miércoles, agosto 03, 2016

La declaratoria de una emergencia judicial




|Por: Gonzalo Àlvarez Henao|

Los escandalosos hechos de corrupción en el Sistema de Salud,  Reficar, el Congreso de la República,  el Metro de Medellín,  UNE EPM Telecomunicaciones S.A.,  Empresas Públicas de Medellín,  Transmilenio y  el Ministerio del Transporte, este último puesto al descubierto con el paro camionero, para sólo señalar los más recientes, justifican la iniciativa que proponemos a los colombianos y la solicitud al gobierno, para declarar una emergencia judicial. El cáncer de la corrupción ha invadido todo el cuerpo de la nación colombiana y amenaza con terminar de destruirla.

La impunidad y la falta de una pronta y cumplida justicia, estimula a los funcionarios públicos y a los particulares a robarse el dinero del estado y a estafar a los colombianos, como ha ocurrido con los denominados carteles del azúcar y el papel higiénico, entre otros. Los “servidores públicos” involucrados en actos de corrupción, tienen la certeza que después de dejar el cargo, que están ocupando, se pueden ir tranquilos a gastarse el dinero que le han robado a los colombianos, porque el brazo siempre corto de la justicia no los alcanza.

Otro tanto sucede con los particulares vinculados a sobornos o al robo directo a los colombianos, por medio del siniestro mecanismo de asociarse o conformarse como carteles para aumentar los precios de los productos, por encima del valor real, o estafar a los ciudadanos como el caso de Interbolsa, pues reciben una multa o casa por cárcel, puesto que en muchos de los casos cuentan con la complicidad de altos funcionarios del gobierno y de algunos jueces venales.

La declaratoria de la emergencia judicial que estamos proponiendo, tendría varios propósitos: primero, dictar normas que impidan que los delitos asociados con los actos de corrupción que se están investigando o los que se van a investigar prescriban. Segundo, evitar a toda costa, que los funcionarios públicos y los particulares detenidos por estos hechos, queden en libertad por vencimiento de términos; y tercero, proponer que los actos de corrupción que se han cometido en el sector de la salud, debido a su gravedad y sus consecuencias, no tengan el mismo tratamiento judicial que los actos de corrupción cometidos en las Alcaldías, Gobernaciones, o en el Gobierno central. En el sector de la salud, no solo los corruptos se robaron el dinero de los colombianos, sino que los delitos aquí cometidos, han causado mucho dolor; gran sufrimiento y la lamentable muerte de muchos niños, ancianos y personas carentes de recursos para proporcionarse un tratamiento médico por fuera de las EPS.

Como no solo se han estado robando la plata de la salud, sino que de por medio se han perdido muchas vidas, los delitos aquí cometidos deberían ser tipificados por la Fiscalía General de la Nación, como delitos de lesa humanidad, para que no prescriban y para que los responsables paguen por los crímenes cometidos contra el pueblo.

El fenómeno de la corrupción no lo podemos reducir al simple hecho de que en Colombia tengamos unos funcionarios públicos y unos particulares inescrupulosos, movidos por el afán del enriquecimiento fácil. El asunto es mucho más profundo. La corrupción está asociada al modelo de gobierno imperante. En la historia de la corrupción, que no es propia de Colombia, existen evidencias de que este fenómeno maligno crece y se fortalece en los regímenes dictatoriales o con un asentado presidencialismo.

Nunca en nuestra historia se habían presentado hechos de corrupción tan bochornosos, tan vergonzosos, tan descomunales y tan generalizados. Los casos del Grupo Nule, el cartel de las EPS, Reficar, Ministerio del transporte y gremio de camioneros, Metro de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Empresas Públicas de Medellín, dejan al descubierto la falacia de los ideólogos de la privatización, que quisieron venderle al país la idea de que el estado no debería participar de lleno en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en las telecomunicaciones, en la educación, en la salud y en la construcción de obras públicas, porque tanto la prestación de estos servicios como la construcción de la infraestructura vial, serían atendidos con mayor eficiencia y honestidad por el sector privado. Puro cuento, lo que han hecho los “dirigentes” del sector privado es enriquecerse con los dineros de todos los colombianos.

El destape de la corrupción, pone de presente y confirma la tesis que hemos expresado muchas veces, que por un funcionario corrupto, existe un corruptor en el sector privado. Esto quiere decir que muchas de las personas vinculadas con el sector privado, ni son tan eficientes, ni son tan honestas, como falazmente se ha pretendido demostrar.

Digamos para terminar que no estamos  en presencia de un escándalo de poca monta, sino que se trata de una corrupción generalizada, que no solo afecta los dineros públicos, sino que ha representado muertes, por falta de asistencia médica, por física hambre y por inundaciones en las vías, caso la carretera al Chocó.

MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA