viernes, octubre 07, 2016

No más fraude al soberano: constituyente inmediatamente



|Por Jaime Araujo Rentería|

Ayer, describíamos como el 63% de los colombianos con derecho a voto, miembros de la sociedad civil, rechazaron en el plebiscito, tanto a Uribe como a Santos: los rechazaron individualmente, ya que cada uno, tuvo sólo el 18.5 de los votos; y los rechazaron colectivamente, pues unidos sólo representaron el 37%; lo que es apenas la mitad de quienes los rechazaron y si a esto se agrega que los votos nulos obtuvieron más de un cuarto de millón de votos, estos también son de rechazo a ambos. Señalábamos también como los rechazados “proponían como solución” un nuevo frente nacional, ya no entre dos sino entre tres: entre Uribe, Santos y las FARC, para repartirse el poder y el gobierno entre ellos, con exclusión de la sociedad civil; esto es del 63% de los ciudadanos con derecho a votar que suman cerca de 21 millones de ciudadanos y de otros miembros de la sociedad civil, que son menores de edad, 13 millones que son personas y como tales tienen los mismos derechos humanos que tienen los ciudadanos y por lo mismo hacen parte de la sociedad civil y deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir sobre su destino y que suman en total cerca de 34 millones de colombianos. ¡Los 6 millones de Uribe y los 6 millones de Santos, quieren excluir a 34 millones de la sociedad civil! ¡Qué absurdo!.

POR QUE NO PUEDEN EXCLUIRLOS: SOBERANOS, PODER CONSTITUYENTE.

No pueden excluirlos, porque somos soberanos; titulares de la soberanía; cada uno de los miembros de la sociedad civil, somos titulares de una fracción de la soberanía, pues nuestra constitución consagra la soberanía popular. Como titulares de la soberanía, somos también titulares del poder constituyente, que no es más que el principal atributo del soberano; en consecuencia, la sociedad civil, es la titular de la soberanía y del poder constituyente. No lo son los poderes constituidos, como el Congreso, el Presidente o las Cortes, que como todo poder constituido están sometidos a la constitución. La constitución es un límite  a los poderes constituidos, no para el pueblo soberano y titular del poder constituyente. Las constituciones, como dijo Sieyes, son llamadas fundamentales, no en el sentido de que puedan llegar a ser independientes de la voluntad del pueblo,  “sino porque los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no pueden tocarlas ni violarlas. En cada una de sus partes la constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de la delegación”.

El pueblo soberano no está sometido a la constitución: esto implica: 1) El pueblo no está sometida a ninguna forma de derecho positivo y 2) El pueblo puede darse la forma-de Gobierno-politica que quiera. La constitución es un medio para un fin: proteger los derechos del individuo. La protección de estos derechos, es la razón de ser de la organización política. Como dijera el abate Sieyes: El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente. Este principio se encuentra plasmado en  nuestra constitución en el “Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público...” y tiene valor no porque lo diga la constitución, que es hija del ejercicio de la soberanía y del poder constituyente del pueblo, y aun cuando la constitución dijera lo contrario. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente, porque como dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”.

Definido que los dueños de la soberanía y del poder constituyente somos el pueblo y no los poderes constituidos, llámense presidente, congreso o cortes; que estos poderes constituidos están sometidos a la constitución; pero que el pueblo, como soberano está por encima de ella; que el pueblo puede siempre reformar, cambiar o destituir a los poderes constituidos, que el árbitro supremo en la democracia siempre es el pueblo y NO los poderes constituidos y que en los momentos de crisis, debe ser consultado obligatoriamente; es un absurdo querer excluir a la sociedad civil, a 34 millones de miembros de la sociedad civil, del proceso de paz o de cualquier otro asunto; a las víctimas de la violencia de la sociedad civil de participar de en las decisiones que las afectan; cuando nuestra constitución ordena precisamente lo contrario (artículo 2 de nuestra constitución: “son fines esenciales del Estado:… Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y cultural de la nación…”).

EQUIVOCADOS EN LA FORMA Y EN EL CONTENIDO

Ya vimos cómo, en todo el proceso de cesación parcial de un conflicto armado, tanto el gobierno como la FARC y el Uribismo, de hecho excluyeron a la sociedad civil Soberana y constituyente y especialmente a sus víctimas y apenas estas y aquellas pudieron expresarse, los rechazaron individual y colectivamente. Ahora, ante la crisis planteada, la fórmula es la misma: la exclusión del pueblo soberano y constituyente, la exclusión del árbitro supremo de la democracia: el pueblo; cuando deberían estar haciendo precisamente lo contrario; llamándolo para que dirima el conflicto como dijera en plena revolución francesa el abate Emmanuel Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Quieren sustituir la constituyente, como hacen los políticos tradicionales, por una reunión de “compadres”; el compadre Uribe y el compadre Santos; cuando saben que la sociedad civil los rechazó ambos, juntos y separados; como saben también que ni el primero es el dueño del no ni el segundo del dueño del sí; ya que ante la registraduría nacional del Estado civil, se escribieron más de 500 comités entre sí y el no y que a pesar del rechazo de algunos de ellos, fueron reconocidos cerca de 80 comités por el no y cerca de 120 comités por el sí; lo que es la prueba de que no son los dueños; sin contar a más de un cuarto de millón de votos que los rechazaron pidiendo la constituyente y que fueron anulados por la organización electoral.

SE PARTE DE CERO

A pesar, de que Uribe y Santos, quieren engañar al pueblo colombiano diciéndoles que sólo se trata de renegociar unos “pequeños ajustes”; la realidad es que el proceso de cesación parcial del conflicto armado, comienza de cero. Las razones de nuestra afirmación son las siguientes: las dos partes, del acuerdo de La Habana, manifestaron en múltiples oportunidades, que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Era claro para las partes, que los acuerdos parciales no tenían valor, estaban sometidos a una condición suspensiva. También manifestaron las partes, que ambas aceptaban el fallo de la corte constitucional. Cuando todo estuvo acordado (en realidad no todo, ya que con posterioridad siguieron haciendo acuerdos), y se firmó por el presidente y el representante de la contraparte, ya había salido el fallo de la corte constitucional; y esta sentencia dijo claramente, que el acuerdo no producía ningún efecto jurídico; que sólo producía efectos políticos; y que estos efectos políticos sólo se producían respecto del Presidente de la República; que las vías para incorporar normas jurídicas consultando al pueblo eran o el referéndum o la Asamblea Nacional constituyente; pero no el plebiscito. Por esta razón, es que estaban engañando al pueblo colombiano, quienes decían que el plebiscito del 2 de marzo iba a incorporar los acuerdos de La Habana. Como mentían también, cuando decían que los acuerdos eran inmodificables, y la prueba de que podía modificarse, es que cuando el Papa de Roma, no aceptó integrar el tribunal de la justicia especial para la paz, se modificaron, para decir que podía hacerlo otro: el tribunal europeo de derechos humanos; pero además por otra razón potísima, porque así lo previó la propia corte constitucional, en su propia sentencia, cuando dijo , que aún si él SI ganaba, era posible reversarlo, mediante otro plebiscito; Pág. 296 del fallo de la corte: “La consecuencia jurídica de la aprobación popular, bajo esta perspectiva, consiste en que el deber de implementación no puede rechazarse por el Presidente, quien es el destinatario de dicha labor.  Por ende, en caso que se considerase por parte el Gobierno que es necesario reversar la implementación y ante la comprobación del voto popular a favor del Acuerdo, sería obligatorio convocar nuevamente al Pueblo para esa labor, pues solo él tiene la ascendencia democrática suficiente para tal propósito una vez se ha expresado la voluntad del cuerpo electoral mediante plebiscito.”.

La corte estableció claramente que si el NO triunfaba, es imposible jurídicamente implementar el acuerdo final; de modo que las reuniones entre santos y Uribe, son jurídicamente inocuas, ya que se acuerdo no se puede implementar, y cualquier otro cambio que se le haga, por pequeño que sea, será ya otro acuerdo y se necesitará otro plebiscito; pues si el pueblo ya dijo no a través de un plebiscito, y por ese medio expresó su voluntad, sólo podrá modificar su voluntad, mediante otro acto jurídico de igual naturaleza; esto es, mediante otro plebiscito, donde gane el sí. Veamos lo que dijo la corte en la página 336 de su sentencia: “En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una decisión de política pública específica y a cargo del gobernante”.

En otros apartes, de la sentencia de la corte, páginas 298 y 299, sentido se dijo:

“115.   En ese sentido, si el efecto de una votación favorable del plebiscito especial es activar los mecanismos de implementación normativa del Acuerdo Final, la consecuencia correlativa de la votación desfavorable o de la falta de votos suficientes para la misma, es la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico, puesto que fue esa decisión de política pública la que se sometió a la refrendación popular.

Esta conclusión, por supuesto, no es incompatible con que, ante la negativa del Pueblo, a través de las reglas del PLE se ponga a consideración del Pueblo una nueva decisión, con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo, incluso con grupos armados ilegales diferentes a las FARC-EP. Como se señaló a propósito del cuestionamiento de la Procuraduría General fundado en la presunta naturaleza ad hoc del plebiscito especial, ni del texto del PLE, ni de las consideraciones plasmadas dentro del trámite legislativo, es viable concluir que el plebiscito especial sea aplicable exclusivamente respecto del mencionado grupo armado ilegal, ni menos que la vigencia del PLE se agote en relación con dicha negociación en particular.  Por lo tanto, no existe un obstáculo verificable para que, ante la hipótesis de una votación negativa del plebiscito, pueda someterse a refrendación popular una decisión política de contenido diferente, inclusive bajo las reglas especiales del PLE.  Esto limitado, como es apenas natural, a que esté vinculada a un acuerdo final relativo a la terminación del conflicto armado, en los términos del artículo 1º del PLE.

116.    Con todo, en contra de la anterior conclusión podría argumentarse que las consecuencias jurídicas antes explicadas no se derivan del texto del artículo 3º del PLE, pues el mismo solo regula la hipótesis de la decisión aprobatoria, más no del veredicto popular en un sentido negativo. Por ende, la Corte no estaría llamada a definir dichas consecuencias cuando el legislador estatutario no lo ha hecho. 

La Corte se opone a esta conclusión, puesto que considera que la misma sería contraria al artículo 104 C.P., norma que establece que la decisión del Pueblo en el plebiscito “será obligatoria”. Nótese que la Carta Política no confiere ese carácter vinculante únicamente a la decisión aprobatoria, sino que deja la consecuencia abierta en ambos sentidos, puesto que se restringe a señalar la obligatoriedad del veredicto del Pueblo.  En ese sentido, se estaría ante un evidente desconocimiento de dicha norma superior, si los efectos de la decisión del Pueblo se restringieran exclusivamente a una modalidad del dictamen.

A juicio de la Sala, dadas las implicaciones de la refrendación popular, sus efectos deben reflejar cabalmente las preferencias mayoritarias de quienes participan en el plebiscito.  Por ende, debe conferirse un efecto jurídico definido tanto a la decisión aprobatoria como aquella que niegue la validación de la decisión política del Presidente sometida a plebiscito especial.  Sostener lo contrario significaría una inaceptable instrumentalización de la decisión popular como mecanismo de simple validación de las políticas gubernamentales. En cambio, conferir efectos sustantivos a las dos posibles opciones de expresión popular es una postura respetuosa de las preferencias de los ciudadanos, manifestadas a través de los mecanismos de participación.”.

LA SOCIEDAD CIVIL RECHAZA OTRO PLEBISCITO Y PIDE YA LA CONSTITUYENTE

Demostrado como esta, que el plebiscito que ya pasó u otro nuevo, no produce ningún efecto jurídico, sino político y sólo respecto del Presidente. Que el que ya pasó, por haber ganado el NO, es imposible, jurídicamente para el presidente adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico, puesto que fue esa decisión de política pública la que se sometió a la refrendación popular; que como quiera que el rechazo a los acuerdos de La Habana, se produjo por el pueblo soberano, por medio de un plebiscito, sólo por el mismo medio, puede cambiar la voluntad del pueblo; esto es, mediante otro plebiscito (y no mediante leyes); las conversaciones entre santos y Uribe, son inocuas. Si además, tenemos en cuenta que la mayoría de la sociedad civil, rechazó los acuerdos de La Habana (a Santos y a la FARC) y rechazó también a Uribe, separadamente y también juntos, pues consideró que Santos y Uribe eran una misma cosa; que ambos, por igual han violado sus derechos fundamentales, al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad, a la libertad, a la vivienda; que ambos defienden el mismo modelo económico, han sido socios y lo serán en el futuro, en la guerra que han hecho contra los derechos del pueblo; que ambos proponían la cesación de un conflicto armado, sin justicia social.

La sociedad civil, soberana, titular del poder constituyente, quiere la paz con justicia social; la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. Las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. Libertad e igualdad de los colombianos. Creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda; que de verdad se respeten los derechos de las víctimas de la violencia, a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social, democracia política y económica, desaparezcan de la sociedad colombiana; y ellas sólo puede hacerlas realidad una asamblea constituyente popular y democrática que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana. Cambios que no nos darán ni Uribe ni Santos, ni la clase política representada en el Congreso.

USURPAN NUESTRA SOBERANIA, LA PAZ NO ESTA SOMETIDA AL ORDEN PÚBLICO

Para quienes afirman, que el Presidente no está obligado a consultar al pueblo y mucho menos a permitir una constituyente, con el argumento de que en el pasado, en otros procesos, también llamados de paz, que como este mantuvieron el modelo económico y la falta de derechos del pueblo, la consulta al pueblo (como fue el plebiscito) es un “REGALO” que el Santo monarca nos concede a los súbditos colombianos; como si él fuera el soberano Luis XIV ( L'État, c'est moi) y nosotros sus súbditos feudales sin derechos; les contestamos con Aristóteles que “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”; les recordamos, que hace 2500 años, los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo, que hace 240 años, los revolucionarios norteamericanos reconquistaron la soberanía popular (we people); ejemplo seguido por los revolucionarios franceses, que se vieron obligados a cortarle la cabeza un rey que no lo entendía y que compendió magistralmente Sieyes, “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria… “; Que este argumento, es tan deleznable, como decir que porque otros le han robado o usurpado la soberanía del pueblo, también yo puedo robársela o usurpársela; jurídicamente, una violación de la soberanía popular, no puede justificarse con otras o que otros, antes la han violado; pues todas son violaciones de la constitución; como desde el punto de vista ético, dos males nunca hacen un bien; un robo y otro robo, no hacen un hombre honesto; al contrario lo convierten en un ladrón empedernido. A quienes usurpan la soberanía al pueblo les contestamos con Rousseau que ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”.

Tampoco es cierto, como afirmo Santos, el día que perdió el plebiscito que como es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera. Mi derecho fundamental a la paz no está, constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo contra cualquier gobierno porque el gobierno tradicionalmente ha sido su más grande violador. Constitucionalmente como derecho fundamental es un derecho irrenunciable, y no podemos desprendernos de él, aun que quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno. En nuestro sistema constitucional, es un derecho individual, de modo que lo tenemos cada uno de los colombianos, y podemos ejercerlo solos o acompañados y lo conservamos aunque lo ejerzamos individualmente. Como individuos titulares del derecho a la paz, podemos ejercerlo frente al Estado, en primer lugar contra los gobiernos, que históricamente son los principales violadores de los derechos humanos y frente a cualquier otro sujeto que pueda violarlo, público o privado.

Como titulares del derecho a la paz, y miembros de la sociedad civil, no aceptamos ninguna justificación para la violación del mismo, ni siquiera la que dan los combatientes, de que lo hacen porque la otra parte también lo hace; por eso le exigimos tanto al gobierno como la FARC, que no lo hagan y que mantengan el cese al fuego bilateral; que ninguna de las partes adopte la estrategia perversa, de ponerle plazo, que no es más que una amenaza de guerra; lo que está prohibido en el derecho internacional, que penaliza no sólo la guerra sino también la sola amenaza de ella; que es una manera vil y cruel de cobrarle los colombianos, que quieren la paz con justicia social por Medio de una Constituyente, el Hecho de No Haber Votado por el sí.

El plazo al cese al fuego del gobierno, las conversaciones inocuas entre santos y Uribe, son todos actos de una misma estrategia: evitar que Santos asuma su responsabilidad política por la pérdida del plebiscito; cuya única manera de asumirla es renunciando, como lo hizo David Cameron, el general de Gaulle y hasta un dictador como Pinochet; es evitar que el pueblo soberano, titular del poder constituyente, árbitro supremo en los momentos de crisis, se reúna en la asamblea constituyente y logre, no la cesación parcial de un conflicto armado, sino la verdadera paz con justicia social, diseñando las instituciones que hagan realidad sus derechos. Sabemos que los principales enemigos de esta asamblea constituyente, son la clase política representada en el Congreso y el propio presidente, que quiere seguir fungiendo de Luis XIV o de Luis XVI, antes de que el pueblo le impida que continúe usurpando su soberanía.

¡NO MAS FRAUDE AL PUEBLO TITULAR DE LA SOBERANIA Y DEL PODER CONSTITUYENTE!. ¡CONSTITUYENTE INMEDIATAMENTE!