domingo, septiembre 18, 2016

El derecho social, ante la prueba de la uberización



|Por Josépha Dirringer|

El derecho social está siendo desafiado. Lo está por las pretensiones reformadoras destructivas, cuyos mazazos son todavía sensibles. Lo está también, de forma más insidiosa, por las veleidades del capitalismo de plataforma y el desarrollo del trabajo pretendidamente independiente.

El capitalismo de plataforma crea una relación económica triangular, atípica y alejada del paradigma del derecho del trabajo. No hay ni contrato de trabajo, ni sociedad-empleador, ni empresa como espacio de las relaciones de trabajo. Estas se organizan alrededor de tres pilares. En primer lugar, se cruzan los “usuarios-consumidores” que están buscando un servicio, ser transportado, ser alojado, ser alimentado, que les arreglen una avería, etc. A continuación vienen los usuarios-prestatarios que ofrecen el servicio, los chóferes, los anfitriones, los restauradores, los reparadores, etc. Entre los dos existe una plataforma digital que desempeña un papel de intermediacióny permite a los primeros y a los segundos entrar en relación más fácilmente. Así pues, la plataforma digital no ejerce la actividad del mercado en el que interviene. Sin embargo, desempeña una función reguladora. Por una parte, por su existencia, la plataforma modifica las condiciones de la competencia al incrementar el número posible de los prestatarios del servicio, incitando a los usuarios-consumidores a pasar por su intermediación y, en definitiva, concentrando las operaciones económicas. Por otra parte, a través de las condiciones generales de uso que establece, la plataforma tiene el poder no solamente de definir las reglas y las modalidades de la prestación del servicio, sino también de sancionarlas por la supresión de la cuenta del usuario, sirviéndose de la evaluación de los usuarios-consumidores y de los usuarios-prestatarios. En resumen, se erige en policía y agencia de calificación del mercado.

Uber es el arquetipo de este modelo económico. Pero no todas las plataformas funcionan en base a su modelo y el esquema triangular, aunque es recurrente, puede declinarse de diversas formas. Ello se debe en primer lugar a las intenciones de los usuarios, sean estos consumidores o prestatarios de servicio. Por limitarse a los segundos, algunos ofrecen un servicio puntual en condición de particulares. Ciertamente un poco mercantiles, intentan hacer fructificar su patrimonio o rentabilizar su inversión. Más simpáticos son los que pretenden inscribirse en un proyecto solidario, ecológico y participativo. Finalmente, otros son trabajadores que ejercen a través de este instrumento una actividad profesional. Entre ellos, algunos desean solamente un complemento de salario mientras que otros esperan poder resolver sus necesidades. La diversidad constatada se debe en segundo lugar a la configuración de las plataformas digitales creadas, sean ellas gratuitas o de pago, comunitarias o públicas, con fin lucrativo o no.

Ante la amplitud del fenómeno, la ingeniosidad de las plataformas digitales y las derivas ya constatadas, ¿qué hacer? Lógicamente, deconstruir el discurso de los promotores de la economía digital que sueñan ya en un universo reticular, libre y colaborativo en el que el derecho del trabajo se convertiría en simplemente innecesario, por estar elaborado para un mundo hecho de jerarquía, de poder y de sumisión.

Pero hace falta más, ya que el modelo económico de plataforma insufla al capitalismo un nuevo aliento a su potencia. El poder se hace evanescente y la violencia económica permanece siempre viva. Y precisamente contra eso existe ya el derecho social. A pesar de sus reales limitaciones en cuanto a su capacidad para transformar las relaciones sociales, es una técnica de identificación y de encuadramiento del poder. Para que reencuentre toda su fuerza y vivacidad conviene no solamente cuestionar la presunta independencia de los usuarios-prestatarios de las plataformas digitales, sino repensar algunos de sus mecanismos e incluso pensar en nuevos contornos de la relación salarial. Quizá así conseguiremos que este ciberpoder no se nos escurra entre los dedos.

En la búsqueda de esta reconquista cabe plantear tres vías. En primer lugar, es posible ir a la búsqueda de los trabajadores que, por las condiciones de ejecución de su trabajo, son subordinados y, por ello, asalariados (I). Esta primera aproximación tiene el mérito de conservar una concepción pura del derecho social y de la condición salarial. Sin embargo, presenta numerosos límites y no responde al riesgo de exclusión social. Por ello no puede ser la única pista retenida. Existen al menos otras dos, que son o bien la extensión de los derechos sociales (II), o bien, lo que sería más deseable, la elaboración de un derecho común del trabajo subordinado y parasubordinado (III).

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