viernes, octubre 21, 2016

Carta abierta del Comité Ambiental del Tolima a los magistrados del Consejo de Estado de Colombia



Ibagué, 19 de octubre de 2016

Doctores
DANILO ROJAS Y DEMÁS MAGISTRADOS
Consejo de Estado.
Ciudad.

CARTA ABIERTA

Respetados Magistrados:

La Constitución Política de 1991 trajo consigo el fortalecimiento de la democracia participativa y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana (derecho fundamental) que rediseñaron la intervención de la ciudadanía. Se pasó del simple espectador al verdadero sujeto social. La participación ciudadana se ha identificado constitucionalmente como principio fundante y fin esencial del Estado Social de Derecho  (C.P., Preámbulo y arts. 1 y 2), la cual se hace efectiva a través de instituciones y mecanismos de democracia participativa que fueron incorporados en la Carta Magna que en la actualidad nos rige.

La consulta popular municipal tiene su razón de ser en los artículos 40 y 104 y 105 de la Carta superior y se encuentra regulada mediante las Leyes estatutarias 134 de 1994, la 1757 de 2015 y el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 –que la hace obligatoria en materia minera- y es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia y que sean del resorte del ente territorial respectivo.

Las consultas populares sobre minería, como bien lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016, son constitucionales, legítimas y viables, por cuanto el municipio como núcleo esencial del Estado, también es copropietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables que allí se encuentran (art. 332 CP) y además, le corresponde regular los usos del suelo (art. 313-7), el cual recibe los impactos negativos –ambientales y sociales- que ocasiona la minería y la defensa de su patrimonio ecológico (art. 313 -9), de manera que se trata de un asunto de su competencia.

Adicionalmente, mediante las consultas populares municipales se ponen de presente las diferentes formas de democracia previstas en la Constitución Política, por cuanto existe intervención de las autoridades municipales (alcaldes y concejales), elegidos mediante la democracia representativa, intervienen los jueces de la República (magistrados de tribunales contenciosos administrativos) y finalmente, el pueblo directamente decide sobre la pregunta que es objeto de consulta (democracia participativa), de manera que es un mecanismo democrático por excelencia.

Teniendo en cuenta lo anterior y de manera respetuosa, queremos manifestarles que no encontramos consistentes con la reciente sentencia (T-445/16) de la Corte Constitucional las razones jurídicas que llevaron al Consejo de Estado a suspender la Consulta Popular Minera de Ibagué al día siguiente de proferida dicha sentencia. Como expresamos arriba, la sentencia precisamente deja claro que las consultas populares en asuntos mineros son constitucionales, por lo cual no es posible que violen el derecho al trabajo o al debido proceso, como argumenta el demandante de la tutela que dio lugar a la medida cautelar.  Por el contrario, la sentencia de la Corte Constitucional es suficiente para demostrar que no hay una violación a los derechos fundamentales que justifiquen la medida cautelar.

De manera respetuosa también nos permitimos recordar que el propio Consejo de Estado había concluido en una decisión anterior que las consultas populares no violaban el derecho al trabajo ni al debido proceso. De igual forma la Corte Constitucional, Sentencia C-293/02, señala que las decisiones sobre la conservación del ambiente privilegian derechos de naturaleza colectiva por encima del derecho al trabajo de quienes laboran en actividades que pueden afectarlo.

Como integrantes del Comité Promotor de la Consulta Popular minera de Ibagué nos permitimos solicitarles, de forma muy cordial, emitir una conclusión de manera pronta con el objetivo de poder asumir nuestro derecho constitucional a la participación democrática y poder resolver los problemas logísticos y de formación que el proceso demanda. Al día de hoy hemos perdido publicidad, trabajo voluntario, procesos de socialización y la posibilidad de contribuir a la profundización de la democracia colombiana y la construcción social de una paz desde los territorios que reconozca los derechos de las comunidades y la naturaleza. 

COMITÉS AMBIENTES EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Recepción de respuesta Carrera 5 No. 12-14 Ibagué-Tolima