lunes, junio 20, 2016

En la Universidad del Tolima continúa debate por la lesiva propuesta de ingresar a ley 550

Se cumplió la segunda jornada de discusión sobre la posibilidad de aplicar la Ley 550 de 1999, comúnmente conocida como “ley de quiebras”, a la Universidad del Tolima.

Estudiantes, profesores, trabajadores y directivos se dieron cita para escuchar las intervenciones del Ministerio de Educación Nacional y de ASPU, en torno a la pertinencia y la viabilidad de aplicar las disposiciones de dicha ley en el marco de la grave crisis que afronta el alma mater.

Por parte del Ministerio de Educación Nacional, intervino la doctora Durley Romero Torres, quien dejó claro que la situación de la universidad amerita el inicio del proceso de intervención, sobre la base de una reestructuración profunda de la institución que impida el agravamiento de la crisis y además permita sanear las finanzas institucionales.

Pese a la tremendamente lesiva experiencia de la Universidad del Atlántico, de la cual la expositora ha sido protagonista como parte del equipo promotor de la ley, el MEN recomienda extender a la Universidad del Tolima las medidas de “recuperación fiscal” llevadas a cabo, entre las que se podrían contar: alza en las matrículas, recorte de las garantías laborales adquiridas por la vía de convenciones y negociaciones colectivas, despidos masivos, tercerización, entre otras.

Así lo ratificó el asesor jurídico de ASPU nacional, Fabio Rivera, quien insistió en la gravísima injerencia que, tanto la Ley 550 como la Ley 1740 de Inspección y Vigilancia (que también se baraja como posible mecanismo de intervención, de acuerdo con el discurso del Rector), tienen sobre la Autonomía Universitaria.

Si bien el Rector señaló que no contemplaba la aplicación de la Ley 550 a la universidad (pese a que él mismo por medio de una carta le pidió, en el pasado mes de febrero, al Ministerio de Hacienda que le permitiera aplicarla), insistió en el endeudamiento de con la banca privada, asunto que se mantiene en debate tanto en el Consejo Superior como en el seno de la comunidad universitaria. Al respecto, voces de distintos estamentos insistieron en la responsabilidad de la actual administración y su equipo directivo en el ahondamiento de la crisis, responsabilidad que no parece ser asumida por los actores en cuestión.

Para ASPU, tanto el endeudamiento como la aplicación de la ley de quiebras, representan escenarios muy negativos para la universidad, que pueden llevar al traste, no solo sus funciones misionales sino su propia permanencia como centro de formación y producción de conocimiento.

Desde ASPU, seguimos convencidos de que es en los espacios amplios, democráticos y autónomos, como la Asamblea Universitaria, en donde se podrá avanzar en las grandes transformaciones que precisa nuestra Alma Máter, para que recupere el sentido que tiene para la sociedad como órgano rector de la educación superior.