sábado, octubre 29, 2016

Defensa del territorio y determinación de los pueblos



|Por Oscar Amaury Ardila Guevara*|

La comunidad nacional, departamental y local hoy atraviesa uno de sus más grandes desafíos sociales y retos políticos, para poder garantizar la conservación de la riqueza natural y su biodiversidad.

Dentro de los proyectos económicos que el sistema promueve para fortalecer su estructura capitalista, la explotación de los recursos naturales y la mega-minería, hacen parte del paquete de actividades del sector privado como una de sus prioridades dentro de la globalización de la economía. De un lado, toda una maquinaria mundial de poderosos compitiendo por acumular más riquezas sin ninguna consideración ni respeto por la vida en el planeta, y por otro lado, un pueblo que empieza a entender las nefastas consecuencias de las actividades extractivas; una comunidad que va asumiendo su responsabilidad en la defensa de los espacios naturales que disfrutamos, opinando, expresándose públicamente y apropiándose de los mecanismos constitucionales de participación, que nos brinda la posibilidad de determinar sobre nuestros recursos y soñar con una tierra sana, en paz y productiva socialmente.

ESTRATEGIA DE LOS MEGAMINEROS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Varios son los discursos que los pulpos macroeconómicos van invadiendo los espacios públicos, la academia, la cultura, los circuitos económicos locales para tratar de hacer creer que las sociedades se verían favorecidas al permitir la implementación de sus proyectos mineros. La constatación respecto de otros procesos regionales e internacionales es que no dejan de ser promesas y embelecos:

- Que se incrementaría los niveles de empleo, los beneficios se quedan en la región y se aumentaría el crecimiento económico local. No es cierto.

- Que la minería puede ser limpia, no contamina, se consulta a las comunidades y se tienen soluciones técnicas para cada problema. No es cierto.

- Que se tendría tecnología de punta, desarrollo del sector comercio y transporte, servicios de educación y salud. No es cierto.

- Que la implementación de inversiones transnacionales coloca a los países en los estándares de modernidad y avances civilizatorios. No es cierto.

CONSECUENCIAS ESTRUCTURALES Y EFECTOS SOCIALES

La implementación y ejecución de los megaproyectos mineros en nuestro territorio puede acarrear graves secuelas en el desarrollo integral y bienestar de la población:

- Afecta el tejido social e interviene negativamente en la construcción de Nación, destruyendo las comunidades locales, campesinas, raizales e indígenas.

- Manipulan el marco legal y evaden la figura de la responsabilidad social.

- Se pierde patrimonio natural, se enajena para siempre recursos no renovables y se sustentan economías extranjeras en actividades con fecha de vencimiento.

En nuestros países tercermundistas, victimas a lo largo de la historia de todas las intervenciones posibles en lo político, lo económico, lo ideológico y lo cultural por las grandes potencias, se han aplicado detallados planes estratégicos de sometimiento internacional de acuerdo a sus intereses imperialistas. La globalización de la economía  (circulación programada de capitales transnacionales), como la política económica del llamado neoliberalismo, trajo consigo una serie de medidas y lineamientos que condicionaron a las pequeñas economías y a los países fértiles en recursos naturales, a jugar un papel pasivo en el gran desarrollo económico de la “modernidad”; en ese sentido, los Tratados de Libre Comercio y demás acuerdos han protegido la inversión capitalista por encima de los derechos de las comunidades, desconociéndoseles y marginándoseles. Desde los años 90 América Latina ha sido el destino de las grandes empresas mineras y en Colombia esa nueva fase de expoliación y destrucción ambiental se legaliza con la expedición del Nuevo Código de Minas en el año 2001 durante la administración Pastrana. Todos los gobiernos nacionales desde entonces, han complacido las demandas del capital internacional ajustando el aparato Estatal a los intereses de los poderosos. Mediante sendas Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía (Res. 180241 / 2012) y de la Agencia Nacional de Minería (Res. 0045 / 2012 y Res. 429 / 2013), crearon y delimitaron 516 zonas específicas denominadas Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros. Con una extensión de 20.471.346,7 de hectáreas que equivalen al 20.3% del territorio nacional contenidas en las resoluciones mencionadas; estos bloques se dispondrían para llevar a cabo labores de exploración y explotación de minerales valiosos a gran escala. Áreas en donde los proyectos extractivos para su adjudicación, serían entregados mediante procesos de licitación pública a empresas privadas.

EN COLOMBIA EXISTEN ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL

Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecieron mediante la Ley 2 de 1959 franjas de nuestro territorio nacional con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y “Bosques de Interés General”. A partir de ese reconocimiento se ha venido identificando y protegiendo otros importantes lugares que hacen parte del patrimonio ecológico colombiano: las Reservas Forestales del Pacifico, la Reserva Forestal Central y la del Magdalena; la Sierra Nevada de Sta. Marta, los Motilones, el Cocuy y la Amazonía. Hacen parte de este gran inventario biológico los páramos por fuera de parques, la reserva forestal nacional protectora, el parque natural regional, el parque natural nacional y los humedales RAMSAR.

Nuestro Departamento del Tolima, como parte de la Reserva Forestal Central cuenta con una franja de 349.755,36 has, que equivalen al 23,4% del total de la Reserva dentro de un área total de 1.496.512,95 has. De norte a sur la reserva incluye a los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzóategui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Chaparral, Rioblanco y Planadas. De otro lado, y para considerarlo un importante patrimonio, hacia la cordillera oriental en sus estribaciones y ubicado en el municipio de Villarrica, también contamos con un gran recurso ambiental como lo es el Bosque GALILEA; inexplorada montaña que podría potenciarse como valiosa fuente natural para el desarrollo científico, biológico, social y cultural de la región.

El Municipio de Ibagué dentro de la Reserva Forestal Central cuenta en su área rural con dos tipos de zonas que aportan favorablemente al equilibrio ambiental: la Zona Tipo A al suroccidente garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos en 14.469,35 has y la Zona Tipo B contiene coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal en 4.598,39 has. El Municipio de igual forma posee seis (6) Áreas Protegidas de Carácter Regional: Un (1) Distrito de Conservación de Suelos en los Cerros del Norte de Ibagué y cinco (5) Reservas Forestales Protectoras Regionales ubicadas en Alto Combeima, Dulima, La Esmeralda, La Suiza y Las Mirlas; Estas áreas del Municipio hacen parte del Parque Natural de los Nevados que con una cobertura de 58.300 has tiene el carácter de área protegida de carácter nacional, de las cuales el 40% se encuentran en el Departamento del Tolima. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y POTENCIAL HIDRÍCO DE IBAGUÉ

Tres cuencas hidrográficas hacen de nuestro territorio un potencial ambiental de valiosa importancia para el abastecimiento de agua a las comunidades: Coello, Totare y Opia. Para Ibagué, la cuenca del Rio Coello que cubre el 74% de su área municipal, abastece a las Comunas 1, 9, 10, 11, 12 y 13; la cuenca del Rio Totare a las Comunas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; y la cuenca del Rio Opia a las Comunas 8 y 9. Por su producción de recursos y reservorio natural la Cuenca del Rio Coello sobresale con un Área de 178.292 Has, drenando 184.257.1 Has; su valía en aspectos generales del desarrollo local incluye beneficios de todo orden: de la cuenca depende el 60% de la población del Departamento del Tolima, riega la meseta aluvial de Ibagué y sustenta los distritos de riego USOCOELLO y ASOCOMBEIMA (canal Laserna y Canal Aceituno). Se constituye en un Banco Genético de biodiversidad de flora y fauna, y con el 45,01% de oferta hídrica, es área de recarga del acuífero de Ibagué, entre otras. Toda la cuenca del Rio Coello cubre una extensión de 7.8% del Departamento con lo que además, son beneficiados los Municipios de Cajamarca, Rovira, San Luis, Coello, Espinal y Flandes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MECANISMO SOBERANO DE DECISIÓN SOBRE EL TERRITORIO

Ante la amenaza de la instalación de nuevos proyectos mineros en el Departamento, especialmente los que pueden afectar los recursos vitales de subsistencia en la zona central, varias han sido las manifestaciones de dignidad y respeto por la tierra por parte de la población. El Municipio de Piedras en una valerosa y masiva decisión mediante su Consulta Popular, frenó cualquier posibilidad de que se instalara parte del procesamiento de minería del proyecto La Colosa de la empresa Anglo Gold Ashanti en su suelo. La ciudadanía ibaguereña animada por los mensajes de defensa de la naturaleza y rechazo a la multiplicación de titulación minera en el territorio, logró junto a la administración Municipal la convocatoria a su propia Consulta Popular en este año 2016. La persistencia de líderes ambientales en Cajamarca y el apoyo de varios representantes de la comunidad en el Municipio, han logrado avances significativos para asegurar implementar el mecanismo participativo de una Consulta popular sobre temas mineros. Otros Municipios se van apeando de argumentos y razones para no permitir que la minería en cualquiera de sus líneas de explotación, puedan afectar la riqueza biodiversa de los territorios.

CONSULTA POPULAR POR LA DEFENSA DEL SUELO, EL AGUA Y LA VOCACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA EN IBAGUÉ

Los fundamentos de las Consultas Populares tienen su base en la Constitución Política de Colombia, que le faculta al Presidente de la República convocarla (Art. 104) y le permite a los Gobernadores y Alcaldes también hacer uso de su investidura para definir asuntos de su competencia (Art. 105). Los soportes legales de ellas, se concentran en los contenidos normativos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. Conforme a estos mandatos existen algunos temas de significativa importancia, como es el caso de la exigencia de un umbral mínimo de participación de una tercera parte (1/3) del respectivo censo electoral, y para su realización en el marco de las entidades territoriales, comunas, corregimientos y localidades, su convocatoria seria dentro de los dos meses siguientes al pronunciamiento del tribunal Administrativo. Finalmente la Resolución 76 de 2016, fija las sumas máximas en las campañas, establece como opciones el Sí, el No y la abstención; además ordena que los promotores deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral los estados contables de sus campañas.

Luego del adelantamiento de todos los procesos administrativos, reglamentarios, contenciosos y legales para la realización de la Consulta Popular en Ibagué, la sección Cuarta del Consejo de Estado decidió suspenderla  como medida cautelar “de urgencia”, solicitada a través de una acción de tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, en representación de la Asociación Minera e Hidrocarburos del Tolima; en la que se argumentó la vulneración de derechos laborales de quienes derivan sustento de actividades mineras en la ciudad. El Consejo de Estado notificó “Ordenar al señor alcalde de Ibagué que asegure el cumplimiento de esta orden judicial, mediante las respectivas decisiones administrativas y demás medidas pertinentes para ese cometido”. 

Al filo del año 2016 como en ninguna otra época de nuestra historia, se hace vital enaltecer los principios humanísticos de las razas y los pueblos que luchan por mejores futuros; la dignidad, la solidaridad, la ética, el respeto por la naturaleza, son entre otros, los valores que hacen la diferencia entre las fuerzas polares que buscan protagonismo dentro de las naciones. De un lado de la balanza un puñado de ricos intentando apropiarse de los recursos del país, de la biodiversidad, y del otro, un mar de cuerpos y espíritus sociales que resistimos esos planes imperialistas de destrucción y nos aprestamos a trazar nuevos caminos de justicia e igualdad. Para el tema en cuestión, la defensa de nuestro territorio pasa por asumir el principio de soberanía popular, que le permita decidir mediante los mecanismos constitucionales de participación, el que hacer con las riquezas naturales. Los retos y los desafíos que nos traen situaciones difíciles e inesperadas solo nos deben llenar de convencimiento y valentía para persistir en causas nobles como lo es el amor por la tierra.          

(*) El autor es Abogado Ambientalista, Defensor de Derechos Humanos, Gestor de paz.

Consultas y referencias de información

1. Artículos de prensa
2. Verdades de la Mega-minería. Jennifer Moore
3. Características del Municipio de Ibagué. Cortolima, Bureau Veritas, Gobierno en Línea.
4.  Consulta Popular Minera Ibagué 2016. Marco Emilio Hincapie