viernes, septiembre 23, 2016

"La solución al paramilitarismo no puede ser exclusivamente militar": Pastor Alape



Entrevista a José Lisandro Lascarro, alias “Pastor Alape”, integrante del secretariado de las FARC.

Por Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes|

Antes de comenzar la entrevista, José Lisandro Lascarro, alias “Pastor Alape”, miembro del Estado mayor de las FARC y delegado del equipo negociador en La Habana (Cuba), enciende un cigarrillo, como buscando un momento de esparcimiento. Sus días han transcurrido entre entrevistas con decenas de periodistas y las agotadoras sesiones de discusión, de día completo, que se viven en la X Conferencia Nacional Guerrillera que se desarrolla desde el 17 de septiembre en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá.

Durante la entrevista, el líder guerrillero habló sobre la problemática del paramilitarismo en Antioquia y sostuvo que la solución a este fenómeno “no puede ser exclusivamente de persecución militar, sino que tienen que abrirse unos espacios de sometimiento a la justicia, porque desde el punto de vista exclusivamente militar sabemos que eso no se desmonta”.

Al hablar sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto y la necesidad de obtener la verdad de distintos sectores del país, Pastor Alape manifestó que es necesario que “las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, empiecen a organizar todos los procesos jurídicos para comenzar a convocar a los responsables de todos estos crímenes ante la justicia especial para la paz”.

También, habló sobre la importancia de que procesos como el desminado humanitario y la sustitución de cultivos de uso ilícito tengan un alto componente social, y refirió algunas dificultades que enfrenta el proyecto de desminado en la vereda El Orejón de Briceño, Norte de Antioquia.

1. Desde su experiencia en el proceso de paz en La Habana, ¿qué fue lo más difícil de negociar?

Fue difícil todo desde el inicio. Establecer y acordar la agenda de conversaciones fue una pelea porque el Gobierno llegó con una estrategia de sometimiento y lo primero que nos tocó fue desmontar esa ambición que tenía el Gobierno de que firmáramos una paz sometida.

De ahí en adelante hubo unos pulsos muy complejos, por ejemplo, en el tema agrario; por eso quedaron unas salvedades que no las pudimos sacar como el tema de la tierra en manos de multinacionales, lo que en el debate llamamos la extranjerización de la tierra. Ese fue un tema muy duro. También el tema del latifundio y sobre todo lo que era la extranjerización de la tierra. Temas que nos quedaron como salvedades y que tendremos que pelearlos con la participación ciudadana.

Y el duro diríamos que fue en el tema de víctimas, la posición, en ese marco, de la estrategia de sometimiento que era cárcel. Entonces en ese momento no se hablaba sino de cárcel. Ese tema llevó más de año y medio en su discusión. Esos fueron temas álgidos, duros.

Pero en general todos los temas porque son dos visiones de la paz. Una visión de sometimiento, de garantizar las condiciones para que opere el gran capital; y una visión de una paz con justicia social en la que se den garantías a los sectores marginados, a poder incluir a esa Colombia profunda y olvidada. Ese ha sido un pulso que siempre hemos mantenido y que se sigue en discusión.

En la comisión de seguimiento y de implementación vamos a seguir peleando. Por supuesto que será en otras condiciones más con el acompañamiento de la sociedad civil porque este proceso ya implica participación de la gente en todo el tema de la implementación.

2. Fue usted el encargado, por parte de las FARC, de dar inicio al desminado humanitario en Briceño, Norte de Antioquia. Hubo dificultades, el proceso estuvo suspendido un tiempo, luego se reanudo, ¿cómo va actualmente el desminado y qué conflicto han surgido?

El tema del desminado humanitario, cuando el Gobierno lo plantea, tiene también una estrategia en dirección de mostrarnos al país como que fuéramos unos criminales. Entonces buscaron y nos plantearon Briceño, la vereda El Orejón, porque allá se había dado una situación con unos campesinos y el Gobierno estaba convencidos de que esos campesinos nos iban a condenar permanentemente.

Cuando entramos a estructurar el plan, lo primero que planteamos es que ese tenía que ser un plan que no solamente desminara el territorio sino que desminara el conflicto social en Briceño. O sea, tenía que ir acompañado de planes de participación de las comunidades para su desarrollo y mejorar sus condiciones de vida.

Ahí se tienen conflictos complejos con el megaproyecto hidroenergético Ituango, que generó desplazamiento de esas comunidades, que perdieron sus territorios, que desarrolló estrategias de coptación de liderazgos para dividir a las comunidades. Es decir, esa era una situación bastante conflictiva y con muchas situaciones complejas dentro de las comunidades patrocinadas por la empresa EPM y el Gobierno.

Entonces cuando empezamos a socializar el tema y ya presentamos el proyecto que incluía la parte social: se hace el estudio no técnico, las comunidades participan y dicen cuáles eran sus mayores preocupaciones y sus mayores preocupaciones no eran las minas, era el desplazamiento que estaban viviendo directamente por parte de EPM por el megaproyecto hidroenergético y el abandono. Entonces los planes se desarrollan en esa dirección.

Para mí esa experiencia ha sido muy enriquecedora porque las comunidades se han activado más. El proceso de organización de ellos se ha fortalecido, tanto Ríos Vivos como la junta de acción comunal, las asociaciones campesinas que surgieron en ese mismo proceso, y entonces esos espacios de discusión e interlocución entre comunidades, Gobierno y guerrilla, pues eran muy emocionantes porque era ver a la gente hablando y al Gobierno con sinceridad, respeto, pero con mucha fuerza, mucha decisión, mucho saber. Entonces siempre decíamos, es que esta es la Colombia que necesitamos, donde la gente hable sin miedo; estaban los soldados, representantes del Gobierno, las comunidades y la guerrilla.

Por supuesto eso ha tenido dificultades no por el desminado, sino sobre todo por la tramitología y la desidia de parte de funcionarios del Estado que los proyectos no se han venido desarrollando como los planteamos. Y en esa implementación de proyectos hay unos que son de mucho asistencialismo, más por mostrar que se hizo la inversión. Eso es un debate que está latente en Orejón.

Además apareció una mina en un sitio,  acusan a gente de que la puso, que de pronto alguien de la comunidad lo hizo para que se mantuviera el proyecto y no se fuera a desmontar el desminado porque  las comunidades piensan que apenas digan: “terminó la extracción de las minas”, entonces se van y nadie vuelve a poner los ojos sobre la vereda Orejón.

Y por supuesto que en ese marco del plan estaba lo de sustitución de cultivos, porque era una región cuya base económica han sido los cultivos de uso ilícito. Entonces se planteó que ese era un complemento, tal vez el más importante, para el proceso de desminado.

3. El tema de cultivos de uso ilícito tiene unos desafíos muy grandes. Existe la tesis de que la coca no tiene sustituto en cuanto a los ingresos que genera ¿Cómo hacer para que los campesinos en realidad puedan migrar a otras fuentes?

Mirándolo así desde lejos podría uno decir que es así, pero cuando uno se mete en la vida diaria del campesino encuentra otra realidad. Porque sí, puede que reciban unos recursos rápidos, pero cuando uno se pone a hacer cuentas con el campesino, casi todos tienen deudas. Además como esa es una economía ilegal todo es costosísimo, porque tiene que estar pagando extorsiones del uno, del otro, y a las mismas autoridades para que le dejen pasar los insumos.

Las 11 comunidades que estuvieron en la instalación del proyecto conjunto de sustitución dijeron: “queremos participar en este proyecto, pero aquí necesitamos desarrollo social, desarrollo económico, empecemos por medidas inmediatas como la construcción de un puente, el mejoramiento de la vía y la construcción de una nueva carretera que les permita llegar más rápido a Medellín.

Entonces, las comunidades se abrazaron al proyecto y exigieron su participación en todas las decisiones. El proyecto exige eso, que es a través de unas mesas técnicas que participa la sociedad, también están el Gobierno, las FARC y el componente de acompañamiento de Naciones Unidas, la OIM y la ONUDOC.

4. En este tema de drogas de uso ilícito también hay unos riesgos de parte del paramilitarismo que se lucra de estos cultivos

Por supuesto que al narcotráfico no le interesa que erradiquen y se suspenda ese uso del suelo. Pero las comunidades son las que en definitiva tienen que decidir acá. Y cuando las comunidades asumen un programa es muy difícil que cualquier actor armado vaya a someter a esas poblaciones a que mantengan el cultivo, y más en el marco de este proceso de paz con el acompañamiento internacional que se ha acordado.

5. En la problemática del paramilitarismo Antioquia es un territorio difícil, ¿cuáles son las regiones más complejas y cómo enfrentar este asunto?

Es que está casi toda Antioquia. Medellín y sus barrios con todas las bandas que hay. Ahí es importante y hemos valorado todo ese proceso que se viene haciendo en Medellín de buscar la paz urbana, de discusión con los combos, es decir, de buscar fórmulas para sacar a la gente de esas estructuras delictivas y criminales.

Por supuesto que ya a nivel de región está el Bajo Cauca; el Nordeste antioqueño; el Suroeste, grave; Urabá, que también es una región grave; el Oriente antioqueño, donde todavía se mantienen estructuras paramilitares de las mismas que quedaron en Magadalena Medio, en Doradal, y el Oriente de Caldas.

Lo que nos planteamos aquí es que en estas medidas que se van a establecer en el marco de la comisión de garantías y el acuerdo de lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, se establecen aquí una serie de medidas en dirección al desmonte de ese problema.

En primer lugar, se va a desarrollar una acción permanente. Se van a establecer  unas policías élites que van a estar supervisadas por un mecanismo que se establece en la mesa. Se establecerá también un mecanismo de persecución judicial, de investigación, para poder llegar a los sectores políticos, económicos y a algunos sectores de las Fuerzas Militares que vienen promoviendo el fenómeno.

Esas son como las medidas directas, pero lo que planteamos es que no puede ser una solución exclusivamente de persecución militar, sino que tienen que abrirse unos espacios de sometimiento a la justicia. Sería aplicar a eso porque desde el punto de vista exclusivamente militar sabemos que eso no se desmonta, porque matan es a los muchachos, a los gatilleros, hijos de campesinos, hijos de empleados y empleadas, y los verdaderos promotores, patrocinadores y orientadores del fenómeno siguen ahí reclutando más gatilleros porque con estos niveles de desempleo que tiene Colombia se vuelve de alguna manera una bolsa de solución de empleo para la gente.

6. Pasando al campo de las víctimas del conflicto, ¿cómo se está proyectando la reparación de parte de las FARC? Una inquietud que promueven algunos sectores del país es ¿qué dinero va a aportar el grupo insurgente para la reparación?

Esa es una visión deformada y planteada desde los sectores que le apuestan a la guerra, los sectores de la derecha. Porque aquí el responsable de toda esta violencia es el Estado, que no le dio garantías a ninguno de los colombianos para que pudiera ejercer su derecho al trabajo, al estudio y sobre todo a hacer política.

Por supuesto que nosotros hemos dicho, y así quedó establecido en la jurisdicción especial para la paz: nosotros vamos a poner todas nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra iniciativa, para todas las acciones reparadoras que haya que desarrollar y nos correspondan para poder generar la reconciliación en Colombia.

Pero quien está pensando y promoviendo que es que nosotros tenemos unas cuentas y que vamos a sacar toda esa plata y la vamos a poner, pues hombre, es que los dineros que nosotros teníamos eran de la economía de guerra, lo que hemos tenido es en la economía de guerra, y la guerra cuesta mucho.

Entonces cuando dicen, ustedes tienen plata, pues no tenemos, en este momento tenemos para comprar la comida, para la logística que necesitamos, pero es que en la guerra no hay recurso que aguante. Por eso siempre insistimos en que construir la paz es la única forma de salir del atraso, si además se le permite a la ciudadanía que ejerza control verdadero y legítimo de todos los órganos de poder del Estado.

7. En este tema de la responsabilidad del Estado en el conflicto, el tema de la verdad es muy importante para que en el país haya reconciliación y garantías de NO repetición ¿Cree usted que élites políticas y económicas, específicamente sectores como la ultraderecha, van a decir la verdad?

Pues, entrando en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz, el que no da verdad y el que se opone tiene que pasar a justicia ordinaria o es condenado a una pena máxima de 20 años.

Aquí que opera: que las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, empiecen a organizar todos los procesos jurídicos para empezar a convocar a los responsables de todos estos crímenes a la justicia especial para la paz.