jueves, julio 14, 2016

Justa y ejemplar lucha camionera


|Por: Alfonso Hernández|

Desde hace más de treinta días, miles y miles de camioneros adelantan un paro que se ha extendido a la mayor parte de la geografía nacional y que ha logrado mantenerse gracias al apoyo masivo de los propietarios y conductores y a pesar de las caravanas militarizadas con las que el régimen ha escoltado a los pocos esquiroles.
Con valor y perseverancia han resistido a la ofensiva oficial y a las engañifas del charlatán ministro de Transporte. Con su disciplina en la pelea han dejado en ridículo a quienes aseveran que la gran mayoría quiere trabajar pero que los huelguistas no se lo permiten. Las ciudades están desabastecidas, los puertos atestados, camiones y tractocamiones desfilan por carreteras y calles, con banderas y pancartas, animando la rebeldía. En Bogotá, el Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Nariño, Magdalena Medio, Boyacá… se siente con vigor el paro camionero.

Exigen que se les garanticen unos fletes cuyo monto ha de ser suficiente para cubrir los crecientes costos de la operación y atender adecuadamente sus necesidades. En esta materia, la situación es tan crítica que hace seis años por transportar una tonelada entre Bucaramanga y Santa Marta se pagaban $100.000, hoy, solo $74.000. Desde hace más de seis años no se ha alimentado el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, SICE-TAC, con datos reales, sistema que habilita al Ministerio de Transporte a intervenir en caso de que los fletes estén sistemáticamente por debajo de tales costos, como es el caso. Explican que si hacen un recorrido de Bucaramanga-Cúcuta-Santa Marta con carbón y regresan a Bucaramanga con maíz, por ejemplo, les quedan solamente unos cien mil pesos. Igualmente, demandan que las generadoras y las empresas de carga no les demoren los pagos ni se les hagan descuentos ilegales por conceptos como cargue y descargue, enturnamientos y otros.

Reclaman también que se controlen los precios de los combustibles, que, por las políticas oficiales, suben incluso en épocas en las cuales se reducen las cotizaciones internacionales del petróleo, causando que se esfume la rentabilidad del trabajo de los camioneros. Asimismo, se encarecen los repuestos con el alza del dólar.

El otro azote de los camioneros son los peajes. El gobierno nacional tiene como política entregar la construcción y mantenimiento de carreteras a las firmas privadas, autorizándolas para que se enriquezcan con los peajes. Estos son los terceros más costosos de América Latina, solo después de Chile y Brasil. Según las normas internacionales, debe haber uno cada 110 kilómetros, en Colombia se instalan en promedio cada 72km, con lo que ocupamos el vergonzoso segundo lugar, después de Brasil. Las tarifas en la carretera Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, son tres veces más onerosas que las que se pagan entre Nueva York y Washington: es el resultado de la alcahuetería del gobierno con las concesionarias. Entre las cuales figura en primer el grupo Sarmiento Angulo, que hace un tiempo, sabedor de la ganga de que disfrutaría, organizó la empresa Proindesa, que manejara nueve de las principales rutas del país y un presupuesto de más de once billones de pesos. Los altos funcionarios peroran sobre la competitividad, pero, con sus negociados, elevan desmesuradamente los costos del transporte. Es tan escandalosa la realidad que un camión paga unos cuatrocientos mil pesos por concepto de peajes de Bogotá a Buenaventura y más de un millón doscientos mil en combustible. De nuevo, Colombia es el país con mayores vías de un solo carril, que se amplían a cuatro líneas solo al llegar al peaje. No obstante estas desmesuradas tarifas, las carreteras tienen señalización deficiente, carecen de buenas bermas, zonas de estacionamiento y de teléfono SOS, todo lo cual hace penosa la labor del conductor. Con toda razón, los camioneros exigen que no se establezcan más peajes ni haya incrementos adicionales en ellos. A la justísima petición, que comparten millones de colombianos —como también la referente a que no se siga abusando con el precio de los combustibles— se opone furiosamente Vargas Lleras, quien está financiando su campaña presidencial con las vías de cuarta generación, dándoles el visto bueno a peajes más que onerosos a los concesionarios.  

Denuncian los camioneros que el gobierno se apropió de más de dos billones de pesos aportados por ellos y que ahora se niega a pagar por camiones desintegrados; demandan que se cumplan compromisos adquiridos por el gobierno, entre ellos los referentes a vivienda, pensión especial —por los riesgos laborales particulares que enfrentan— y condiciones dignas de cargue y descargue, para los conductores.

Aunque es cierto que el parque en Colombia es muy viejo, con un promedio de 22 años de edad (en Estados Unidos es de siete, y en México de 15), los pequeños y medianos camioneros enfrentan serias dificultades para chatarrizarlos y adquirir nuevos, porque los costos se han incrementado desmesuradamente a causa de la devaluación drástica del peso. Existe un incentivo para quien proceda a desintegrar su automotor, pero, claro, este está muy por debajo del valor de la reposición; asimismo Mintransporte inventó una póliza que debía suscribir quien comprara un vehículo nuevo, que se haría efectiva en caso de que no se destruyera el antiguo. Esto se convirtió en un medio de aumentar la sobre oferta y en otro nido de chanchullos. El número de vehículos, unos trescientos cincuenta mil, excede las necesidades, lo que presiona a la baja los fletes; sin embargo, el gobierno, por compromisos adquiridos en el TLC, se propone dar rienda suelta a la entrada de automotores de más de diez toneladas. En esto la Administración Santos cumple órdenes de los Estados Unidos: “Hay una obstrucción a la venta de camiones pesados acá; hemos perdido una cantidad enorme del mercado por la inhabilidad de sacar los cupos para vender los camiones”, dijo el embajador yanqui en Colombia.
El ingreso a los puertos para las operaciones de cargue y descargue es demorado y engorroso: otro factor que encarece los costes y mortifica al camionero. 

De tal manera que los pequeños y medianos propietarios se encuentran, de un lado, ante el incremento abusivo de los costos, que lucran a las firmas que administran carreteras, a las productoras de combustibles y al ávido fisco y, de otro, a la rebaja de sus ingresos, pues las grandes firmas generadoras de carga les disminuyen los fletes hasta el punto de hacerles la operación completamente ruinosa. Detrás está también el afán de las grandes transportadoras gringas de apoderarse de este negocio, que mueve billones de pesos anualmente. Para coronar ese objetivo necesitan arruinar a los pequeños y medianos transportadores; este es el proditorio objetivo de Santos con su intransigencia y belicosidad.

Los gremios del gran capital, como ANDI, Asocaña, Fenalco y demás voceros de los oligopolios se han rasgado las vestiduras por el reclamo de que se establezcan fletes remunerativos: alegan que se trata de un asalto a la “libre competencia”. En defensa de los magnates nacionales y extranjeros se busca aplastar el paro; por eso, Santos ordenó militarizar las carreteras y proceder sin contemplaciones contra la protesta. Ya fue asesinada una persona por el ESMAD en el municipio de Duitama, Boyacá. Hay, además, una furiosa campaña de calumnias propaladas por los medios de comunicación, como es el caso de Caracol Radio, en la que Darío Arizmendi —apóstol de la ética y de la transparencia que figura en los turbios Papeles de Panamá— vocifera exigiendo mano dura y sindicando como criminales a los dirigentes del movimiento, a quienes no les respeta la presunción de inocencia. A la trapisonda se sumó el Fiscal, Jorge Fernando Perdomo, quien, aparte de abrir investigaciones a los líderes de la inmovilización por concierto para delinquir, terrorismo y obstrucción de vías —en nuestra democracia se respeta la protesta, pero se procesa a quienes ejercen ese derecho— ha alborotado sobre los presuntos manejos ilegales de Pedro Aguilar en lo concerniente a la chatarrización. Poco o nada se había hablado de eso, las indagaciones no habían progresado, por la razón que fuera, pero ahora hay que agitarlas, promocionarlas en ruedas de prensa: es la justicia-chantaje, utiliza todos los medios posibles para desacreditar la lucha y justificar la embestida violenta. Tanto que este correveidile de Montealegre anunció que decomisará los automotores y les aplicará extinción de dominio —la que no les aplica a los ladrones de cuello blanco de Invercolsa, para quienes funciona es el principio de oportunidad—. Ya ha detenido a más de sesenta personas. Los poderes que se pregonan separados, el Ejecutivo y el Judicial, se conchaban cuando se trata de defender los intereses de los poderosos.

La mayor desfachatez, sin embargo, corrió por cuenta del Presidente, quien aparte de ser fecundo en embustes —en lo cual se asemeja a todos los exmandatarios— los dice con frecuencia de una manera muy atolondrada: “el tal paro campesino no existe”, “el Catatumbo es una especie de Bronx a nivel nacional”, y en esto si sobresale. Desde la Guajira, donde se encontraba de la mano con los acusados de hacer uso doloso de los recursos de la alimentación infantil, dizque resolviendo los agudos problemas de los wayuu, Santos dijo: “Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, acaba de ser víctima de la violencia del paro camionero y esto no puede tolerarse". Habían pasado apenas unas pocas horas del accidente. El mandatario no espero a que se adelantara ninguna investigación ni que se levantara el croquis, simplemente se precipitó a sindicar a quienes protestaban. Las mentiras las reforzó Villegas: “El ministro Villegas agregó que el vehículo del dirigente regional ‘fue rodeado de manera agresiva por los que estaban protestando y que le fueron lanzadas piedras y la carretera impregnada de aceite a propósito’". ¡Falso! El video divulgado por Noticias RCN del medio día del 13 de julio muestra que lo único que hicieron los manifestantes fue detener un bus, no atacaron a piedra la caravana del gobernador ni hay aceite en la carretera. ¿Es acaso descartable que las camionetas del mandatario local fueran con exceso de velocidad y por eso embistieron al bus por la parte trasera? Además, la Gobernación de Boyacá expidió un comunicado que dice:

Según las primeras informaciones, el hecho se originó cuando al salir de una curva las barricadas levantadas por los manifestantes habían hecho detener a un bus de la empresa Libertadores y cuando el conductor del automotor de servicio público de pasajeros intentó reanudar la marcha, giró hacia la izquierda y cerró el paso de los vehículos de la caravana oficial, motivo por el cual se produjo la colisión.

Tampoco se refiere la Gobernación a ataque alguno a la comitiva de Amaya ni a aceite en la vía. En conclusión, Santos y Villegas son unos vulgares calumniadores, manejan el país con sartas de mentiras; no se les puede creer una sola palabra. No se detienen ante ninguna infamia. Si con la velocidad con que difaman a las gentes laboriosas atendieran las urgencias de Colombia, tendríamos un país muy distinto.

Hasta el momento todas estas artimañas han fracasado. Los camioneros, corajudos, se mantienen en las carreteras, con el apoyo de sectores de la población bloquean las vías y se niegan en masa a poner en marcha sus vehículos mientras el Gobierno no atienda sus peticiones. Qué saludable ejemplo para una población que acepta resignada los diarios y criminales atropellos, como la negación del servicio de salud o las escandalosas alzas de los tributos y de las tarifas de los servicios públicos. Qué contraste el que marcan frente a dirigentes entreguistas como los de Fecode o la CUT.