Barlow y Clarke 2004).
[6] Es menester recordar una vez más que, tanto el agua, así como el petróleo, el gas natural y otros, son consideradosrecursos estratégicos, debido a que existe una clara y creciente dependencia por parte de muchas naciones hacia ellos, en un contexto mundial de escasez de los mismos, razón por la cual a través de los años, han pasado a convertirse en fuentes importantes de poder dentro del ajedrez político internacional y en focos de diversos tipos de conflictos.
Especial para Con Nuestra América