domingo, diciembre 18, 2016

Algunos efectos territoriales de la globalización en Colombia e Ibagué (2000-2010)



Alexander Martínez Rivillas
Profesor de la Universidad del Tolima

Plan Puebla Panamá e Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

En los años dos mil, Ibagué tendrá transformaciones territoriales estructurales por las siguientes razones. En el plano global, las iniciativas del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), puesto en marcha en 1998, y lanzado por los EEUU como una salida temporal a las recesiones del capital mediante estrategias de despojo territorial, se desarrollaron dos programas determinantes para Colombia y con efectos regionales sobre Ibagué: el Plan Puebla-Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Estos programas no se han ejecutado de modo sistemático y sostenido, pero sí están orientando varios procesos de planificación regional, y materializando de forma progresiva sus líneas estratégicas en Colombia.

El PPP, puesto en marcha parcialmente en 2001 (paralizado actualmente en varios ejes de intervención, pero presente en la política pública en general), que debería llevar a fondo la integración económica y energética de Mesoamérica con Colombia, mediante infraestructuras de interconexión eléctrica y una vía transcontinental, principalmente, definió una reestructuración de los planes nacionales de infraestructura para la competitividad de Colombia de cara a la globalización.

Por otro lado, IIRSA, lanzada en el 2000, definió un conjunto de intervenciones de integración vial, portuaria y de cooperación en sectores minero-energéticos, especialmente, entre los países de Suramérica, las cuales afectaron directamente las políticas de infraestructura estratégica en Colombia y la zona andina.

En este contexto de intervenciones, los proyectos clave se han concentrado en distintos frentes, muchos de los cuales afectan el territorio ibaguereño y su región de influencia:

1.    En cuanto a IIRSA, la articulación de Venezuela y Brasil con el Pacífico colombiano mediante ejes viales o fluviales en sentido este-oeste. Esta geopolítica pone a Ibagué en la condición de una región-gozne que permitirá el relevo, distribución y valorización de mercancías de los corredores Caracas-Bogotá-Ibagué-Buenaventura, y de los corredores Quito-Cali-Ibagué-Bogotá-Caracas, cuyos mejoramientos aparecen contemplados en el Plan 2500 de Uribe[1].

2.    Respecto a PPP, el desarrollo de formas de integración energética, vial y portuaria con Centroamérica, las cuales incrementarían la competitividad del país ante las naciones articuladas[2]. Estas decisiones también expresadas en el Plan 2500 de Uribe, situaron a Ibagué en el centro de tránsito y relevo de mercancías y servicios hacia Bogotá y Caracas, dado su lugar privilegiado entre la vía Panamericana y estas ciudades. 

Estas intervenciones subcontinentales implicaron cambios radicales en los corredores viales de Ibagué o su zona de influencia, como la construcción de dobles calzadas para abreviar los tiempos de viaje del tramo Ibagué-Melgar, y del viaducto del corredor Gualanday-Ibagué. También se construyó una Zona Franca con amplios beneficios tributarios para el almacenamiento, agregación de valor y comercialización masiva de mercancías; y la rectificación, ampliación, construcción de nuevos viaductos y túneles del corredor Ibagué-Cajamarca que conecta con el Pacífico.

Extractivismo en Colombia y Latinoamérica

En las últimas dos décadas, Colombia y otros países latinoamericanos han sido objeto de un complejo y agresivo programa de intervención de capitales transnacionales, orientado a la extracción de recursos mineros y energéticos. Este programa corresponde en líneas generales a las políticas minero-energéticas de los tratados de libre comercio que se suscribieron con las naciones latinoamericanas; políticas en parte explicables por las recesiones de los años noventa ya mencionadas.

No obstante, el aumento inusitado de las inversiones en los últimos años se explica también por el auge sostenido de los precios del oro y el petróleo durante el periodo 2000-2012, en respuesta a la presión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sobre el valor de los commodities, y a los efectos de la recesión de impacto mundial de 2008, entre otros factores.  

Dicha intervención de carácter extractivista contó, desde finales de los años noventa, con un poderoso lobby de compañías mineras y petroleras en distintos niveles territoriales de gobierno de los países latinoamericanos, con el sistemático propósito de “debilitar” todas las políticas y regulaciones ambientales, tributarias y laborales, que en algún momento fueran adversas a los intereses particulares de las empresas.

En este marco de intervenciones sobre la región, con especial impacto en Colombia y Perú, se evidenciaron, durante las últimas dos décadas, tasas de retorno del capital invertido por las mineras y petroleras extraordinariamente altas. Lo que fue favorecido por la casi inexistente presencia del Estado ante el desmantelamiento de la seguridad social, la degradación ambiental, la destrucción de habitus productivos del campesinado o comunidades indígenas, y la exención o rebaja de distintas obligaciones fiscales, principalmente.

Por otro lado, se puede evidenciar la intensificación de las violencias del Estado sobre las organizaciones sociales y ambientalistas que se opusieron (u oponen) a los megaproyectos mineros y energéticos en Colombia y Perú. Experiencias de resistencia que apenas fueron exitosas en algunos lugares de Argentina, Ecuador y Bolivia, pero sin representar un patrón regional exitoso.

Actualmente, los “ajustes estructurales” del Estado para fomentar la extracción de sus “recursos naturales” en Colombia y Perú, por ejemplo, están produciendo serios problemas de desfinanciación de presupuestos públicos, debido a la caída estruendosa de los precios del oro y el petróleo desde 2013 hasta hoy. En consecuencia, se produjo un deterioro de la gobernabilidad local, complejos problemas de seguridad ciudadana, fenómenos de desabastecimiento alimentario, e incremento del costo de vida en las zonas de influencia de los proyectos mineros y energéticos.

Especialmente en Colombia, se están constatando irreparables daños y riesgos ambientales expresados en pérdidas y contaminación de la oferta hídrica, contaminación de los suelos, descenso de biodiversidad y riqueza de especies silvestres, y destrucción de economías campesinas e indígenas de autoconsumo, con sus redes de comercialización tradicionales. En efecto, estas redes gozaban de cierta eficiencia “redistributiva” de bienes alimentarios y cierta “racionalidad energética” en los usos sostenibles de los bienes ambientales de distintos “pisos térmicos” o ecosistemas.  

Relaciones entre los Acuerdos de Libre Comercio y la Inversión Extranjera Directa

Como se mencionó atrás, los tratados de libre comercio y las políticas de atracción de capitales, implementados en Suramérica durante los años noventa y dos mil, revelan un agresivo colonialismo de EEUU y de la Unión Europea (UE). Uno de los indicadores más importantes a la hora de estudiar este intervencionismo son los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED). Efectivamente, se evidenció en la región el incremento de las participaciones de estas inversiones en los sectores energético, minero y de telecomunicaciones, las cuales registraron rentabilidades extraordinarias en ciclos de corta duración.

Si se revisan las cifras de las utilidades netas generadas por la IED en América Latina provenientes de EEUU y la UE, se comprueba el incremento sostenido, pasando de USD 11.7 billones en 2001 a USD 62.7 billones para 2008, siendo la inversión total de capitales para 2000 de USD 336,2 billones, y para 2007 de USD 587,3 billones (Higginbottom, 2011). 

De lo anterior se puede inferir que, la tasa de rentabilidad pasó de 3,5% a 10.7% en menos de 10 años, lo cual coincide con un periodo de profundas reformas legislativas privatizadoras y de precarización  del trabajo. En el concierto suramericano, Colombia es para 2008 el tercer país con mayor peso de capital de IED sobre el PIB, después de Chile y Bolivia, pero es, junto con Chile y Perú, el país que mayores beneficios netos les asegura a sus inversionistas. De hecho, entre estos tres países se producen rentas imperialistas de USD 33 billones para el 2008, mientras que, para ese mismo año, entre Bolivia, Ecuador y Venezuela solo se producían USD 1.4 billones (Ídem.).

Para el caso de Ibagué es difícil determinar su participación en el flujo de la IED que ha recibido Colombia, pero se puede constatar la presencia de capitales en el sector de las telecomunicaciones, energético y minero. Los dos primeros se han consolidado en servicios de telefonía móvil, internet y energía eléctrica durante la década de los noventa y dos mil. Y el tercer sector, se encuentra en plena expansión, implementando planes de adquisición de títulos mineros y de exploración, con altas probabilidades de explotar metales preciosos y otros minerales en las zonas de ladera de Ibagué, y en sus municipios de influencia como Cajamarca, con impactos ambientales realmente sin precedentes en Colombia.   

Por ejemplo, la transnacional sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) ostenta el título de uno de los proyectos de explotación de oro diseminado más importante en el mundo, a mediano plazo. Se le conoce como “La Colosa”, y está ubicada en Cajamarca, sobre la cuenca mayor del río Coello. Los riesgos generales del proyecto incluyen la potencial contaminación de aguas que surten acueductos cuyas coberturas superan las 600.000 personas. Para una lectura detallada de los riesgos véase Martínez (2010).  

Proyectos mineros e impactos ambientales en Ibagué y su zona de influencia

Si se desarrollan estos planes mineros habrá una trasformación radical del paisaje rural y urbano de Ibagué. Y los impactos ambientales y sociales sobre el territorio modificarán los estilos de vida de amplios sectores de la población, al mismo tiempo que aparecerán nuevas estructuras económicas articuladas a la “cadena” minera.

Se ha constatado que existen importantes áreas de títulos mineros concedidos en Zonas de Reserva Forestal (consagradas a la conservación ambiental desde la Ley 2 de 1959), en zonas muy cercanas a las Áreas Protegidas, como el Parque Nacional de los Nevados (regulados como espacios de protección ambiental estratégica mediante la Ley 99 de 1993), y en otros ecosistemas estratégicos para la regulación del ciclo del agua, y la protección de la biodiversidad con distintos grados vulnerabilidad, como la Cuenca del río Combeima, la Cuenca del río Coello y la Cuenca del río Chipalo[3].

En efecto, se trata de más de 49.500 has de títulos mineros dentro de la jurisdicción del municipio de Ibagué, lo cual corresponde al 35% de su territorio. Situación que implicará una alta conflictividad social y ambiental, dado que para hoy mismo, el municipio ya supera el medio millón de habitantes, y experimenta situaciones persistentes de desempleo, inseguridad, desarrollos “subnormales” y, de manera crítica, desabastecimiento de agua potable por problemas de caudal y de calidad del agua. Problema cuya solución depende en buena parte de la salud de la Cuenca del río Combeima, a la sazón amenazada por los títulos que en este caso particular se concentran en sus zonas de recarga más sensibles (Ingeominas, 2010).

De los 114 títulos expedidos en la década del noventa y dos mil, 43 estaban dedicados a la exploración de oro y otros metales asociados. Estos títulos concentran 41.555 has, o sea, 84% del área total concesionada para minería en Ibagué. Adicionalmente, entre las empresas transnacionales AGA y Continental Gold, controlaban el 70% de la extensión total concesionada (34.613 has) (Ídem).

Estos monopolios y enormes áreas concesionadas son consecuencias de las exenciones tributarias a la IED, y el resultado de la flexibilización laboral y ambiental del Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Energético de Uribe, el cual fue abrazado en lo esencial por la “Locomotora Minera” de Santos.

Los métodos de explotación del oro diseminado en estas zonas de ladera y ambientalmente sensibles son conocidos como “explotación de oro a cielo abierto”, la técnica que mayores problemas territoriales y daños ambientales irreparables genera, dados los riesgos de descarga de agua y lodos cianurados, la lixiviación de aguas ácidas o metales pesados, el enorme movimiento de tierras, el uso indiscriminado de agua y explosivos, entre otros.
La Cuenca del Combeima es también un sitio con alto valor paisajístico, y su actual infraestructura turística soporta la demanda de miles de visitantes los fines de semana. Igualmente, en sus bordes bajos existen asentamientos que se han visto afectados por avalanchas o inundaciones, como es el caso de Villa Restrepo. A futuro se prevén mayores impactos, dada la pérdida de cobertura vegetal en los suelos de la cuenca, lo que en efecto podría aumentar el transporte de sedimentos del río y quebradas tributarias.

En contraste, las regulaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué, implementado en el 2000, y del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental (POMCA) de la Cuenca Mayor del río Coello, implementado en el 2006, establecieron una zonificación de protección o conservación ambiental en distintas áreas de las cuencas de los ríos Coello y Combeima, o normativas de uso del suelo que excluyen la actividad minera intensiva.

Estos instrumentos de ordenación territorial y ambiental aparecieron, inicialmente, como de competencia exclusiva de los municipios (como el POT) y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como el caso de los POMCA. No obstante, sus decisiones autonómicas han sido limitadas durante la década de los noventa y dos mil, mediante figuras como “zonas o áreas de valor estratégico para la nación”, las cuales reordenan el territorio en función de las políticas mineras y energéticas nacionales, con la connivencia del mismo Ministerio de Ambiente; políticas que a su vez están fuertemente vinculadas a los acuerdos comerciales sobre minería y energía que ha suscrito y renovado Colombia con EEUU y los países miembros de la UE en la década de los noventa y dos mil.

De hecho, las exportaciones de carbón, petróleo y derivados, ferroníquel y oro, en un clima de flexibilización laboral, ambiental y tributaria, se incrementaron en este periodo de modo extraordinario, lo que explica el hecho de que las empresas más rentables del periodo Pastrana-Uribe hayan sido precisamente las del sector minería, petróleo y gas (Higginbottom, 2011).

En el periodo de Santos, aun no se pueden obtener datos consolidados sobre la IED y las utilidades del sector minero-energético, pero se espera un comportamiento conservador de sus números hasta 2015, y la repotenciación de las inversiones desde el 2016 por la devaluación del peso.  

(*) Este ensayo es el resultado parcial de varias investigaciones financiadas por la Universidad del Tolima durante el periodo 2012-2015, las cuales permitieron consolidar una “Geohistoria de la ciudad de Ibagué y su región de influencia”.

Bibliografía

Higginbottom, A. 2011. Nuevo Imperialismo y Megaproyectos, En: Aquelarre, Revista del Centro Cultural Universitario, Universidad del Tolima, Vol. 10, No. 21. Ibagué, Colombia.

Ingeominas, 2010. Catastro Minero de Colombia, corte a octubre 26 de 2010, Ingeominas, Bogotá, Colombia.

Martínez, A. 2010. Estudio General de Riesgos Integrales del Proyecto de Exploración y Explotación Minera La Colosa, Asociación Tierra Viva, Ibagué, Colombia.
  


[1] Para revisar los mapas de IIRSA correspondientes a la articulación Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador y Colombia-Brasil, ver la página institucional de mapas en: http://www.geosur.info/geosur/iirsa/mapas.php. Visitada el 15 de diciembre de 2016.
[2] Para un análisis del impacto del PPP sobre las políticas colombianas ver el seguimiento del CIEPAC en: http://www.ciepac.org/documento.php?id=83. Visitada el 14 de octubre de 2011.
[3] Al respecto se ha identificado en http://200.32.81.75/repo-tremarctos-integrado/, una base importante de fauna con localización geográfica, la cual tiene algún grado de amenaza o vulnerabilidad en el municipio de Ibagué. Con este inventario se pueden prever los riesgos de afectación a la biodiversidad de Ibagué por efecto directo de los proyectos mineros, entre los más importantes. Visitada el 15 de diciembre de 2016.