domingo, julio 24, 2016

La salud en Colombia: ¿un derecho o los derechos que se cargan?

|Por Alfonso Hernández|

Por cuenta de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 el sistema de salud en Colombia es una verdadera tragedia nacional, pues en el centro no está el derecho a la salud como se pregona, sino el cobro de derechos por parte de las EPS.

Según afirman sus panegiristas, la Constitución de 1991 —cuyos 25 años se celebran en medio de exaltados discursos y disertaciones de contraevidente verbosidad— colmó a los colombianos de toda clase de derechos. Uno de tales, y entre los de mayor importancia por su propia naturaleza, fue el de la salud. 

En efecto, son numerosos los artículos de la Carta que, de manera explícita y tajante, lo consagran: el 44, que lo concede como fundamental a los niños, y les encima los de seguridad social, alimentación equilibrada, cuidado, amor… El 49 declara que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios a cargo del Estado y “garantiza” a todas las personas el acceso a la promoción, protección y recuperación de ella. Eso sí, como dicha Constitución se redactó bajo el tutelaje de los agiotistas internacionales, —es la época en la que toma mayor vuelo el libre comercio, la del Nuevo Orden  Global— detrás de cada una de sus líneas se agazapa su razón de ser: lucrar a los poderosos. Por ello, se insiste en que los privados puedan prestar ese “servicio” y establece los “principios” de “eficiencia”, es decir, de reducción de costos para quienes trafiquen con él; de “universalidad”, o la obligación de todos los habitantes de tributarles a las aseguradoras —que vendrían a conocerse con el nombre de EPS—, y de “solidaridad”, mediante la cual se les carga a los asalariados los costos de quienes no puedan solventar las cotizaciones respectivas, eludiendo el Estado ese deber. De la misma manera, mediante la descentralización —reforzada por los arreglos constitucionales, y cuyo objeto consistió en imponer los criterios y la disciplina mercantiles a las relaciones entre la nación y los entes territoriales—, se transfirió a estos la responsabilidad de prestar el servicio público de salud; a cambio, se les ofrecieron unos recursos  que el gobierno central les ha venido mermando mediante repetidos actos legislativos. 

Este engendro constitucional fue, precisamente, el que dio lugar a disposiciones tan lesivas para los colombianos como la Ley 100 de 1993 —expedida bajo el gobierno de César Gaviria y que tuvo como ponente a Álvaro Uribe—. Las consecuencias están a la vista en el día a día. La mera revisión de la prensa de lo que va corrido del mes de julio evidencia el enorme perjuicio que le causa al pueblo la rapiña en la que consiste el derecho a la salud, tal como lo estableció la Constitución de 1991.

Hace algunos días murió el niño Julián Andrés Escobar, de ocho años, en la clínica Fundación Valle del Lili, en la ciudad de Cali. Sus padres habían venido rogándole a Cafesalud que hiciera el anticipo requerido por la clínica para llevar a cabo un trasplante de médula ósea, procedimiento para el cual ya había un donante. La reticencia de la empresa, motivada por su afán de ahorrarse una suma de dinero, privó a Julián Andrés de cualquier posibilidad de sobrevivir.

El caso no es excepcional. En Colombia, por falta de atención, muere el 60 % de los niños con cáncer (http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/por-falta-de-tratamientos-muere-el-60-de-ninos-con-cancer-en-colombia-BJ1290627),

pues las EPS les demoran las autorizaciones para comenzar el tratamiento, que luego suspenden con razones triviales como “no hay convenio”, no les suministran las medicinas, elaboran a propósito de manera errónea los documentos... Saben las EPS que cada día que pasa puede ser definitivo para la vida de un paciente, por ello mismo, proceden con la máxima morosidad y acuden a cuanta imaginable triquiñuela para escatimar gastos denegándoles el cuidado médico a los pequeños; lo que también ocurre con pacientes adultos y de todo tipo de enfermedades. 

Así resume la situación Luis Carlos Giraldo, vocero de los papás de los menores afectados: “Cuando a los niños les hacen quimioterapia no hay medicamentos para vómitos, las órdenes quedan mal hechas... En Esimed no hay jeringas, la farmacia Epsifarma no tiene medicamentos, uno no entiende cuál es el servicio que se está brindando”. La conclusión es que a los niños con cáncer los condena a muerte no la enfermedad, sino la EPS. Esta es la prueba palpable de cómo se respetan los derechos de los infantes en Colombia. Son los resultados de la carta neoliberal y de las leyes que se expidieron con base en ella.

También hace pocos días la ciudadanía se conmovió con el trágico fallecimiento de Leidy Johanna Espinoza, una joven de 25 años madre de dos menores, de cinco y ocho años, quien grabó un video suplicando, con voz quebrada por momentos, que se le prestara la atención necesaria, pues se sentía sometida al paseo de la muerte y no quería dejar a sus hijos desamparados. Los padecimientos de Johanna no le merecieron a Cafesalud ni al Estado la menor atención. Desde luego, y como de costumbre ante estos casos, el Gobierno, la Superintendencia de Salud, la Defensoría y demás le añadieron burla a la tragedia anunciando “investigaciones exhaustivas”, medidas correctivas, sanciones, etc.

Por decisión de Alejandro Gaviria, ministro de Salud, Cafesalud y otras firmas reemplazaron a Saludcoop, que hubo de ser liquidada después de que sus directivos hicieran francachela con más de 1,4 billones de pesos que los directivos se robaron de los dineros provenientes del pago por capitación. Gaviria le aseguró al país que no habría traumatismos al pasar Cafesalud de cubrir 1,8 millones de usuarios a más de 6,4 millones, lo que la convirtió en la EPS más grande del país.

La verdad es que la situación empeoró enormemente. Los propios directivos de dicha aseguradora reconocieron que no tienen una red de atención en más de 233 municipios, vale decir, una quinta parte del país, y que más de 68 mil afiliados, si quieren ser atendidos, tienen que desplazarse a otros municipios o departamentos, sea para una consulta, reclamar una fórmula o asistir a un examen. En la práctica, estas personas cotizan pero no obtienen ningún servicio. No se trata solamente de los municipios: en Bogotá se conocen más de quinientos casos de personas con graves padecimientos a quienes se les ha negado la atención. Contra Cafesalud se presentan más de cincuenta mil quejas mensuales y casi cuatro mil tutelas. Y el ministro Gaviria, tan orondo, sigue parloteando sobre las maravillas del sistema de salud del país y acerca de su nunca bien ponderada gestión, de los logros en cobertura, etc., etc. Como se ve, su misión no consiste en procurar la prevención de la enfermedad y la cura de las dolencias, sino en apuntalar los negocios de las EPS.

Drama similar al que padecen los aquejados por cáncer, viven las personas diabéticas. Las mal llamadas Empresas Promotoras de Salud no les entregan insulina, les demoran las citas médicas, no les proveen lancetas ni tiras de prueba. Aunque no son las únicas, Cafesalud  y Cruz Blanca descuellan en este proceder criminal.

Los jurisperitos aducen en favor de la Carta que se han presentado más de siete millones de tutelas, de las cuales la mayor parte para reclamar atención en salud. Pero la propia cifra demuestra la magnitud de la desatención que padecen los colombianos; no es, en manera alguna, prueba de respeto de derechos. Además, los pacientes, en vez de velar por su recuperación, se ven obligados a ir de oficina en oficina, de juzgado en juzgado, ya solicitando autorizaciones, ya entablando tutelas, impugnaciones, incidentes de desacatos…

Las más poderosas cadenas de radio y televisión han encontrado en esta tragedia nacional otra forma de promocionarse, abriendo una sección en la que presentan algunas de estas aberraciones, con el resultado de que uno que otro caso se resuelve, con lo cual la empresa de comunicación logra subir su rating. Del árbol caído todo el mundo hace leña.

Los hospitales públicos han sido llevados a la bancarrota para acrecentar las ganancias de los buitres de la salud, bancarrota fruto de la obra conjunta del régimen y de las EPS. A los hospitales de Bogotá les adeudan más de un billón cincuenta y ocho mil millones de pesos por servicios prestados —de los cuales novecientos mil millones los deben las EPS—, y muchas de las firmas deudoras ya desaparecieron, por lo que más de medio billón es irrecuperable.

La administración de Peñalosa reacciona agrupando los 22 hospitales en cuatro Empresas Sociales del Estado, una en el norte, otra en suroccidente, una tercera en el sur y la cuarta en centro-oriente. Cada una de las cuales opera una red, “para que no compitan entre sí por la prestación y venta de servicios”. Según explica Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá, “la unidad especializada para quemados solo quedará en el Hospital Simón Bolívar en vez de tener unidades de quemados en todas partes”. Plantea la creación asimismo de una unidad especializada en trauma mayor en el Hospital Kennedy, y de otra de salud mental en San Blas. En otras palabras, se trata de cerrar muchos de los servicios en la mayoría de los hospitales, de tal manera que los pacientes tengan que trasladarse largas distancias en la congestionada Bogotá en busca de la atención apremiante. Pediatría, ginecología, maternidad, oncología, cardiología, vacunación, salud mental, citologías figuran en la dilatada lista de cierres y recortes. La prioridad de las entidades públicas serán las urgencias, lo que anticipa mayor negligencia con las especialidades, que acapararán de manera creciente las empresas privadas. Miles de empleados quedarán en la calle, y los que mantengan el empleo soportarán una carga laboral aún más extenuante, siempre bajo el azote de la subcontratación, que se mantuvo también bajo las administraciones de izquierda del Polo y de Petro. Los salarios ya han sido reducidos, según lo denunciaron los trabajadores del hospital de Kennedy, quienes fueron golpeados por el ESMAD, que cumplía órdenes de Peñalosa, por ventilar la calamitosa situación de ese centro de salud. Los suministros para los tratamientos y las cirugías son precarios y la alimentación de los pacientes dista de la calidad requerida. Las innovaciones de Enrique Peñalosa matarán a mucha gente, pero él logrará reducir el gasto en salud para destinar los dineros a negocios de su interés, como el Transmilenio. Y ya conocemos su desparpajada respuesta ante las desgracias que causan sus manejos: “En todas las ciudades del mundo mueren personas esperando una ambulancia”.

Además, la Administración Distrital creó una entidad mixta a cargo de centralizar las compras, facturación y otras funciones, con la que reemplaza la Administración Pública Cooperativa, que, valga la redundancia, es pública. Se da, pues, un paso más en la privatización, y las facturas infladas y otros chanchullos, que ya ocurren, alcanzarán cifras astronómicas.

Si en Bogotá llueve, en las otras regiones del país no escampa. Hace pocos días, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó liquidar el Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, institución de segundo nivel, insustituible para la prestación de servicios a este departamento de quinientos mil habitantes, de los cuales ciento quince mil viven en Quibdó. Por inconcebible que parezca, la legislación colombiana permite liquidar instituciones públicas de salud, en vez de sanearlas y fortalecerlas. El San Francisco estaba intervenido por la Superintendencia desde el año 2007, sin que tal procedimiento mostrara frutos. El asunto es realmente criminal: en el Chocó la mortalidad materna alcanza la cifra de 357,97 de cada cien mil, guarismo peor que el de Ruanda (290) y el de Etiopía (353). ¡Esto ocurre en el país de ingreso medio alto de que se ufana Juan Manuel Santos! La mortalidad de niños menores de cinco años en ese departamento es de 23,63 de cada cien mil nacidos vivos, casi seis puntos por encima del promedio de América Latina (18). A lo anterior se suman los bajos niveles de vacunación y de control de vectores que transmiten enfermedades como la malaria. Claro, en el papel, la gente está asegurada, es decir, paga, pero las EPS no la atienden; solo cobran.

La crisis financiera que llevó al cierre del Hospital Regional San Andrés, que ofrece servicios de segundo nivel a Chiriguaná, Astrea, Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua, La Jagua de Ibirico y otros municipios del departamento del Cesar, provocó grandes protestas ciudadanas, el 11 de julio de este año, en las cuales el Esmad asesinó a una persona. Todos estos importantes municipios del centro del departamento quedan dependiendo solamente de unos pocos puestos de salud, que no tienen el grado de complejidad mínimo para atender las necesidades. La indignación es mayor puesto que la visita del ministro Gaviria, que tuvo lugar pocos días antes, en vez de darle solución a la crisis, precipitó la clausura del centro asistencial.

El hospital Universitario del Valle tiene una cartera de $219.041 millones, que lo tiene casi del todo insolvente. Tan abultada cifra obedece a "un procedimiento inadecuado de cobro a las EPS, glosas, plazos y trámites para cumplir oportunamente con los pagos". De nuevo, las EPS son la causa del desangre de los hospitales públicos. En el Atlántico, el gobernador Verano de la Rosa y su secretario de Salud diseñan un plan encaminado a que los hospitales comercialicen servicios y compitan para enfrentar un déficit de más de ciento diez mil millones de pesos, solo en Soledad, en gran parte causado por la sistemática negativa de las EPS a pagar por los servicios a sus afiliados, a quienes les han cobrado las cuotas mensuales respectivas. Las disposiciones de Verano determinarán que lo que ya está mal empeore. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no hay entidad pública que no atraviese una situación calamitosa.

Mientras tanto, proliferan los desfalcos, como el ocurrido en el departamento de Córdoba, en donde se desangró el sistema en más de cincuenta mil millones de pesos pagando a centros médicos por medicinas supuestamente suministradas a pacientes hemofílicos inexistentes. En todo el país, las ambulancias se pelean a los accidentados que tienen el SOAT, no para conducirlos al centro de atención más cercano y prestársela con prontitud, sino  a la clínica de los propietarios del vehículo. ¡Qué macabro negocio este de la salud!

Cómo será de grave la situación que no hay tiempo ni espacio suficiente para comentar los muchos casos que se han publicado en los medios de comunicación solo en lo que va corrido del mes de julio de este año 2016, el de la paz. Capítulo aparte constituiría analizar los cambios a la Justicia introducidos por la Constitución de 1991, pero baste con preguntar: ¿Hay justicia en un país en el cual los César Gaviria, los Álvaro Uribe, los Juan Manuel Santos, los Alejandro Gaviria, los Jaime Arias (Que como director socavó al ISS y luego salió a presidir el gremio de las EPS, la Acemi)  gozan de libertad y de toda clase de prerrogativas, cuando han sido los responsables de la muerte de miles y miles de personas al crear un sistema que le niega la salud a la gente, solo para garantizarles pingües ganancias a unos pocos?

Ahora, seamos claros, la Constitución de 1991 sí es una auténtica “carta de derechos”, pero no en el sentido en que define la palabra “derecho” el numeral 10 del Diccionario de la Lengua Española: “Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor”; sí lo es, en cambio, de acuerdo con el numeral 17: “Cantidad que se paga, según un arancel, por la utilización de cosas o servicios de una Administración pública, corporativa o privada”. Con frecuencia, se niega la posibilidad de “la utilización de cosas o servicios”, pero eso sí, se garantizan los derechos, es decir, se cobran: ¡todo honor y toda gloria a la Constitución de 1991 y a sus constituyentes!