lunes, octubre 24, 2016

Los conflictos detrás del proyecto La Colosa, en Tolima



|Por Verdad Abierta|

El más reciente informe de la organización holandesa Pax denuncia las amenazas que han recibido opositores de la exploración de oro en áreas de conservación de este departamento y detalla cómo la Fuerza Pública llegó de la mano de AngloGold Ashanti.


En Cajamarca se cayó la consulta popular que se pensaba hacer para indagar si la gente estaba de acuerdo o no con la exploración minera en su territorio. Foto: tomada del informe de Pax llamado 'Democracia vale más que el oro'.

Bajo amenaza. Así se encuentran algunos activistas que se oponen a la explotación de oro en tierras protegidas del Tolima por parte de la multinacional AngloGold Ashanti. Las presiones están detalladas en el nuevo informe de la organización no gubernamental holandesa Pax que les hace seguimiento a las firmas extranjeras dedicadas a la minería en el país.

Bajo el título ‘Democracia vale más que oro’, Pax hace un extenso análisis sobre los impactos social, económico y ambiental del proyecto de minería a cielo abierto conocido como La Colosa, cuya área abarca los municipios de Cajamarca, El Espinal e Ibagué. La multinacional de capital sudafricano está en este proyecto desde 1999 y se estima que la explotación comience en 2023, siempre y cuando todos los procedimientos sean aprobados.

El desarrollo de este proyecto ha sido bastante discutido por cuenta de las implicaciones ambientales que genera buscar oro en zonas de reserva forestal. En el debate han participado varias organizaciones civiles en Tolima, la polémica llegó hasta el Congreso y a la Corte Constitucional que falló a favor de los gobiernos locales y les permitió restringir áreas consideradas de conservación. Uno de los temores de fondo es que la explotación en La Colosa afecte los recursos hídricos que se generan en esta zona, que benefician al 70% del departamento.

Desde hace dos años, las comunidades desarrollaron múltiples maneras para hacerse escuchar, una de ellas fue la consulta popular. El municipio de Piedras es el referente ene se sentido, pues en 2013 adelantó una consulta entre sus pobladores y los resultados fueron contundentes: el 99% de los votantes dijo ‘No’ a la minería a gran escala. Allí, la AngloGold Ashanti pretendía construir una planta de metalurgia y varios pozos del proyecto La Colosa.

A partir de entonces se desencadenaron otras consultas populares, esta vez en Cajamarca, El Espinal e Ibagué, todas ellas con la intención de conocer si las comunidades aprobaban o no la exploración aurífera por parte de la multinacional minera.

Ante estos movimientos ciudadanos, Pax se concentró en analizar cómo la multinacional se relaciona con la sociedad civil y cómo se resuelven los conflictos entre los pobladores, la empresa y las comunidades con las autoridades. A su juicio, “construir confianza y justicia socioambiental en conjunto con la población de la zona de impacto de La Colosa es clave para mantener la paz, en un escenario de posconflicto”. Asimismo, incluyó en su análisis varios hechos de violencia que han girado en torno a este proyecto minero.

Este informe es el segundo sobre el país que publica Pax. El primero de ellos se centró en la explotación de carbón en el Cesar y la presunta alianza de las multinacionales Drummond y Prodeco con células paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Amenazas a los que dicen ‘No’

Aún no ha comenzado la explotación de oro en el proyecto La Colosa pero, si obtiene todas las aprobaciones que requiere, se estima que en cerca de siete años empezará. Foto: archivo Semana.


Varios de líderes que se oponen al proyecto minero recibieron amenazas. Algunas veces las intimidaciones han sido explícitamente por oponerse al progreso; otras coinciden con los tiempos en los que la gente se moviliza para protestar en contra del proyecto minero; y en algunas ocasiones generalizadas y sin razones claras.

Pax registró en su informe que en septiembre de 2015 “varios activistas de los movimientos de resistencia recibieron amenazas de muerte a través de un correo electrónico desde una cuenta llamada Tolima Limpio, suscrito por las Águilas Negras. En el correo se señala a los activistas como miembros de la guerrilla opuestos al progreso”. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía.

En 2014 un panfleto también firmado por las llamadas ‘Águilas Negras’ señaló entre varias organizaciones a la revista El Salmón y a la Universidad de Tolima como “colaboradores” de las Farc y el Eln, lo curioso es que ambos han criticado el proyecto minero.

“No les gusta la oposición a la minería. Esta amenaza es seria. Amenazar a periodistas o a comunicadores ambientales creo que es también un golpe al movimiento ambiental del Tolima”, declaró un docente de esa universidad en el informe de Pax.

Al preguntarle a la empresa minera sobre su posición respecto al informe de Pax, la multinacional envió a VerdadAbierta.com las precisiones que le solicitó a la organización holandesa en agosto de este año. En dicho documento, AngloGold Ashanti reiteró su compromiso con los derechos humanos.

Explicó, además, que en el caso de la amenaza a través del correo electrónico existe una denuncia ante la Fiscalía porque ellos la interpusieron “en el marco del respeto por los DDHH. Siempre ha rechazado y denunciado de forma inmediata cualquier amenaza contra la vida e integridad de cualquier persona que se ocasione como consecuencia directa o indirecta de la operación de la empresa en la zona de influencia”.

AngloGold Ashanti agregó que rechaza “cualquier vinculación que nos hagan con denuncias relacionadas con la estigmatización” y solicitó que también se analice cómo han sido perseguidos y amenazados los trabajadores de la multinacional por el solo hecho de laborar allí y también a quienes respaldan las actividades mineras. “Son más los empleados, contratistas y proveedores de AGAC (AngloGold Ashanti Colombia) en Ibagué y Cajamarca quienes han sido víctimas de la estigmatización como consecuencia de su posición favorable al proyecto minero”, precisó la empresa.

Sin embargo, esta no es la única vez en la que algún grupo armado está relacionado en todas las disputas entre las organizaciones civiles y la multinacional minera.

En 2014, cuando el Concejo de Cajamarca estaba analizando si aprobaba o no la consulta popular para que la gente votara a favor o en contra de las actividades mineras, corrió el rumor de que las Farc estaban presionando a todos los ediles. Sin embargo, todos los concejales negaron que estuvieran amenazados. “Al parecer estas presiones venían de otro lado”, señaló el informe de Pax.

Finalmente, en febrero de 2015, diez de los once concejales votaron en contra de hacer una consulta popular. La decisión la tomaron tres días después de reunirse con la cúpula de AngloGold Ashanti, según explicó a Pax el edil Gerardo Arciniegas, el único que estuvo a favor.

Los señalamientos de la supuesta intromisión de las Farc vinieron también por los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia, ambos del partido Centro Democrático, quienes usaron sus cuentas de Twitter para advertir que las marchas de oposición al proyecto La Colosa en Ibagué y Cajamarca estaban infiltradas por la guerrilla.

Llegan con el oro

Otro de los actores centrales en esta discusión es la Fuerza Pública. La multinacional especificó que desde 2007 ha hecho 25 convenios con el Ministerio de Defensa, “los cuales tienen una duración de un año y su monto varía dependiendo de los proyectos que la compañía tenga en exploración”.

Sin embargo, Pax aclaró que desde que AngloGold Ashanti obtuvo los primeros títulos mineros en Tolima en 2002, el Ejército llegó a Cajamarca inicialmente con 120 hombres en desarrollo del ‘Plan Meteoro’. Posteriormente, instalaron un batallón de infantería y otro de alta montaña.

Para la organización holandesa es claro el propósito de la Fuerza Pública en esta región del país: “la columna militar cercana al proyecto se encarga principalmente de proteger la infraestructura en la fase de exploración minera y dar seguridad al personal de AGAC (AngloGold Ashanti Colombia) y sus subcontratistas, así como a los habitantes de las ocho veredas aledañas a la mina entraron a la región en el mismo tiempo en el que AngloGold hizo presencia en la zona”.

El informe de Pax registró que esos años coincidieron con la llegada de los paramilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes supuestamente combatirían a los frentes 21 y 50 de las Farc, que han estado en esa región por décadas. Esos enfrentamientos incrementaron, a comienzos de la década del 2000, las cifras de víctimas mortales y de desplazamiento forzado.

El número de desplazados en Cajamarca según el Registro Único de Víctimas.


Pax reseñó además las masacres de Cajamarca, también conocidas como las masacres de Potosí, ocurridas en 2003 y 2004. En la primera murieron nueve campesinos y en la segunda cinco personas de una misma familia. El informe aseguró que miembros del Batallón Rooke de la Sexta Brigada del Ejército y el Batallón Contraguerrillas Pijao estuvieron en operativos compartidos con paramilitares.

El Bloque Tolima se desmovilizó en 2006 y, según el análisis de Pax, desde entonces los militares lograron “controlar una parte significativa del territorio donde operaban las Farc, en particular la carretera principal o Panamericana”. Si bien hubo una baja considerable en la cantidad de víctimas, todavía hoy persisten las amenazas de grupos que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares como ‘Los Rastrojos’ o las ‘Águilas Negras’.

Tanto el informe de Pax como fuentes consultadas por VerdadAbierta.com denuncian presiones por parte de miembros de la Fuerza Pública hacia aquellas personas que se oponen abiertamente al trabajo que hace AngloGold Ashanti en la región.

Ejemplo de ello ocurrió septiembre de 2011, cuando la Octava Brigada del Ejército entregó volantes con los nombres de supuestos milicianos de las Farc, “pero algunos de estos presuntos alias eran los nombres reales de líderes locales de Anaime, como Walter Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Cañón de Anaime, y Yolanda López, una líder comunitaria de la misma región, muy activa en la protesta en contra del proyecto La Colosa”, aseguró el informe. Posteriormente y como efecto de esos señalamientos, ambos tuvieron que abandonar la región.

Algo similar ocurrió dos años después cuando en unos volantes dos líderes también de Anaime y quienes se oponen a la búsqueda de oro fueron señalados de ser supuestos colaboradores de las Farc. La preocupación de las comunidades y sus líderes es que continúen las estigmatizaciones.

Pax agregó que todas las semanas, directivos de AngloGold Ashanti se reúne con el coronel a cargo de las operaciones militares para intercambiar “información sobre logística de la compañía y otros temas relacionados con la seguridad con el fin de asegurar la protección del proyecto”.

La empresa minera, por su parte, explicó que se reúne con el Ejército y la Policía “con el objetivo de mejorar el respeto por los DDHH y no para intercambiar opiniones ni percepciones sobre la sociedad civil”. Y aclaró que si bien no puede publicar los convenios por condiciones de confidencialidad establecidos por la Fuerza Pública, existe una cláusula de respeto a los derechos humanos.

“El Ejército debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los pobladores de la zona donde cumplen tareas de seguridad y en consecuencia no se van a llevar a cabo acciones ni comportamientos que puedan violar estos derechos”, explicó AngloGold Ashanti.

Una de las conclusiones del trabajo realizado por Pax es que la información concerniente al proyecto que desarrolla esta empresa minera en el Tolima no le está llegando a las comunidades. A juicio de la organización holandesa, no le llega a la gente porque ni la firma multinacional ni el Estado la facilitan.

“Se desarrolla el proyecto minero a costa de restringir la participación ciudadana a nivel local”, aseveró el informe, circunstancia que calificó de preocupante por cuanto esta organización holandesa cree firmemente que para una etapa de posconflicto como el que podría vivir Colombia en poco tiempo es necesaria una relación justa y basada en la confianza entre la población y la empresa.