martes, noviembre 22, 2016

Nos siguen matando por defender la vida


Hemos venido denunciando los asesinatos de varios compañeros defensores de derechos humanos durante los últimos días, a lo largo y ancho del territorio nacional. No son hechos aislados, durante el presente año se han presentado alrededor de 280 atentados contra la vida de líderes sociales, 70 de ellos terminaron con la muerte de los mismos. Particularmente, desde el lanzamiento de la Marcha Patriótica, movimiento político de carácter nacional que agrupa sectores sociales urbanos y rurales, y que tiene como una de sus principales reivindicaciones la salida negociada y política al conflicto, así como la defensa de los territorios de los pueblos, desde su fundación en el año 2012 han sido asesinados 126 de sus integrantes.

Causa especial preocupación los sucesos en un país que históricamente ha perseguido los líderes de izquierda, a la oposición que ha propuesto cambios estructurales hacia mejores condiciones de vida para todos.

Hemos dicho conjuntamente “no queremos que se repita el genocidio de la Unión Patriótica”, “nos están matando”, pues en el contexto del actual proceso de paz, son notorias las inexistentes garantías para aquellos que pretenden construirla, gestores de paz, promotores del SÍ en el plebiscito y pedagogos de los acuerdos de La Habana.

Estamos hablando de asesinatos, intimidaciones, amenazas y atentados, a líderes principalmente del sector rural, en Cauca, Nariño y Caquetá. Hablamos de líderes sociales, quienes en su labor de defensa y realización de los derechos humanos, han sido perseguidos por vías legales e ilegales, además de que en su mayoría habitan en zonas de conflicto donde la presencia del paramilitarismo tiene aún su cara más marcada y descarada.

En el campo los defensores de derechos humanos carecen de garantías, lamentable situación que se ve reflejada de la misma manera con quienes los defendemos en las ciudades. Si en el campo, donde la guerra se hace más palpable y cotidiana, si es allá donde el paramilitarismo se presenta crudamente mediante ejércitos que ejercen control en varias regiones, ¿qué se puede esperar en materia de garantías para los defensores en las ciudades, donde el paramilitarismo se ha naturalizado de tal manera que no son necesarios dichos ejércitos sino que presenciamos el control cotidiano de todos los niveles de la vida? ¿Dónde se niega la presencia y el accionar paramilitar y donde, por otro lado, la labor de los defensores de derechos humanos se invisibiliza, se deslegitima y se estigmatiza?

Como ciudades, receptoras de desplazados del campo a causa del conflicto armado, se configura un complejo de dinámicas territoriales donde se combina la exclusión que viene con la exclusión que hay. Se cambia el fusil tocando a la puerta y desplazando, por el fusil disfrazado de seguridad que exige una vacuna o que está vigilante de quién entra y sale de mi casa. Pero como campos y ciudades vivimos el mismo conflicto, somos víctimas de sus crueles efectos en la destrucción del tejido social, de la vida comunitaria.

La Paz sólo es posible si se avanza en la construcción colectiva de nuevas realidades, alejadas de la actual cultura de guerra y de aniquilación del enemigo, superando la actual y creciente desigualdad que dialoga con el hambre y la pobreza, y reproduce la guerra. Las regiones son las llamadas a desarrollar el reto de la implementación de los acuerdos, pues son ellas las conocedoras de sus necesidades y anhelos, pero la tarea resulta imposible cuando la amenaza paramilitar sigue vigente y palpable, y de hecho se ha recrudecido en varias zonas del país.

La Paz urbana, la rural, la Paz en sentido amplio y estricto, no es más que una disputa, por contradictorio que parezca. Es la periferia de campos y ciudades la que, en relación a sus contextos, configura y construye caminos más justos e igualitarios. Es desde las comunidades mayormente afectadas por el conflicto económico en las ciudades, por el conflicto armado en los campos, y por el conflicto social en general, que podemos generar posibilidades de transformación, exigir el legítimo derecho a vivir en paz en nuestros territorios, a construirlos y llenarlos de vida en lugar de muerte. La pelea es por la vida, y debe ser lo más creativa posible para que la esperanza de un país distinto no nos la arrebate. Para que los campos y las ciudades se relacionen equilibradamente en términos de solidaridad y reciprocidad, y no en términos de desplazamiento e imposición. La Paz es nuestra bandera, porque la vida digna es nuestra premisa.
  
¡Implementación Ya!

¡Garantías para defender la vida!

¡Los luchadores sociales somos Paz!

Corporación Contracorriente
Medellín – Colombia