sábado, julio 02, 2016

La judicialización del profesor Dussán, líder de Asoquimbo generó el rechazo de la comunidad

La Asociación de Profesores Universatarios (ASPU), denunció mediante un comunicado la persecución de la cual es objeto el profesor e investigador de La Universidad Surcolombiana, Miller Dussán Calderón.

El profesor también es defensor de los derechos humanos y representante legal de Asoquimbo.

Compartimos la denuncia, con el ánimo de romper el cerco mediático impuesto por la prensa oficialista entorno a los procesos sociales en Colombia.

Comunicado:

La Asociación de Profesores Universatarios ASPU-Huila denuncia la persecución a la que está siendo sometido el profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana Miller Sussán Calderón por su actividad como defensor de los derechos humanos y representante legal de Asoquimbo, asociación de los afectados por este megaproyecto hidroeléctrico. El profesor ha venido siendo objeto de hostigamientos y judicialización por defender pública y legítimamente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, al territorio y a la vida digna de los afectados por la construcción de la represa de El Quimbo, a tal punto que su residencia ha sido asediada en búsqueda de documentación que permita incriminarlo y privarlo de la libertad.

El investigador y líder social Miller Dussán ha denunciado insistentemente los daños ambientales, sociales y económicos generados por la construcción del embalse, y ha acompañado a las comunidades afectadas por este proyecto entregado a la multinacional Emgesa, que provocó la inundación de más de 8.500 hectáreas, con cultivos permanentes y transitorios, de seis municipios de Huila en la cuenca alta del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país. Desplazamiento forzado de 427 familias; pérdida de alrededor de 1.500 puestos de trabajo; afectación de la producción y comercialización agropecuaria por más de 30.000 millones de pesos anuales en 750 predios; destrucción de las cadenas productivas; deforestación irreversible; destrucción de ecosistemas estratégicos y del patrimonio cultural; inutilización de vías primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales. Éstas son algunas de las consecuencias del proyecto que afectan la soberanía alimentaria y agregan mayores impactos al cambio climático.

En contra de estos desastrosos efectos, ha girado la acción del profesor Dussán, portavoz ilustrado y defensor de los intereses comunitarios. Pues el gobierno colombiano, en cabeza de los presidentes Uribe y Santos cada uno en su momento, en el marco de las políticas de confianza inversionista y mineroenergética, ha entregado, sin mayores reparos en sus efectos, a compañías multinacionales, la explotación irracional de nuestros territorios y recursos de acuerdo a un modelo económico y de desarrollo que ha enajenado nuestro patrimonio y riquezas, y ha privilegiado los intereses del gran capital, en detrimento de las comunidades y sectores de la población más desvalidos.

Con la vana intención de ocultar estos efectos y acallar las voces que desde la academia han asumido el compromiso social de visibilizarlos, se produjo la judicialización -auspiciada por la trasnacional Emgesa- contra el profesor Dussán; con el silencio y anuencia de las autoridades gubernamentales. Ha primado la generación energética y la protección de la rentabilidad del proyecto para sus accionistas foráneos, por sobre el territorio, los recursos hídricos y las comunidades nativas.

Es parte de la misión de la Universidad Surcolombiana contribuir a “la construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; (…) la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional”. Por éste y los anteriores motivos, se considera más que justa la labor académica y social desarrollada por el profesor Dussán, que ha trascendido las aulas universitarias para ponerse al servicio del interés general, la defensa del patrimonio nacional, nuestros territorios, comunidades y recursos; que están siendo arrasados por los insaciables apetitos del lucro y el mercado.

La universidad y la academia se resiste a renunciar a su misión y compromiso social al servicio de los intereses nacionales, regionales y comunitarios. Respaldando plenamente la labor del profesor Dussán por su connotación altruista, con ideales de equidad y justicia social. Oponiéndose a las inicuas pretensiones de judicializarlo para doblegar su sensibilidad social y compromiso con la región. Simultáneamente se hace un llamado a los organismos defensores de derechos humanos para que intervengan y eviten que se consolide la judicialización a líderes académicos defensores de los derechos humanos y de paso se criminalice la protesta social. A la comunidad en general a pronunciarse y movilizarse en torno al respeto y protección de los derechos académicos, civiles y políticos del profesor Dussán.

Asociación de Profesores Universatarios (ASPU)