viernes, julio 08, 2016

Decenas de miles de maestros ni ascenderán ni se reubicarán debido a la tramposa evaluación montada entre el gobierno y Fecode

|Por Arturo Stevenson, Ludwing Niccolò Romanovich y Alejandro Torres|

El pasado 23 de junio el Comité Ejecutivo de Fecode convocó a una rueda de prensa para informar, por boca de su presidente y gastando gran prosopopeya, que había roto relaciones con el Ministerio de Educación; que en adelante solo aceptaría dialogar con “el director de la orquesta”, el presidente Santos, y que se disponía a convocar a un nuevo paro nacional indefinido desde los primeros días de julio.
Según Luis Grubert, presidente del sindicato, el gobierno le había “declarado la guerra al magisterio”, y que la copa la habían rebosado las “trampas” oficiales a la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa (sic), ECDF. Por lo demás, que el ICFES había fracasado en la aplicación de las encuestas; que faltaban todavía unos 2.000 maestros por grabar y que unos 6.000 aún no habían subido el video a la plataforma; que los resultados se estaban mostrando de manera parcial, lo que generaba zozobra y desconfianza; y que sin el conocimiento de los resultados totales no se podía aplicar el llamado “principio de favorabilidad”. 

Además, que el Ministerio venía dictando una serie de normas de manera unilateral, por ejemplo, en materia de ingreso a la carrera docente y de jornada única; y que en cuanto a la salud se venía presentando un “marchitamiento” del servicio. Con gesto dolorido insistía en que, dado que la fecha coincidía con la de la declaración del cese al fuego bilateral que el gobierno y las FARC estaban anunciando en La Habana, su actitud no debía interpretarse como un desplante a los acuerdos, sino que estos debían extenderse también a los conflictos sociales, pero que parecía que el gobierno tenía enquistados en el Ministerio algunos enemigos agazapados de la paz que, con aviesas intenciones, malquistaban al Señor Presidente con los educadores.

No sobra comentar el artificio de sugerir que la paz en cierne con las FARC conlleva el respeto a los derechos de las mayorías y pasará a una segunda etapa en la que la oligarquía dominante se desvelará por construir “una nueva Colombia: democrática y equitativa”, tal cual reza el comunicado de Fecode del 23 de junio. Por el contrario, lo que debe saludarse de este importante hecho es que se cierre un ciclo de violencia inútil que ha afectado a inmensas regiones y que las luchas de las masas podrán desplegarse en un ambiente en el cual será más difícil acusarlas de que responden a los designios del terrorismo. Pero de lo que también podemos estar seguros es que las medidas antipopulares, como las ya anunciadas por Santos —entre otras, reforma tributaria, pensional, laboral, más TLC, etc.— crecerán exponencialmente, por lo que las batallas sociales adquirirán un inusitado vigor y el régimen acentuará sus características despóticas y antidemocráticas. 

Volviendo a la conferencia de prensa, como los periodistas indagaran reiteradamente qué había sucedido con los resultados de la ECDF, ya que era evidente que por ello habían sido citados tan repentinamente, el señor Grubert patinaba una y otra vez para no dar la información que tenía en sus manos. Incluso, recurrió a la majadería de decir que no contestaba porque el gobierno les había entregado las calificaciones en un archivo PDF, lo cual les hacía muy dispendioso (¿fatigoso?) tabularlas. Todo indica que el Ejecutivo de la Federación ya conocía los resultados de unas 19.000 evaluaciones, algo más de la mitad de las presentadas, pero ni los hacía públicos, en un acto incalificable de antidemocracia, y ni siquiera exponía las conclusiones a las que había llegado con base en los mismos.

Era obvio que los resultados debían indicar que el grueso de los maestros habían sido reprobados; de no ser así, no se explicaría la teatral aparición. Además, ya se regaban como pólvora por las redes las reacciones de los maestros al conocer individualmente sus calificaciones, y su ira (Grubert la llama desazón y desconfianza) se dirigía contra Fecode, que los había conducido arteramente a la celada tendida por el gobierno.

Recuérdese que el paro del año pasado se levantó el 7 de mayo en medio de la más airada protesta de las bases, ya que el espíritu de lucha estaba en su punto más alto, y lo pactado era claramente una traición. Los líderes habían aceptado una “nivelación” salarial que no sobrepasaba ni en una décima lo que el gobierno ofreció desde antes de la huelga. En lo referente a la salud se conformaron con la promesa de crear el “Defensor del Usuario” y la intervención de los “entes de control”, es decir, con el nombramiento de burócrata, con todo y sus oficinas y su séquito a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, para así montar un nuevo filón de tráfico clientelista, y, de otro lado, recurrir a las famosas Superintendencias, Contralorías y Procuradurías, cuyas “exhaustivas investigaciones”, las más de las veces, culminan dejando en la más completa impunidad toda clase de chanchullos.

En cuanto al ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores pertenecientes al Estatuto 1278 se acordó la ECDF, la cual se reglamentaría a través de un Decreto a expedirse a más tardar en un mes, y que se les aplicaría a los maestros que, habiéndose presentado, no habían logrado dichos ascensos y reubicaciones. La evaluación se basaría “preponderantemente en la observación de videos de clases” (método tomado del Banco Mundial y el Estudio Compartir). Quienes no la aprobaran debían tomar unos “cursos de capacitación (…) tendientes a solucionar las falencias detectadas”. Finalmente, se estableció que “mientras se consensua un nuevo Estatuto Único Docente” todos los maestros “cobijados” por el 1278 debían presentar la ECDF. Para los del 2277 se acordó una mísera bonificación una vez al año equivalente a un 10% de un sueldo mensual y sin incidencia prestacional, y otra de un sueldo al momento del retiro.

El gobierno les giró a los Judas de la directiva las treinta monedas de plata en la forma de casi 5.000 millones de pesos dizque para unos juegos deportivos y unos encuentros folclóricos a organizarse por Fecode.

Envalentonada, la cúpula sindical salió férreamente unida a defender su felonía. En las asambleas —en muchas, a los miembros del Ejecutivo y a los directivos de los sindicatos filiales se les puso en el banquillo de los acusados y se les prohibió presidirlas—, cínicamente tildaban de gobiernistas y divisionistas a quienes los cuestionaban, siendo ellos quienes desvergonzadamente habían llamado a votar por Santos en 2014 y quienes han venido propiciando todas las políticas oficiales que atentan contra la unidad de los educadores.

El 20 de agosto el gobierno y Fecode presentaron el proyecto de decreto (no al mes sino luego de casi 4 meses), el cual, bajo el número 1757, se expidió formalmente el 1 de septiembre. Fecode alardeó cuánto más pudo. Sostuvo que en esencia era de su autoría. Que el nuevo sistema de evaluación se acomodaba perfectamente al mandato de su XIX Asamblea General. Pregonó que se le había dado un vuelco al sentido punitivo que tenía antes: ahora sería un ejercicio de ayuda, nunca de castigo. Las distintas facciones aseveraron de mil formas que la inmensa mayoría de los maestros que presentaran la evaluación ascenderían o se reubicarían salarialmente antes de finalizar 2015. En honor a la verdad, ni Santos ni la Ministra se molestaron en disputarles la paternidad.

Los del MOIR, los pupilos del afamado senador Robledo, se contaron entre los más entusiastas (y eso que se autonombran como los más anti santistas); señalaron que el derrotero era claro, que debido a sus principios, criterios e instrumentos sería, desde luego, diagnóstico formativa,

“con enfoque cualitativo, de validez y con integralidad, de aula, transparente, democrática, con autonomía escolar, libertad de cátedra y pluralismo pedagógico. Toma como sus criterios el contexto de la práctica educativa y pedagógica, la reflexión y planeación, la práctica pedagógica y el ambiente de aula (...) Con este acuerdo queda superada la evaluación de competencias, el examen escrito que era el instrumento con el cual el Gobierno impedía la mejora salarial de los educadores.

Añadieron que ese mecanismo les daría salida a entre 40.000 y 50.000 maestros represados. “la idea es que este año se acabe ese represamiento (…) la historia nos está dando la razón a los que apoyamos los acuerdos”. Y remataron: “En resumen, estos maestros tienen todas las garantías posibles para ascender.”

Mientras tanto, y aprovechando el desaforado entusiasmo, digno de mejor causa, el gobierno iba imponiendo todo lo que pretendía. Lo primero y fundamental era que de esta manera se enterraba definitivamente el legado de las anteriores generaciones de maestros que, mediante batallas memorables, habían plasmado en el Decreto 2277 de 1977 que los ascensos en el escalafón y las alzas de los sueldos se harían por títulos, experiencia y producción académica. Y, en segundo lugar, lograba mantener la esencia del 1278, cuyo conocido artículo 36 consagra que: “Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales.” Lo que se ha traducido en que cuando mucho el 20% de los maestros que se presentan logran ascender. Es decir, la ECDF mantenía la restricción de ascensos y reubicaciones y las permanentes y variopintas evaluaciones, pero ahora sancionadas por la propia organización sindical, cuyo “histórico” aporte había sido cambiarle el nombre para que todo siguiera igual… o peor. Además, dejaba intocada la exigencia de obtener una calificación superior al 80% y le encomendaba lo esencial de la prueba al arbitrio del Ministerio que, la lidera, establece, construye, administra, le define los criterios, principios e instrumentos, en todo lo cual Fecode “participará”.

Uno de los elementos del Decreto, presentado por la cúpula sindical como otra panacea, son los cursos para quienes “por alguna razón no llegaren a pasar”, los cuales se dictarían por “universidades acreditadas” o que cuenten con facultades de educación de trayectoria e idoneidad y que serían cofinanciados: 70% entre el gobierno y los entes territoriales y 30% por el educador (no se sabe cuánto irán a costar). Estos también deben aprobarse con más del 80%, según el citado numeral 2 del artículo 36 del decreto 1278. Además, “podrán ser homologados por las instituciones de educación superior, en ejercicio de su autonomía universitaria, dentro de los programas de pregrado y posgrado que éstas ofrezcan.” Están tan pero tan amansados estos impostores del Ejecutivo de Fecode que no pararon mientes en que esto les daba patente de corzo a los negociantes de la educación superior para presionar a los profesores (con la espada de Damocles del 80%) a inscribirse en alguno de dichos programas ofrecidos por las desinteresadas instituciones. Aparte de que se le abriría el camino a otra especie de “Ser pilo paga” porque el gobierno, como lo ha hecho en el caso de la educación superior, buscará todas las formas posibles para destinarles cientos de miles de millones de pesos más a las universidades privadas, so pretexto de educar a los educadores. No puede ser coincidencia que la Universidad de Los Andes, en la que casi la mitad de las nuevas matrículas corresponden a “Ser pilo paga”, haya lanzado con bombos y platillos, en marzo de este año, su Facultad de Educación.

Naturalmente, ni de lejos se suprimió la naturaleza punitiva de la evaluación de competencias. Esto solo sería cierto si la ECDF no tuviera nada que ver con ascensos y reubicaciones. A los complacientes directivos sindicales, el hecho de que el grueso de la evaluación fuera un video calificado por pares y que el 20% restante dependiera de las evaluaciones de desempeño, la autoevaluación y de la calificación de los alumnos les ayudaba a mostrarse triunfalistas. El gobierno les estimulaba la estulticia y ellos se enredaban en sus propias espuelas. De nuevo, las víctimas serían los profesores.

Para leer artículo competo: Notas Obreras