jueves, septiembre 22, 2016

X Conferencia - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP Tesis para la discusión



Como un servicio informativo a los lectores alternativos interesados en la paz de Colombia, ANNCOL presenta el documento completo con las tesis de discusión de la X conferencia de la FARC-EP.

Presentación
La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente
Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural

IV. La perspectiva política inmediata

Tesis 23: La importancia del plebiscito
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación

V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal

Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia

Introducción

Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.

Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por  parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una paz estable y duradera.

Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de paz en las circunstancias actuales.

Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia.

Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de los Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.

Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:

1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;

2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.

I. La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.

Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia.

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo.

Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional.

Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:

a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.

b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos;

c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.

d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir:

a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses, c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.

La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista.

Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.

Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.

Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos.

Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.

Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas.

Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática paz la paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.
En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.

Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal.
Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.

Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia.

Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización.

Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.

Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual –de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.

De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.

Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.

Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera.

Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil.

En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.

Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.

Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación.

El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil.

Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.

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