sábado, julio 16, 2016

¡Que viva el paro! ¿Siempre y cuando no se pare nada?

Dentro del marco democrático se deben establecer las garantías para que cualquier ciudadano pueda hacer uso del derecho a protestar y ejercer su libre expresión. Lo sucedido nos demuestra que es necesario y urgente que los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogos con otras organizaciones se pongan en práctica y que los compromisos adquiridos por el Gobierno, sean realmente efectivos en su cumplimento.
 
Alejandro Parada Díaz
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política – Corporación Viva la Ciudadanía

Casi 40 días completa el paro camionero y sus efectos son notorios. Pero realmente lo que ha encendido la indignación de algunos sectores es la respuesta que ha dado el Gobierno Nacional a las protestas del gremio transportador. Es imposible creer que ad portas de la eventual firma del proceso de paz que nos invita a cambiar la percepción de la solución a los conflictos mediante el diálogo y no la violencia, el Gobierno dé respuesta a las movilizaciones y protestas sociales con una serie de amenazas y uso represivo del aparato policial.

¿Dónde quedaron las garantías para ejercer el derecho a la protesta y la movilización social?

En el mes de junio el Gobierno firmó un acuerdo con la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP) en el que, dentro de varios puntos, el Gobierno se comprometía a respetar la protesta social, las garantías para el ejercicio de la misma y la no estigmatización de las movilizaciones ciudadanas con el propósito de solucionar y levantar el paro agrario convocado por la CACEP. Tal parece, que los puntos acordados se quedaron cortos frente a la capacidad del Gobierno para cumplirlos, pues en el caso de los camioneros la respuesta ha sido represión y negación de las causas reales de la movilización que se fundamentan principalmente en el incumplimiento del Estado a los acuerdos pactados en el pasado paro.

Al parecer los avances consignados en el acuerdo sobre el punto 2 de la Mesa de La Habana, no han logrado siquiera convertirse en principios que permitan orientar el deber de garantizar derechos del Estado. Es prioritario que la implementación del mismo se haga lo más pronto posible después de la firma del acuerdo final y la refrendación, para evitar que lo pactado en la mesa de diálogo entre la CACEP y el Gobierno Nacional logren posicionarse en la agenda nacional.

Por otro lado, la respuesta del Gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos y Vargas Lleras ha sido sistemática: hacer uso de la fuerza pública necesaria para disipar a los manifestantes y criminalizar a los camioneros como vándalos. Estas son las disposiciones que ha determinado el Gobierno para controlar el paro:

- Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.

- Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos.

- Cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos.

- Cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho.

- Habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga.

- Establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

- Duplicar el número de efectivos de la fuerza pública en las carreteras. Serán 50 mil hombres que garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieren seguir trabajando. (Las dos orillas)

Todo esto va en contravía de garantizar un derecho legítimo, de fortalecer la confianza de la sociedad en el Estado, y de reconocer en el sistema democrático múltiples mecanismos para prevenir y resolver conflictos sociales.

De la desinformación a la confrontación en el paro

En voz de Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, el paro camionero y el bloqueo de vías es una acción injustificada e ilegal. Y la pregunta ahora es ¿Qué tan legal es para el gobierno hacer uso de la protesta social pacífica? Es claro que el derecho y las libertades de la ciudadanía (protesta social) no pueden atentar contra las libertades de otro (movilidad).

Dentro del marco democrático se deben establecer las garantías para que cualquier ciudadano pueda hacer uso del derecho a protestar y ejercer su libre expresión. Lo sucedido nos demuestra que es necesario y urgente que los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogos con otras organizaciones se pongan en práctica y que los compromisos adquiridos por el Gobierno, sean realmente efectivos en su cumplimento.

Por otra parte, el manejo mediático que se le ha dado al paro parece dar fe de las problemáticas que poseemos los colombianos para acceder a la información. Veamos: algunos medios de información reportaron que la muerte de Luis Orlando Saiz –joven que falleció durante las protestas del paro en Boyacá esta semana- obedeció al mal uso que este le había dado a un artefacto explosivo artesanal y que se trataba de un estudiante de la UPTC. Posteriormente, Medicina Legal y otros medios de comunicación desmintieron estas declaraciones argumentando que Luis Orlando falleció tras la explosión de una granada de aturdimiento arrojada por el ESMAD, la cual destruyo gran parte de su rostro. Las preguntas que nos quedan son: ¿fue proporcional el uso de la fuerza pública contra las protestas? ¿Dónde está la voluntad de entablar y a solucionar los conflictos mediante el dialogo?

Así las cosas, pareciera ser que la protesta social no está contemplada dentro de la concepción del gobierno sobre los derechos fundamentales o por lo menos en la práctica no es respetada. La protesta tal parece que seguirá siendo recriminada por el Gobierno cuando llegue a desestabilizar las bases sociales y genere descontentos que obliguen a las elites económicas y políticas a pensar en cómo responder y garantizar una vida digna a los ciudadanos que –a través del uso de la movilización social- exigen dialogar con el Gobierno cuando los mecanismos legales fracasaron ya sea por la no respuesta o el abandono de compromisos del mismo.

Toda esta situación nos genera algunas preguntas: ¿está realmente preparado el gobierno para atender las exigencias de la ciudadanía en un posconflicto? ¿Los actos desmedidos de la fuerza pública son proporcionales frente a las “amenazas” o están a disposición de otros intereses?

Tal vez el posconflicto nos dé la oportunidad de comprender que la protesta no es un acto que deba ser reprimido y que, por el contrario, que a través de ella sea posible entablar diálogos entre ciudadanía y Gobierno, diálogos en los que se logren avances como país y no quedarnos en una visión de Estado que privilegia a unos pequeños sectores e instrumentaliza el aparato policial y militar de acuerdo a las preocupaciones y exigencias de pequeños conglomerados.

Edición 503 – Semana del 15 al 21 de Julio de 2016